LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO ROMPE CON MULTINACIONAL POR SU PARTICIPACIÓN EN LA OCUPACIÓN ISRAELÍ DE PALESTINA
La multinacional vasca CAF participa en un proyecto ferroviario que conecta Jerusalén con asentamientos ilegales
La Universidad del País Vasco no renovará su convenio con CAF por su implicación en el tranvía de los asentamientos israelíes. La decisión cuestiona los negocios millonarios que contribuyen a consolidar la ocupación de Palestina.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La Universidad del País Vasco (EHU) ha decidido no renovar su convenio de colaboración con la multinacional ferroviaria CAF debido a la participación de esta empresa en proyectos que contribuyen a consolidar la ocupación israelí de territorios palestinos. La medida supone el cierre de un aula de formación e investigación vinculada a la compañía y sirve para poner en evidencia la forma en que diferentes empresas se lucran con actividades comerciales que ayudan a mantener una ocupación territorial contraria al derecho internacional.
El acuerdo finalizará el próximo 31 de diciembre de 2026. Según la declaración del Equipo Rectoral, la universidad llevaba un año y medio solicitando reuniones con CAF para abordar esta situación, sin obtener respuesta. Finalmente, el rectorado informó de su decisión al Consejo de Gobierno el 8 de octubre y la comunicó por escrito a la empresa el día 15. La institución sostiene que las relaciones empresariales son necesarias para su actividad académica, pero considera que sus compromisos con los derechos humanos deben prevalecer cuando entran en contradicción con determinados intereses económicos.
La decisión afecta al Aula CAF de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, donde se desarrollaban aproximadamente seis trabajos de fin de grado y máster cada año, relacionados con distintas tecnologías ferroviarias. Sin embargo, el verdadero motivo de la controversia se encuentra a miles de kilómetros de las aulas vascas, en Jerusalén Este, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, donde la multinacional participa en la construcción y explotación de una red de tranvías que conecta sectores de la ciudad con asentamientos israelíes establecidos ilegalmente en territorio ocupado.
UN NEGOCIO FERROVIARIO DE 1.800 MILLONES DE EUROS
CAF, con sede en Beasain (Gipuzkoa), es una de las grandes compañías ferroviarias del Estado español, con contratos internacionales para fabricar trenes y desarrollar sistemas de transporte. En agosto de 2019 anunció que un consorcio formado junto con la constructora israelí Shapir había obtenido la adjudicación del proyecto del Tren Ligero de Jerusalén, por un importe superior a 1.800 millones de euros.
El contrato contempla la construcción de 27 kilómetros de nuevas vías, 53 estaciones, la fabricación de 114 tranvías y la rehabilitación de vehículos existentes. Incluye también sistemas eléctricos, señalización, comunicaciones y contratos prolongados de explotación y mantenimiento. CAF participa al 50% en las sociedades constituidas con su socio israelí para desarrollar el proyecto. Por tanto, su implicación no se limita a vender unos cuantos trenes, sino que forma parte de la estructura empresarial encargada de construir y explotar esta infraestructura durante décadas.
Para entender la controversia hay que observar el territorio que atraviesan esas vías. Tras la guerra de 1967, Israel ocupó Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y posteriormente extendió a esta última su legislación y administración. La anexión no ha sido reconocida internacionalmente. Desde entonces, la construcción de asentamientos israelíes y las restricciones impuestas a las comunidades palestinas han modificado la geografía política del territorio.
La red ferroviaria enlaza Jerusalén Oeste con zonas residenciales israelíes levantadas en su parte oriental ocupada. Sus defensores la presentan como una "mejora del transporte público". Sus críticos advierten de que las vías y servicios permanentes facilitan la expansión de los asentamientos y su integración económica con Israel.
La ocupación tampoco se reduce a una disputa cartográfica. Según Naciones Unidas, el 6 de octubre de 2026 la demolición de un edificio residencial en At Tur, Jerusalén Este, desplazó a 69 palestinos, incluidos 36 menores. Entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre, sus observadores documentaron 244 ataques de colonos con víctimas o daños en Cisjordania. Mientras en Gaza continuaban los ataques y demoliciones militares israelíes, la colonización y los desplazamientos avanzaban en Cisjordania. El proyecto ferroviario debe examinarse dentro de esa realidad, sin atribuirle directamente todos sus efectos.
EL NEGOCIO PRIVADO DE UNA OCUPACIÓN ILEGAL
Una ocupación prolongada necesita más que soldados y puestos de control. Requiere financiación, materiales, maquinaria, carreteras, redes energéticas y transportes que permitan mantener población y actividad económica en los asentamientos. La rentabilidad de esos contratos convierte la ocupación en un mercado y genera intereses privados favorables a su continuidad.
El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia concluyó, en una opinión consultiva, que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado era ilegal. Reclamó el cese de nuevas actividades de asentamiento y recordó que los Estados no deben reconocer ni prestar ayuda para mantener esa situación.
En septiembre de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos incluyó a CAF en su base de datos de compañías vinculadas a actividades en asentamientos israelíes. La actualización recogió 158 empresas de once países. La inclusión constituye una constatación fáctica, no una condena judicial; tampoco significa que esas actividades carezcan de consecuencias económicas, políticas o sociales para la población ocupada.
CAF ha rechazado que su participación vulnere los derechos humanos. Afirma que aplica "procedimientos de diligencia debida, ha consultado a expertos jurídicos y proporciona un servicio accesible sin discriminación, también a viajeros palestinos". Sostiene, asimismo, que el transporte facilita el acceso al empleo, a hospitales y a centros educativos. Amnistía Internacional, sin embargo, ha reclamado la retirada de la multinacional del proyecto. La relatora especial de Naciones Unidas Francesca Albanese la mencionó en un informe de 2025 sobre actividades empresariales que sostienen la ocupación. La controversia alcanzó el terreno penal: varias organizaciones presentaron una denuncia contra responsables de la compañía el 18 de febrero de 2026, investigada posteriormente por la Fiscalía española.
UN CONFLICTO POLÍTICO EN EL PAÍS VASCO
La resolución de la Universidad del País Vasco ha encontrado resistencias. El consejero vasco de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, advirtió del "peligro de establecer límites empresariales difíciles de aplicar coherentemente y recordó que numerosas compañías mantienen relaciones comerciales con Israel y otros Estados". El director de la Escuela de Ingeniería de Bilbao también cuestionó la ruptura, alegando que "los trabajos realizados en el Aula CAF no estaban vinculados al proyecto de Jerusalén".
El rector Joxerramon Bengoetxea, en cambio, ha defendido que los principios universitarios deben prevalecer sobre sus intereses inmediatos. El sindicato ELA apoya la medida, aunque advierte de que quedan otras colaboraciones entre la EHU y CAF y exige a la compañía abandonar el contrato israelí. El desacuerdo no enfrenta necesariamente a trabajadores contra universitarios: gira alrededor de las decisiones empresariales y de los límites de la cooperación institucional.
En abril de 2024, la EHU ya había aprobado un manifiesto de apoyo a Palestina que comprometía a revisar sus relaciones con entidades que no respetaran el derecho internacional. La decisión actual lleva ese compromiso al terreno práctico. Hasta ahora, los convenios con grandes empresas se justificaban por su financiación y sus oportunidades de formación. El rectorado introduce otra consideración: el origen de los negocios de sus socios también cuenta.
El cierre del Aula CAF no detendrá por sí mismo el tranvía de Jerusalén pero obliga a discutir hasta dónde puede llegar la colaboración pública con actividades lucrativas que ayudan a normalizar una ocupación de Palestina.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La Universidad del País Vasco (EHU) ha decidido no renovar su convenio de colaboración con la multinacional ferroviaria CAF debido a la participación de esta empresa en proyectos que contribuyen a consolidar la ocupación israelí de territorios palestinos. La medida supone el cierre de un aula de formación e investigación vinculada a la compañía y sirve para poner en evidencia la forma en que diferentes empresas se lucran con actividades comerciales que ayudan a mantener una ocupación territorial contraria al derecho internacional.
El acuerdo finalizará el próximo 31 de diciembre de 2026. Según la declaración del Equipo Rectoral, la universidad llevaba un año y medio solicitando reuniones con CAF para abordar esta situación, sin obtener respuesta. Finalmente, el rectorado informó de su decisión al Consejo de Gobierno el 8 de octubre y la comunicó por escrito a la empresa el día 15. La institución sostiene que las relaciones empresariales son necesarias para su actividad académica, pero considera que sus compromisos con los derechos humanos deben prevalecer cuando entran en contradicción con determinados intereses económicos.
La decisión afecta al Aula CAF de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, donde se desarrollaban aproximadamente seis trabajos de fin de grado y máster cada año, relacionados con distintas tecnologías ferroviarias. Sin embargo, el verdadero motivo de la controversia se encuentra a miles de kilómetros de las aulas vascas, en Jerusalén Este, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, donde la multinacional participa en la construcción y explotación de una red de tranvías que conecta sectores de la ciudad con asentamientos israelíes establecidos ilegalmente en territorio ocupado.
UN NEGOCIO FERROVIARIO DE 1.800 MILLONES DE EUROS
CAF, con sede en Beasain (Gipuzkoa), es una de las grandes compañías ferroviarias del Estado español, con contratos internacionales para fabricar trenes y desarrollar sistemas de transporte. En agosto de 2019 anunció que un consorcio formado junto con la constructora israelí Shapir había obtenido la adjudicación del proyecto del Tren Ligero de Jerusalén, por un importe superior a 1.800 millones de euros.
El contrato contempla la construcción de 27 kilómetros de nuevas vías, 53 estaciones, la fabricación de 114 tranvías y la rehabilitación de vehículos existentes. Incluye también sistemas eléctricos, señalización, comunicaciones y contratos prolongados de explotación y mantenimiento. CAF participa al 50% en las sociedades constituidas con su socio israelí para desarrollar el proyecto. Por tanto, su implicación no se limita a vender unos cuantos trenes, sino que forma parte de la estructura empresarial encargada de construir y explotar esta infraestructura durante décadas.
Para entender la controversia hay que observar el territorio que atraviesan esas vías. Tras la guerra de 1967, Israel ocupó Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y posteriormente extendió a esta última su legislación y administración. La anexión no ha sido reconocida internacionalmente. Desde entonces, la construcción de asentamientos israelíes y las restricciones impuestas a las comunidades palestinas han modificado la geografía política del territorio.
La red ferroviaria enlaza Jerusalén Oeste con zonas residenciales israelíes levantadas en su parte oriental ocupada. Sus defensores la presentan como una "mejora del transporte público". Sus críticos advierten de que las vías y servicios permanentes facilitan la expansión de los asentamientos y su integración económica con Israel.
La ocupación tampoco se reduce a una disputa cartográfica. Según Naciones Unidas, el 6 de octubre de 2026 la demolición de un edificio residencial en At Tur, Jerusalén Este, desplazó a 69 palestinos, incluidos 36 menores. Entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre, sus observadores documentaron 244 ataques de colonos con víctimas o daños en Cisjordania. Mientras en Gaza continuaban los ataques y demoliciones militares israelíes, la colonización y los desplazamientos avanzaban en Cisjordania. El proyecto ferroviario debe examinarse dentro de esa realidad, sin atribuirle directamente todos sus efectos.
EL NEGOCIO PRIVADO DE UNA OCUPACIÓN ILEGAL
Una ocupación prolongada necesita más que soldados y puestos de control. Requiere financiación, materiales, maquinaria, carreteras, redes energéticas y transportes que permitan mantener población y actividad económica en los asentamientos. La rentabilidad de esos contratos convierte la ocupación en un mercado y genera intereses privados favorables a su continuidad.
El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia concluyó, en una opinión consultiva, que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado era ilegal. Reclamó el cese de nuevas actividades de asentamiento y recordó que los Estados no deben reconocer ni prestar ayuda para mantener esa situación.
En septiembre de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos incluyó a CAF en su base de datos de compañías vinculadas a actividades en asentamientos israelíes. La actualización recogió 158 empresas de once países. La inclusión constituye una constatación fáctica, no una condena judicial; tampoco significa que esas actividades carezcan de consecuencias económicas, políticas o sociales para la población ocupada.
CAF ha rechazado que su participación vulnere los derechos humanos. Afirma que aplica "procedimientos de diligencia debida, ha consultado a expertos jurídicos y proporciona un servicio accesible sin discriminación, también a viajeros palestinos". Sostiene, asimismo, que el transporte facilita el acceso al empleo, a hospitales y a centros educativos. Amnistía Internacional, sin embargo, ha reclamado la retirada de la multinacional del proyecto. La relatora especial de Naciones Unidas Francesca Albanese la mencionó en un informe de 2025 sobre actividades empresariales que sostienen la ocupación. La controversia alcanzó el terreno penal: varias organizaciones presentaron una denuncia contra responsables de la compañía el 18 de febrero de 2026, investigada posteriormente por la Fiscalía española.
UN CONFLICTO POLÍTICO EN EL PAÍS VASCO
La resolución de la Universidad del País Vasco ha encontrado resistencias. El consejero vasco de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, advirtió del "peligro de establecer límites empresariales difíciles de aplicar coherentemente y recordó que numerosas compañías mantienen relaciones comerciales con Israel y otros Estados". El director de la Escuela de Ingeniería de Bilbao también cuestionó la ruptura, alegando que "los trabajos realizados en el Aula CAF no estaban vinculados al proyecto de Jerusalén".
El rector Joxerramon Bengoetxea, en cambio, ha defendido que los principios universitarios deben prevalecer sobre sus intereses inmediatos. El sindicato ELA apoya la medida, aunque advierte de que quedan otras colaboraciones entre la EHU y CAF y exige a la compañía abandonar el contrato israelí. El desacuerdo no enfrenta necesariamente a trabajadores contra universitarios: gira alrededor de las decisiones empresariales y de los límites de la cooperación institucional.
En abril de 2024, la EHU ya había aprobado un manifiesto de apoyo a Palestina que comprometía a revisar sus relaciones con entidades que no respetaran el derecho internacional. La decisión actual lleva ese compromiso al terreno práctico. Hasta ahora, los convenios con grandes empresas se justificaban por su financiación y sus oportunidades de formación. El rectorado introduce otra consideración: el origen de los negocios de sus socios también cuenta.
El cierre del Aula CAF no detendrá por sí mismo el tranvía de Jerusalén pero obliga a discutir hasta dónde puede llegar la colaboración pública con actividades lucrativas que ayudan a normalizar una ocupación de Palestina.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.217.64