CINCO AÑOS DESPUÉS DEL VOLCÁN DE LA PALMA, EXIGEN INVESTIGAR SI SE PROTEGIÓ SUFICIENTEMENTE LA SALUD DE LA POBLACIÓN

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   El 19 de septiembre de 2021, la tierra se abrió en Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma. Comenzaba una erupción que se prolongaría durante 85 días y ocho horas, hasta el 13 de diciembre. Más de 7.000 personas tuvieron que ser evacuadas y miles de viviendas, carreteras y explotaciones agrícolas quedaron afectadas. Fue la erupción histórica más larga registrada en La Palma.

  Cinco años después, cuando la lava lleva tiempo fría, continúa abierta otra cuestión: ¿qué consecuencias tuvo sobre la salud respirar durante meses el aire contaminado por gases, cenizas y partículas volcánicas? Y, sobre todo, ¿hicieron las administraciones todo lo que razonablemente podían hacer, con los conocimientos disponibles entonces, para proteger a la población?

  Eso es lo que pide investigar la asociación palmera Tierra Bonita. El colectivo considera que las evidencias científicas acumuladas justifican una investigación independiente sobre la gestión sanitaria de la emergencia.

Lo que empiezan a mostrar los estudios

  Uno de los principales argumentos de Tierra Bonita procede del proyecto ASHES, impulsado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y concebido durante la propia erupción para estudiar sus consecuencias respiratorias.

  Los resultados presentados cinco años después resultan significativos: una mayor exposición a la erupción se asocia con hasta tres veces más probabilidades de presentar tos y con el doble de alteraciones compatibles con un patrón obstructivo pulmonar. Los investigadores han observado además una relación dosis-respuesta: cuanto mayor fue la exposición, mayor fue la sintomatología.

  No es el único trabajo que enciende señales de alerta. El estudio ISVOLCAN, publicado en la revista científica Environmental Health, estudió inicialmente a 1.002 personas. Entre la población general, quienes residían en la zona occidental de La Palma —más expuesta a la erupción— presentaron aproximadamente el doble de probabilidad de sufrir síntomas de las vías respiratorias inferiores, ansiedad o depresión e insomnio que quienes vivían en el este de la isla.

  Estos resultados no demuestran por sí mismos que cada enfermedad posterior haya sido provocada por el volcán. Sí refuerzan, sin embargo, la necesidad de estudiar con detalle qué ocurrió y quiénes soportaron mayor exposición.

¿Se pudo proteger mejor a la población?

   La pregunta no surge ahora. Ya en 2022, las alergólogas del Hospital General de La Palma Zulay Almeida y Paula Jiménez sostuvieron públicamente que deberían haberse prolongado los confinamientos durante los episodios de calidad del aire extremadamente desfavorable. También advirtieron de que las mascarillas FFP2, útiles frente a partículas, no protegían frente a los gases volcánicos.

  Tierra Bonita incorpora además otro dato que considera necesario investigar: un análisis del profesor de la Universidad Politécnica de Madrid Rafael Cascón, realizado con datos del Instituto Nacional de Estadística, calculó un incremento de la mortalidad en La Palma de alrededor del 40% entre septiembre y diciembre de 2021 respecto al periodo de referencia utilizado, frente a aproximadamente un 15% en el conjunto de Canarias.

  La propia asociación advierte correctamente de que una coincidencia temporal no demuestra causalidad. Para saber si existió alguna relación con la contaminación volcánica haría falta una investigación epidemiológica específica capaz de separar este posible factor de otras causas.

Saber qué se sabía y qué se hizo

   Tierra Bonita plantea cuatro preguntas: qué información tenían las autoridades sobre gases, cenizas y partículas; qué riesgos comunicaron realmente a la población; qué medidas de protección adoptaron para residentes, trabajadores, agricultores, voluntarios y personal de emergencias; y qué consecuencias sanitarias pueden relacionarse científicamente con los distintos niveles de exposición.

  Para responderlas reclama acceder y analizar actas del PEVOLCA, informes de Salud Pública, mediciones de PM10, PM2,5 y dióxido de azufre, modelos de dispersión, protocolos epidemiológicos, análisis de cenizas y documentación sobre protección laboral, confinamientos, accesos y retornos.

  No se trata de juzgar las decisiones de 2021 únicamente con lo que la ciencia ha descubierto después. Precisamente la cuestión central es reconstruir qué información estaba disponible en cada momento y comprobar si la respuesta pública estuvo a la altura de ese conocimiento.

  La legislación española establece que la vigilancia de la salud pública debe contemplar los riesgos ambientales, los contaminantes y sus efectos sobre la población, además de disponer de sistemas de alerta y respuesta. La Ley 40/2015 regula, asimismo, la eventual responsabilidad patrimonial de las administraciones, teniendo en cuenta, entre otros elementos, el estado de los conocimientos científicos y técnicos existente cuando se produjeron los daños.

   Cinco años después del Tajogaite, por tanto, la cuestión ya no es solamente reconstruir cómo la lava transformó La Palma. También es conocer qué ocurrió con quienes respiraron durante semanas aquel aire y determinar, con documentación pública y ciencia independiente, si podían haber sido mejor protegidos.