NUEVAS DECLARACIONES SACUDEN EL CASO JUDICIAL DE CUNA DEL ALMA

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  La investigación judicial sobre Cuna del Alma, el controvertido macroproyecto turístico que se construye en El Puertito de Adeje, en el sur de la isla de Tenerife, ha dado un nuevo paso que podría tener importantes consecuencias políticas y judiciales. Dos técnicos de la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias han comparecido como testigos ante el Juzgado de Arona, dentro de la causa que investiga presuntas irregularidades en la autorización de diversas actuaciones en la franja de protección del litoral. Según los colectivos que impulsaron la denuncia, sus declaraciones cuestionan la versión que el Ejecutivo autonómico ha venido defendiendo públicamente durante los últimos días.

  La valoración ha sido realizada por los colectivos La Gaveta20A, la Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje, ARCAN y el denunciante Juan Francisco Galindo, quienes, en un comunicado remitido a la redacción de Canarias-Semanal, consideran que las diligencias practicadas en el Juzgado de Arona fortalecen de manera significativa la línea de investigación seguida por la magistrada instructora, el Ministerio Fiscal y la acusación popular.

Un proyecto turístico rodeado de controversia

   El proyecto Cuna del Alma contempla la construcción de una urbanización de lujo con centenares de viviendas, equipamientos turísticos y diversas instalaciones en un enclave situado junto al litoral del sur de Tenerife, una de las zonas de mayor desarrollo turístico del archipiélago canario. Desde el inicio de las obras, la iniciativa ha generado una intensa contestación social debido a las denuncias presentadas por colectivos ciudadanos, ecologistas y defensores del patrimonio, que sostienen que parte de las actuaciones afectan a espacios protegidos por la Ley de Costas y han ocasionado daños sobre yacimientos arqueológicos y valores naturales de especial relevancia.

   Precisamente esas denuncias dieron origen a la investigación judicial que actualmente instruye el Juzgado de Arona. La causa se centra, entre otras cuestiones, en las autorizaciones concedidas para ejecutar un restaurante, una piscina y otras instalaciones dentro de la zona de servidumbre de protección del litoral, un espacio sometido a una regulación especialmente restrictiva por la legislación española de Costas.

Los denunciantes destacan la importancia de las declaraciones

   Aunque los colectivos firmantes del comunicado evitan revelar el contenido concreto de las declaraciones prestadas este martes, alegando el debido respeto a una investigación judicial todavía en curso, consideran que ambos testimonios corroboran aspectos esenciales de los hechos denunciados desde el inicio del procedimiento.

  En su valoración, sostienen que las comparecencias refuerzan los indicios que ya manejaban tanto la Fiscalía como la acusación popular y consolidan la línea de investigación abierta por el juzgado.

  Los denunciantes ponen especial énfasis en un aspecto jurídico que consideran determinante: las personas que comparecieron lo hicieron en calidad de testigos y no como investigados.

  Recuerdan que, conforme al ordenamiento jurídico español, un testigo tiene la obligación legal de declarar con veracidad y puede incurrir en responsabilidades penales si falta deliberadamente a la verdad, mientras que un investigado dispone del derecho constitucional a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo.

  A juicio de los colectivos, esta circunstancia otorga un valor añadido a los testimonios incorporados ahora a la causa.

La investigación alcanza a altos cargos del Gobierno de Canarias

   Las declaraciones adquieren una especial relevancia porque se producen pocas semanas antes de que comparezcan como investigados varios responsables de la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias.

   Entre ellos figura Antonio Manuel Acosta Felipe, actual director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, cuya citación como investigado fue acordada recientemente por la magistrada instructora a petición de la Fiscalía. También deberán prestar declaración otros responsables administrativos y representantes de la empresa promotora del proyecto.

   Para los colectivos denunciantes, esta evolución demuestra que la investigación no se limita ya únicamente a las actuaciones materiales desarrolladas sobre el terreno, sino que alcanza también a las decisiones administrativas que permitieron autorizar determinadas obras.

   Uno de los aspectos más relevantes del comunicado se dirige directamente al Gobierno de Canarias.

   Las organizaciones firmantes consideran que el desarrollo de las diligencias judiciales pone en entredicho la defensa pública realizada durante los últimos días por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, y por el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, quienes habían manifestado su confianza en la actuación del director general de Costas, afirmando que actuó conforme a los informes técnicos y jurídicos incorporados al expediente.

  Según los denunciantes, los testimonios escuchados ahora en sede judicial dibujan un escenario distinto y obligan al Gobierno canario a explicar públicamente si mantiene la misma confianza política en los responsables que deberán comparecer próximamente como investigados.

Preocupación por el avance de las obras

  Pese a valorar positivamente la evolución de la investigación judicial, los colectivos expresan su preocupación por la continuidad de las obras.

  Advierten de que las excavadoras continúan trabajando en amplias zonas del proyecto mientras avanza la instrucción del procedimiento y sostienen que cada jornada de trabajos incrementa el riesgo de provocar daños irreversibles sobre el litoral, el patrimonio arqueológico y los valores naturales existentes en el entorno.

   En este sentido, recuerdan que la jueza ya acordó hace meses la paralización cautelar de una parte de las actuaciones relacionadas con la franja de servidumbre de protección, aunque la mayor parte del desarrollo urbanístico continúa ejecutándose.

   A la vista de los nuevos elementos incorporados a la investigación, los colectivos consideran que resulta imprescindible extender la paralización cautelar a la totalidad del proyecto.

   Argumentan que permitir que las obras continúen mientras se esclarecen los hechos podría favorecer la denominada política de los hechos consumados, haciendo irreversibles daños que posteriormente resultarían imposibles de reparar incluso si la Justicia apreciara irregularidades.

    Asimismo, recuerdan que una eventual suspensión no depende exclusivamente de una decisión judicial. Según sostienen en su comunicado, el propio Gobierno de Canarias dispone de competencias para adoptar medidas cautelares cuando existan circunstancias que aconsejen actuar con prudencia, tal y como ya ocurrió durante la anterior legislatura.