"LA SEMANA SANTA SIGUE FUNCIONANDO EN ANDALUCÍA COMO UN INSTRUMENTO DE CONTROL SOCIAL"
Nación Andaluza denuncia la utilización política de la Semana Santa por Iglesia y Estado
Nación Andaluza ha difundido un comunicado en el que critica la Semana Santa andaluza como un espacio donde confluyen Iglesia e instituciones del Estado. La organización sostiene que estas celebraciones cumplen una función política e ideológica al servicio del poder. Además, denuncia su financiación pública y su papel en la reproducción de valores de subordinación social.
REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL.ORG
La organización soberanista Nación Andaluza ha difundido un comunicado en el que realiza una crítica profunda a la celebración de la Semana Santa en Andalucía, interpretándola no solo como un fenómeno religioso o cultural, como se mantiene en diferentes medios, sino como un mecanismo histórico de control social y legitimación del poder.
Según Nación Andaluza, cada primavera “los distintos aparatos del Estado” participan activamente en las procesiones y actos religiosos, encabezados por la Iglesia Católica, en una suerte de “comunión” que, afirman, sirve para “bendecir la explotación burguesa”. En este sentido, sostienen que en estos desfiles confluyen instituciones religiosas, cuerpos de seguridad y representantes políticos “al servicio de la oligarquía”, situándose frente a lo que denominan el Pueblo Trabajador Andaluz.
La organización señala lo que considera una contradicción entre la supuesta aconfesionalidad del Estado español y la práctica real. En su comunicado, recuerdan que el artículo 16.3 de la Constitución de 1978 define al Estado como aconfesional, pero subrayan que la vigencia del Concordato firmado con el franquismo en 1953 mantiene, según afirman, “privilegios ancestrales” para la Iglesia Católica.
Esto, añaden, permite no solo la financiación pública de esta institución, sino también la promoción de distintas creencias religiosas desde las instituciones.
En términos económicos, Nación Andaluza asegura que la financiación pública de la Iglesia supera los 11.000 millones de euros, cifra que, según indican, no incluye otros gastos como la financiación de centros educativos religiosos, subvenciones a celebraciones como la Semana Santa o el mantenimiento del patrimonio eclesiástico. Sobre este último punto, denuncian que parte de ese patrimonio habría sido apropiado “de forma ilegítima” mediante el proceso de inmatriculaciones.
El comunicado también sitúa el origen histórico de estas prácticas en la represión religiosa posterior a la conquista de Andalucía. Nación Andaluza afirma que las procesiones tienen su raíz en el Tribunal de la Santa Inquisición, al que atribuyen una función de castigo y adoctrinamiento de la población. En esa línea, sostienen que, cinco siglos después, estas celebraciones continúan cumpliendo una función similar: fomentar la obediencia y el temor ante el poder.
Además, critican el papel del sistema educativo y los medios de comunicación en la reproducción de estos valores. Según la organización, proliferan centros educativos donde se transmiten creencias religiosas por encima del conocimiento científico, en un contexto que califican como de “aculturación, manipulación y asimilación” sostenido con dinero público y difusión mediática.
Nación Andaluza también muestra su rechazo a la participación de fuerzas políticas que se identifican como de izquierdas en estas celebraciones. Consideran que esta actitud responde a una estrategia electoralista que prioriza “los votos y los sillones” frente a una labor pedagógica orientada a la organización de la clase trabajadora andaluza.
Como alternativa, la organización reivindica la herencia de la Constitución andaluza de 1883, destacando especialmente su defensa de la libertad de conciencia y su rechazo a que las organizaciones religiosas acumulen poder económico. Según afirman, estos principios serían incompatibles con la actual estructura de poder de la Iglesia y necesarios para construir una Andalucía “laica, libre y socialista”.
En el plano programático, Nación Andaluza propone medidas como la eliminación de la financiación pública de actos religiosos, la no participación de cargos públicos en ellos, la prohibición de subvenciones a entidades religiosas, el cierre de centros educativos y sanitarios vinculados a órdenes religiosas, así como la devolución de bienes como la Mezquita de Córdoba y otros patrimonios obtenidos mediante inmatriculaciones.
El comunicado concluye con una consigna clara: la apuesta por
“una Andalucía libre y laica”, en la que, según sostienen, la religión quede fuera de las instituciones y del ámbito público.
REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL.ORG
La organización soberanista Nación Andaluza ha difundido un comunicado en el que realiza una crítica profunda a la celebración de la Semana Santa en Andalucía, interpretándola no solo como un fenómeno religioso o cultural, como se mantiene en diferentes medios, sino como un mecanismo histórico de control social y legitimación del poder.
Según Nación Andaluza, cada primavera “los distintos aparatos del Estado” participan activamente en las procesiones y actos religiosos, encabezados por la Iglesia Católica, en una suerte de “comunión” que, afirman, sirve para “bendecir la explotación burguesa”. En este sentido, sostienen que en estos desfiles confluyen instituciones religiosas, cuerpos de seguridad y representantes políticos “al servicio de la oligarquía”, situándose frente a lo que denominan el Pueblo Trabajador Andaluz.
La organización señala lo que considera una contradicción entre la supuesta aconfesionalidad del Estado español y la práctica real. En su comunicado, recuerdan que el artículo 16.3 de la Constitución de 1978 define al Estado como aconfesional, pero subrayan que la vigencia del Concordato firmado con el franquismo en 1953 mantiene, según afirman, “privilegios ancestrales” para la Iglesia Católica.
Esto, añaden, permite no solo la financiación pública de esta institución, sino también la promoción de distintas creencias religiosas desde las instituciones.
En términos económicos, Nación Andaluza asegura que la financiación pública de la Iglesia supera los 11.000 millones de euros, cifra que, según indican, no incluye otros gastos como la financiación de centros educativos religiosos, subvenciones a celebraciones como la Semana Santa o el mantenimiento del patrimonio eclesiástico. Sobre este último punto, denuncian que parte de ese patrimonio habría sido apropiado “de forma ilegítima” mediante el proceso de inmatriculaciones.
El comunicado también sitúa el origen histórico de estas prácticas en la represión religiosa posterior a la conquista de Andalucía. Nación Andaluza afirma que las procesiones tienen su raíz en el Tribunal de la Santa Inquisición, al que atribuyen una función de castigo y adoctrinamiento de la población. En esa línea, sostienen que, cinco siglos después, estas celebraciones continúan cumpliendo una función similar: fomentar la obediencia y el temor ante el poder.
Además, critican el papel del sistema educativo y los medios de comunicación en la reproducción de estos valores. Según la organización, proliferan centros educativos donde se transmiten creencias religiosas por encima del conocimiento científico, en un contexto que califican como de “aculturación, manipulación y asimilación” sostenido con dinero público y difusión mediática.
Nación Andaluza también muestra su rechazo a la participación de fuerzas políticas que se identifican como de izquierdas en estas celebraciones. Consideran que esta actitud responde a una estrategia electoralista que prioriza “los votos y los sillones” frente a una labor pedagógica orientada a la organización de la clase trabajadora andaluza.
Como alternativa, la organización reivindica la herencia de la Constitución andaluza de 1883, destacando especialmente su defensa de la libertad de conciencia y su rechazo a que las organizaciones religiosas acumulen poder económico. Según afirman, estos principios serían incompatibles con la actual estructura de poder de la Iglesia y necesarios para construir una Andalucía “laica, libre y socialista”.
En el plano programático, Nación Andaluza propone medidas como la eliminación de la financiación pública de actos religiosos, la no participación de cargos públicos en ellos, la prohibición de subvenciones a entidades religiosas, el cierre de centros educativos y sanitarios vinculados a órdenes religiosas, así como la devolución de bienes como la Mezquita de Córdoba y otros patrimonios obtenidos mediante inmatriculaciones.
El comunicado concluye con una consigna clara: la apuesta por
“una Andalucía libre y laica”, en la que, según sostienen, la religión quede fuera de las instituciones y del ámbito público.
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