GRUPO DE INVESTIGACIÓN DESENTRAÑA EL "ACUERDO PETROLERO" LEONINO ENTRE WASHINGTON Y EL GOBIERNO DE CARACAS
Washington se garantiza petróleo a precio de saldo y privilegios durante medio siglo
Una investigación de ProPublica, organización estadounidense de periodismo de investigación galardonada con varios premios Pulitzer, destapa las cláusulas secretas del saqueo petrolero de Venezuela: crudo a precio de saldo, privilegios para Washington durante 50 años y un Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez que facilita la operación.
Por ARTURO INGLOTT PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Durante semanas, Donald Trump presentó su acuerdo petrolero con Venezuela como una "operación histórica que beneficiaría a los dos países". Sin embargo, las primeras cláusulas conocidas de dicho acuerdo dibujan un negocio muy diferente al difundido por la versión trumpista: Washington obtiene derechos preferentes sobre una parte gigantesca de los recursos venezolanos, mientras los ingresos prometidos a la población carecen de garantías equivalentes en el contrato examinado.
El 20 de octubre, ProPublica, organización periodística estadounidense sin ánimo de lucro especializada en investigar los abusos de poder y distinguida con varios premios Pulitzer, publicó una investigación de Cate Brown, Aaron C. Davis y Sebastian Rotella basada en un acuerdo de 18 páginas y tres documentos complementarios.
Sus hallazgos revelan la estructura de la operación y los intereses jurídicamente protegidos. El contrato empresarial analizado fue firmado por Marco Rubio, Pete Hegseth y los empresarios Alejandro Betancourt y Orlando Alvarado, mientras las autoridades venezolanas respaldaron el proyecto y otorgaron las concesiones.
DEL ASALTO MILITAR AL NEGOCIO PETROLERO
El origen político del pacto está en el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses atacaron Venezuela, mataron a más de 100 personas y secuestraron al presidente del país, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, para trasladarlos a una cárcel de New York y someterlo a juicio. La operación militar abrió una etapa de absoluto sometimiento por parte del nuevo Gobierno encargado encabezado por Delcy Rodríguez, en cuyo núcleo de poder permanecen su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Diosdado Cabello, ministro del Interior. El poder estadounidense obtuvo así unos interlocutores, avalados por los diputados de la Asamblea Nacional, dispuestos a entregar toda la riqueza del país a cambio de sostenerse en sus puestos en el aparato del Estado venezolano.
El 28 de agosto, Trump anunció lo que denominó el mayor acuerdo petrolero de la historia. La Casa Blanca afirmó después que una empresa privada recibiría derechos extraordinarios para la explotación de 17 yacimientos con unos 65.000 millones de barriles de reservas, aproximadamente una quinta parte de las reservas oficialmente atribuidas al país.
UN EMPRESARIO ELEGIDO PARA ADMINISTRAR EL BOTÍN
El beneficiario privado central es Alejandro Betancourt, al frente de North American Blue Energy Partners, conocida como NABEP. Betancourt ha sido objeto de investigaciones por presunto blanqueo de capitales en varios países. Según Reuters, proporcionó información útil a actuaciones estadounidenses contra petroleros venezolanos y mantuvo contactos con figuras del chavismo y de la oposición.
En lugar de confiar la operación a la petrolera estatal PDVSA o a grandes multinacionales sometidas a obligaciones públicas de información bursátil, Washington eligió una empresa privada mucho menos transparente.
Estados Unidos adquirirá el 35 % de una sociedad matriz registrada en Barbados, un territorio cuya regulación permite mantener poco visibles las identidades de determinados inversores.
El Pentágono, además, prevé obtener esa participación mediante derechos de adquisición de acciones a un centavo por título, sin desembolso inicial. Es decir, el Estado estadounidense consigue una posición accionarial privilegiada mientras no conocemos a todos los socios privados que podrían enriquecerse.
TREINTA DÓLARES POR BARRIL Y CINCUENTA AÑOS DE PRIORIDAD
Una de las cláusulas más elocuentes de este acuerdo concede a Estados Unidos el derecho a comprar el 20 % del petróleo producido por NABEP a 30 dólares por barril, un precio muy inferior al de las operaciones de mercado recientes. Para comprenderlo basta un ejemplo: si el crudo se comercializara a 90 dólares, Washington podría adquirir esa quinta parte por un tercio de ese importe. La diferencia económica, multiplicada por millones de barriles, permite calificar el "intercambio" como un verdadero saqueo de la riqueza venezolana.
Pero el convenio va mucho más allá de ese descuento. Washington disfrutará también de prioridad para adquirir el 80 % restante de la producción durante 50 años. Si declara una emergencia nacional, dispone además de un derecho irrevocable para comprar toda la producción de la compañía. Y si NABEP ofrece condiciones comerciales más ventajosas a otro cliente, deberá comunicarlas y reconocer a Estados Unidos un trato equivalente. En la práctica, el comprador estadounidense se coloca por delante de cualquier competidor y obtiene mecanismos para condicionar durante décadas el destino comercial del crudo.
LA EMPRESA QUE LOS FUTUROS GOBIERNOS NO PODRÁN CONTROLAR FÁCILMENTE
El acuerdo establece un Consejo de Administración de siete miembros, con mayoría obligatoria de ciudadanos estadounidenses, para un período inicial de 15 años. No contempla, en cambio, que el Estado venezolano deba contar con representación propia.
Betancourt queda protegido como director ejecutivo: para destituirlo o modificar decisiones centrales se necesitan cinco votos. Los redactores diseñaron así una estructura difícil de alterar, incluso cuando cambien los gobiernos de Caracas o Washington.
También se reserva a Estados Unidos capacidad de supervisión financiera y acceso a auditorías, mientras las remuneraciones de los ejecutivos y la identidad de ciertos inversores podrían permanecer fuera del conocimiento público. El contrato fue clasificado como "documento gubernamental sensible" y contiene obligaciones de confidencialidad.
SI HAY CONFLICTO, LA JUSTICIA SERÁ LA DE TEXAS
Otra característica del contrato que pone de manifiesto su verdadera naturaleza es la claúsula sobre las posibles controversias derivadas del acuerdo empresarial que, de producirse, deberán resolverse conforme a la legislación estadounidense, ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Texas.
Cuando proceda, se aplicará también el derecho de ese estado. Los tribunales venezolanos quedan fuera del mecanismo pactado entre Washington y la empresa. Esta cláusula no equivale a suprimir toda competencia judicial venezolana sobre la actividad petrolera, pero evidencia dónde se sitúa el centro de gravedad jurídico del negocio: las partes con poder contractual han elegido protegerse bajo normas y tribunales estadounidenses.
A ello se añade otro aspecto revelador del sometimiento venezolano a Washington: Estados Unidos sostiene que el Gobierno de Delcy Rodríguez ha concedido derechos de explotación petrolera por cien años, según un funcionario estadounidense citado por ProPublica, aunque ese plazo no aparece expresamente en el contrato examinado. Rodríguez, por su parte, habla de 25 años, una versión pública que pretende preservar alguna apariencia de soberanía ante una operación cuyas condiciones fundamentales dicta Washington.
Trump impone las reglas y el Gobierno encargado venezolano las acepta y las presenta como un acuerdo histórico. Lo que sí está documentado es que Estados Unidos se asegura durante 50 años la prioridad de compra sobre la producción petrolera de NABEP. Las concesiones centenarias señaladas por Washington podrían, además, vulnerar los límites establecidos por la legislación venezolana. La subordinación política de Caracas permite que los intereses estadounidenses se impongan sobre los recursos y las leyes del propio país..
LOS 200.000 MILLONES PROMETIDOS: PROPAGANDA PARA ENCUBRIR EL SAQUEO
La Casa Blanca anunció que Venezuela recibiría unos 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos, mientras Delcy Rodríguez elevaba la promesa hasta los 209.000 millones. Sin embargo, la investigación de ProPublica descubre lo que se esconde detrás de semejantes anuncios: el contrato no contiene ninguna obligación explícita que garantice esos pagos a Venezuela. En cambio, los privilegios de Washington, sus derechos sobre el petróleo y las garantías de los inversores aparecen cuidadosamente establecidos. Para Estados Unidos, derechos contractuales; para Venezuela, promesas sin garantías equivalentes.
El Gobierno encargado pretende justificar esta entrega de los recursos nacionales con el argumento de que permitirá recuperar la industria petrolera. Las cifras de producción muestran que los beneficios anunciados están lejos de materializarse. NABEP extrae actualmente unos 200.000 barriles diarios y aspira a alcanzar los 500.000 en 2028, un objetivo que requerirá inversiones y años de trabajo. Lo que sí ha quedado establecido desde ahora son los privilegios estadounidenses sobre el petróleo que pueda extraerse. Washington asegura sus derechos mientras los ingresos prometidos a los venezolanos siguen siendo simples previsiones.
EL GOBIERNO ENCARGADO: DE LA RETÓRICA ANTIIMPERIALISTA A LA SUMISIÓN A WASHINGTON
La responsabilidad política del Gobierno encargado resulta ineludible. Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, figuras centrales de un aparato gubernamental que durante años proclamó su enfrentamiento con el imperialismo estadounidense, respaldan ahora una operación que entrega a Washington privilegios extraordinarios sobre la riqueza petrolera venezolana. Estados Unidos impone las reglas, se garantiza petróleo barato durante décadas y somete las disputas contractuales a sus propios tribunales. El Gobierno de Caracas acepta estas condiciones y pretende presentarlas como una victoria nacional.
La investigación de ProPublica permite conocer algunos de los mecanismos concretos de esta operación de saqueo petrolero. Washington obtiene petróleo a precios privilegiados, los inversores privados se aseguran enormes oportunidades de enriquecimiento y el Gobierno encargado proporciona la colaboración política necesaria para llevar adelante el negocio.
Por ARTURO INGLOTT PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Durante semanas, Donald Trump presentó su acuerdo petrolero con Venezuela como una "operación histórica que beneficiaría a los dos países". Sin embargo, las primeras cláusulas conocidas de dicho acuerdo dibujan un negocio muy diferente al difundido por la versión trumpista: Washington obtiene derechos preferentes sobre una parte gigantesca de los recursos venezolanos, mientras los ingresos prometidos a la población carecen de garantías equivalentes en el contrato examinado.
El 20 de octubre, ProPublica, organización periodística estadounidense sin ánimo de lucro especializada en investigar los abusos de poder y distinguida con varios premios Pulitzer, publicó una investigación de Cate Brown, Aaron C. Davis y Sebastian Rotella basada en un acuerdo de 18 páginas y tres documentos complementarios.
Sus hallazgos revelan la estructura de la operación y los intereses jurídicamente protegidos. El contrato empresarial analizado fue firmado por Marco Rubio, Pete Hegseth y los empresarios Alejandro Betancourt y Orlando Alvarado, mientras las autoridades venezolanas respaldaron el proyecto y otorgaron las concesiones.
DEL ASALTO MILITAR AL NEGOCIO PETROLERO
El origen político del pacto está en el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses atacaron Venezuela, mataron a más de 100 personas y secuestraron al presidente del país, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, para trasladarlos a una cárcel de New York y someterlo a juicio. La operación militar abrió una etapa de absoluto sometimiento por parte del nuevo Gobierno encargado encabezado por Delcy Rodríguez, en cuyo núcleo de poder permanecen su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Diosdado Cabello, ministro del Interior. El poder estadounidense obtuvo así unos interlocutores, avalados por los diputados de la Asamblea Nacional, dispuestos a entregar toda la riqueza del país a cambio de sostenerse en sus puestos en el aparato del Estado venezolano.
El 28 de agosto, Trump anunció lo que denominó el mayor acuerdo petrolero de la historia. La Casa Blanca afirmó después que una empresa privada recibiría derechos extraordinarios para la explotación de 17 yacimientos con unos 65.000 millones de barriles de reservas, aproximadamente una quinta parte de las reservas oficialmente atribuidas al país.
UN EMPRESARIO ELEGIDO PARA ADMINISTRAR EL BOTÍN
El beneficiario privado central es Alejandro Betancourt, al frente de North American Blue Energy Partners, conocida como NABEP. Betancourt ha sido objeto de investigaciones por presunto blanqueo de capitales en varios países. Según Reuters, proporcionó información útil a actuaciones estadounidenses contra petroleros venezolanos y mantuvo contactos con figuras del chavismo y de la oposición.
En lugar de confiar la operación a la petrolera estatal PDVSA o a grandes multinacionales sometidas a obligaciones públicas de información bursátil, Washington eligió una empresa privada mucho menos transparente.
Estados Unidos adquirirá el 35 % de una sociedad matriz registrada en Barbados, un territorio cuya regulación permite mantener poco visibles las identidades de determinados inversores.
El Pentágono, además, prevé obtener esa participación mediante derechos de adquisición de acciones a un centavo por título, sin desembolso inicial. Es decir, el Estado estadounidense consigue una posición accionarial privilegiada mientras no conocemos a todos los socios privados que podrían enriquecerse.
TREINTA DÓLARES POR BARRIL Y CINCUENTA AÑOS DE PRIORIDAD
Una de las cláusulas más elocuentes de este acuerdo concede a Estados Unidos el derecho a comprar el 20 % del petróleo producido por NABEP a 30 dólares por barril, un precio muy inferior al de las operaciones de mercado recientes. Para comprenderlo basta un ejemplo: si el crudo se comercializara a 90 dólares, Washington podría adquirir esa quinta parte por un tercio de ese importe. La diferencia económica, multiplicada por millones de barriles, permite calificar el "intercambio" como un verdadero saqueo de la riqueza venezolana.
Pero el convenio va mucho más allá de ese descuento. Washington disfrutará también de prioridad para adquirir el 80 % restante de la producción durante 50 años. Si declara una emergencia nacional, dispone además de un derecho irrevocable para comprar toda la producción de la compañía. Y si NABEP ofrece condiciones comerciales más ventajosas a otro cliente, deberá comunicarlas y reconocer a Estados Unidos un trato equivalente. En la práctica, el comprador estadounidense se coloca por delante de cualquier competidor y obtiene mecanismos para condicionar durante décadas el destino comercial del crudo.
LA EMPRESA QUE LOS FUTUROS GOBIERNOS NO PODRÁN CONTROLAR FÁCILMENTE
El acuerdo establece un Consejo de Administración de siete miembros, con mayoría obligatoria de ciudadanos estadounidenses, para un período inicial de 15 años. No contempla, en cambio, que el Estado venezolano deba contar con representación propia.
Betancourt queda protegido como director ejecutivo: para destituirlo o modificar decisiones centrales se necesitan cinco votos. Los redactores diseñaron así una estructura difícil de alterar, incluso cuando cambien los gobiernos de Caracas o Washington.
También se reserva a Estados Unidos capacidad de supervisión financiera y acceso a auditorías, mientras las remuneraciones de los ejecutivos y la identidad de ciertos inversores podrían permanecer fuera del conocimiento público. El contrato fue clasificado como "documento gubernamental sensible" y contiene obligaciones de confidencialidad.
SI HAY CONFLICTO, LA JUSTICIA SERÁ LA DE TEXAS
Otra característica del contrato que pone de manifiesto su verdadera naturaleza es la claúsula sobre las posibles controversias derivadas del acuerdo empresarial que, de producirse, deberán resolverse conforme a la legislación estadounidense, ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Texas.
Cuando proceda, se aplicará también el derecho de ese estado. Los tribunales venezolanos quedan fuera del mecanismo pactado entre Washington y la empresa. Esta cláusula no equivale a suprimir toda competencia judicial venezolana sobre la actividad petrolera, pero evidencia dónde se sitúa el centro de gravedad jurídico del negocio: las partes con poder contractual han elegido protegerse bajo normas y tribunales estadounidenses.
A ello se añade otro aspecto revelador del sometimiento venezolano a Washington: Estados Unidos sostiene que el Gobierno de Delcy Rodríguez ha concedido derechos de explotación petrolera por cien años, según un funcionario estadounidense citado por ProPublica, aunque ese plazo no aparece expresamente en el contrato examinado. Rodríguez, por su parte, habla de 25 años, una versión pública que pretende preservar alguna apariencia de soberanía ante una operación cuyas condiciones fundamentales dicta Washington.
Trump impone las reglas y el Gobierno encargado venezolano las acepta y las presenta como un acuerdo histórico. Lo que sí está documentado es que Estados Unidos se asegura durante 50 años la prioridad de compra sobre la producción petrolera de NABEP. Las concesiones centenarias señaladas por Washington podrían, además, vulnerar los límites establecidos por la legislación venezolana. La subordinación política de Caracas permite que los intereses estadounidenses se impongan sobre los recursos y las leyes del propio país..
LOS 200.000 MILLONES PROMETIDOS: PROPAGANDA PARA ENCUBRIR EL SAQUEO
La Casa Blanca anunció que Venezuela recibiría unos 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos, mientras Delcy Rodríguez elevaba la promesa hasta los 209.000 millones. Sin embargo, la investigación de ProPublica descubre lo que se esconde detrás de semejantes anuncios: el contrato no contiene ninguna obligación explícita que garantice esos pagos a Venezuela. En cambio, los privilegios de Washington, sus derechos sobre el petróleo y las garantías de los inversores aparecen cuidadosamente establecidos. Para Estados Unidos, derechos contractuales; para Venezuela, promesas sin garantías equivalentes.
El Gobierno encargado pretende justificar esta entrega de los recursos nacionales con el argumento de que permitirá recuperar la industria petrolera. Las cifras de producción muestran que los beneficios anunciados están lejos de materializarse. NABEP extrae actualmente unos 200.000 barriles diarios y aspira a alcanzar los 500.000 en 2028, un objetivo que requerirá inversiones y años de trabajo. Lo que sí ha quedado establecido desde ahora son los privilegios estadounidenses sobre el petróleo que pueda extraerse. Washington asegura sus derechos mientras los ingresos prometidos a los venezolanos siguen siendo simples previsiones.
EL GOBIERNO ENCARGADO: DE LA RETÓRICA ANTIIMPERIALISTA A LA SUMISIÓN A WASHINGTON
La responsabilidad política del Gobierno encargado resulta ineludible. Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, figuras centrales de un aparato gubernamental que durante años proclamó su enfrentamiento con el imperialismo estadounidense, respaldan ahora una operación que entrega a Washington privilegios extraordinarios sobre la riqueza petrolera venezolana. Estados Unidos impone las reglas, se garantiza petróleo barato durante décadas y somete las disputas contractuales a sus propios tribunales. El Gobierno de Caracas acepta estas condiciones y pretende presentarlas como una victoria nacional.
La investigación de ProPublica permite conocer algunos de los mecanismos concretos de esta operación de saqueo petrolero. Washington obtiene petróleo a precios privilegiados, los inversores privados se aseguran enormes oportunidades de enriquecimiento y el Gobierno encargado proporciona la colaboración política necesaria para llevar adelante el negocio.
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