EL DECRETO GUBERNAMENTAL SOBRE VIVIENDA: PROPIETARISMO, RENTISMO Y TRINCHERA ANTIFASCISTA

Por JOSÉ MANUEL RIVERO (*)  PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    La publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, constituye un acontecimiento revelador de las dinámicas de clase que rigen el Estado contemporáneo. Vendido por la propaganda institucional como el blindaje definitivo de la función social de la vivienda y la respuesta urgente a la emergencia habitacional tras el dramático desahucio de Mari Carmen Abascal, un análisis riguroso de su texto definitivo —frente a las expectativas y críticas formuladas sobre sus borradores previos— desenmascara una realidad incuestionable: la norma vuelve a priorizar la lógica propietarista y las exigencias del mercado capitalista por encima de las necesidades materiales de la clase trabajadora.

   Pese a la introducción de parches administrativos sobre los alquileres de temporada, el régimen de habitaciones o la suspensión condicionada de lanzamientos, el decreto profundiza la financiarización del sector inmobiliario mediante mecanismos como la «Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa» —un nuevo instrumento de ahorro con ventajas fiscales que busca movilizar el ahorro minorista inmovilizado de los hogares (en depósitos bancarios o efectivo) y canalizarlo hacia la economía real y los mercados de capitales del Espacio Económico Europeo (EEE), reduciendo la presión de la inversión especulativa sobre el mercado inmobiliario residencial — y un abanico de incentivos fiscales diseñados a la medida de rentistas y Socimis.

   Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, conocidas por el acrónimo SOCIMI, son vehículos de inversión colectiva que, bajo un régimen fiscal privilegiado —exención del Impuesto sobre Sociedades a cambio de repartir la mayor parte de sus beneficios vía dividendos—, se han erigido en agentes centrales de la financiarización de la vivienda. Su lógica no es la producción de hogares, sino la captura de rentas: adquieren edificios residenciales completos, los transforman en activos financieros y presionan al alza los precios del alquiler, expulsando a la población de los centros urbanos.

    En la última década, las SOCIMI han colonizado el mercado residencial español, comprando carteras de viviendas a fondos buitre y convirtiendo barrios enteros en activos de rendimiento. El Real Decreto-ley, lejos de frenar esta colonización, la incentiva: introduce un gravamen del 25% sobre los beneficios no distribuidos procedentes del alquiler residencial, pero lo reduce al 50% o incluso al 100% si las SOCIMI destinan más del 80% de su parque al alquiler asequible o reinvierten en él. Se consolida así una nueva frontera de negocio: la vivienda asequible como nicho de rentabilidad garantizada por el Estado.

   Esta subordinación de los derechos sociales al capital es, desgraciadamente, la consecuencia lógica de los límites estructurales del parlamentarismo burgués. El articulado del Real Decreto-ley elude intervenir de forma estructural el régimen de la propiedad privada especulativa o desmantelar la acumulación del suelo. Al convertir la vivienda en un activo financiero protegido e incentivar la canalización del ahorro minorista hacia los mercados de inversión europeos, el Estado actúa como garante de las rentas del capital.

   La protección concedida a los propietarios y la regulación asimétrica del mercado del alquiler demuestran que, bajo la legalidad vigente, la propiedad privada sigue operando como una trampa que estrangula las condiciones de vida populares.

   El examen de la letra pequeña confirma la primacía del propietarismo. En materia de desahucios, el decreto establece una suspensión para personas vulnerables sin alternativa habitacional cuando el demandante sea un fondo buitre, pero para el resto de los casos articula un mecanismo de «enervación extraordinaria» en el que la Administración queda obligada a pagar las rentas adeudadas o, en su defecto, a subrogarse en la posición del inquilino.

   Lejos de garantizar el derecho a la vivienda con cargo a los beneficios del capital, la norma socializa las pérdidas de los arrendadores mediante compensaciones con fondos públicos. El Estado no protege el techo; actúa como un seguro privado con cargo a la Hacienda Pública para garantizar el dividendo del rentista. Los impuestos que paga la clase obrera a través del IVA (en Canarias IGIC) y el IRPF servirán para pagar la renta al gran tenedor.

   La asimetría fiscal es sangrante. El artículo 6 de la norma reforma el IRPF para introducir reducciones de hasta el 100% en los rendimientos del alquiler para los arrendadores que cumplan determinadas condiciones, mientras que a los inquilinos con salarios medios o bajos se les ofrece una paupérrima deducción del 10% con límites de base imponible. Se premia fiscalmente al acaparador mientras se asfixia al asalariado. La regulación del alquiler temporal, pese a definir la causa justificada y limitar a doce meses los contratos, carece de una inspección administrativa de oficio y de un régimen sancionador severo para los propietarios que fraudulentamente encubren alquileres de vivienda permanente.

   Se aboca al inquilino a una judicialización civil inasumible. Los recargos del IBI a pisos vacíos o turísticos se dejan como una mera facultad opcional para los ayuntamientos, lo que en la práctica los convierte en papel mojado.

   Para desentrañar la arquitectura de este decreto-ley y anticipar su votación parlamentaria de este viernes en el Congreso de los Diputados, es indispensable examinar la correlación de fuerzas políticas y el trasfondo de las alianzas de clase. El Gobierno de coalición enfrenta una persistente y encarnizada ofensiva de corte golpista articulada por el bloque reaccionario fascista español. En este panorama de alta inestabilidad, donde la espoleta geopolítica de Ceuta amenaza con convertirse en el elemento desencadenante de una quiebra institucional, la supervivencia del Ejecutivo depende del alineamiento parlamentario de Junts.

    Como representación política de la burguesía catalana, Junts actúa como un aliado natural de clase del bloque reaccionario; sin embargo, no le interesa, al igual que al PNV, la caída inmediata del Gobierno debido a la necesidad táctica de garantizar la aplicación íntegra de la amnistía a los condenados del procés. Esta contradicción explica por qué el Real Decreto-ley ha sido moldeado con un indiscutible sesgo propietarista: ha sido concebido para satisfacer las exigencias de la patronal y los rentistas que representa Junts y PNV y amarrar así su voto a favor en la convalidación del viernes.

    Paralelamente, la temperatura de la lucha de clases no se mide únicamente en los escaños, sino en las calles. La acampada en la Plaza del Sol se ha erigido en un símbolo de antifascismo activo y resistencia popular en defensa del derecho a la vivienda y contra la voracidad especulativa. El hostigamiento, las amenazas de violencia fascista y la presión difamatoria desde aparatos ideológicos de la reacción, que sufre esta movilización, evidencian que el fascismo actúa como el brazo ejecutor del capital cuando este siente amenazados sus privilegios. Frente a la agresión fascista que pretende aplastar la protesta en las plazas, la lucha antifascista y la defensa de las conquistas populares exigen la mayor firmeza organizativa. Lo que no tiene justificación alguna es que la Ley Mordaza no se haya derogado.

   En este complejo escenario dialéctico, el Real Decreto-ley 26/2026 expone sin ambages las severas limitaciones del orden burgués, incapaz de ofrecer una salida verdaderamente emancipadora a la crisis de la vivienda. Es una norma estructuralmente insuficiente que concesiona demasiado al capital inmobiliario. No obstante, la coyuntura histórica impone una lectura táctica insoslayable: la convalidación de este Real Decreto-ley el próximo viernes en el Congreso es imprescindible para cerrar el paso a la ofensiva reaccionaria y evitar que el fascismo capitalice un colapso del Gobierno. Reconocer la insuficiencia de la vía parlamentaria no equivale a ceder terreno al enemigo de clase. Al fascismo no se le da ni el más mínimo margen de maniobra. La aprobación del decreto debe asumirse como una trinchera defensiva temporal para contener la embestida golpista, mientras la clase trabajadora redobla la movilización en las calles y en las acampadas populares.

   La convalidación de esta norma, con todas sus insuficiencias, posee además un valor pedagógico y estratégico de primer orden. Demuestra que la movilización popular sostenida —las mareas de centenares de miles de personas, las acampadas, el pulso del Sindicato de Inquilinas— arranca concesiones al poder, aunque sean mínimas y estén diseñadas para desmovilizar. Evidencia que la correlación de fuerzas no es inmutable y que la presión en la calle condiciona la letra de la ley. Pero también revela, con crudeza, que el marco parlamentario burgués tiene límites infranqueables: no se puede desmercantilizar la vivienda sin enfrentar la propiedad privada, y esa tarea no cabe en los estrechos márgenes de la convalidación de un decreto-ley. La lección es clara: la eficacia de la movilización debe traducirse en organización permanente y en la construcción de una mayoría política y social que desborde por la izquierda al PSOE. No estamos en las condiciones de la toma del Palacio de Invierno ni en las de La Comuna de París; sería un error infantil aventurerista confundir la correlación actual con una situación revolucionaria. Pero tampoco estamos en una normalidad democrática: hay un asedio fascista y golpista que exige unidad, firmeza y una alternativa de poder.

   Esa alternativa pasa por articular una mayoría unitaria, transformadora, socialista y soberanista, capaz de disputar la hegemonía en las instituciones y en las calles, de convertir la rabia en proyecto y la protesta en poder popular. La crisis de la vivienda no se resuelve remunerando al rentista con incentivos fiscales ni autorizando subidas del 2% sobre precios abusivos; se resuelve desmercantilizando el suelo y garantizando el techo por la vía del derecho y la justicia social.

(*) José Manuel Rivero, abogado y analista político.