LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: UNA CIUDAD QUE SIGUE EXCLUYENDO A LAS PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS
El presidente de la Asociación Yadey Horizonte Sin Barreras denuncia las barreras arquitectónicas
El presidente de Yadey Horizonte Sin Barreras ha convertido su furgoneta en una protesta contra las barreras arquitectónicas de Las Palmas de Gran Canaria. Su denuncia, respaldada por años de reivindicaciones documentadas, revela un problema que afecta a millones de personas en todo el Estado español.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, Álex Bethencourt, presidente de la Asociación Yadey Horizonte Sin Barreras, ha denunciado las dificultades que siguen encontrando las personas con movilidad reducida para desplazarse por Las Palmas de Gran Canaria. Para hacer visible esta situación, ha decidido convertir su furgoneta en una «denuncia sobre ruedas», con la intención de llamar la atención sobre unas barreras arquitectónicas que, según afirma, llevan años comunicando a las administraciones sin obtener soluciones satisfactorias.
La denuncia describe una realidad especialmente preocupante: personas en silla de ruedas obligadas a circular por la calzada porque las aceras resultan intransitables, itinerarios peatonales sin rebajes y parques infantiles que excluyen a los niños con discapacidad. Bethencourt dirige sus críticas a la alcaldesa, Carolina Darias, y cuestiona la distancia entre los discursos institucionales sobre inclusión y las condiciones que encuentran estas personas cuando intentan utilizar los espacios públicos.
UNA ASOCIACIÓN QUE LLEVA MÁS DE DIEZ AÑOS DENUNCIANDO LAS MISMAS BARRERAS
La protesta tiene antecedentes documentados. En marzo de 2015, el propio Ayuntamiento anunció la instalación de un columpio adaptado cedido por la Asociación Yadey Horizontes Sin Barreras, adquirido gracias a una campaña de financiación ciudadana. El juego, situado en el entorno de Las Canteras, debía permitir que los niños usuarios de sillas de ruedas disfrutaran de una instalación recreativa accesible.
Sin embargo, en mayo de 2016 el columpio ya había sido precintado después de que diversos desperfectos comprometieran su seguridad. La asociación denunció entonces problemas de mantenimiento, elementos de sujeción deteriorados y dificultades para acceder a la instalación. En 2018 continuaban las protestas por las condiciones del parque y por el recorrido de 137 metros que debían realizar los usuarios de sillas de ruedas para llegar al juego.
Ahora, Bethencourt denuncia que el columpio ha sido retirado. Su comunicado no precisa cuándo se produjo la retirada ni qué explicación ofreció el Ayuntamiento, extremos que no hemos podido verificar independientemente. En cualquier caso, los antecedentes permiten comprobar que las reclamaciones sobre esta instalación comenzaron hace más de una década.
Los problemas se extienden mucho más allá de los parques. En 2016, la asociación denunció obstáculos para acceder a un colegio electoral de La Isleta. Posteriormente, señaló deficiencias en la reformada plaza Manuel Becerra y en los recorridos alternativos habilitados durante las obras de la pasarela Onda Atlántica. También adquirió notoriedad el caso de Yadey, hijo de Bethencourt, cuya escolarización se vio afectada por problemas relacionados con los apoyos y el mobiliario adaptado.
En marzo de 2025, Canarias7 publicó un reportaje en el que Álex Bethencourt denunciaba que numerosas plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida carecían de conexiones accesibles con las aceras. Aseguraba haber formulado 103 denuncias verbales durante los tres años anteriores. Otros afectados describían situaciones similares en Schamann, La Isleta, Arenales y Casablanca III.
Las quejas tampoco han desaparecido en 2026. En enero, vecinos de Tafira Baja denunciaron que determinados postes instalados sobre una acera obligaban a los usuarios de sillas de ruedas y a quienes llevaban carritos infantiles a utilizar la carretera. Afirmaban llevar ocho años solicitando una solución.
CANARIAS: MILES DE PERSONAS AFECTADAS POR LA FALTA DE ACCESIBILIDAD
La situación denunciada en Las Palmas de G.C. forma parte de un problema más amplio. Según los datos del Instituto Canario de Estadística publicados en 2025, correspondientes a 2023, 160.700 personas tenían expedientes activos de valoración de discapacidad en Canarias. Aproximadamente ocho de cada diez contaban con un grado reconocido igual o superior al 33 %. Las deficiencias relacionadas con el movimiento constituían una parte relevante de las discapacidades registradas.
Las dificultades afectan también al acceso a prestaciones, viviendas adaptadas y apoyos públicos. La Diputación del Común registró 781 quejas en materia de discapacidad durante 2025, frente a las 603 contabilizadas el año anterior. Su informe recoge situaciones de personas que llevan años esperando una valoración o que permanecen prácticamente confinadas en viviendas sin condiciones de accesibilidad.
Aunque las reclamaciones administrativas y las barreras urbanísticas constituyen problemas diferentes, ambas pueden impedir el ejercicio efectivo de derechos reconocidos legalmente. Una persona que carece de los apoyos necesarios y encuentra obstáculos para salir de su vivienda ve considerablemente restringida su autonomía.
ESPAÑA: MILLONES DE PERSONAS FRENTE A BARRERAS QUE LA LEY OBLIGA A ELIMINAR
La dimensión estatal de este problema queda reflejada en la última gran encuesta de discapacidad dirigida a hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2020. De acuerdo con sus resultados, 4,38 millones de personas declararon tener alguna discapacidad o limitación. Entre la población con discapacidad de seis o más años, aproximadamente 1,5 millones manifestaron dificultades para desenvolverse en edificios públicos o en su entorno urbano, mientras que 1,8 millones encontraban obstáculos al utilizar medios de transporte.
España dispone, sin embargo, de una legislación extensa. La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2013, reconoce la accesibilidad universal y establece obligaciones para eliminar obstáculos. La Orden TMA/851/2021 regula las condiciones de los espacios públicos urbanizados y exige que al menos uno de cada cinco elementos de los sectores de juegos infantiles incorpore criterios de accesibilidad universal, además de garantizar itinerarios accesibles hasta ellos.
Canarias cuenta asimismo con su propia Ley 8/1995, de accesibilidad y supresión de barreras. Más de treinta años después de su aprobación, continúan apareciendo denuncias sobre obstáculos que dificultan la utilización de calles, edificios y servicios públicos.
Este contraste entre reconocimiento jurídico y realidad cotidiana constituye el fondo de la protesta de Bethencourt. Su reivindicación exige que las administraciones identifiquen las barreras pendientes, establezcan prioridades de eliminación, mantengan las instalaciones adaptadas y permitan que las personas afectadas participen en las decisiones.
La denuncia termina con una exigencia que resume el propósito de la campaña: «No pedimos caridad ni favores. Exigimos derechos, respeto y que se cumpla la ley». Mientras una persona tenga que abandonar la acera para desplazarse entre los automóviles, la accesibilidad seguirá siendo una obligación pública pendiente.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, Álex Bethencourt, presidente de la Asociación Yadey Horizonte Sin Barreras, ha denunciado las dificultades que siguen encontrando las personas con movilidad reducida para desplazarse por Las Palmas de Gran Canaria. Para hacer visible esta situación, ha decidido convertir su furgoneta en una «denuncia sobre ruedas», con la intención de llamar la atención sobre unas barreras arquitectónicas que, según afirma, llevan años comunicando a las administraciones sin obtener soluciones satisfactorias.
La denuncia describe una realidad especialmente preocupante: personas en silla de ruedas obligadas a circular por la calzada porque las aceras resultan intransitables, itinerarios peatonales sin rebajes y parques infantiles que excluyen a los niños con discapacidad. Bethencourt dirige sus críticas a la alcaldesa, Carolina Darias, y cuestiona la distancia entre los discursos institucionales sobre inclusión y las condiciones que encuentran estas personas cuando intentan utilizar los espacios públicos.
UNA ASOCIACIÓN QUE LLEVA MÁS DE DIEZ AÑOS DENUNCIANDO LAS MISMAS BARRERAS
La protesta tiene antecedentes documentados. En marzo de 2015, el propio Ayuntamiento anunció la instalación de un columpio adaptado cedido por la Asociación Yadey Horizontes Sin Barreras, adquirido gracias a una campaña de financiación ciudadana. El juego, situado en el entorno de Las Canteras, debía permitir que los niños usuarios de sillas de ruedas disfrutaran de una instalación recreativa accesible.
Sin embargo, en mayo de 2016 el columpio ya había sido precintado después de que diversos desperfectos comprometieran su seguridad. La asociación denunció entonces problemas de mantenimiento, elementos de sujeción deteriorados y dificultades para acceder a la instalación. En 2018 continuaban las protestas por las condiciones del parque y por el recorrido de 137 metros que debían realizar los usuarios de sillas de ruedas para llegar al juego.
Ahora, Bethencourt denuncia que el columpio ha sido retirado. Su comunicado no precisa cuándo se produjo la retirada ni qué explicación ofreció el Ayuntamiento, extremos que no hemos podido verificar independientemente. En cualquier caso, los antecedentes permiten comprobar que las reclamaciones sobre esta instalación comenzaron hace más de una década.
Los problemas se extienden mucho más allá de los parques. En 2016, la asociación denunció obstáculos para acceder a un colegio electoral de La Isleta. Posteriormente, señaló deficiencias en la reformada plaza Manuel Becerra y en los recorridos alternativos habilitados durante las obras de la pasarela Onda Atlántica. También adquirió notoriedad el caso de Yadey, hijo de Bethencourt, cuya escolarización se vio afectada por problemas relacionados con los apoyos y el mobiliario adaptado.
En marzo de 2025, Canarias7 publicó un reportaje en el que Álex Bethencourt denunciaba que numerosas plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida carecían de conexiones accesibles con las aceras. Aseguraba haber formulado 103 denuncias verbales durante los tres años anteriores. Otros afectados describían situaciones similares en Schamann, La Isleta, Arenales y Casablanca III.
Las quejas tampoco han desaparecido en 2026. En enero, vecinos de Tafira Baja denunciaron que determinados postes instalados sobre una acera obligaban a los usuarios de sillas de ruedas y a quienes llevaban carritos infantiles a utilizar la carretera. Afirmaban llevar ocho años solicitando una solución.
CANARIAS: MILES DE PERSONAS AFECTADAS POR LA FALTA DE ACCESIBILIDAD
La situación denunciada en Las Palmas de G.C. forma parte de un problema más amplio. Según los datos del Instituto Canario de Estadística publicados en 2025, correspondientes a 2023, 160.700 personas tenían expedientes activos de valoración de discapacidad en Canarias. Aproximadamente ocho de cada diez contaban con un grado reconocido igual o superior al 33 %. Las deficiencias relacionadas con el movimiento constituían una parte relevante de las discapacidades registradas.
Las dificultades afectan también al acceso a prestaciones, viviendas adaptadas y apoyos públicos. La Diputación del Común registró 781 quejas en materia de discapacidad durante 2025, frente a las 603 contabilizadas el año anterior. Su informe recoge situaciones de personas que llevan años esperando una valoración o que permanecen prácticamente confinadas en viviendas sin condiciones de accesibilidad.
Aunque las reclamaciones administrativas y las barreras urbanísticas constituyen problemas diferentes, ambas pueden impedir el ejercicio efectivo de derechos reconocidos legalmente. Una persona que carece de los apoyos necesarios y encuentra obstáculos para salir de su vivienda ve considerablemente restringida su autonomía.
ESPAÑA: MILLONES DE PERSONAS FRENTE A BARRERAS QUE LA LEY OBLIGA A ELIMINAR
La dimensión estatal de este problema queda reflejada en la última gran encuesta de discapacidad dirigida a hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2020. De acuerdo con sus resultados, 4,38 millones de personas declararon tener alguna discapacidad o limitación. Entre la población con discapacidad de seis o más años, aproximadamente 1,5 millones manifestaron dificultades para desenvolverse en edificios públicos o en su entorno urbano, mientras que 1,8 millones encontraban obstáculos al utilizar medios de transporte.
España dispone, sin embargo, de una legislación extensa. La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2013, reconoce la accesibilidad universal y establece obligaciones para eliminar obstáculos. La Orden TMA/851/2021 regula las condiciones de los espacios públicos urbanizados y exige que al menos uno de cada cinco elementos de los sectores de juegos infantiles incorpore criterios de accesibilidad universal, además de garantizar itinerarios accesibles hasta ellos.
Canarias cuenta asimismo con su propia Ley 8/1995, de accesibilidad y supresión de barreras. Más de treinta años después de su aprobación, continúan apareciendo denuncias sobre obstáculos que dificultan la utilización de calles, edificios y servicios públicos.
Este contraste entre reconocimiento jurídico y realidad cotidiana constituye el fondo de la protesta de Bethencourt. Su reivindicación exige que las administraciones identifiquen las barreras pendientes, establezcan prioridades de eliminación, mantengan las instalaciones adaptadas y permitan que las personas afectadas participen en las decisiones.
La denuncia termina con una exigencia que resume el propósito de la campaña: «No pedimos caridad ni favores. Exigimos derechos, respeto y que se cumpla la ley». Mientras una persona tenga que abandonar la acera para desplazarse entre los automóviles, la accesibilidad seguirá siendo una obligación pública pendiente.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.217.104