LA FOSA OLVIDADA DE VEGUETA: FAMILIAS CANARIAS EXIGEN VERDAD Y JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
Denuncian abandono político mientras los restos de los represaliados siguen enterrados en fosas comunes
La Agrupación de Familiares de la Fosa Común del Cementerio de Vegueta presentó nuevas pruebas históricas y documentales para exigir la exhumación urgente de decenas de represaliados del franquismo que podrían seguir enterrados en el histórico camposanto de Las Palmas de Gran Canaria.
Por ÁNGEL CUETO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Han pasado casi noventa años desde el golpe de Estado fascista de 1936, pero en el cementerio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, la herida sigue abierta. Bajo dos antiguos cuarteles del camposanto podrían permanecer enterrados decenas de hombres y mujeres represaliados por el franquismo. Sus familias llevan más de una década reclamando una exhumación que permita recuperar los restos y darles una sepultura digna. Mientras tanto, denuncian abandono institucional, silencio administrativo y una demora que consideran ya insoportable.
La Agrupación de Familiares de la Fosa Común del Cementerio de Vegueta volvió a comparecer públicamente este jueves para presentar nuevas pruebas e indicios documentales que, aseguran, justifican una intervención urgente en la zona donde creen que yacen las víctimas de la represión franquista en Gran Canaria. A su reclamación se han sumado ya 31 organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales de todo el archipiélago.
El colectivo sostiene que en los cuarteles cinco y seis del cementerio podrían encontrarse los restos de al menos 60 personas asesinadas o desaparecidas tras el golpe militar. Entre ellas estarían sindicalistas, militantes obreros, cargos republicanos y vecinos represaliados por defender la legalidad democrática de la Segunda República.
Décadas de silencio
“El silencio duele más que el olvido”. La frase, pronunciada por Soledad Pérez López, vicepresidenta de la agrupación, resume el sentimiento de muchas familias que llevan generaciones buscando a sus desaparecidos.
Pérez López es bisnieta de Manuel López Díaz, auxiliar de enfermería del Hospital de San Martín, asesinado durante la represión franquista y arrojado a la Sima de Jinámar, uno de los principales lugares de exterminio utilizados por los golpistas en Gran Canaria. Como tantas otras familias represaliadas, la suya nunca pudo recuperar los restos de su familiar ni cerrar el duelo.
La denuncia de las familias no se limita únicamente a la búsqueda de los cuerpos. También cuestionan la actitud de las administraciones públicas. Desde 2012 se vienen realizando peticiones formales para intervenir en la zona sin que hasta ahora se haya producido una actuación integral de exhumación.
Durante estos años se han sucedido informes, solicitudes y proyectos de investigación, pero los familiares aseguran que las instituciones han actuado con lentitud extrema. Incluso después de registrar documentación ante el Ministerio de Memoria Democrática y trasladar consultas a la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, denuncian no haber obtenido respuestas claras.
La situación resulta especialmente dolorosa para las familias porque, a escasos metros de la posible fosa común, continúa visible un mausoleo franquista con simbología del yugo y las flechas dedicado a los caídos del bando sublevado. Para los colectivos memorialistas, mantener ese monumento mientras las víctimas republicanas continúan desaparecidas constituye una grave contradicción con la Ley de Memoria Democrática.
Nuevas pruebas documentales
Uno de los elementos centrales de la comparecencia pública fue la presentación de un nuevo informe elaborado por Víctor Martínez Perera, miembro de la agrupación, arqueólogo e investigador especializado en memoria histórica.
El estudio incorpora documentación procedente de archivos militares, juicios sumarísimos y testimonios históricos que apuntan directamente a los cuarteles del cementerio de Vegueta como lugar de enterramiento de represaliados franquistas.
Martínez Perera sostiene que la propia burocracia militar de la época aporta indicios fundamentales. “Si algo tenían los militares es que lo dejaban todo por escrito”, explicó durante la rueda de prensa.
Según el investigador, todavía no se han agotado todas las vías documentales posibles para localizar con exactitud a las víctimas y reconstruir el funcionamiento de la represión en Gran Canaria. El informe cuestiona además algunos datos recogidos en registros históricos del cementerio y plantea que durante décadas pudieron difundirse versiones falsas o incompletas para ocultar deliberadamente la localización de los cuerpos.
La investigación también subraya que muchos testimonios orales estuvieron condicionados por el miedo impuesto durante la dictadura. El terror franquista no terminó con los fusilamientos: continuó durante décadas mediante el silencio, la intimidación y el castigo social contra las familias de las víctimas.
Una deuda histórica
La lucha por la recuperación de la memoria democrática en Canarias avanza con enorme retraso respecto a otros territorios del Estado. Mientras en distintas comunidades autónomas se han impulsado exhumaciones masivas y programas públicos de identificación genética, en las islas numerosos lugares de enterramiento siguen sin intervenir.
La fosa de Vegueta se ha convertido así en símbolo de una deuda histórica pendiente. No solo por la recuperación de los restos humanos, sino porque evidencia las dificultades que todavía encuentran las familias de las víctimas del franquismo para acceder a verdad, justicia y reparación.
La represión franquista en Canarias fue especialmente dura desde los primeros días del golpe militar. La ausencia de frente de guerra permitió a los sublevados desarrollar rápidamente una política sistemática de persecución contra sindicalistas, militantes de izquierdas, maestros, jornaleros y cargos republicanos. Muchos fueron fusilados sin juicio o sometidos a consejos de guerra sumarísimos.
Décadas después, las familias continúan reclamando algo elemental: saber dónde están sus muertos.
La Agrupación de Familiares de la Fosa Común del Cementerio de Vegueta insiste en que no abandonará la lucha hasta lograr la apertura de los cuarteles y la exhumación de los restos. Consideran que ya existen pruebas suficientes para actuar y que cualquier nueva demora solo prolonga una injusticia histórica que atraviesa generaciones.
Porque bajo la tierra removida de Vegueta no solo permanecen huesos anónimos. Permanecen también las huellas de una represión que intentó borrar a toda una parte de la sociedad canaria. Y mientras esas fosas sigan cerradas, la democracia española seguirá teniendo una cuenta pendiente con su propia historia.
Por ÁNGEL CUETO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Han pasado casi noventa años desde el golpe de Estado fascista de 1936, pero en el cementerio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, la herida sigue abierta. Bajo dos antiguos cuarteles del camposanto podrían permanecer enterrados decenas de hombres y mujeres represaliados por el franquismo. Sus familias llevan más de una década reclamando una exhumación que permita recuperar los restos y darles una sepultura digna. Mientras tanto, denuncian abandono institucional, silencio administrativo y una demora que consideran ya insoportable.
La Agrupación de Familiares de la Fosa Común del Cementerio de Vegueta volvió a comparecer públicamente este jueves para presentar nuevas pruebas e indicios documentales que, aseguran, justifican una intervención urgente en la zona donde creen que yacen las víctimas de la represión franquista en Gran Canaria. A su reclamación se han sumado ya 31 organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales de todo el archipiélago.
El colectivo sostiene que en los cuarteles cinco y seis del cementerio podrían encontrarse los restos de al menos 60 personas asesinadas o desaparecidas tras el golpe militar. Entre ellas estarían sindicalistas, militantes obreros, cargos republicanos y vecinos represaliados por defender la legalidad democrática de la Segunda República.
Décadas de silencio
“El silencio duele más que el olvido”. La frase, pronunciada por Soledad Pérez López, vicepresidenta de la agrupación, resume el sentimiento de muchas familias que llevan generaciones buscando a sus desaparecidos.
Pérez López es bisnieta de Manuel López Díaz, auxiliar de enfermería del Hospital de San Martín, asesinado durante la represión franquista y arrojado a la Sima de Jinámar, uno de los principales lugares de exterminio utilizados por los golpistas en Gran Canaria. Como tantas otras familias represaliadas, la suya nunca pudo recuperar los restos de su familiar ni cerrar el duelo.
La denuncia de las familias no se limita únicamente a la búsqueda de los cuerpos. También cuestionan la actitud de las administraciones públicas. Desde 2012 se vienen realizando peticiones formales para intervenir en la zona sin que hasta ahora se haya producido una actuación integral de exhumación.
Durante estos años se han sucedido informes, solicitudes y proyectos de investigación, pero los familiares aseguran que las instituciones han actuado con lentitud extrema. Incluso después de registrar documentación ante el Ministerio de Memoria Democrática y trasladar consultas a la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, denuncian no haber obtenido respuestas claras.
La situación resulta especialmente dolorosa para las familias porque, a escasos metros de la posible fosa común, continúa visible un mausoleo franquista con simbología del yugo y las flechas dedicado a los caídos del bando sublevado. Para los colectivos memorialistas, mantener ese monumento mientras las víctimas republicanas continúan desaparecidas constituye una grave contradicción con la Ley de Memoria Democrática.
Nuevas pruebas documentales
Uno de los elementos centrales de la comparecencia pública fue la presentación de un nuevo informe elaborado por Víctor Martínez Perera, miembro de la agrupación, arqueólogo e investigador especializado en memoria histórica.
El estudio incorpora documentación procedente de archivos militares, juicios sumarísimos y testimonios históricos que apuntan directamente a los cuarteles del cementerio de Vegueta como lugar de enterramiento de represaliados franquistas.
Martínez Perera sostiene que la propia burocracia militar de la época aporta indicios fundamentales. “Si algo tenían los militares es que lo dejaban todo por escrito”, explicó durante la rueda de prensa.
Según el investigador, todavía no se han agotado todas las vías documentales posibles para localizar con exactitud a las víctimas y reconstruir el funcionamiento de la represión en Gran Canaria. El informe cuestiona además algunos datos recogidos en registros históricos del cementerio y plantea que durante décadas pudieron difundirse versiones falsas o incompletas para ocultar deliberadamente la localización de los cuerpos.
La investigación también subraya que muchos testimonios orales estuvieron condicionados por el miedo impuesto durante la dictadura. El terror franquista no terminó con los fusilamientos: continuó durante décadas mediante el silencio, la intimidación y el castigo social contra las familias de las víctimas.
Una deuda histórica
La lucha por la recuperación de la memoria democrática en Canarias avanza con enorme retraso respecto a otros territorios del Estado. Mientras en distintas comunidades autónomas se han impulsado exhumaciones masivas y programas públicos de identificación genética, en las islas numerosos lugares de enterramiento siguen sin intervenir.
La fosa de Vegueta se ha convertido así en símbolo de una deuda histórica pendiente. No solo por la recuperación de los restos humanos, sino porque evidencia las dificultades que todavía encuentran las familias de las víctimas del franquismo para acceder a verdad, justicia y reparación.
La represión franquista en Canarias fue especialmente dura desde los primeros días del golpe militar. La ausencia de frente de guerra permitió a los sublevados desarrollar rápidamente una política sistemática de persecución contra sindicalistas, militantes de izquierdas, maestros, jornaleros y cargos republicanos. Muchos fueron fusilados sin juicio o sometidos a consejos de guerra sumarísimos.
Décadas después, las familias continúan reclamando algo elemental: saber dónde están sus muertos.
La Agrupación de Familiares de la Fosa Común del Cementerio de Vegueta insiste en que no abandonará la lucha hasta lograr la apertura de los cuarteles y la exhumación de los restos. Consideran que ya existen pruebas suficientes para actuar y que cualquier nueva demora solo prolonga una injusticia histórica que atraviesa generaciones.
Porque bajo la tierra removida de Vegueta no solo permanecen huesos anónimos. Permanecen también las huellas de una represión que intentó borrar a toda una parte de la sociedad canaria. Y mientras esas fosas sigan cerradas, la democracia española seguirá teniendo una cuenta pendiente con su propia historia.

































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