EL "LAWFARE" HA DEJADO DE SER UNA PALABRA EXTRAÑA: SE HA CONVERTIDO EN UNA SOSPECHA MAYORITARIA

POR RAFAEL MORA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

     Algo se ha roto cuando una mayoría de ciudadanos empieza a mirar a los tribunales con la misma desconfianza con la que mira a los partidos.

   Según una encuesta realizada por 40dB para EL PAÍS y la Cadena SER no habla solo de lentitud judicial, ni de jueces conservadores o progresistas, ni de un puñado de casos famosos que llenan tertulias. Habla también de una grieta mucho más seria: la sospecha de que la Justicia, cuando entra en política, ya no siempre parece actuar como árbitro, sino como jugador.

       El dato golpea como un martillo: el 65,4% de los encuestados considera que en España existe lawfare, ese  anglicismo que significa usar procedimientos judiciales para desgastar, acorralar o destruir adversarios políticos. Apenas un 11% de los encuestados niega su existencia. El resto duda, y esa duda también dice mucho. Porque cuando la ciudadanía duda de la limpieza del terreno de juego, el problema ya no es solo judicial. Es también democrático.

EL LAWFARE YA NO ES UNA PALABRA DE MINORÍAS

     Durante años, hablar de lawfare sonaba a exageración, a consigna de partido, a expresión reservada para debates muy ideologizados. La encuesta muestra que eso ha cambiado. Hoy, la idea ha saltado del lenguaje militante al sentido común de millones de personas. No todos lo interpretan igual: una parte cree que se usa sobre todo contra el Gobierno socialdemócrata  y la izquierda; otra piensa que se dirige contra la derecha y la oposición; y otra sostiene que todos los bloques políticos utilizan los tribunales como arma. Pero el punto decisivo no está ahí. Lo decisivo es que una mayoría cree que la Justicia puede ser usada políticamente.

   Ese cambio es gigantesco. En una democracia, los tribunales deberían ser vistos como un espacio de garantías. Si alguien es acusado, se investigan los hechos. Si hay pruebas, se juzga. Si no las hay, se archiva. Pero cuando el proceso se convierte en espectáculo, cuando la imputación pesa más que la sentencia, cuando una denuncia abre portadas durante meses aunque después no quede en nada, el daño ya se ha producido. La sospecha se vuelve castigo.

LA POLÍTICA ENTRA EN LOS TRIBUNALES Y LOS TRIBUNALES ENTRAN EN LA POLÍTICA

     La encuesta ayuda a entender por qué la palabra lawfare ha prendido tan rápido. El 82% considera que la Justicia es demasiado lenta. El 75,5% cree que los partidos intentan influir en los jueces. El 67,1% piensa que cada vez más conflictos que deberían resolverse en el Parlamento terminan en los tribunales. Y casi el 63% cree que algunos jueces deciden guiados por sus ideas políticas.

     Dicho de forma sencilla: mucha gente opina que la frontera entre justicia y política se ha vuelto borrosa. Y cuando esa frontera se borra, todo se contamina. El Parlamento deja de ser el lugar donde se discuten los proyectos de país y los juzgados se convierten en una segunda cámara política, pero sin elecciones, sin debate público directo y con tiempos mucho más largos. Una ley puede perderse en recursos, un gobierno puede quedar atrapado en investigaciones interminables, un dirigente puede ser condenado socialmente mucho antes de que exista sentencia.

   NO TODOS LOS CASOS PESAN IGUAL EN LA OPINIÓN PÚBLICA

      Otro dato importante de la encuesta es que los casos que afectan al PSOE son más conocidos que los que afectan al PP. La investigación a José Luis Rodríguez Zapatero, la condena a José Luis Ábalos, el caso de Begoña Gómez o el juicio a David Sánchez aparecen más presentes en la cabeza de los encuestados que otros asuntos como Kitchen o Púnica. Esto no significa que unos casos sean automáticamente más graves que otros. Significa algo distinto: que la atención pública no se reparte de manera neutral.

    En política, lo que se ve pesa más que lo que simplemente existe. Un caso judicial repetido cada día en televisiones, radios, redes y portadas se convierte en clima. Y el clima acaba formando opinión. Por eso el verdadero poder no está solo en abrir una causa, sino en convertirla en relato. Quien controla el relato puede instalar una idea antes de que hable el juez: “algo habrá”, “todos son iguales”, “este partido está podrido”, “este dirigente ya está acabado”.

LA IDEOLOGÍA DE LOS JUECES TAMBIÉN ENTRA EN ESCENA

     La encuesta añade otro elemento delicado: un 34,1% cree que los jueces tienden a favorecer a la derecha, frente a un 16,3% que cree que favorecen a la izquierda. Solo el 27% los considera imparciales. Este dato no debe leerse como una acusación automática contra todos los jueces. Sería injusto y torpe. En España hay miles de profesionales que trabajan con rigor, independencia y escasos medios. Pero la percepción pública importa. Y mucho.

     Una Justicia puede estar llena de buenos profesionales y, aun así, perder legitimidad si la ciudadanía cree que el sistema tiene inclinaciones políticas, privilegios internos o falta de control. Es como un árbitro en un partido de fútbol: puede acertar muchas veces, pero si la grada cree que siempre pita en la misma dirección, cada decisión será recibida con sospecha.

EL PROBLEMA NO ES SOLO LA CORRUPCIÓN, SINO EL PODER

      El debate suele presentarse como una pelea sobre corrupción: si tal político hizo esto, si tal partido robó aquello, si tal familiar recibió un trato de favor. Pero la encuesta apunta a algo más profundo. El problema no es solo si hay delitos. El problema es quién tiene capacidad para activar escándalos, sostenerlos en el tiempo, amplificarlos en los medios y convertirlos en armas de desgaste.

    Una denuncia archivada años después puede haber destruido ya una carrera política. Una investigación filtrada parcialmente puede marcar unas elecciones. Una instrucción lenta puede dejar a una persona suspendida en una nube de sospecha permanente. Ahí está el significado más inquietante del lawfare: no necesita siempre una condena para ser eficaz. A veces basta con el proceso.

UNA DEMOCRACIA NO PUEDE VIVIR DE SOSPECHAS PERMANENTES

       El verdadero mensaje de esta encuesta no es que toda la Justicia esté corrompida ni que cada investigación política sea una conspiración. Esa lectura sería demasiado cómoda. El mensaje real es más serio: una democracia se debilita cuando millones de personas creen que sus instituciones no juegan limpio.

    La Justicia necesita independencia, pero también necesita parecer independiente. Necesita protegerse de los partidos, pero también de sus propios corporativismos. Necesita actuar contra la corrupción, pero sin convertirse en espectáculo político. Y la política necesita resolver los conflictos en el Parlamento, en las urnas y en el debate público, no trasladarlo todo a los juzgados como si cada desacuerdo fuera un delito.

    La encuesta, desde luego,  no cierra el debate. Lo abre. Y lo abre con una advertencia clara: cuando la ciudadanía empieza a pensar que la toga también tiene color político, el problema ya no está solo en los tribunales. Está en el corazón mismo de la democracia.

FUENTES CONSULTADAS:

-Cadena SER: “Seis de cada diez españoles creen que el ‘lawfare’ existe y que los jueces se dejan influir por su ideología política”, 6 de julio de 2026. Refuerza los datos de la encuesta de 40dB y resume la percepción ciudadana sobre independencia judicial, influencia política e ideológica y desconfianza hacia la Justicia.

-EL PAÍS: “El sesgo político en la percepción de la independencia judicial, al detalle”, 6 de julio de 2026. Fuente útil para completar el análisis sobre cómo cambia la percepción de la Justicia según la ideología del encuestado y cómo se interpreta el lawfare desde distintos bloques políticos.

-Comisión Europea: “El cuadro de indicadores de la justicia de 2026 destaca la importancia de contar con sistemas judiciales eficaces para fomentar el crecimiento económico”. Esta fuente permite situar el caso español dentro del marco europeo de evaluación de independencia, eficiencia y calidad de los sistemas judiciales.

-Comisión Europea: “Informe sobre el Estado de Derecho de 2025”. Sirve para contextualizar la importancia europea de la independencia judicial, los Consejos del Poder Judicial y las garantías institucionales dentro de cualquier democracia.

-Consejo General del Poder Judicial: “La Comisión Disciplinaria y el Promotor de la Acción Disciplinaria”. Fuente oficial para explicar cómo se investigan y sancionan posibles infracciones graves o muy graves cometidas por jueces y magistrados.

-Consejo General del Poder Judicial: “Actuaciones disciplinarias del Consejo General del Poder Judicial”. Fuente estadística e institucional sobre los procedimientos disciplinarios dentro del Poder Judicial.