CANARIAS NORMALIZA LA MISERIA HABITACIONAL: FAMILIAS OBLIGADAS A VIVIR EN CUEVAS, CARAVANAS Y LOCALES
La precariedad residencial en una realidad cotidiana para numerosas familias
La ONG Cáritas Diocesana ha denunciado que la crisis de la vivienda está empujando a familias canarias hacia cuevas, caravanas y locales comerciales. Las cifras revelan una realidad alarmante: tener trabajo ya no garantiza disponer de un hogar digno y miles de personas dependen de la asistencia social para sobrevivir.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Vivir en una cueva, dormir en una caravana o alquilar un local comercial para utilizarlo como vivienda son alternativas a las que recurren familias que no pueden acceder a un alquiler convencional en Canarias. Así lo denunció Cáritas Diocesana de Canarias este martes, 20 de octubre, advirtiendo de un fenómeno especialmente inquietante: la progresiva aceptación de alojamientos sin condiciones mínimas de habitabilidad.
La ong dio a conocer esta situación en un acto celebrado en el parque de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que tendrá lugar el próximo 25 de octubre. La denuncia trasciende la asistencia social: en una economía que genera tanta riqueza, disponer de un hogar seguro se está volviendo inaccesible para parte de la población trabajadora.
UN TECHO NO ES NECESARIAMENTE UN HOGAR
La exclusión residencial va mucho más allá de quienes duermen en la calle. Incluye también a quienes viven hacinados en una habitación, carecen de suministros, alquilan sin contrato o se refugian en espacios concebidos para otros usos. Algunas familias consiguen evitar la calle, pero únicamente a cambio de renunciar a la intimidad, la seguridad y la estabilidad.
Según explicó María Eugenia Rocha Suárez, responsable de la Red de Vivienda de Cáritas, la entidad encuentra personas alojadas en chamizos, cuevas, vehículos, caravanas y locales comerciales. Tener dónde pasar la noche puede ocultar una situación de grave desamparo. Sin un domicilio estable, además, se multiplican los obstáculos para empadronarse, acceder a determinadas prestaciones o llevar una vida familiar organizada.
LAS CIFRAS DE UNA EMERGENCIA QUE SE CRONIFICA
Durante 2025, Cáritas Diocesana de Canarias atendió a 1.604 personas sin hogar en la provincia de Las Palmas. Entre enero y el 30 de septiembre de 2026, su Área de Vivienda acompañó a 1.038 personas en esa situación y a 256 familias afectadas por exclusión residencial. Son datos de personas atendidas por la entidad, no un censo de quienes carecen de hogar en Canarias, y no permiten conocer el alcance total del problema ni comparar periodos de distinta duración.
Lo más alarmante no es solo el volumen de casos, sino su persistencia. El 29% de las personas atendidas lleva más de cinco años sin hogar y el 77% está desempleado, según Cáritas. Durante años sin vivienda, encontrar trabajo, recibir atención médica y conservar vínculos personales se vuelven tareas extraordinariamente difíciles. La exclusión deja entonces de ser un episodio temporal y amenaza con determinar toda una trayectoria vital.
La memoria de la organización amplía el panorama. En 2025 atendió a 21.372 personas en la provincia y tuvo que intervenir para impedir que 306 familias con menores terminaran en la calle. Además, señaló que el 35% de las familias atendidas vivía en un régimen residencial precario y el 21% compartía vivienda. Son manifestaciones de un problema social, no desgracias individuales.
TRABAJAR TAMPOCO GARANTIZA PODER PAGAR EL ALQUILER
El empleo deja de proteger contra la pobreza cuando una nómina no permite afrontar los gastos esenciales. Cáritas constata que también acuden a sus servicios personas ocupadas o con prestaciones que resultan insuficientes para pagar una vivienda. Los bajos salarios y la precariedad dejan a muchas familias sin margen ante una subida del alquiler.
Los datos más recientes refuerzan esa denuncia. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Canarias, el 45,4% de quienes alquilan a precio de mercado está en riesgo de pobreza o exclusión social. La misma organización calcula que unas 293.000 personas acumulan retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca. Por su parte, un informe de Oxfam Intermón difundido este 20 de octubre estima que el coste de la vivienda empuja a 26.332 trabajadores canarios por debajo del umbral de pobreza, pese a tener empleo.
Es decir, no basta con recomendar a las personas afectadas que busquen trabajo o administren mejor sus ingresos. Si una parte creciente del salario termina en manos del propietario, queda menos dinero para alimentación, transporte, educación o cuidados. Así, el trabajo permite sobrevivir, pero el alquiler reproduce las desigualdades.
LA VIVIENDA COMO NEGOCIO, LA NECESIDAD COMO TRAMPA
La contradicción es evidente. Para una familia, una vivienda es el lugar indispensable donde desarrollar su existencia; para quien acumula inmuebles destinados al alquiler, constituye también una fuente de rentas y de valorización patrimonial. Cuando todo depende de la capacidad de pago, los hogares pobres quedan sometidos a condiciones que no controlan.
Y no hablamos de un encarecimiento puntual. Según el informe de 2026 de EAPN Canarias, el precio de compraventa de vivienda en las islas aumentó un 74,5% entre 2015 y 2025, mientras que el de la vivienda nueva creció un 101,7%. Aunque estas cifras describen precios de compra, no alquileres, muestran la distancia creciente entre el valor del patrimonio inmobiliario y las posibilidades de quienes dependen de su salario para acceder a una casa.
Esa relación no se limita a los contratos convencionales. La escasez de alternativas asequibles abre espacio a un negocio aún más degradante: cobrar por habitaciones saturadas, literas, locales sin condiciones de habitabilidad o alojamientos sin garantías jurídicas. La desesperación obliga a aceptar condiciones que resultarían inadmisibles. Es precisamente esa conversión de la necesidad humana en oportunidad de beneficio lo que revela la denuncia de Cáritas.
MUJERES, MENORES Y MIGRANTES: LA EXCLUSIÓN MENOS VISIBLE
Las mujeres suponen el 19% de las personas sin hogar atendidas por la organización, pero Cáritas advierte de que muchas permanecen ocultas en alojamientos improvisados para evitar agresiones, incluida la violencia sexual. Con menores a cargo, compartir una habitación con desconocidos, vivir sin suministros o carecer de contrato implica inseguridad cotidiana y dificulta mantener una escolarización y unas rutinas familiares estables.
La población migrante afronta dificultades añadidas, aunque sería erróneo convertir la inmigración en la explicación de esta crisis. Cuatro de cada diez personas sin hogar atendidas por Cáritas son migrantes, mientras que siete de cada diez familias acompañadas por su Área de Vivienda tienen nacionalidad extracomunitaria. La precariedad laboral, la discriminación residencial, la situación administrativa y la ausencia de redes de apoyo agravan su vulnerabilidad; pero el mismo problema afecta a trabajadores y pensionistas nacidos en las islas.
El caso de Rudy Arróliga, recogido por la Cadena SER, permite poner rostro a esas estadísticas. Llegó desde Nicaragua con intención de trabajar y, tras trasladarse a Canarias en febrero de 2025, acabó pasando dos meses y medio en la calle. Hoy vive en un recurso de acogida y trata de reconstruir su situación. Su experiencia muestra la rapidez con la que se pierde un techo cuando se agotan los ingresos.
LA CARIDAD PUEDE ALIVIAR EL DRAMA, PERO NO RESOLVER SUS CAUSAS
El trabajo de Cáritas resulta imprescindible para proporcionar comida, alojamiento, higiene y acompañamiento a quienes no tienen dónde acudir. Pero la atención de emergencia no sustituye las obligaciones públicas. Cuando cientos de familias dependen de la asistencia para no quedarse en la calle, se evidencia el fracaso de las políticas para garantizar un derecho elemental.
Hacen falta medidas inmediatas para evitar desahucios, ofrecer alojamiento digno y proteger a las familias con menores, pero también una política sostenida de vivienda pública en alquiler, precios verdaderamente asequibles y control de los abusos residenciales. Mejorar salarios y prestaciones es necesario, aunque insuficiente si cualquier aumento de ingresos puede ser absorbido por nuevas subidas de las rentas inmobiliarias. El criterio para valorar las políticas no debería ser el número de promociones anunciadas, sino cuántos hogares consiguen acceder efectivamente a una vivienda estable.
La denuncia de Cáritas obliga a mirar más allá de quienes duermen en la calle. Habla de trabajadores, madres, pensionistas y familias enteras desplazados hacia alojamientos indignos por un mercado que selecciona a sus inquilinos según su capacidad económica. Una sociedad que termina aceptando cuevas, caravanas y locales comerciales como solución residencial no ha resuelto su crisis de vivienda: simplemente está aprendiendo a convivir con ella.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Vivir en una cueva, dormir en una caravana o alquilar un local comercial para utilizarlo como vivienda son alternativas a las que recurren familias que no pueden acceder a un alquiler convencional en Canarias. Así lo denunció Cáritas Diocesana de Canarias este martes, 20 de octubre, advirtiendo de un fenómeno especialmente inquietante: la progresiva aceptación de alojamientos sin condiciones mínimas de habitabilidad.
La ong dio a conocer esta situación en un acto celebrado en el parque de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que tendrá lugar el próximo 25 de octubre. La denuncia trasciende la asistencia social: en una economía que genera tanta riqueza, disponer de un hogar seguro se está volviendo inaccesible para parte de la población trabajadora.
UN TECHO NO ES NECESARIAMENTE UN HOGAR
La exclusión residencial va mucho más allá de quienes duermen en la calle. Incluye también a quienes viven hacinados en una habitación, carecen de suministros, alquilan sin contrato o se refugian en espacios concebidos para otros usos. Algunas familias consiguen evitar la calle, pero únicamente a cambio de renunciar a la intimidad, la seguridad y la estabilidad.
Según explicó María Eugenia Rocha Suárez, responsable de la Red de Vivienda de Cáritas, la entidad encuentra personas alojadas en chamizos, cuevas, vehículos, caravanas y locales comerciales. Tener dónde pasar la noche puede ocultar una situación de grave desamparo. Sin un domicilio estable, además, se multiplican los obstáculos para empadronarse, acceder a determinadas prestaciones o llevar una vida familiar organizada.
LAS CIFRAS DE UNA EMERGENCIA QUE SE CRONIFICA
Durante 2025, Cáritas Diocesana de Canarias atendió a 1.604 personas sin hogar en la provincia de Las Palmas. Entre enero y el 30 de septiembre de 2026, su Área de Vivienda acompañó a 1.038 personas en esa situación y a 256 familias afectadas por exclusión residencial. Son datos de personas atendidas por la entidad, no un censo de quienes carecen de hogar en Canarias, y no permiten conocer el alcance total del problema ni comparar periodos de distinta duración.
Lo más alarmante no es solo el volumen de casos, sino su persistencia. El 29% de las personas atendidas lleva más de cinco años sin hogar y el 77% está desempleado, según Cáritas. Durante años sin vivienda, encontrar trabajo, recibir atención médica y conservar vínculos personales se vuelven tareas extraordinariamente difíciles. La exclusión deja entonces de ser un episodio temporal y amenaza con determinar toda una trayectoria vital.
La memoria de la organización amplía el panorama. En 2025 atendió a 21.372 personas en la provincia y tuvo que intervenir para impedir que 306 familias con menores terminaran en la calle. Además, señaló que el 35% de las familias atendidas vivía en un régimen residencial precario y el 21% compartía vivienda. Son manifestaciones de un problema social, no desgracias individuales.
TRABAJAR TAMPOCO GARANTIZA PODER PAGAR EL ALQUILER
El empleo deja de proteger contra la pobreza cuando una nómina no permite afrontar los gastos esenciales. Cáritas constata que también acuden a sus servicios personas ocupadas o con prestaciones que resultan insuficientes para pagar una vivienda. Los bajos salarios y la precariedad dejan a muchas familias sin margen ante una subida del alquiler.
Los datos más recientes refuerzan esa denuncia. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Canarias, el 45,4% de quienes alquilan a precio de mercado está en riesgo de pobreza o exclusión social. La misma organización calcula que unas 293.000 personas acumulan retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca. Por su parte, un informe de Oxfam Intermón difundido este 20 de octubre estima que el coste de la vivienda empuja a 26.332 trabajadores canarios por debajo del umbral de pobreza, pese a tener empleo.
Es decir, no basta con recomendar a las personas afectadas que busquen trabajo o administren mejor sus ingresos. Si una parte creciente del salario termina en manos del propietario, queda menos dinero para alimentación, transporte, educación o cuidados. Así, el trabajo permite sobrevivir, pero el alquiler reproduce las desigualdades.
LA VIVIENDA COMO NEGOCIO, LA NECESIDAD COMO TRAMPA
La contradicción es evidente. Para una familia, una vivienda es el lugar indispensable donde desarrollar su existencia; para quien acumula inmuebles destinados al alquiler, constituye también una fuente de rentas y de valorización patrimonial. Cuando todo depende de la capacidad de pago, los hogares pobres quedan sometidos a condiciones que no controlan.
Y no hablamos de un encarecimiento puntual. Según el informe de 2026 de EAPN Canarias, el precio de compraventa de vivienda en las islas aumentó un 74,5% entre 2015 y 2025, mientras que el de la vivienda nueva creció un 101,7%. Aunque estas cifras describen precios de compra, no alquileres, muestran la distancia creciente entre el valor del patrimonio inmobiliario y las posibilidades de quienes dependen de su salario para acceder a una casa.
Esa relación no se limita a los contratos convencionales. La escasez de alternativas asequibles abre espacio a un negocio aún más degradante: cobrar por habitaciones saturadas, literas, locales sin condiciones de habitabilidad o alojamientos sin garantías jurídicas. La desesperación obliga a aceptar condiciones que resultarían inadmisibles. Es precisamente esa conversión de la necesidad humana en oportunidad de beneficio lo que revela la denuncia de Cáritas.
MUJERES, MENORES Y MIGRANTES: LA EXCLUSIÓN MENOS VISIBLE
Las mujeres suponen el 19% de las personas sin hogar atendidas por la organización, pero Cáritas advierte de que muchas permanecen ocultas en alojamientos improvisados para evitar agresiones, incluida la violencia sexual. Con menores a cargo, compartir una habitación con desconocidos, vivir sin suministros o carecer de contrato implica inseguridad cotidiana y dificulta mantener una escolarización y unas rutinas familiares estables.
La población migrante afronta dificultades añadidas, aunque sería erróneo convertir la inmigración en la explicación de esta crisis. Cuatro de cada diez personas sin hogar atendidas por Cáritas son migrantes, mientras que siete de cada diez familias acompañadas por su Área de Vivienda tienen nacionalidad extracomunitaria. La precariedad laboral, la discriminación residencial, la situación administrativa y la ausencia de redes de apoyo agravan su vulnerabilidad; pero el mismo problema afecta a trabajadores y pensionistas nacidos en las islas.
El caso de Rudy Arróliga, recogido por la Cadena SER, permite poner rostro a esas estadísticas. Llegó desde Nicaragua con intención de trabajar y, tras trasladarse a Canarias en febrero de 2025, acabó pasando dos meses y medio en la calle. Hoy vive en un recurso de acogida y trata de reconstruir su situación. Su experiencia muestra la rapidez con la que se pierde un techo cuando se agotan los ingresos.
LA CARIDAD PUEDE ALIVIAR EL DRAMA, PERO NO RESOLVER SUS CAUSAS
El trabajo de Cáritas resulta imprescindible para proporcionar comida, alojamiento, higiene y acompañamiento a quienes no tienen dónde acudir. Pero la atención de emergencia no sustituye las obligaciones públicas. Cuando cientos de familias dependen de la asistencia para no quedarse en la calle, se evidencia el fracaso de las políticas para garantizar un derecho elemental.
Hacen falta medidas inmediatas para evitar desahucios, ofrecer alojamiento digno y proteger a las familias con menores, pero también una política sostenida de vivienda pública en alquiler, precios verdaderamente asequibles y control de los abusos residenciales. Mejorar salarios y prestaciones es necesario, aunque insuficiente si cualquier aumento de ingresos puede ser absorbido por nuevas subidas de las rentas inmobiliarias. El criterio para valorar las políticas no debería ser el número de promociones anunciadas, sino cuántos hogares consiguen acceder efectivamente a una vivienda estable.
La denuncia de Cáritas obliga a mirar más allá de quienes duermen en la calle. Habla de trabajadores, madres, pensionistas y familias enteras desplazados hacia alojamientos indignos por un mercado que selecciona a sus inquilinos según su capacidad económica. Una sociedad que termina aceptando cuevas, caravanas y locales comerciales como solución residencial no ha resuelto su crisis de vivienda: simplemente está aprendiendo a convivir con ella.
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