CANARIAS: MÁS DE 211.000 CASAS VACÍAS Y UNA VIVIENDA CADA VEZ MÁS INACCESIBLE

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Canarias registraba más de 211.000 viviendas vacías en el censo de 2021, aproximadamente una de cada cinco. El dato obliga a discutir una explicación repetida de la crisis residencial: que todo se resolvería construyendo más. Hay familias que necesitan alojamiento y casas que permanecen cerradas, pero entre ambas existe una barrera que los balances de inmuebles no explican: quién controla esas viviendas, qué uso decide darles y cuánto exige por habitarlas.

  Conviene precisar el alcance de la cifra. No describe la situación actual, sino la registrada cinco años atrás. El INE identifica las viviendas vacías mediante la ausencia de suministro eléctrico o un consumo inferior al equivalente a quince días de ocupación de una vivienda media del municipio. Las distingue de las utilizadas esporádicamente. Este procedimiento permite aproximarse a la desocupación, pero no determina si cada inmueble es habitable, está disponible o se encuentra donde alguien necesita vivir. 

CASAS EXISTENTES, VIVIENDAS INACCESIBLES

  La distinción importa porque una casa abandonada lejos del empleo no resuelve la necesidad de una trabajadora que busca alquiler cerca de su puesto. Tampoco basta con contabilizar edificios deteriorados cuya rehabilitación requiere inversiones importantes. Sin embargo, convertir estas limitaciones en una excusa para ignorar el parque vacío sería igualmente tramposo: hace falta conocer qué parte puede recuperarse y actuar sobre ella.

   El problema combina escaseces diferentes. Puede faltar vivienda físicamente en determinados lugares, mientras en otros existe y resulta inaccesible por su precio o permanece retirada del uso residencial. Las respuestas deben distinguir esas situaciones. Construir sin intervenir sobre el destino y las condiciones de acceso puede aumentar el patrimonio inmobiliario sin proporcionar alojamiento asequible a quienes lo necesitan.

   Aquí aparece la contradicción central: la vivienda satisface una necesidad, pero también permite acumular riqueza y obtener rentas. El mercado atiende preferentemente la demanda respaldada por dinero. Una familia puede necesitar desesperadamente un piso y quedar excluida porque otro comprador, inversor o visitante ofrece más. Su necesidad no desaparece; simplemente carece de suficiente poder adquisitivo para imponerse.

EL TURISMO INTRODUCE OTRA CAPACIDAD DE PAGO

   En las zonas sometidas a presión turística, el propietario puede comparar el rendimiento del alquiler permanente con el alojamiento de visitantes. Cuando este último promete mayores ingresos netos, aumenta el incentivo para cambiar de uso. No todos los inmuebles vacíos responden a esa expectativa, pero la existencia de esa alternativa influye en el precio y la disponibilidad del conjunto residencial.

  La competencia enfrenta capacidades económicas desiguales. Un visitante puede concentrar en unos días un presupuesto que un trabajador local necesita distribuir durante todo el mes. Si ambos disputan viviendas del mismo entorno, el salario local deja de ser la referencia exclusiva del alquiler. La rentabilidad turística introduce una capacidad de pago externa que puede desplazar a quienes sostienen diariamente la actividad económica.

  Se produce entonces una contradicción del propio modelo productivo: hoteles, restaurantes y comercios necesitan trabajadores próximos, mientras la explotación inmobiliaria puede expulsarlos hacia zonas más alejadas. El coste recae sobre esos hogares mediante desplazamientos, hacinamiento o mayor esfuerzo económico. La planificación turística debe incorporar esa necesidad residencial, en lugar de tratarla como un problema ajeno al crecimiento del sector.

QUIÉN PUEDE PERMITIRSE MANTENER UNA CASA CERRADA

   Tampoco todos los propietarios tienen las mismas posibilidades. Una vivienda bloqueada por una herencia o pendiente de obras que su dueño no puede pagar exige una intervención distinta de un inmueble habitable retenido por expectativas de revalorización. Equiparar ambas situaciones impide comprender las causas y facilita políticas que reparten beneficios sin distinguir necesidades.

  La capacidad de esperar también distribuye poder. Quien dispone de patrimonio suficiente puede aplazar una venta o rechazar un alquiler que considera poco rentable. Quien necesita techo no puede aplazar indefinidamente esa necesidad. Esta desigualdad condiciona la negociación incluso sin acuerdos entre propietarios: unos pueden esperar mejores rendimientos; otros deben encontrar dónde dormir antes de que termine su contrato.

  Por eso, un inventario útil debe identificar localización, habitabilidad, duración de la desocupación y obstáculos para recuperar cada inmueble. También debe permitir conocer la concentración de la propiedad. Contar puertas cerradas resulta insuficiente si después se desconoce cuáles requieren rehabilitación, cuáles mediación y cuáles responden a decisiones empresariales sobre la rentabilidad del patrimonio.

AYUDAS PÚBLICAS CON CONTRAPARTIDAS

  El Gobierno canario anunció el 15 de octubre la web de su programa para incorporar viviendas vacías al alquiler asequible, con intermediación, asesoramiento y seguimiento. Estas herramientas pueden reducir dificultades reales, pero su existencia administrativa no demuestra resultados. La evaluación debe publicar contratos efectivos, precios, duración y hogares beneficiados, además del coste público de cada vivienda incorporada.

  Si la Administración financia obras o reduce riesgos del arrendamiento, debe obtener compromisos verificables de alquiler asequible y permanencia. De lo contrario, puede terminar pagando la mejora de un patrimonio privado que después vuelve al mercado encarecido. El criterio decisivo no es cuántos propietarios reciben apoyo, sino cuánto acceso residencial estable se consigue con ese dinero.

  También conviene evitar que las subvenciones al inquilino sustituyan toda intervención sobre los precios. Cuando la oferta es rígida y los propietarios pueden elevar las rentas, una parte de esas ayudas puede trasladarse al alquiler. Son necesarias para atender urgencias, pero deben acompañarse de medidas que amplíen las alternativas de los hogares y reduzcan su dependencia del arrendador.

CONSTRUIR PARA QUIÉN Y BAJO QUÉ CONDICIONES

   Rehabilitar viviendas existentes puede ahorrar suelo e infraestructuras, aunque no siempre resulte suficiente ni más barato. Habrá lugares donde sea necesario construir. La cuestión es decidir dónde, con qué financiación y para qué población. Una promoción orientada a compradores solventes no equivale a otra destinada al alquiler público, aunque ambas sumen idéntico número de viviendas.

   Esa intervención requiere además prioridades territoriales claras. Recuperar viviendas próximas al transporte, los servicios y los centros de trabajo puede aliviar simultáneamente varios gastos familiares. Por el contrario, desplazar población hacia promociones baratas pero aisladas puede convertir el ahorro en alquiler en mayores costes de transporte y tiempo. El precio de la vivienda debe evaluarse junto con las condiciones reales que ofrece para vivir dignamente.

  Un parque público permanente proporcionaría una alternativa cuyo acceso podría organizarse según ingresos y necesidades. Para cumplir esa función sería preciso un mantenimiento, gestión y protección frente a su posterior privatización. Su valor no consiste únicamente en alojar familias concretas: también puede reducir la obligación de aceptar cualquier condición privada cuando no existe otra posibilidad residencial.

  La discusión afecta directamente a la distribución de la riqueza. Cuando el alquiler absorbe una proporción creciente del salario, disminuye lo que queda para alimentación, cuidados o descanso. La propiedad de una vivienda heredada puede proteger frente a esa presión; carecer de ella obliga a transferir ingresos de manera continuada. Las desigualdades patrimoniales se convierten así en diferencias cotidianas de seguridad y autonomía.

   Las más de 211.000 viviendas vacías censadas no son una solución automática, pero tampoco una curiosidad estadística. Exigen localizar el parque recuperable, intervenir según las causas de su desocupación y vincular cada ayuda a resultados sociales. El éxito no debería medirse por anuncios, licencias o capital atraído, sino por cuántas personas consiguen vivir de forma estable sin entregar una parte insoportable de sus ingresos. La política de vivienda empieza a responder a la crisis cuando modifica esas condiciones de acceso.