«EL GOBIERNO DE CANARIAS ESTÁ INCUMPLIENDO LA LEY DE VOLCANES»

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Asociación Tierra Bonita, de la isla de La Palma, ha denunciado que el Gobierno de Canarias está actuando de forma "irresponsable" al no impulsar que la población de las islas volcánicamente activas asegure sus viviendas y demás bienes frente a una futura erupción. El colectivo, integrado por personas afectadas por la catástrofe del Tajogaite, sostiene que esta inacción incumple la propia Ley de Volcanes y deja desprotegido el patrimonio de miles de familias.

   La reacción de Tierra Bonita se produce después de que el consejero de Política Territorial y responsable del área de Emergencias, Manuel Miranda, afirmara en comisión parlamentaria que todavía no ha iniciado contactos con las compañías aseguradoras porque el Gobierno espera disponer de nuevos mapas de riesgo volcánico elaborados por instituciones científicas.

   Para la asociación, ese argumento no se sostiene. Recuerda que los mapas no determinan si existe o no riesgo volcánico, sino únicamente el grado de probabilidad de que una zona pueda verse afectada. En consecuencia, insiste en que toda la población residente en una isla volcánicamente activa está expuesta a peligros como coladas de lava, terremotos, emisiones de gases o caída de cenizas, independientemente de la categoría asignada a cada territorio.

  Asimismo, Tierra Bonita recuerda que la Ley de Volcanes obliga a la Comunidad Autónoma a requerir a las compañías aseguradoras o al Consorcio de Compensación de Seguros que informen a la población sobre las posibilidades de asegurar sus bienes frente al riesgo volcánico. A su juicio, esta obligación legal no puede quedar supeditada a la elaboración de nuevos mapas.

Los errores de La Palma no deberían repetirse

   La asociación defiende que tanto las campañas de aseguramiento como la formación en autoprotección deben dirigirse a todos los habitantes de las islas volcánicamente activas y no únicamente a los municipios considerados de mayor probabilidad eruptiva. Limitar la prevención a determinadas zonas, afirma, transmite una falsa sensación de seguridad.

   Como ejemplo cita la experiencia de La Palma. Recuerda que antes de la erupción del Tajogaite las administraciones difundieron mapas de amenaza volcánica que finalmente no reflejaron con precisión el recorrido de las coladas, ya que parte de la lava destruyó terrenos clasificados como de baja amenaza.

  Según el colectivo, Tenerife podría encontrarse ante una situación similar. El actual plan de actuación deja amplias zonas de la isla dentro de la categoría de muy baja amenaza, pese a que existen antecedentes históricos de erupciones relativamente recientes en esas áreas. Para Tierra Bonita, ello puede llevar a numerosos ciudadanos a creer erróneamente que nunca se verán afectados por una emergencia volcánica.

  Durante la comisión parlamentaria, la diputada Paula Jover preguntó qué utilidad ha tenido la aprobación de la Ley de Volcanes si medidas como el fomento del aseguramiento o una amplia campaña de concienciación ciudadana continúan sin ponerse en práctica. Según la asociación, la respuesta del consejero consistió únicamente en reiterar que el Ejecutivo esperará a disponer de nuevas cartografías antes de actuar.

Críticas a la gestión del riesgo y a la falta de transparencia

   Tierra Bonita cuestiona, igualmente, el mantenimiento del semáforo amarillo en La Palma mientras en Tenerife no existe ningún nivel de alerta activado, pese a que desde hace años diversos parámetros científicos reflejan un proceso de reactivación volcánica. Para Tierra Bonita resulta desproporcionado mantener a toda La Palma bajo ese nivel de alerta cuando los problemas derivados de gases y altas temperaturas se concentran únicamente en puntos concretos.

   La asociación considera además que persiste una profunda desconfianza social hacia los organismos encargados de gestionar las emergencias volcánicas tras lo ocurrido en 2021. Recuerda que el Tajogaite entró en erupción cuando seguía vigente el semáforo amarillo y que el nivel rojo no fue declarado hasta dos horas después del inicio del proceso eruptivo.

   Otro de los aspectos denunciados es la falta de transparencia respecto a determinados datos científicos. Tierra Bonita respalda las críticas formuladas en el Parlamento sobre la negativa a hacer públicos en tiempo real los registros de sismicidad, deformación del terreno y emisiones de gases obtenidos mediante la red de vigilancia volcánica financiada con recursos públicos. La asociación recuerda que solicitó al Cabildo de Tenerife acceso a esos datos, incluyendo los anteriores a la erupción del Tajogaite, petición que fue rechazada.

   Finalmente, el colectivo cuestiona que el Gobierno presente la gestión posterior a la catástrofe de La Palma como un éxito sin haber realizado, a su juicio, una revisión crítica de los errores cometidos durante la emergencia. Tierra Bonita concluye que la principal lección pendiente sigue siendo reforzar la prevención, garantizar una información transparente a la ciudadanía y aplicar íntegramente la Ley de Volcanes, comenzando por promover el aseguramiento de viviendas y bienes antes de que vuelva a producirse una nueva erupción.