DEL "DERECHO AL NEGOCIO": POR QUÉ NADIE PUEDE PERMITIRSE UNA CASA

POR ADAY QUESADA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

     Hay algo profundamente inquietante en el hecho de que, en un país lleno de viviendas, cada vez más personas no puedan acceder a ninguna de ellas. No hablamos de una escasez física evidente, como podría ocurrir tras una guerra o una catástrofe natural. Hablamos de algo realmente más extraño: casas que existen, pero que no están al alcance de quienes las necesitan.

    Los datos recientes lo dejan claro. A comienzos de 2026, el precio de la vivienda en España subió un 14,3% interanual, situando el metro cuadrado cerca de máximos históricos . Es decir, cada año resulta más difícil comprar o alquilar. Y no porque falten casas, sino porque acceder a ellas se ha convertido en una carrera cuesta arriba.

    "¡Qué contradicción!: La vivienda existe, pero no está al alcance de quienes la necesitan”

    Para entender este problema no basta con mirar cifras. Hay que preguntarse por algo más profundo: ¿por qué algo tan básico como tener un techo se ha convertido en un lujo para muchos?

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA: CUANDO VIVIR SE CONVIERTE EN MERCANCÍA

    Para empezar, hay que entender una idea clave: en la sociedad actual, la vivienda no es solo un lugar donde vivir. Es, sobre todo, un bien que se compra y se vende, como cualquier otro. 

   Esto pudiera parecer normal, pero no siempre fue así. Durante mucho tiempo, gran parte de lo que las personas producían —incluida la vivienda— no estaba destinado al mercado, sino al uso directo . Hoy ocurre lo contrario: casi todo se produce pensando en venderlo.

    ¿Qué significa esto en la práctica? Imagina dos situaciones:

- En una, una familia construye o accede a una casa para vivir.

- En otra, alguien compra diez viviendas para alquilarlas o revenderlas más caras.

     En el primer caso, la vivienda cumple una función social: dar cobijo. En el segundo, cumple una función económica: generar beneficios.

   El problema es que, en España, la segunda lógica domina cada vez más a la primera.

   LA LÓGICA DEL MERCADO: PRECIOS QUE SUBEN, VIDAS QUE SE ENCOGEN

     Cuando la vivienda se convierte en una mercancía, su precio ya no depende solo de cuánto cuesta construirla o de cuántas personas la necesitan. Depende, sobre todo, de cuánto beneficio puede generar. Esto explica por qué los precios suben incluso cuando hay suficientes viviendas. Si los propietarios creen que pueden ganar más esperando o alquilando a precios altos, lo harán. Y mientras tanto, quienes necesitan un hogar quedan atrapados.

   Es como si en una ciudad hubiera comida de sobra, pero la mayoría no pudiera pagarla. El problema no sería la producción, sino el acceso.

  En España, esto se traduce en situaciones muy concretas:

• Jóvenes que no pueden emanciparse hasta bien entrada la treintena.
• Familias que destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler.
• Trabajadores que, aun teniendo empleo, no pueden permitirse vivir cerca de su lugar de trabajo.

   No se trata de una anomalía puntual. Es una consecuencia lógica de cómo está organizado el sistema.

LAS GRANDES CIUDADES: EL ESCENARIO DEL CONFLICTO

    El problema se vuelve aún más visible en las grandes ciudades. Ya en el siglo XIX se describía cómo la concentración masiva de población generaba desigualdades extremas en el acceso a la vivienda .

Hoy ocurre algo similar, aunque con formas distintas. En ciudades como Madrid o Barcelona, el precio del suelo y de la vivienda se dispara porque son espacios donde se concentra la actividad económica. Cuanta más gente quiere vivir allí, más suben los precios.

   Pero no todos tienen el mismo poder para pagar. Y ahí aparece la contradicción:

• Por un lado, trabajadores esenciales (sanitarios, camareros, repartidores).
• Por otro, inversores, grandes propietarios o fondos que pueden pagar más.

   El resultado es previsible: quienes viven de su trabajo son expulsados progresivamente hacia la periferia. La ciudad, que debería ser un espacio para vivir, se convierte en un espacio para invertir.

UN PROBLEMA ANTIGUO CON ROSTRO NUEVO

    Aunque parezca un fenómeno reciente, el problema de la vivienda no es nuevo. Ya se señalaba que la escasez de vivienda ha afectado históricamente a las clases más desfavorecidas, desde la antigua Roma hasta las ciudades industriales .

   "Las ciudades han dejado de ser  lugares  para vivir y pasan a ser lugares para invertir”

Lo que cambia no es la existencia del problema, sino su forma. En el pasado, la falta de vivienda podía deberse a condiciones materiales: pobreza extrema, destrucción, falta de infraestructuras. Hoy, en cambio, el problema surge en sociedades capaces de producir más vivienda que nunca. Es una paradoja: cuanto mayor es la riqueza general, más difícil puede resultar acceder a ella.

   Esto nos obliga a cambiar la pregunta. Ya no se trata de “¿hay suficientes casas?”, sino de “¿cómo se distribuyen y para qué se usan?”.

  EL PAPEL DE LA PROPIEDAD Y LA DESIGUALDAD

Otro elemento clave es la distribución de la propiedad. No todas las personas tienen vivienda, pero algunas tienen varias. Y eso no es casual. A medida que el sistema económico se desarrolla, tiende a concentrar la riqueza en menos manos. Esto incluye también la propiedad de la vivienda.

   El resultado es una especie de embudo:

• Muchos necesitan vivienda.
• Pocos controlan gran parte de ella.

    Y como esos pocos toman decisiones basadas en la rentabilidad, no en la necesidad social, el acceso se vuelve cada vez más difícil. Es como si el agua de un río fuera controlada por unos pocos que deciden cuándo y a quién llega.

¿SE PUEDE SOLUCIONAR EL PROBLEMA?

    Aquí es donde la cuestión se vuelve mucho más delicada. A menudo se proponen soluciones técnicas: construir más vivienda, dar ayudas al alquiler, regular precios… Y todas ellas pueden tener cierto efecto.

   Pero hay que ser claros: si no se cambia la lógica de fondo, el problema tiende a reproducirse. Esto ya se advertía hace más de un siglo: abordar la vivienda como un problema aislado, sin tocar las bases del sistema economico, lleva a soluciones parciales o temporales . Es como intentar vaciar un barco que hace agua sin tapar el agujero.

ALTERNATIVAS: CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO

    Si el problema es estructural, las soluciones también deben serlo. Algunas líneas posibles podrian ser:

1. DESMERCANTILIZAR PARTE DE LA VIVIENDA

   Esto significa que no toda la vivienda esté sujeta a la lógica del beneficio. Por ejemplo, ampliar el parque público de vivienda o fomentar modelos cooperativos.

2. LIMITAR LA ESPECULACIÓN

   Evitar que la vivienda sea utilizada principalmente como inversión financiera. Esto puede implicar regular precios o gravar la acumulación de viviendas vacías.

3. REORGANIZAR EL ESPACIO URBANO

   No concentrar toda la actividad en unas pocas ciudades. Si el empleo y los servicios se distribuyen mejor, la presión sobre la vivienda disminuye.

4. CAMBIAR LA RELACIÓN ENTRE INGRESOS Y COSTES

Si los salarios no crecen al ritmo de la vivienda, el problema se agrava. Es necesario equilibrar esa relación.

EL DERECHO A VIVIR O EL NEGOCIO DE HABITAR

    El problema de la vivienda en España no es solo una cuestión económica. Es, en el fondo, una cuestión sobre qué tipo de sociedad queremos.

    Porque hay dos formas de entender la vivienda:

• Como un derecho básico, necesario para vivir con dignidad.
• Como una oportunidad de negocio.

    Mientras predomine la segunda, la primera estará siempre en peligro.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TENDRÍA QUE TENER UN GOBIERNO QUE SE ATREVIERA A AFRONTAR ESTE PROBLEMA? 

    Si el problema de la vivienda no es simplemente técnico, sino que está profundamente ligado a cómo funciona la economía y a quién controla los recursos, entonces un gobierno que quisiera afrontarlo de verdad no podría limitarse a medidas superficiales. Tendría que ir más allá. Y eso, inevitablemente, implica asumir costes y enfrentarse a feroces resistencias.

   Para empezar, ese gobierno tendría que tener una característica fundamental: la voluntad de intervenir de forma decidida en el mercado de la vivienda. No como árbitro neutral, sino como actor que toma partido por el acceso general frente al beneficio privado.

  Esto pudiera sonar abstracto, pero en la práctica significa cosas muy concretas. Por ejemplo, no aceptar como algo “natural” que los precios suban sin límite. No asumir que el derecho a la propiedad es intocable cuando entra en conflicto con el derecho a vivir. Y, sobre todo, no confiar en que el mercado por sí solo vaya a resolver el problema.

   Un gobierno así tendría que romper con la idea de que la vivienda es únicamente un negocio. Tendría que tratarla, al menos en parte, como un bien social. Eso implica ampliar de forma masiva la vivienda pública, garantizar alquileres accesibles y limitar el uso especulativo de los inmuebles.

    Pero aquí aparece una segunda característica clave: la capacidad de sostener esas políticas en el tiempo. Porque no basta con anunciar medidas; hay que mantenerlas frente a las presiones que inevitablemente surgirán desde los flancos mas insólitos.

   “Mientras la vivienda sea un negocio, el derecho a habitar en ellas seguirá en disputa”

    Y esas presiones serían muchas. La primera gran resistencia vendría de quienes obtienen beneficios directos del actual modelo: grandes propietarios, entidades financieras, fondos de inversión. Para ellos, la vivienda no es un problema social, sino una fuente de ingresos. Cualquier intento de limitar precios o regular el mercado será percibido como una amenaza grave a sus intereses.

    Esto no siempre se expresa de forma directa. A veces adopta formas más sutiles: campañas mediáticas que hablan de “inseguridad jurídica”, advertencias sobre la “fuga de inversiones” o discursos que presentarán cualquier regulación como un ataque a la libertad individual.

   En el fondo, lo que está en juego es quién decide para qué sirve la vivienda.

   La segunda resistencia vendría del propio funcionamiento del sistema económico. En una economía donde gran parte de la riqueza circula a través de la inversión inmobiliaria, cambiar las reglas puede generar tensiones muy duras y amplias. Por ejemplo, si se limita la rentabilidad del alquiler, puede haber menos interés en invertir en ese sector, lo que a corto plazo puede reducir la oferta privada.

    Esto colocará a ese hipotético gobierno ante una disyuntiva: o acepta esas dinámicas, o desarrolla alternativas públicas que compensen esa retirada.

   La tercera dificultad es política y cultural. Durante décadas se ha ido instalando la idea de que tener vivienda en propiedad es una forma de seguridad individual, casi una aspiración universal. Muchas personas, incluso sin ser grandes propietarios, podrán ver con recelo medidas que perciban como una amenaza a ese modelo.

   Es decir, el problema no es solo económico, también es ideológico. Cambiar la política de vivienda implica, en cierto modo, cambiar la forma en que la sociedad entiende la propiedad y el acceso a los bienes básicos.

    Además, hay que tener en cuenta la dimensión institucional. El Estado no es una herramienta neutra. Está atravesado por intereses, normas y limitaciones que pueden frenar o diluir esas reformas. Desde regulaciones europeas hasta equilibrios parlamentarios, pasando por la propia burocracia, todo puede convertirse en un obstáculo si no hay una dirección clara, sostenida y socialmente apoyada.

 Y aún hay otro elemento importante: el tiempo.

    Las políticas que realmente transforman el acceso a la vivienda no dan resultados inmediatos. Construir vivienda pública, reorganizar el espacio urbano o cambiar los incentivos económicos lleva años. Mientras tanto, el malestar social puede aumentar, y eso puede ser utilizado por quienes se oponen a los cambios.

   Por eso, un gobierno que quisiera afrontar este problema necesitaría también una base social sólida. No basta con tener razón en el diagnóstico; hace falta apoyo suficiente para sostener las medidas en el tiempo, incluso cuando generan fuertes conflictos.

   No estamos, pues,  ante un problema que se resuelva con una ley o con una ayuda puntual. Afrontarlo de verdad implica alterar equilibrios profundos: entre propiedad y derecho, entre beneficio y necesidad, entre intereses particulares y bienestar colectivo.

     Y eso, como cualquier cambio de fondo, no se hace sin que las minorias organicen la resistencia.