LAS PORRAS DEL «GOBIERNO PROGRESISTA»: LA REPRESIÓN NO NECESITA ESPERAR A VOX (VÍDEO)

Por MARTÍN ÁLVAREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Con dos legislaturas de un Gobierno autoproclamado "progresista" que contó primero como socio del PSOE con el partido de Pablo Iglesias ahora encabazado por Irene Montero y, posterioremente, con la prolongación de Unidas Podemos renombrada como Sumar, la principal baza electoral de quienes pretenden renovar un ejecutivo de "izquierdas" parece ser la amenaza de que éste sea sutituido por otro con la presencia de la ultraderecha de VOX y el Partido Popular.  Mientras los partidos que sustentan al gabinete de Pedro Sánchez parecen querer hacer suyas las reivindicaciones sociales por la vivienda o una huelga general, en pura lógica, debería hacerse también contra este gobierno, incluso algunas organizaciones revolucionarias llaman a facilitar, por enésima vez, este "mal menor"  por la grave amenaza que se asocia a una eventual vitoria de Feijoó y Abascal.    

    Pero, aunque  un endurecimiento de la represión no podría descartarse en ese escenario, asistimos mientras tanto a la paradoja de que, en este mismo contexto  preelectoral, la Policía Nacional bajo el mandato del Gobierno de Pedro Sánchez carga contra profesores, estudiantes y manifestantes antifascistas con la misma ferocidad que se muchos llaman a evitar depostitando en las urnas un voto que ayude a revalidarlo. 

     El mismo ejecutivo que prometieron derogar la Ley Mordaza y, sin embargo, ha continuado aplicándola durante años, acumulando millones de sanciones y multas de una cuantía extraordinaria.

     Los acontecimientos de octubre de 2026 obligan, por tanto, a desplazar la atención desde las amenazas futuras hacia las responsabilidades presentes. 

DE MADRID A A CORUÑA: LAS CARGAS POLICIALES DE OCTUBRE

  El 14 de octubre, durante el inicio de la huelga de la enseñanza pública madrileña, una intervención de la Policía Nacional en la Universidad Complutense terminó con cinco detenidos y numerosos personas heridas. La propia institución universitaria condenó los acontecimientos y aclaró que no había solicitado la intervención policial.

 Cinco días después volvieron a producirse cargas contra docentes que protestaban ante un acto de Isabel Díaz Ayuso. El profesorado reclamaba mejoras salariales, reducción de las ratios y mayores recursos educativos. Pero quienes utilizaron la fuerza contra los manifestantes no fueron agentes dependientes de la Comunidad de Madrid, sino miembros de la Policía Nacional, adscrita al Ministerio del Interior del Gobierno central.

  El 21 de octubre, miles de manifestantes antifascistas se concentraron en A Coruña para rechazar un acto de Santiago Abascal. La jornada terminó con nuevas cargas, heridos y detenidos. Como sucede de forma recuerente tras este tipo de intervención, las autoridades y los sindicatos policiales  denunciaron "agresiones contra agentes" y responsabilizaron de lo sucedido a "los grupos de extrema izquierda". 

   En estos acontecimientos existen circunstancias diferentes y responsabilidades que deben investigarse individualmente. Pero también aparece una coincidencia política difícil de ignorar: las actuaciones de la Policía Nacional se han producido bajo un Gobierno formado por PSOE y Sumar, las mismas fuerzas que presentan su permanencia en el poder como una "supuesta garantía democrática"  frente al "avance autoritario".

 LA LEY MORDAZA: EL INSTRUMENTO REPRESIVO QUE EL PSOE PROMETIÓ ELIMINAR

  Las cargas policiales constituyen la manifestación más visible del problema. Existe, sin embargo, otro mecanismo de control menos espectacular, pero mucho más extendido: las sanciones administrativas impuestas mediante la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.

  La norma fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en un contexto marcado por las Marchas de la Dignidad, las protestas contra los desahucios y las luchas contra los recortes sociales.

  Sus disposiciones permiten sancionar determinadas conductas sin necesidad de obtener previamente una condena judicial. Las multas oscilan entre 100 y 600 euros para las infracciones leves, entre 601 y 30.000 para las graves y entre 30.001 y 600.000 euros para las muy graves.

  Especialmente controvertidos son los artículos que penalizan la desobediencia o resistencia a los agentes y las faltas de respeto a la autoridad. Su formulación, según han denunciado organizaciones defensoras de los derechos humanos, deja un amplio margen de interpretación a las fuerzas policiales.

  Esta legislación introduce un mecanismo particularmente eficaz de disuasión: el ciudadano puede acabar pagando un precio económico considerable por participar en determinadas formas de protesta, incluso cuando no existe una condena penal.

 EL 77 % DE LAS SANCIONES, BAJO LOS GOBIERNOS DE PEDRO SÁNCHEZ

  Las estadísticas del Ministerio del Interior permiten dimensionar la continuidad de esta legislación.

  Según los datos oficiales recopilados por Público en una investigación publicada el 18 de octubre de 2026, desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza hasta el cierre de 2025 se contabilizaron 2.769.169 sanciones, con una cuantía agregada de aproximadamente 1.674,8 millones de euros.

  Pero el dato políticamente más significativo es otro: alrededor del 77 % de todas esas sanciones, unos 2,1 millones, se tramitaron durante los gobiernos encabezados por Pedro Sánchez desde junio de 2018. El porcentaje refleja también que Sánchez ha gobernado durante más años de vigencia de la ley que Rajoy, pero demuestra hasta qué punto sus ejecutivos han mantenido su aplicación.

  Durante el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, las estadísticas registraron 375.930 sanciones en 2020, 258.739 en 2021 y 227.080 en 2022. Sumadas, representan 861.749 expedientes en tres años, aunque debe recordarse que el extraordinario volumen de 2020 estuvo condicionado por las restricciones impuestas durante la pandemia.

  Con la incorporación de Sumar al Gobierno, la continuidad sancionadora tampoco desapareció. En 2024 se tramitaron 327.761 multas y en 2025 otras 285.418. Un total de 613.179 sanciones en apenas dos años, con importes que superaron conjuntamente los 380 millones de euros.

  Los datos de 2023, año de transición entre ambas coaliciones, añaden otros 284.512 expedientes. La sucesión de cifras muestra que el cambio de socios gubernamentales no significó la desaparición del aparato sancionador construido bajo el Partido Popular.

CUANDO LA PROTESTA SOCIAL SE CONVIERTE EN UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA

  Los datos específicamente relacionados con la seguridad ciudadana ofrecen una imagen todavía más clara de las preocupaciones que genera esta legislación.

  Amnistía Internacional denunció en marzo de 2025 que, entre la entrada en vigor de la ley y 2023, se habían registrado más de 429.000 sanciones por infracciones de seguridad ciudadana, excluyendo las relacionadas con drogas, armas y explosivos.

  De ellas, más del 76 % correspondían a desobediencia, resistencia, negativa a identificarse o faltas de respeto a los agentes. Son precisamente las categorías cuya amplitud y posible interpretación arbitraria han suscitado mayores objeciones por parte de organizaciones de derechos humanos.  En 2025, por ejemplo, se tramitaron 18.582 sanciones por faltas de respeto y otras 17.543 por desobediencia o resistencia a la autoridad.

  Amnistía Internacional señaló el de un colectivo vecinal madrileño que acumulaba unos 20.000 euros en multas por movilizarse contra la tala de árboles. También el del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, con más de 44.000 euros en sanciones desde 2021, o el de estudiantes solidarios con Palestina que afrontaban multas por un importe conjunto de 21.000 euros.

  Para organizaciones integradas por trabajadores, estudiantes o familias con escasos recursos, semejantes cantidades pueden representar una amenaza para su propia continuidad.

   La represión administrativa tiene una característica especialmente eficaz: puede desalentar la movilización sin necesidad de prohibir formalmente ninguna protesta.

TRES INTENTOS DE REFORMA Y UNA SUCESIÓN DE PROMESAS INCUMPLIDAS

  La permanencia de la Ley Mordaza sería políticamente significativa por sí sola. Pero adquiere otra dimensión cuando recordamos las promesas formuladas por quienes han gobernado durante estos años. El PSOE se opuso a la norma cuando fue aprobada por el PP y prometió derogarla. Esa promesa se mantuvo tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y volvió a aparecer en los acuerdos de coalición.

   En octubre de 2021 se anunció un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para reformarla mediante 51 enmiendas. Sin embargo, el proceso fracasó en marzo de 2023, cuando ERC y EH Bildu rechazaron una propuesta que consideraban insuficiente. Entre las discrepancias figuraban las pelotas de goma, las devoluciones en caliente y las sanciones por desobediencia y faltas de respeto.

    Con la llegada de Sumar se produjo un episodio particularmente revelador.  El 16 de julio de 2024, Yolanda Díaz anunció públicamente que había cerrado con el PSOE la derogación de la Ley Mordaza. Pero pocas horas después, tanto el Gobierno como representantes de su propia formación aclararon que el acuerdo se limitaba a modificar un artículo de la norma.  Lo presentado inicialmente como una derogación integral se convirtió, prácticamente en el mismo día, en una modificación parcial que tampoco terminó materializándose.

   El 3 de octubre de 2024 llegó otro anuncio. PSOE, Sumar y EH Bildu comunicaron un nuevo acuerdo para desbloquear la reforma, incluyendo cambios sobre las sanciones por desobediencia, el uso de pelotas de goma y las devoluciones en frontera.  Tampoco prosperó.

    La reiteración de estos falsas promesas llevó a Amnistía Internacional y otras organizaciones a publicar, en marzo de 2025, una denuncia expresamente titulada «Ley Mordaza: Diez años de vulneraciones de derechos humanos y promesas incumplidas». 

  La organización recordaba que los procesos reformadores de 2016-2019 y 2019-2023 habían terminado sin resultados y que el tercer intento, iniciado en 2024, seguía sin culminarse.

   Finalmente, la disolución de las Cortes del 5 de octubre de 2026, con motivo de la convocatoria electoral del 29 de noviembre, ha hecho decaer nuevamente la tramitación pendiente.  El balance es inequívoco: tras más de ocho años de gobiernos encabezados por Sánchez, la Ley Mordaza permanece vigente.

  La continuidad de esta legislación plantea una cuestión que trasciende el incumplimiento de una promesa electoral.  El Estado capitalista reconoce formalmente libertades democráticas, pero dispone también de aparatos coercitivos encargados de preservar el orden establecido. Esas estructuras mantienen una considerable continuidad institucional aunque se sucedan gobiernos de distinto signo político.  Las diferencias electorales no eliminan la función de los cuerpos policiales y de las herramientas administrativas de control social. Cuando trabajadores, estudiantes o colectivos vecinales se movilizan, no persiguen únicamente expresar una opinión. Pretenden modificar decisiones que afectan a sus condiciones materiales de existencia. Su capacidad de presión depende precisamente de hacerse visibles, interrumpir determinadas rutinas y obligar a las instituciones a responder.Si el ejercicio efectivo de esos derechos queda condicionado por el temor a una carga policial o a una multa inasumible, su reconocimiento legal puede convertirse en una garantía profundamente limitada.

  Mientra el PSOE, Frente Amplio y Podemos  reclaman el voto como supuesto escudo a un futuro gobierno autoritario de PP  y VOX  han mantenido en vigor una legislación represiva que prometieron eliminar.  Las cargas policiales de este mes de octubre, como la permanencia de la la Ley Mordaza muestran el funcionamiento prolongado de un sistema administrativo de sanciones.

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