REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL.ORG

   El encarecimiento de la energía y la desconfianza hacia el Gobierno, están alimentando en Francia una protesta que ha reunido a estudiantes y trabajadores.

   El desgaste de Macron abre una disputa por el descontento en la que la extrema derecha parte con ventaja, aunque el rechazo presidencial no se traduce en una adhesión uniforme a sus adversarios.

    Francia volvió a movilizarse el sábado 24 de octubre contra el encarecimiento de la vida y en defensa de los servicios públicos. El Ministerio del Interior contabilizó 410.000 participantes, de ellos 110.000 en París, mientras el sindicato CGT situó la asistencia nacional en torno a 800.000 y la parisina en 250.000. Son estimaciones de fuentes distintas, que deben mantenerse como atribuidas. 

"LA ENERGÍA SE ENCARECIÓ UN 21,3 % Y EL GASÓLEO UN 44,1 %, PRESIONANDO LOS PRESUPUESTOS DE LOS TRABAJADORES".

    El Gobierno desplegó unos 70.000 policías y gendarmes. Aunque buena parte de las marchas transcurrió pacíficamente, hubo enfrentamientos y el balance provisional de Interior se acercó al millar de detenciones; esa cifra no equivale a un millar de condenas ni permite atribuir conductas delictivas al conjunto de los asistentes, según avisa en el periódico centrista Le Monde 

    La movilización reunió este fin de semana las demandas educativas con reivindicaciones salariales y de protección social. Esa ampliación permite comprender su alcance: las condiciones de estudio conectan con la capacidad de las familias para sostener a sus hijos, pagar desplazamientos y afrontar los gastos cotidianos. Una escuela deteriorada y un presupuesto doméstico asfixiado pertenecen a la misma experiencia de inseguridad material.

QUÉ SE HA ENCARECIDO Y A QUIÉN GOLPEA

     Los datos definitivos del instituto estadístico francés, el Insee, permiten concretar la protesta contra la vida cara. En septiembre, los precios aumentaron un 3,1 % interanual, frente al 2,4 % de agosto. La energía destacó con una subida del 21,3 %: el gasóleo se encareció un 44,1 %, la gasolina un 25,7 % y el gas un 19 %. La electricidad aumentó bastante menos, un 1,4 %. 

     La alimentación registró un incremento medio del 1,4 %, pero los productos frescos subieron un 9,5 %, con el impacto de las olas de calor. También aumentaron las tarifas de seguros, un 4,4 %, y el agregado de alquileres, agua y recogida de residuos, un 2,1 %. Estas diferencias explican por qué el índice general no describe por igual todas las compras ni todos los hogares. 

  Para un trabajador que necesita conducir a diario, el combustible es un gasto difícil de reducir. Puede aplazar una compra o renunciar a unas vacaciones, pero tiene menos margen para recortar el trayecto al empleo. En los hogares con ingresos bajos, cualquier aumento de los gastos indispensables deja menos dinero disponible para alimentación, cuidados y pequeños imprevistos.

    Conviene distinguir, además, entre inflación y nivel de precios. Si un producto pasa de costar 100 euros a 120 y después sube otro 1 %, su precio alcanza 121,20 euros: la inflación se ha moderado, pero el encarecimiento anterior permanece. Por eso una tasa alimentaria relativamente contenida no basta para poder afirmar que la cesta de la compra vuelve a ser asequible.

    Tampoco puede deducirse de estos datos que todos los asalariados hayan perdido exactamente el mismo poder adquisitivo. Para establecerlo, habría que comparar precios con salarios, pensiones y prestaciones, atendiendo a cada situación. Lo comprobable es que una misma factura pesa mucho más sobre quien llega justo a fin de mes que sobre quien dispone de ahorro y patrimonio.

LOS SERVICIOS PÚBLICOS TAMBIÉN FORMAN PARTE DEL SALARIO

     La defensa de la enseñanza y de los servicios públicos tiene una dimensión económica directa. Cuando una prestación pública deja de cubrir una necesidad, las familias deben pagar una alternativa o asumirla con su tiempo. Las clases particulares, los desplazamientos adicionales y los cuidados familiares convierten el deterioro de los servicios en un coste que no siempre aparece identificado como tal.

     Desde una interpretación de clase, el conflicto afecta tanto al salario cobrado como a los recursos colectivos que permiten vivir de él. Discutir cuánto se destina a educación, sanidad o protección social significa discutir qué necesidades se financian conjuntamente y cuáles se trasladan al bolsillo de cada familia. Esa disputa exige examinar también la fiscalidad y quién aporta los recursos.

    La CGT reclama respuestas al Gobierno y al patronato, denuncia restricciones a las manifestaciones y llama a trasladar la movilización a los centros de trabajo. Su comunicado del 24 de octubre convoca una jornada de huelga y manifestación para el 5 de noviembre. Se trata de la posición de la central sindical, cuya interpretación de la actuación policial debe distinguirse del balance ofrecido por Interior. 

"EL 81 % DE LOS FRANCESES ATRIBUÍA LA RESPONSABILIDAD AL GOBIERNO Y EL 80 % JUZGABA "INADECUADA" LA ACTITUD DE MACRON".

UNA SOCIEDAD DESCONTENTA, PERO ADEMÁS DIVIDIDA

     El malestar rebasa a quienes participan en las marchas. El barómetro de Ipsos BVA para La Tribune Dimanche, publicado el pasado 10 de octubre, situaba el poder adquisitivo como primera preocupación, citado por el 54 %, y el futuro del sistema social en el 44 %. Un 87 % esperaba un deterioro del poder adquisitivo. Macron obtenía un 15 % de opiniones favorables y un 82 % desfavorables. Son datos anteriores a las dos últimas jornadas de protesta. 

   Ese rechazo no debe confundirse con un apoyo general a cualquier forma de movilización. Una encuesta de Ifop realizada los días 6 y 7 de octubre entre 1.000 adultos encontraba un 48 % de apoyo o simpatía hacia el movimiento de estudiantes de secundaria, frente a un 35 % de oposición. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el respaldo ascendía al 74 %. 

   La encuesta sobre los acontecimientos del 17 de octubre publicada también por Ipsos el día 24 ofrece otra perspectiva. El 58 % expresaba cólera y el 37 %, preocupación; el 81 % atribuía responsabilidad al Gobierno y el 80 % juzgaba inadecuada la actitud de Macron. Al mismo tiempo, el 55 % consideraba que Francia Insumisa había contribuido a aumentar las tensiones y la violencia.

   "MIENTRAS PHILIPPE RETROCEDE EN LAS ENCUESTAS, LE PEN ENCABEZA LA INTENCIÓN DE VOTO CON ENTRE EL 34% Y EL 38 % "

    Las respuestas pueden coexistir en una misma persona: responsabilizar al Ejecutivo, compartir reivindicaciones sociales y rechazar los disturbios. También importa qué pregunta se formula. Una encuesta sobre violencia mide una reacción diferente de otra sobre salarios o condiciones escolares; ninguna autoriza a presentar a «los franceses» como un bloque que piensa y actúa de manera uniforme.

CÓMO EVOLUCIONAN LAS INTENCIONES DE VOTO

     El barómetro Ifop-Fiducial realizado del 17 al 19 de octubre muestra a la ultraderechista  Marine Le Pen en cabeza, con entre el 34 % y el 38 % según las candidaturas propuestas. Jean-Luc Mélenchon aparece entre el 15 % y el 20 %, con una competencia estrecha por la segunda posición. Raphaël Glucksmann, ideológicamente ubicado en el área de la socialdemocracia reformista y europeísta, que compite con Mélenchon, obtiene entre el 12 % y el 16 % .

   La evolución más clara del bloque central corresponde a Édouard Philippe: cuando se le presenta como su único candidato, pasa del 21 % a finales de septiembre al 18 % a mediados de octubre y al 15 % en esta oleada. En segunda vuelta, Le Pen obtiene el 56 % frente a Philippe, el 58 % frente a Gabriel Attal y el 68 % frente a Mélenchon. Son, naturalmente, escenarios hipotéticos, no resultados electorales.

    La comparación exige conservar las mismas condiciones. No es riguroso enfrentar el porcentaje de un candidato cuando compite con varios rivales próximos con otro obtenido cuando concentra ese espacio político. Tampoco puede atribuirse todo movimiento del sondeo a los disturbios: la proximidad temporal permite estudiar una posible relación, pero no demuestra por sí sola su causa.

   La diferencia entre el calendario electoral y el de las necesidades domésticas será decisiva. Quien debe pagar combustible, alquiler y comida necesita soluciones antes de la próxima votación, y juzgará también la utilidad de la protesta por sus resultados concretos.

QUIÉN LOGRA DAR SENTIDO A LA CÓLERA

   La ventaja de Le Pen obliga a analizar cómo se disputa políticamente el malestar. Una protesta por salarios y servicios públicos puede abrir paso a propuestas redistributivas, pero también puede quedar desplazada por un debate centrado en seguridad y castigo. La extrema derecha intenta ocupar ese segundo terreno y presentarse como garante del orden frente a un Gobierno debilitado.

    Su programa económico, sin embargo, merece ser contrastado con esa pretensión de representar a los perjudicados. En el lanzamiento de su campaña, Le Pen combinó promesas de autoridad con contención del gasto y rebajas de impuestos empresariales, según la agencia Reuters. Esa combinación deja planteada una pregunta concreta: cómo se financiarían unos servicios públicos mejores y quién asumiría el coste de las medidas anunciadas. 

  Para la izquierda, con toda la ambigüedad que implica hoy la significación de ese término, el respaldo a las reivindicaciones tampoco garantiza una mayoría electoral. Necesitaría convencer a sectores que padecen el encarecimiento, pero desconfían de sus propuestas o rechazan los enfrentamientos. El avance sindical dependerá, por su parte, de convertir la participación callejera en organización y capacidad de negociación sostenida.

   La siguiente prueba será comprobar si las demandas consiguen modificar decisiones sobre salarios y financiación pública. Mientras tanto, las encuestas describen un país donde el descrédito del Gobierno beneficia especialmente a la extrema derecha. Que ese descontento termine reforzando derechos sociales dependerá de las fuerzas capaces de organizarlo y de las respuestas materiales que logren imponer.