DE LOS "PACTOS DE LA MONCLOA" A BESOS Y ABRAZOS CON FEIJOÓ
El sindicalismo de clase da via libre al sindicalismo de moqueta. Cuando los representantes de los trabajadores se convierten en aliados de los patronos
La reciente imagen del secretario general de UGT aplaudiendo en el congreso del Partido Popular no es un gesto anecdótico, sino el reflejo de una decadencia estructural. Desde la Transición hasta hoy, CCOO y UGT han protagonizado una cadena de renuncias que los ha llevado a convertirse en piezas del engranaje institucional que desactiva las luchas obreras. Este artículo recorre, paso a paso, las principales estaciones de esa traición continuada.
POR ADAY QUESADA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
En la España del siglo XXI, los grandes sindicatos han dejado de ser la histórica voz rugiente de la clase trabajadora, para convertirse en una suerte de troupé gestores dóciles de la llamada paz social.
El recientísimo gesto del Secretario General de UGT, "Pepe" Álvarez, asistiendo al Congreso nacional del Partido Popular —el mismo partido que ha impulsado reformas laborales regresivas— ha sido la gota que colma el vaso para muchos militantes y trabajadores.
Pero esta escena, lejos de ser un error aislado, forma parte de una concatenación de traiciones políticas que arranca desde los mismos albores de la llamada Transición.
El punto de inflexión: los "Pactos de la Moncloa"
Para comprender esta deriva es imprescindible retroceder a 1977. En plena Transición, los "Pactos de la Moncloa" supusieron un acuerdo entre las élites políticas, económicas y sindicales que selló el paso del franquismo al parlamentarismo burgués, sin tocar la estructura económica del país.
CCOO y UGT, entonces convertidos en referentes del nuevo sindicalismo legalizado, firmaron un pacto que implicaba contención salarial y aceptación de los despidos a cambio de ciertas promesas de "democratización".
Fue el primer gran acto de claudicación: los sindicatos renunciaban a la confrontación laboral por la reconstrucción del país en clave capitalista.
Los ochenta: del obrerismo al institucionalismo
Durante los gobiernos de Felipe González (PSOE), UGT se transformó de sindicato tibiamente combativo, a engranaje eficaz del nuevo Régimen monárquico.
Mientras se aplicaban políticas de reconversión industrial que destruyeron miles de empleos en sectores clave como la siderurgia, el naval o la minería, UGT callaba de manera miserable y cómplice, o asumía resignadamente, las medidas.
En no pocas ocasiones, incluso, participaba, como si nada, en la gestión de los despidos colectivos a través de los Expedientes de Regulación de Empleo.
CCOO, por su parte, se debatía entre el discurso supuetamente crítico y la integración progresiva en las instituciones. La Huelga general de 1988 contra el gobierno socialista fue una excepción en medio de una tendencia creciente: la consolidación del sindicalismo de despacho, más preocupado por su cuota de poder en las mesas de diálogo que por organizar las luchas en la calle.
La era del euro y las reformas laborales
Con la entrada en el euro y las políticas de estabilidad presupuestaria dictadas por Bruselas, el sindicalismo mayoritario de CCOO y UGT no solo no se opuso frontalmente, sino que se convirtió en cómplice necesario de la precarización progresiva.
La reforma laboral de 1994, la de 2002 con Aznar, la de 2010 con Zapatero y la brutal de 2012 con Rajoy, marcaron retrocesos históricos en derechos laborales.
Aunque CCOO y UGT convocaron alguna huelga general, su respuesta siempre fue tibia y fragmentada.
El verdadero escándalo es que durante todos estos años, mientras se recortaban pensiones, se abarataban despidos y se destruía empleo público, los sindicatos recibían millonarias subvenciones públicas.
Esa financiación, supuestamente destinada a formación y representación, terminó generando redes clientelares y una desconexión total con la base trabajadora.
El caso de las ETT y la economía basura
Durante décadas, CCOO y UGT no solo aceptaron la proliferación de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y contratos basura, sino que en algunos casos llegaron a constituir sus propias agencias de colocación.
Esta deriva empresarial culminó con la aceptación de marcos laborales que promovían el empleo temporal, la externalización y el falso autónomo como norma.
El sindicalismo combativo denunció reiteradamente que los sindicatos mayoritarios actuaban como “intermediarios” entre patronal y trabajadores, gestionando la derrota en lugar de organizar la resistencia.
La consigna de “paz social” se convirtió en un dogma, incluso en contextos de crisis profunda como la de 2008, cuando millones perdieron sus empleos y hogares.
Del 15M a la cooptación del descontento
El estallido del 15M en 2011 dejó al descubierto una fractura evidente: mientras miles de personas salían a las plazas a exigir una democracia real, los grandes sindicatos guardaban silencio o se mostraban incómodos con el movimiento.
La pérdida de legitimidad sindical fue absoluta entre la juventud precarizada y las nuevas capas obreras del siglo XXI.
En lugar de replantearse su papel, CCOO y UGT optaron por la estrategia de supervivencia institucional. La “concertación social” —esos pactos entre gobierno, patronal y sindicatos— se mantuvo como única herramienta, aunque a costa de entregar conquistas históricas.
La foto de la traición
El episodio más reciente, el del pasado 6 de julio de 2025, simboliza el colofón de esta decadencia. La asistencia de Pepe Álvarez al congreso del Partido Popular, aplaudiendo a Feijóo —cómplice de pactos con la ultraderecha, enemigo de las huelgas y los convenios dignos— no es un gesto protocolario, sino una rendición en toda regla. No se trata, pues, de solo "una foto": es una traición histórica.
Mientras los trabajadores se enfrentan en Cádiz contra la represión antilaboral, a los desahucios, a jornadas extenuantes, contratos miserables y salarios que no cubren lo básico, sus supuestos representantes se pasean sobre mullidas alfombras rojas, brindando con los verdugos de sus derechos y firmando comunicados en defensa de “la estabilidad”.
Una disyuntiva clara: ruptura o complicidad
La historia del sindicalismo español de las últimas décadas es la historia de una traición paulatina y constante. UGT y CCOO han cruzado el Rubicón una vez tras otra, hasta el punto de que ya no se les puede considerar parte de la clase trabajadora sino de los engranajes del sistema que la oprime.
Hoy, más que nunca antes, la clase obrera necesita volver a levantar estructuras de base, independientes, combativas y democráticas. Recuperar el sindicalismo como herramienta de lucha, no como agencia de colocación. La ruptura con este sindicalismo domesticado no es solo urgente: es una cuestión de supervivencia política, económica y moral.
POR ADAY QUESADA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
En la España del siglo XXI, los grandes sindicatos han dejado de ser la histórica voz rugiente de la clase trabajadora, para convertirse en una suerte de troupé gestores dóciles de la llamada paz social.
El recientísimo gesto del Secretario General de UGT, "Pepe" Álvarez, asistiendo al Congreso nacional del Partido Popular —el mismo partido que ha impulsado reformas laborales regresivas— ha sido la gota que colma el vaso para muchos militantes y trabajadores.
Pero esta escena, lejos de ser un error aislado, forma parte de una concatenación de traiciones políticas que arranca desde los mismos albores de la llamada Transición.
El punto de inflexión: los "Pactos de la Moncloa"
Para comprender esta deriva es imprescindible retroceder a 1977. En plena Transición, los "Pactos de la Moncloa" supusieron un acuerdo entre las élites políticas, económicas y sindicales que selló el paso del franquismo al parlamentarismo burgués, sin tocar la estructura económica del país.
CCOO y UGT, entonces convertidos en referentes del nuevo sindicalismo legalizado, firmaron un pacto que implicaba contención salarial y aceptación de los despidos a cambio de ciertas promesas de "democratización".
Fue el primer gran acto de claudicación: los sindicatos renunciaban a la confrontación laboral por la reconstrucción del país en clave capitalista.
Los ochenta: del obrerismo al institucionalismo
Durante los gobiernos de Felipe González (PSOE), UGT se transformó de sindicato tibiamente combativo, a engranaje eficaz del nuevo Régimen monárquico.
Mientras se aplicaban políticas de reconversión industrial que destruyeron miles de empleos en sectores clave como la siderurgia, el naval o la minería, UGT callaba de manera miserable y cómplice, o asumía resignadamente, las medidas.
En no pocas ocasiones, incluso, participaba, como si nada, en la gestión de los despidos colectivos a través de los Expedientes de Regulación de Empleo.
CCOO, por su parte, se debatía entre el discurso supuetamente crítico y la integración progresiva en las instituciones. La Huelga general de 1988 contra el gobierno socialista fue una excepción en medio de una tendencia creciente: la consolidación del sindicalismo de despacho, más preocupado por su cuota de poder en las mesas de diálogo que por organizar las luchas en la calle.
La era del euro y las reformas laborales
Con la entrada en el euro y las políticas de estabilidad presupuestaria dictadas por Bruselas, el sindicalismo mayoritario de CCOO y UGT no solo no se opuso frontalmente, sino que se convirtió en cómplice necesario de la precarización progresiva.
La reforma laboral de 1994, la de 2002 con Aznar, la de 2010 con Zapatero y la brutal de 2012 con Rajoy, marcaron retrocesos históricos en derechos laborales.
Aunque CCOO y UGT convocaron alguna huelga general, su respuesta siempre fue tibia y fragmentada.
El verdadero escándalo es que durante todos estos años, mientras se recortaban pensiones, se abarataban despidos y se destruía empleo público, los sindicatos recibían millonarias subvenciones públicas.
Esa financiación, supuestamente destinada a formación y representación, terminó generando redes clientelares y una desconexión total con la base trabajadora.
El caso de las ETT y la economía basura
Durante décadas, CCOO y UGT no solo aceptaron la proliferación de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y contratos basura, sino que en algunos casos llegaron a constituir sus propias agencias de colocación.
Esta deriva empresarial culminó con la aceptación de marcos laborales que promovían el empleo temporal, la externalización y el falso autónomo como norma.
El sindicalismo combativo denunció reiteradamente que los sindicatos mayoritarios actuaban como “intermediarios” entre patronal y trabajadores, gestionando la derrota en lugar de organizar la resistencia.
La consigna de “paz social” se convirtió en un dogma, incluso en contextos de crisis profunda como la de 2008, cuando millones perdieron sus empleos y hogares.
Del 15M a la cooptación del descontento
El estallido del 15M en 2011 dejó al descubierto una fractura evidente: mientras miles de personas salían a las plazas a exigir una democracia real, los grandes sindicatos guardaban silencio o se mostraban incómodos con el movimiento.
La pérdida de legitimidad sindical fue absoluta entre la juventud precarizada y las nuevas capas obreras del siglo XXI.
En lugar de replantearse su papel, CCOO y UGT optaron por la estrategia de supervivencia institucional. La “concertación social” —esos pactos entre gobierno, patronal y sindicatos— se mantuvo como única herramienta, aunque a costa de entregar conquistas históricas.
La foto de la traición
El episodio más reciente, el del pasado 6 de julio de 2025, simboliza el colofón de esta decadencia. La asistencia de Pepe Álvarez al congreso del Partido Popular, aplaudiendo a Feijóo —cómplice de pactos con la ultraderecha, enemigo de las huelgas y los convenios dignos— no es un gesto protocolario, sino una rendición en toda regla. No se trata, pues, de solo "una foto": es una traición histórica.
Mientras los trabajadores se enfrentan en Cádiz contra la represión antilaboral, a los desahucios, a jornadas extenuantes, contratos miserables y salarios que no cubren lo básico, sus supuestos representantes se pasean sobre mullidas alfombras rojas, brindando con los verdugos de sus derechos y firmando comunicados en defensa de “la estabilidad”.
Una disyuntiva clara: ruptura o complicidad
La historia del sindicalismo español de las últimas décadas es la historia de una traición paulatina y constante. UGT y CCOO han cruzado el Rubicón una vez tras otra, hasta el punto de que ya no se les puede considerar parte de la clase trabajadora sino de los engranajes del sistema que la oprime.
Hoy, más que nunca antes, la clase obrera necesita volver a levantar estructuras de base, independientes, combativas y democráticas. Recuperar el sindicalismo como herramienta de lucha, no como agencia de colocación. La ruptura con este sindicalismo domesticado no es solo urgente: es una cuestión de supervivencia política, económica y moral.
Chorche | Jueves, 10 de Julio de 2025 a las 12:15:44 horas
La "izquierda socialista" aplaudiendo a los herederos de los fascistas que asesinaron a sus antepasados socialistas por defender la legalidad y los derechos del Pueblo y que todavía siguen en cunetas y descampados ante la negativa y trabas que ponen los fascistas para que de una vez se haga en este país VERDAD, JUSTICIA y REPARACION.
"LAS CUATRO DE REBELDIA" tienen dignidad. Pepe Alvarez hace años, si alguna vez la tuvo, que la perdió.
MANIFIESTO (para apoyar con tu firma) REBELARSE NO ES DELITO.
El próximo 25 de junio, cuatro jóvenes militantes de Rebeldía han sido citadas a declarar como investigadas en un proceso judicial que entendemos como parte de una ofensiva contra quienes se organizan políticamente. No se las investiga por causar daño, sino por señalar a quienes esparcen sus discursos de odio contra los diferentes colectivos. Su presunto «delito»: Haber alzado la voz contra las políticas de odio promovidas por la extrema derecha.
El pasado 8 de febrero, mientras líderes como Abascal, Le Pen u Orbán se reunían en Madrid en una cumbre internacional de la ultraderecha bajo el lema “Hagamos Europa grande otra vez”, ellas decidieron no callar. Frente al racismo, el machismo, la LGTBIfobia y el autoritarismo respondieron con una acción simbólica y pacífica. Su objetivo: denunciar, sin violencia, un proyecto político que amenaza los derechos y la dignidad de millones de personas.
Hoy están siendo investigadas por manifestarse contra ese odio. Se pretende convertir una forma legítima de protesta pacífica sin violencia ni daños en un delito. Se persigue a quienes denuncian la intolerancia, mientras los verdaderos promotores del odio se pasean impunes.
Y no es un hecho aislado. Lo hemos visto con el rapero Pablo Hasél, encarcelado por el contenido de sus letras musicales. Lo hemos vivido con los 6 de Zaragoza, condenados por manifestarse. Lo padecen las trabajadoras del caso La Suiza, perseguidas por ejercer derechos sindicales. Lo han sufrido también las 7 de Somosaguas, encausadas por protestar contra el fascismo en la universidad. Y hay muchos más casos que reflejan un patrón preocupante: usar la represión como herramienta para castigar la organización política y sembrar miedo.
Este manifiesto nace desde la solidaridad con las cuatro compañeras, pero también desde la preocupación por el deterioro de nuestras libertades. La protesta no puede ser tratada como un acto delictivo. Manifestarse contra el odio no es delito, es un derecho democrático. Criminalizar esa acción es cruzar una línea muy peligrosa.
Condenamos que la represión política utilice los tribunales para silenciar la protesta. Pedimos el archivo de esta causa, el fin de la persecución política y el respeto al derecho de organización, protesta y expresión.
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