DE LOS CACIQUES DEL SIGLO XIX A LAS PUERTAS GIRATORIAS DE HOY: ANATOMÍA DE LA CORRUPCIÓN ESPAÑOLA

 

 REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL.ORG

 

      Esta entrevista forma parte de un recurso periodístico que utilizamos para analizar el contenido de aquellos libros que consideramos especialmente interesantes para  los lectores de Canarias Semanal.

   En este caso, las preguntas se le formulan directamente al libro "La España corrupta. Breve historia de la corrupción, de la Restauración a nuestros días, 1875-2016", de Jaume Muñoz Jofre.

   Las respuestas han sido elaboradas a partir de los datos, argumentos y conclusiones contenidos en la obra, respetando rigurosamente su enfoque y estableciendo, cuando resultó necesario, conexiones con problemas que continúan presentes en la actualidad.

 

 

ENTREVISTA:

    — El libro recorre casi siglo y medio de historia española. Después de analizar regímenes políticos tan diferentes, ¿puede afirmarse que la corrupción es un accidente ocasional o constituye un elemento estructural del sistema político y económico español?

 -   La primera conclusión que se desprende del libro es que la corrupción no puede explicarse como una simple acumulación de comportamientos individuales. No estamos únicamente ante políticos deshonestos que, de manera aislada, deciden aprovecharse de su cargo. A lo largo de los 140 años estudiados, la corrupción aparece vinculada repetidamente a la forma en que está organizado el poder, se distribuyen los recursos públicos y se relacionan las instituciones políticas con los intereses económicos.

    Eso no significa que todos los periodos hayan sido igualmente corruptos, ni que las prácticas hayan permanecido invariables. Durante la Restauración borbónica del siglo XIX, la corrupción formaba parte del propio funcionamiento de ese régimen: las elecciones se manipulaban, los cargos se repartían entre clientelas y los presupuestos públicos servían para recompensar fidelidades. Bajo las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco, la ausencia de controles democráticos permitió que los privilegios, las concesiones y los negocios dependieran de la proximidad al poder. En democracia, las formas cambiaron y aparecieron mecanismos de fiscalización inexistentes anteriormente, pero surgieron nuevos problemas relacionados con la financiación de los partidos, la contratación pública, el urbanismo, las puertas giratorias y el tráfico de influencias.

    La continuidad fundamental no reside, por tanto, en que todo haya sido siempre igual, sino en la persistencia de una relación privilegiada entre poder político y poder económico. Cuando las instituciones carecen de controles eficaces, la Justicia actúa con lentitud, la información se oculta y los partidos protegen a los suyos, la corrupción deja de ser una excepción. Se convierte en una posibilidad permanente del sistema.

 

    — Durante la Restauración, las elecciones no servían propiamente para decidir quién gobernaba: primero se designaba al Gobierno y después se fabricaba la mayoría parlamentaria que necesitaba. ¿Cómo funcionaba aquel sistema y qué nos enseña sobre la diferencia entre direrentes tipos de  democracias formales?

   El sistema de la Restauración conservaba las apariencias de un régimen parlamentario, pero invertía su funcionamiento. En una democracia representativa, los ciudadanos votan, de las urnas surge una mayoría y esa mayoría forma el Gobierno. Durante la Restauración monárquica sucedía lo contrario: el rey encargaba gobernar a uno de los dos grandes partidos dinásticos —el Conservador o el Liberal— y, a continuación, el nuevo Gobierno organizaba unas elecciones destinadas a proporcionarle la mayoría parlamentaria previamente acordada.

 

    Para conseguirlo se utilizaba el llamado encasillado. Desde el Ministerio de la Gobernación se decidía qué candidato debía resultar elegido en cada distrito. Después intervenían los gobernadores civiles, los alcaldes y, finalmente, los caciques locales, que controlaban el voto mediante favores, amenazas, compra de voluntades, falsificación del censo o manipulación directa de las actas. En ocasiones votaban personas fallecidas, aparecían más papeletas que electores o se impedía votar a quienes podían alterar el resultado previsto.

 

   Lo importante es comprender que la corrupción electoral no era una anomalía del sistema: era el mecanismo que permitía su funcionamiento. Las elecciones no estaban concebidas para expresar la voluntad popular, sino para legitimar una decisión adoptada de antemano por las élites.

 

    La comparación con la actualidad debe hacerse con cuidado. Hoy los resultados electorales no se fabrican desde el Ministerio de la Gobernación y existe una competencia política real. Sin embargo, el episodio histórico plantea una pregunta que sigue siendo pertinente: ¿basta con votar periódicamente para que exista una democracia efectiva? Si los grandes poderes económicos condicionan los programas, controlan recursos fundamentales e influyen sobre los medios de comunicación, la ciudadanía puede elegir a sus representantes y, al mismo tiempo, disponer de una capacidad muy limitada para decidir sobre las cuestiones esenciales. La enseñanza de la Restauración es clara: las formas democráticas pierden su significado cuando el poder real permanece fuera del alcance de los ciudadanos.

 

 

     —El cacique de la Restauración intercambiaba empleos, obras públicas, recomendaciones y favores por obediencia política. ¿Ha desaparecido realmente el caciquismo o simplemente ha adoptado formas más modernas?

     El cacique no era únicamente un hombre autoritario que dominaba un pueblo. Era, ante todo, un intermediario entre el Estado y una población que no podía acceder a determinados derechos y recursos en condiciones de igualdad. Conseguía un empleo, evitaba una sanción, facilitaba una licencia, lograba la construcción de una carretera o intervenía ante un juez. A cambio, obtenía votos, fidelidad y silencio. Su poder nacía precisamente de convertir en favor personal aquello que debería haber sido un derecho ciudadano.

 

   El libro ofrece ejemplos muy reveladores. Más de un tercio de la correspondencia conservada de importantes políticos de la Restauración está formada por cartas de recomendación. Los cambios de Gobierno provocaban ceses masivos de funcionarios para dejar sitio a los partidarios del nuevo gabinete. Las obras públicas podían trazarse en función de los intereses de un político o de sus amigos y la influencia llegaba incluso a los tribunales. No existía una separación clara entre Administración, partido, familia e intereses privados.

 

   El caciquismo clásico ha desaparecido en gran medida porque la sociedad española se ha urbanizado, la Administración se ha profesionalizado y numerosos servicios públicos se han convertido en derechos universales. Sin embargo, su lógica puede reconocerse todavía allí donde un partido utiliza las instituciones para construir una red de dependencias. Los cargos de confianza innecesarios, las contrataciones realizadas para favorecer a personas próximas, las subvenciones concedidas con criterios partidistas o las obras utilizadas como propaganda electoral reproducen parcialmente aquel mecanismo.

 

   La diferencia es importante: ya no estamos ante un sistema electoral organizado enteramente alrededor del cacique. Pero sí sobrevive la tentación de administrar lo público como si fuera patrimonio de una organización. El caciquismo reaparece cada vez que un ciudadano siente que necesita conocer a alguien, deber un favor o demostrar fidelidad para obtener aquello que legalmente le corresponde.

 

     —Primo de Rivera llegó al poder prometiendo acabar con el caciquismo y limpiar la vida pública. Sin embargo, el libro sostiene que terminó construyendo sus propias redes de intereses. ¿Qué nos enseña aquella experiencia sobre los discursos autoritarios contra la corrupción?

 

    - La dictadura de Primo de Rivera constituye uno de los ejemplos más claros de cómo una campaña política contra la corrupción puede terminar reproduciendo aquello que aseguraba combatir. El golpe de Estado de septiembre de 1923, respaldado por Alfonso XIII, se presentó como una operación regeneradora. Primo de Rivera prometía acabar con los fraudes electorales, las redes caciquiles y la degradación del sistema parlamentario. Su discurso encontró una cierta receptividad porque buena parte de la población identificaba correctamente la Restauración con el falseamiento electoral y el reparto de favores.

 

    Sin embargo, la dictadura eliminó los controles políticos sin eliminar los intereses que alimentaban la corrupción. Disolvió los ayuntamientos, suspendió la Constitución y sustituyó a numerosos cargos, pero las antiguas élites económicas siguieron conservando su poder. Muchos caciques llegaron a acuerdos con las nuevas autoridades, mientras la Unión Patriótica, el partido del régimen, se convertía en una vía para obtener empleos, influencias y ventajas. En palabras del propio libro, la dictadura no acabó con el caciquismo: cambió a los titulares de los feudos.

 

   La falta de Parlamento, oposición, libertad de prensa e independencia judicial facilitó además nuevas arbitrariedades. Cuando un juez se negó a archivar el proceso contra una amante del dictador implicada en tráfico de drogas, fue destituido. Cuando determinadas investigaciones afectaron a personajes próximos al rey, la Corona intervino para protegerlos. Al mismo tiempo, se concedieron monopolios y contratos a empresarios relacionados con el régimen. Juan March obtuvo el monopolio del tabaco en Ceuta y Melilla después de prestar importantes servicios al dictador, mientras la concesión de Telefónica benefició a grupos financieros próximos al poder y proporcionó un puesto magníficamente remunerado a José Antonio Primo de Rivera, hijo del gobernante.

 

   La enseñanza histórica es contundente. La corrupción no desaparece suprimiendo la democracia, porque precisamente la ausencia de controles facilita su desarrollo. Cuando un dirigente se presenta como un  salvador, coloca su voluntad por encima de la ley y afirma que solo él representa los intereses del país, la regeneración suele convertirse en una coartada. Se aparta a una red de beneficiarios para colocar otra nueva, ahora protegida por el silencio, la censura y la imposibilidad de exigir responsabilidades.

 

 

      —La Segunda República aparece en el libro como un intento de ruptura con las prácticas políticas anteriores. ¿Consiguió realmente limpiar la vida pública española?

 

   - La Segunda República no eliminó por completo la corrupción, pero sí produjo una transformación importante en la forma de entender la política y la ciudadanía. Por primera vez, las elecciones dejaron de estar organizadas sistemáticamente para fabricar una mayoría decidida de antemano. Los comicios de 1931 fueron los más limpios celebrados hasta entonces en España, se suprimieron mecanismos que habían facilitado el fraude durante la Restauración y se produjo una profunda renovación del personal parlamentario.

 

   El cambio no fue instantáneo. En algunas zonas rurales sobrevivieron los caciques, la compra de votos, las coacciones y las relaciones de dependencia. No se podía borrar en unos pocos años una cultura política construida durante décadas. Pero aquellas prácticas dejaron de constituir la esencia del sistema y comenzaron a percibirse como abusos incompatibles con el nuevo régimen.

 

   La República trató, además, de reducir el poder político de las oligarquías tradicionales mediante reformas militares, fiscales y agrarias. Precisamente por eso encontró una resistencia tan intensa. Los grandes propietarios organizaron grupos de presión para frenar la reforma agraria, mientras determinadas fuerzas políticas defendieron desde las instituciones los intereses de terratenientes, empresarios y sectores privilegiados. El fracaso de varias reformas no se debió únicamente a errores de los gobiernos republicanos, sino también a la capacidad de las clases dominantes para bloquearlas.

 

    Esto no significa que la República estuviera libre de escándalos. El caso más grave afectó al Partido Radical de Alejandro Lerroux, cuya caída estuvo provocada por los casos del estraperlo y Nombela. Sin embargo, la reacción frente a estas prácticas demuestra que existía una sensibilidad política diferente: los escándalos destruyeron electoralmente al partido y terminaron con la carrera de Lerroux.

 

    El libro permite, por tanto, rechazar dos simplificaciones. La Segunda República no fue un régimen perfecto ni consiguió erradicar todas las herencias del pasado, pero tampoco puede colocarse al mismo nivel que la Restauración o las dictaduras. Representó el intento más serio realizado hasta entonces de convertir a los habitantes de España, sometidos durante décadas a caciques y autoridades, en ciudadanos capaces de intervenir y vigilar la vida pública.

 

   —Durante décadas, la propaganda de la dictadura presentó a Franco como un gobernante austero y al franquismo como un régimen ajeno a la corrupción. ¿Qué realidad aparece cuando el libro examina sus estructuras económicas y sus redes de poder?

 - Aparece una realidad completamente opuesta. El franquismo no fue únicamente un régimen en el que  no pocos  funcionarios o jerarcas aprovecharon su posición para enriquecerse. La corrupción estaba relacionada con su propia forma de organizar el poder. La dictadura recompensó la adhesión política mediante cargos, concesiones, licencias, contratos y oportunidades empresariales, mientras la falta de libertad de prensa, oposición parlamentaria e independencia judicial garantizaba la impunidad.

 

  Durante la autarquía, el intervencionismo estatal convirtió numerosos productos básicos en bienes sometidos a cupos, permisos y precios oficiales. Esa escasez administrada favoreció el estraperlo. Mientras una parte de la población padecía hambre y racionamiento, empresarios, terratenientes y funcionarios relacionados con el régimen obtuvieron grandes beneficios mediante el mercado negro.

 

   Pero el libro advierte de que el estraperlo fue solo la manifestación más visible de un fenómeno mucho mayor: el aparato estatal se utilizó para favorecer intereses privados, asegurar mano de obra barata, tolerar un fraude fiscal enorme y construir una nueva clase empresarial ligada a los vencedores de la guerra.

 

   Con el desarrollismo e los sesenta, la corrupción cambió de forma. Perdieron importancia los cupos y el mercado negro, pero crecieron la especulación urbanística, las recalificaciones, las licencias y la colaboración entre autoridades, constructoras y entidades financieras. Muchas de las grandes fortunas surgidas durante la dictadura no fueron resultado de una competencia empresarial libre, sino de la proximidad al poder político.

 

   También la familia Franco se enriqueció directa y cuantiosamente. El libro recoge investigaciones según las cuales el dictador se apropió de donativos y fondos públicos y acumuló una considerable fortuna. Carmen Polo recibió joyas y regalos de quienes buscaban contratos, licencias o nombramientos; las facturas podían terminar pagándose con dinero del Estado. Otros familiares participaron en negocios inmobiliarios, financieros, industriales y comerciales amparados por su relación con el jefe del Estado.

 

   El mito de la austeridad sobrevivió porque la dictadura controlaba la información y porque, durante la Transición, esas fortunas y responsabilidades no fueron investigadas. La Ley de Amnistía y el pacto político que facilitó el cambio de régimen permitieron que buena parte de las élites económicas formadas bajo el franquismo conservaran su riqueza y su influencia. La democracia heredó así no solo empresas y patrimonios, sino también redes de poder cuya historia raramente fue sometida al escrutinio público.

 

 

    —La llegada de la democracia supuso una ruptura indudable con el franquismo. ¿Por qué comenzaron a aparecer nuevamente grandes escándalos de corrupción durante la década de 1980?

    La recuperación de las libertades, las elecciones competitivas, la renovación de numerosos cargos y la reforma fiscal redujeron drásticamente algunas de las prácticas heredadas del franquismo. Durante los primeros años de la Transición, además, la difícil situación económica y la voluntad de consolidar el nuevo régimen limitaron las oportunidades de enriquecimiento ilícito. El libro habla, por ello, de un verdadero punto de inflexión, aunque no de una ruptura completa con todas las redes económicas anteriores.

   El problema comenzó a adquirir otra dimensión durante la segunda mitad de los años ochenta. Los partidos se habían convertido en grandes organizaciones que necesitaban mantener sedes, estructuras territoriales, personal liberado y costosas campañas electorales. La financiación legal resultaba insuficiente para sostener esa maquinaria y algunas formaciones recurrieron a empresas interpuestas, donaciones encubiertas y comisiones procedentes de adjudicaciones públicas.

   La corrupción dejó entonces de responder solamente al enriquecimiento personal de un cargo concreto. Apareció una corrupción organizada alrededor de las necesidades del partido. Casos como Filesa en el PSOE o las posteriores redes de financiación ilegal vinculadas al Partido Popular muestran un mecanismo parecido: determinadas empresas entregaban dinero o pagaban servicios ficticios y, a cambio, esperaban contratos, influencia o un trato favorable por parte de las administraciones.

   La permanencia prolongada en el poder también desempeñó un papel importante. Las mayorías absolutas y la ocupación continuada de las instituciones podían generar entre algunos dirigentes una sensación de impunidad. La frontera entre el partido y la Administración comenzaba a desdibujarse, mientras los responsables políticos tendían a interpretar las denuncias como ataques contra toda la organización. En lugar de apartar al implicado y facilitar la investigación, se protegía a “los nuestros”.

 

  Las libertades democraticas permitieron la introduccion de controles, pluralismo informativo y posibilidades reales de alternancia que no existían bajo la dictadura. Pero no modificó la estrecha relación entre poder político y grandes intereses económicos. Cambiaron los procedimientos y los protagonistas, pero continuó funcionando un intercambio fundamental: dinero y apoyo para los partidos a cambio de acceso privilegiado a las decisiones públicas. Esa es la contradicción que explica buena parte de los escándalos de las últimas décadas.

 

 

     —  Desde los escándalos urbanísticos hasta las tramas relacionadas con la contratación pública, se repite la figura del empresario que paga comisiones para obtener adjudicaciones o decisiones favorables. ¿Por qué se habla tanto del político corrupto y tan poco del poder económico que lo corrompe?

 

  - Porque el relato más cómodo sobre la corrupción la presenta como una desviación moral protagonizada por unos cuantos políticos codiciosos. Identificar a un concejal, un alcalde o un ministro que ha cobrado una comisión permite señalar a un culpable concreto y transmitir la impresión de que el problema termina cuando esa persona dimite o entra en prisión. Sin embargo, el libro muestra que detrás del cargo público suele existir un beneficiario económico.

   La corrupción urbanística ofrece el ejemplo más evidente. La recalificación de un terreno, la modificación de un plan municipal o la concesión irregular de una licencia puede multiplicar en poco tiempo el valor de una propiedad. El político recibe una cantidad relativamente pequeña en comparación con los beneficios obtenidos por la promotora, la constructora o el grupo inversor. Lo mismo sucede con las adjudicaciones amañadas: la comisión constituye el precio pagado para acceder a un contrato público mucho más lucrativo.

    Este mecanismo se desarrolló especialmente durante el boom inmobiliario. Los ayuntamientos acumulaban amplias competencias urbanísticas, las entidades financieras facilitaban crédito abundante y las constructoras buscaban nuevos terrenos y proyectos. La coincidencia de esos intereses creó un espacio extraordinariamente favorable para el tráfico de influencias, las comisiones y la financiación ilegal de los partidos. No se trataba solamente de políticos saqueando las instituciones, sino de una alianza entre administraciones, capital financiero y negocio inmobiliario.

    El libro insiste también en una diferencia reveladora: los procedimientos suelen concentrarse en quien recibe el soborno, mientras el corruptor recibe menor atención pública e incluso puede continuar contratando con las administraciones. De este modo, se castiga ocasionalmente al intermediario político, pero permanece intacta la estructura económica que promovió la operación.

 

   Comprender la corrupción exige seguir el recorrido completo del dinero. Hay que preguntar quién pagó, pero también qué contrato, recalificación, monopolio o modificación legal obtuvo a cambio. Si únicamente observamos el sobre recibido por el político y no los beneficios empresariales que ese sobre permitió conseguir, estaremos contemplando la parte más visible del escándalo, pero no su verdadera dimensión.

 

     —El libro señala que muchos de los grandes escándalos no fueron descubiertos por los organismos de control, sino por denunciantes, antiguos colaboradores o investigaciones periodísticas. ¿Qué revela esto sobre el funcionamiento de la Justicia y de las instituciones encargadas de vigilar el poder?

 

  - Revela que España dispone de mecanismos de control, pero que con demasiada frecuencia actúan tarde, cuando la trama lleva años funcionando o cuando una ruptura interna permite conocer lo que estaba sucediendo. En numerosos casos, la investigación comienza porque un socio se siente traicionado, una expareja entrega documentos, un empresario denuncia una extorsión o un empleado decide revelar la contabilidad oculta. Es decir, el sistema no detecta por sí mismo la corrupción: necesita que alguien desde dentro rompa el silencio.

    Una vez iniciado el procedimiento, aparece otro problema: la lentitud judicial. Las investigaciones pueden prolongarse durante tantos años que, cuando llega la sentencia, algunos delitos han prescrito, los responsables han desaparecido de la vida pública y la ciudadanía apenas recuerda el origen del caso. Esa demora no solo dificulta el castigo. También alimenta la percepción de que la corrupción queda impune y permite que los acusados presenten cualquier investigación como una persecución política interminable.

    El libro muestra, además, que las relaciones entre el poder ejecutivo y la Justicia han sido conflictivas durante todo el periodo estudiado. Cambia el grado de intervención, naturalmente: no puede compararse la destitución de un juez bajo una dictadura con las presiones que puedan producirse en democracia. Pero continúan siendo preocupantes la politización de determinados órganos, la falta de recursos, los aforamientos, los indultos concedidos a condenados por corrupción y los intentos de obstaculizar investigaciones incómodas.

     A ello se suma el control de la información. Durante la Restauración borbónica, cada facción política contaba con periódicos afines; las dictaduras recurrieron a la censura directa; y en las democracias formales operan mecanismos más sutiles, como la publicidad institucional, las subvenciones, las relaciones empresariales y el endeudamiento de los grandes grupos de comunicación con la banca. No es necesario prohibir una noticia si puede reducirse su importancia, retrasarse su publicación o presentarse como una simple batalla entre partidos.

    Por eso la lucha contra la corrupción depende tanto de la independencia judicial como de la libertad informativa y de la protección efectiva de quienes denuncian. Cuando el denunciante queda expuesto, el periodista carece de recursos y el procedimiento se eterniza, el mensaje que recibe la sociedad es peligroso: descubrir la corrupción puede resultar más costoso que practicarla.

 

 

     —A pesar de la sucesión de escándalos, muchos políticos investigados o incluso condenados han conservado un importante apoyo electoral. ¿Por qué la corrupción no siempre es castigada en las urnas en España?

 

     Porque los ciudadanos no valoran la corrupción de manera aislada. El comportamiento electoral está condicionado por la identificación ideológica, la situación económica, el miedo a que gobierne el adversario y, en algunos lugares, por las redes de intereses construidas alrededor de una administración. Un votante puede considerar corrupto a un dirigente y, aun así, apoyarlo porque cree que ha favorecido a su municipio, ha creado empleos o ha realizado obras beneficiosas para su entorno.

 

    Aquí aparece una clara conexión con el caciquismo de la Restauración. El cacique obtenía fidelidades distribuyendo recursos públicos como si fueran favores personales. En un régimen de libertades democraticas, ese intercambio no suele adoptar una forma tan directa, pero puede sobrevivir la idea de que el gobernante merece indulgencia porque “ha hecho cosas por el pueblo”. El libro recoge el testimonio de vecinos que defendían a alcaldes implicados en delitos porque habían construido piscinas, colegios o centros de salud. La corrupción no se castigaba cuando parte de la población pensaba que también había recibido algún beneficio.

    La polarización política refuerza este comportamiento. Cada partido presenta los escándalos del adversario como prueba de una corrupción generalizada, mientras minimiza los propios, calificándolos de casos individuales o campañas de difamación. Los medios afines contribuyen a esa percepción selectiva. El ciudadano termina creyendo que todas las acusaciones son armas partidistas y juzga al acusado en función de su identidad política, no de los hechos conocidos.

    También influye el momento económico. La tolerancia disminuye durante las crisis, cuando los recortes, el desempleo o el deterioro de los servicios públicos hacen más ofensivo el enriquecimiento de los gobernantes. En periodos de prosperidad, en cambio, puede extenderse una actitud permisiva mientras una parte de la riqueza circula y parece beneficiar a distintos sectores.

   La corrupción persiste, por tanto, no solo porque existan corruptos y corruptores, sino porque llega a integrarse en una determinada cultura política. La frase citada al final del libro resume crudamente esa lógica, común al caciquismo antiguo y a ciertas prácticas contemporáneas: «No hay votante más fiel que un estómago agradecido».

 

   —Después de ciento cincuenta años de regeneracionismos frustrados, ¿qué tendría que cambiar para que combatir la corrupción no significara únicamente castigar a algunos responsables, sino impedir que las mismas prácticas vuelvan a reproducirse?

 

   La primera condición sería dejar de presentar la corrupción como un problema exclusivamente moral. Naturalmente, quien acepta un soborno o desvía dinero público debe responder ante la Justicia. Pero sustituir a unas personas por otras no basta cuando permanecen intactos los mecanismos que permiten utilizar las instituciones para favorecer intereses privados.

 

   El recorrido histórico que realiza el libro demuestra que las campañas regeneracionistas fracasan cuando se limitan a denunciar a los gobernantes anteriores y prometen colocar en su lugar a personas supuestamente honradas. Primo de Rivera apartó a una parte del personal de la Restauración, pero construyó nuevas clientelas. La democracia renovó las instituciones, pero no eliminó la dependencia económica de los partidos ni la influencia de las grandes empresas sobre la contratación pública. Cada regeneración incompleta acaba dejando preparado el terreno para la siguiente crisis.

 

   Sería necesario reforzar la independencia y los recursos de la Justicia, reducir la duración de los procedimientos y proteger de manera efectiva a denunciantes y periodistas. También deberían prohibirse las puertas giratorias durante periodos suficientemente amplios, fiscalizar rigurosamente el patrimonio de los cargos públicos y garantizar que las empresas condenadas por corromper funcionarios no puedan continuar contratando con la Administración como si nada hubiera sucedido.

 

   La contratación pública exige controles preventivos, transparencia completa y organismos fiscalizadores capaces de actuar antes de que el dinero desaparezca. La financiación de los partidos debe poder conocerse y comprobarse, incluyendo sus fundaciones, empresas vinculadas y gastos electorales. De igual manera, habría que limitar la capacidad de los gobiernos para utilizar la publicidad institucional y los medios públicos como instrumentos de premio, castigo o propaganda.

 

   Pero la conclusión más profunda del libro afecta a la relación entre política y economía. Mientras una decisión administrativa pueda producir beneficios privados gigantescos y las grandes empresas dispongan de múltiples vías para influir sobre quienes legislan y adjudican contratos, la tentación corruptora seguirá existiendo. No basta con perseguir el sobre entregado clandestinamente: también hay que controlar el poder económico que puede pagarlo y el beneficio obtenido a cambio.

 

   La corrupción no desaparecerá mediante una ley milagrosa ni gracias a la llegada de un salvador. Solo puede reducirse mediante instituciones vigiladas, información libre, participación ciudadana y una clara separación entre los intereses privados y las decisiones públicas. La historia examinada en "La España corrupta" deja una advertencia difícil de ignorar: cuando la sociedad renuncia a controlar el poder, siempre aparece alguien dispuesto a administrarlo en su propio beneficio.