UNA CRÍTICA A LA HUELGA DE MÉDICOS DESDE LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal,  la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias ha hecho pública una valoración crítica sobre la actual huelga de médicos en España, convocada por organizaciones como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Canario (SMC). La asociación plantea una serie de discrepancias de fondo, tanto en relación con las reivindicaciones actuales como con el modelo sanitario que, a su juicio, debería guiar el sistema público.

   Desde la asociación sostienen que parte de los sindicatos convocantes mantienen históricamente posiciones que, en su opinión, "no favorecen el desarrollo de un sistema sanitario público universal, gratuito y de calidad". Consideran que estas organizaciones han adoptado "enfoques corporativistas, centrados exclusivamente en el colectivo médico, en lugar de defender una visión integral del conjunto de profesionales sanitarios".

   En este sentido, remarcan que el médico debe ser tratado como un trabajador sanitario más, con una formación especializada, pero sin que ello implique privilegios frente a otras categorías profesionales dentro del sistema.

Condiciones laborales: coincidencias y matices

   El comunicado de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias reconoce como legítimas algunas de las reivindicaciones laborales del colectivo de médicos. Entre ellas, destaca la exigencia de una jornada de 35 horas semanales y una retribución acorde al nivel de responsabilidad y cualificación.

  Asimismo,  considera razonable limitar las guardias a un máximo de 17 horas, garantizar los descansos posteriores y mejorar su remuneración. Sin embargo, introducen un matiz relevante: defienden que las guardias deben seguir siendo obligatorias para asegurar la atención sanitaria continuada durante las 24 horas.

  Según argumentan, el problema de la sobrecarga laboral no radica únicamente en la organización de las guardias, sino en la falta estructural de personal,  En este punto, insisten en la necesidad de reforzar las plantillas mediante ofertas públicas de empleo estables y suficientes.

   Otro de los elementos clave del análisis de la la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias es la distribución competencial del sistema sanitario. Recuerdan que la gestión de recursos humanos, condiciones laborales y organización de los servicios corresponde a las comunidades autónomas, por lo que consideran que las reivindicaciones deberían dirigirse principalmente a las consejerías de sanidad autonómicas.

El debate sobre la sanidad pública y privada

   Uno de los puntos más contundentes del comunicado es su defensa de la incompatibilidad entre el ejercicio público y privado de la medicina. La asociación sostiene que permitir la doble actividad afecta negativamente a la calidad asistencial, al dividir la dedicación y el rendimiento de los profesionales.

  Desde su perspectiva, un sistema sanitario verdaderamente público y eficiente requiere profesionales plenamente dedicados, tanto en términos físicos como intelectuales. Además, subrayan que la sanidad pública pertenece a la ciudadanía que la financia, lo que legitima exigir el máximo nivel de compromiso y calidad.

¿Un estatuto específico para el colectivo de los médicos?

 Laactual huelga convocada por los sindicatos de médicos se enmarca en una reivindicación más amplia: la creación de un estatuto específico para este colectivo.  Este planteamiento, defendido por organizaciones como CESM, pretende regular de forma diferenciada aspectos como la jornada laboral, las guardias, la carrera profesional o las condiciones retributivas. Sus impulsores argumentan que la singularidad de la formación y responsabilidad médica justifica un marco propio.

    Sin embargo, desde sectores en defensa de la sanidad pública se advierte que un estatuto diferenciado fragmentaría aún más el sistema, reforzaría las desigualdades entre profesionales y debilitaría así la cohesión del modelo sanitario público.

   El conflicto actual pone de manifiesto tensiones de fondo en el sistema sanitario español: entre reivindicaciones laborales legítimas, modelos de gestión y concepciones distintas sobre el papel de lo público.

   Mientras los sindicatos médicos reclaman mejoras específicas y un reconocimiento diferenciado, organizaciones en defensa de la sanidad pública advierten del riesgo de avanzar hacia un modelo más fragmentado y menos equitativo. El debate, por tanto, no se limita a las condiciones laborales, sino que refleja una disputa más amplia sobre qué tipo de sistema sanitario se quiere construir: uno basado en intereses corporativos o uno centrado en el derecho universal a una atención sanitaria pública, gratuita y de calidad.