SALIM LAMRANI: SEIS DÉCADAS DE CASTIGO COLECTIVO CONTRA UN PUEBLO REBELDE

POR SALIM LAMRANI PARA CANARIAS SEMANAL.ORG  

    Desde hace más de seis décadas, Estados Unidos asfixia al pueblo de Cuba imponiéndole sanciones económicas anacrónicas e inhumanas.

    Estas medidas afectan a los sectores más vulnerables de la población de la Isla, en particular a los enfermos, los niños, las personas mayores y las mujeres embarazadas, y tienen un impacto dramático en todos los ámbitos de la sociedad cubana. De carácter retroactivo y extraterritorial, contravienen los principios más elementales del derecho internacional. Desde 1992, son condenadas de manera unánime cada año por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

     Impuestas en 1960 con el objetivo de derrocar al gobierno de Fidel Castro, estas sanciones han sido reforzadas de forma constante por las distintas administraciones estadounidenses, en particular durante la presidencia de Donald Trump.

    Durante su primer mandato, este último impuso 243 nuevas medidas coercitivas unilaterales – 50 de ellas en plena pandemia de la Covid-19 – contra el pueblo de Cuba, atacando las principales fuentes de ingresos de la isla, a saber, la cooperación médica, las remesas de la diáspora y el turismo. Así, entre 2017 y 2020, la Casa Blanca impuso, en promedio, una nueva sanción por semana durante cuatro años consecutivos.

    En 2025, las sanciones costaron a Cuba 7.500 millones de dólares, es decir, un promedio de 20 millones de dólares por día, o lo que es lo mismo, 15.000 dólares por minuto. Esta suma equivale al consumo eléctrico de los 10 millones de cubanos durante seis años. Con esa misma cantidad, Cuba podría garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad para toda la población durante seis años. Desde su imposición en 1960, las sanciones han costado a Cuba un total de 170.000 millones de dólares, y más del 80 % de la población cubana ha nacido bajo este estado de sitio.

     El 29 de enero de 2026, la Administración Trump adoptó un decreto presidencial que calificaba a Cuba como una “amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad de Estados Unidos”, imponiendo aranceles a cualquier país que suministrara petróleo a Cuba. A partir de entonces, la isla – ya duramente golpeada por el cerco económico y las repetidas catástrofes naturales – se encuentra en una situación extremadamente difícil, al verse privada del combustible vital para su economía y sus servicios esenciales. En Cuba, el sistema eléctrico, que alimenta la red de saneamiento del agua potable, los hospitales y las escuelas, depende en gran medida del suministro de petróleo.

   Cuba no atraviesa una crisis: es víctima de un crimen económico perpetrado por Estados Unidos desde hace décadas. La comunidad internacional debe rechazar este estrangulamiento económico y energético ilegal que asfixia a la isla y brindar un apoyo urgente a la población cubana, que se enfrenta a una situación humanitaria de extrema gravedad.