CANARIAS: LAS CAUSAS DE UNA CRISIS DE VIVIENDA CON BENEFICIARIOS DIRECTOS

Por  CARLOS SERNA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En los últimos años, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales en el Estado español. El encarecimiento del alquiler y de la compra, muy por encima de la evolución de los salarios, está provocando que amplias capas de la población no puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo.

   En Canarias, esta realidad adopta rasgos especialmente graves. A las dinámicas generales que afectan a todo el Estado se suman factores propios como el peso dominante del turismo, la limitada disponibilidad de suelo y una economía fuertemente dependiente del exterior. El resultado es una situación en la que el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más difícil, incluso en contextos de crecimiento económico.  Los datos actuales son contundentes. Canarias vive una situación de verdadera emergencia habitacional, en un contexto donde el crecimiento económico convive con altos niveles de pobreza.

  En el momento actual más de un tercio de la población del Archipiélago sufre algún tipo de exclusión residencial. Esto incluye tanto la imposibilidad de pagar un alquiler como situaciones de precariedad habitacional o inseguridad en la tenencia.

  La raíz del problema está en la ruptura entre salarios y precios inmobiliarios. Mientras los ingresos de la población se mantienen bajos, el coste de la vivienda no ha dejado de crecer. El resultado es una situación extrema: un joven necesita destinar más del 100% de su salario para alquilar una vivienda en solitario. Como consecuencia de ello, la emancipación juvenil ha caído a mínimos históricos, reflejando la imposibilidad real de construir un proyecto de vida autónomo. 

   Pero el problema habitacional no solo excluye, también empobrece. Un número creciente de hogares destina una parte desproporcionada de sus ingresos al pago de la vivienda. Entre los sectores más vulnerables, esta carga supera ampliamente los niveles considerados sostenibles.  Los salarios no permiten mejorar las condiciones de vida porque quedan absorbidos por el coste habitacional. De esta forma, la vivienda actúa como un mecanismo constante de transferencia de renta desde la población trabajadora hacia los propietarios.

Turismo y vivienda vacacional: la competencia por el espacio

   El auge de la vivienda vacacional no es un fenómeno ha sido una pieza central en la transformación del mercado residencial en Canarias. El pasado 2025, el archipiélago rozó las 200.000 plazas en esta modalidad, una cifra desproporcionada si se tiene en cuenta la limitada disponibilidad de suelo. Estas viviendas compiten directamente con el alquiler de larga duración, reduciendo la oferta disponible para la población residente y presionando al alza los precios.

   A este fenómeno hay que sumar el creciente peso de la demanda extranjera en la compra de vivienda. En Canarias, más del 25% de las compraventas inmobiliarias son realizadas por compradores extranjeros, una proporción muy superior a la media estatal. En algunas zonas turísticas, este porcentaje es aún mayor, lo que evidencia que una parte significativa del parque residencial se orienta hacia compradores foráneos con mayor capacidad adquisitiva que la población local.

   Ambos procesos —vivienda vacacional y compra extranjera— operan de forma complementaria. Por un lado, convierten la vivienda en un activo vinculado al mercado turístico global; por otro, elevan los precios de referencia, haciendo que incluso las viviendas destinadas a residencia habitual queden fuera del alcance de los trabajadores locales. El resultado es una competencia profundamente desigual por el acceso al espacio.

   En las zonas más tensionadas, especialmente en áreas costeras, este proceso se traduce en una transformación visible del tejido urbano. Barrios que antes cumplían funciones residenciales se reconfiguran progresivamente como espacios de consumo turístico o de segunda residencia. Los residentes no son expulsados de forma inmediata, pero sí progresiva: contratos que no se renuevan, alquileres que se disparan y viviendas que cambian de uso.

   Esta dinámica implica una redefinición del territorio. La ciudad deja de organizarse en función de las necesidades de quienes la habitan y pasa a hacerlo en función de su rentabilidad. El espacio urbano se integra así en circuitos globales de valorización, donde la vivienda ya no es un lugar para vivir, sino un activo que genera ingresos concentrados en un número reducido de propietarios.  

Fondos de inversión y concentración de la propiedad

   En efecto, uno de los elementos más determinantes de la crisis de la vivienda en Canarias es la creciente concentración de la propiedad en manos de grandes tenedores. Según los datos disponibles, el 8,2% del parque residencial está ya controlado por propietarios con más de diez viviendas , una proporción que duplica la media estatal y sitúa al archipiélago a la cabeza de este proceso en España.

   Este fenómeno  de concentración de la propiedad tuvo un punto de inflexión claro en la crisis de 2008, cuando miles de viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias y desahucios fueron transferidas desde familias trabajadoras hacia el sistema financiero. Posteriormente, buena parte de ese stock fue vendido en bloque a fondos de inversión internacionales, que accedieron a grandes carteras inmobiliarias a precios muy por debajo de su valor previo.

   A diferencia del pequeño propietario tradicional, estos actores operan bajo una lógica estrictamente financiera. La vivienda es para ellos un simple activo cuyo objetivo es maximizar rentabilidad.  Esto se traduce en la utilización de estrategias como el incremento sistemático de alquileres, la rotación de inquilinos, la priorización del alquiler de corta duración o incluso la retención de viviendas vacías para tensionar los precios.

     Al concentrar una parte significativa de la oferta, estos grandes tenedores adquieren capacidad para influir en los precios del mercado en su conjunto, especialmente en áreas ya tensionadas. De este modo, incluso quienes no alquilan directamente a estos fondos terminan pagando las consecuencias de su estrategia.

     El resultado es una dinámica en la que la vivienda deja de responder a necesidades sociales y pasa a integrarse en circuitos financieros globales. Los beneficios generados en Canarias no se reinvierten en el territorio, sino que se transfieren hacia centros de decisión externos, mientras la población local asume el encarecimiento del acceso a un bien básico.

La responsabilidad de las administraciones públicas

   Hablar de políticas públicas de vivienda en Canarias exige partir de un hecho básico: Canarias cuenta con uno de los parques públicos de vivienda más reducidos del Estado, muy lejos de países europeos donde este tipo de vivienda actúa como mecanismo de contención de precios. 

  Entre 2021 y 2025, en todo el archipiélago apenas se iniciaron 379 viviendas protegidas. La cifra resulta especialmente significativa si se compara con una población de más de dos millones de habitantes y con un contexto en el que más del 33% sufre algún tipo de exclusión residencial.

   Y es que en el archipiélago, la intervención pública no ha buscado construir un sistema alternativo al mercado, sino apoyarse en él. Un elemento clave en este sentido ha sido la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), un instrumento fiscal que permite a empresas y grandes patrimonios reducir drásticamente su tributación a cambio de invertir sus beneficios. Durante años, se ha permitido que estos capitales se canalicen hacia el sector inmobiliario, convirtiendo la vivienda en uno de los principales destinos de estas inversiones. Un mecanismo que  ha contribuido a inflar la demanda especulativa y a presionar al alza los precios, reforzando el carácter financiero del mercado residencial.

  Lejos de modificar este rumbo, el Plan de Vivienda 2020-2025 se basa fundamentalmente en  incentivos, ayudas al alquiler y colaboración con promotores privados. Es decir, en dedicar los recursos públicos a mejorar la rentabilidad del sector inmobiliario sin alterar sus dinámicas de fondo.

  Otras medidas que podrían limitar directamente los precios —como la declaración efectiva de zonas tensionadas— han sido bloqueadas o aplicadas de forma muy limitada.

Acumulación por desposesión: cuando la vivienda se convierte en un mecanismo de extracción de riqueza

   El concepto de acumulación por desposesión, desarrollado por el geógrafo marxista David Harvey permite entender todo el proceso descrito, y la crisis de la vivienda en Canarias, como algo más que un simple desequilibrio entre oferta y demanda. Este concepto explica cómo el capitalismo contemporáneo no acumula riqueza solamente mediante la producción, sino también a través del despojo de derechos y bienes esenciales.

  En el archipiélago, este proceso se expresa con claridad en lo que respecta a la vivienda, que ha dejado de ser un derecho para convertirse en un activo financiero, obligando a amplias capas de la población a destinar gran parte de sus ingresos al pago de alquileres cada vez más elevados.

  No se trata de una escasez natural, sino de una gestión orientada a maximizar los beneficios de unos pocos privilegiados. La entrada de fondos de inversión tras la crisis de 2008 y la expansión de la vivienda vacacional refuerzan esta dinámica. Viviendas que antes cumplían una función social son absorbidas por lógicas especulativas, mientras barrios enteros se reconfiguran en función del turismo. Así, el acceso al espacio urbano queda subordinado a su rentabilidad.

  En este contexto, la desposesión no siempre implica perder una propiedad, sino verse obligado a pagar por condiciones de vida cada vez más precarias. Canarias ejemplifica, de esta forma. cómo el control del suelo y la vivienda se convierte en un mecanismo central de extracción de riqueza, donde el beneficio de unos pocos se construye sobre el empobrecimiento de la mayoría de la población.