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LA CASA DEL PUEBLO DE LA ISLETA: MEMORIA OBRERA ROBADA TRAS LA DEMOLICIÓN FASCISTA DE 1936

Un símbolo popular convertido en espacio de control institucional

La Casa del Pueblo de La Isleta fue uno de los mayores logros del movimiento obrero en Gran Canaria. Destruida tras el golpe de 1936, su recuperación sigue pendiente en 2026. Más de medio siglo después del fin de la dictadura, la historia revela una continuidad incómoda: la de un poder que aún no devuelve al pueblo lo que el pueblo construyó.

Por CARLOS SERNA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 

[Img #90777]   En los primeros años de existencia de Canarias-Semanal, el historiador grancanario Agustín Millares Cantero recuperaba, en su artículo “La Casa del Pueblo de La Isleta: una entidad para la lucha y la cultura”, una de las experiencias más ricas de organización obrera y cultural en Gran Canaria. Y, pese al carácter histórico del texto, no lo hacía desde la nostalgia, sino desde la necesidad de rescatar una tradición de lucha popular que había sido violentamente interrumpida.

 

  Hoy, en 2026, esa recuperación adquiere un significado aún más profundo. Porque no solo hablamos de una memoria histórica truncada en 1936, sino de una reivindicación que sigue sin cumplirse más de medio siglo después del fin de la dictadura franquista. Han pasado 51 años desde la muerte de Franco y, sin embargo, la Casa del Pueblo de La Isleta sigue sin ser devuelta a quienes la construyeron: el pueblo trabajador.

 

UNA CONQUISTA OBRERA LEVANTADA DESDE ABAJO

  Tal como explicaba Agustín Millares Cantero en su artículo, la Casa del Pueblo de La Isleta no fue un regalo institucional, sino una conquista colectiva. Surgió en un contexto de precariedad y abandono, en un barrio profundamente vinculado al trabajo portuario y a las duras condiciones de vida de la clase obrera.

 

    En ese proceso jugó un papel decisivo José Franchy y Roca, principal impulsor político del proyecto. Referente del republicanismo federal e influido por las ideas de Pi y Margall, Franchy no actuó como un benefactor externo, sino como un elemento de articulación entre las aspiraciones del movimiento obrero y determinados sectores progresistas. Su intervención permitió canalizar institucionalmente una demanda que ya existía en la base social del barrio. Pero, como subraya Millares Cantero, la clave no estuvo en la iniciativa individual, sino en la acción colectiva.

 

    Fueron los trabajadores organizados, a través de la Federación Local de Sociedades Obreras, quienes hicieron posible la construcción material y el funcionamiento real de la Casa del Pueblo. Sin ese tejido organizativo previo, ningún impulso político habría sido suficiente.  En La Isleta, la vida de las clases populares generó la necesidad objetiva de organizarse para defender condiciones de vida dignas y construir espacios propios de sociabilidad y cultura. L a Casa del Pueblo fue  la forma concreta que adoptó esa necesidad histórica.

 

 

CULTURA Y ORGANIZACIÓN: LA CONSTRUCCIÓN DE CONCIENCIA COLECTIVA

   Uno de los elementos más significativos que subraya Agustín Millares Cantero es la naturaleza profundamente integral de la Casa del Pueblo. No se trataba únicamente de un espacio para la acción sindical, sino de un auténtico centro de vida social donde la lucha y la cultura formaban parte de un mismo proceso. En sus salas convivían las asambleas obreras con las escuelas, la biblioteca y las actividades educativas abiertas al conjunto del barrio.

 

  Esta combinación respondía a una comprensión profunda de la realidad: la emancipación de la clase trabajadora no podía limitarse al terreno económico, sino que exigía también una transformación cultural. Aprender a leer, acceder al conocimiento, debatir colectivamente, formarse políticamente… todo ello formaba parte de una misma práctica de autoorganización.

 

     La cultura era, y continúa siendo, una herramienta de lucha fundamental. Por eso, la Casa del Pueblo de La Isleta no fue únicamente un lugar de reunión, sino una verdadera escuela de conciencia colectiva. En ella no solo se organizaban reivindicaciones, sino que se forjaban sujetos capaces de sostenerlas en el tiempo.

 

1936: DESTRUIR EL EDIFICIO, BORRAR LA MEMORIA

   El golpe militar de 1936 abrió en Canarias, como en el resto del Estado, un proceso sistemático de eliminación de las estructuras de organización popular. No se trataba únicamente de imponer un nuevo poder político, sino de desarticular todo aquello que había permitido a las clases trabajadoras organizarse de forma autónoma.

 

   En ese contexto, los espacios construidos por el propio movimiento obrero —lugares de reunión, formación y sociabilidad— fueron intervenidos, clausurados o directamente eliminados. La ofensiva no era solo material, sino también simbólica: había que borrar las huellas de una experiencia colectiva que había demostrado que el pueblo podía organizarse al margen de las élites.

 

   La desaparición de la Casa del Pueblo de La Isleta se inscribe plenamente en esa lógica. Allí donde había habido organización, debía imponerse el silencio.

 

  Es en este sentido en el que Agustín Millares Cantero interpreta aquel episodio: como un intento consciente de destruir no solo una infraestructura, sino una memoria. Lo que se atacaba era la experiencia acumulada de un barrio que había hecho de la cultura y la organización herramientas de transformación. Se trataba de extirpar aquello que hacía posible otra forma de vida: la capacidad colectiva de organizarse, de pensar y de actuar.

 

51 AÑOS DESPUÉS: LA CONTINUIDAD BAJO EL RÉGIMEN DEL 78

  Con el fin de la dictadura franquista, en 1975, podría haberse abierto un proceso de restitución de lo que había sido arrebatado. Sin embargo, más de medio siglo después, esa reparación sigue sin producirse.

 

    51 años desde la muerte de Franco, la reivindicación histórica del barrio continúa pendiente. El espacio vinculado a aquella tradición —el edificio de la antigua Organización de Trabajadores Portuarios— no ha sido devuelto a un uso cultural, sino que sigue desempeñando funciones policiales.

 

  El contraste es elocuente. Donde antes hubo organización obrera y vida cultural, hoy predomina la lógica del control. Un espacio reclamado durante décadas por los vecinos como lugar de encuentro y desarrollo comunitario permanece integrado en el aparato institucional.

 

  Esta situación no puede entenderse como un simple incumplimiento administrativo. Expresa una continuidad más profunda. El sistema político surgido tras la Transición no alteró las bases fundamentales de la estructura de poder, sino que las reorganizó bajo nuevas formas.  En ese marco, las demandas populares que implican la recuperación efectiva de espacios y recursos no han sido "prioritarias".

 

  Como ya apuntaba Millares Cantero al conectar pasado y presente, la lucha por recuperar espacios culturales en La Isleta no tiene que ver con la nostalgia, sino con la necesidad de dar continuidad a una tradición histórica que fue brutalmente cortada por el fascismo español y la dictadura. 

 

LA ISLETA HOY: ELITIZACIÓN Y DESPOSESIÓN SILENCIOSA

  Pero la deuda histórica permanece abierta, el presente añade nuevas capas de complejidad a la reclamación.  La Isleta atraviesa hoy, como otros barrios populares del Archipiélago, un proceso de transformación que responde a dinámicas bien conocidas: revalorización del suelo, presión turística y desplazamiento progresivo de la población trabajadora.

  

  Este proceso de “elitización” supone una nueva forma de desposesión,  menos visible que la de 1936 pero igualmente eficaz. Cambian los precios, cambian los comercios, cambian los usos del espacio… y, poco a poco, cambia también la composición social del barrio.

 

  En ese escenario, la ausencia de espacios comunitarios fuertes adquiere una dimensión crítica. Sin lugares propios donde encontrarse, organizarse y producir cultura, la capacidad de respuesta colectiva se debilita. 

 

  Es por ello que la Casa del Pueblo —o lo que hoy podría ser su equivalente— no representa solo una memoria del pasado, sino una necesidad urgente del presente. Un espacio desde el que se podrían reconstruir vínculos, articular respuestas y sostener una identidad que está siendo erosionada por dinámicas externas e intereses espurios. 

 

  Lo que está en juego no es únicamente un edificio, sino el derecho mismo del barrio a seguir siendo lo que ha sido: un espacio vivido, construido y defendido por su gente. 

 
 
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