UNA RIADA, MILES DE AFECTADOS Y UNA DENUNCIA QUE APUNTA A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Las graves inundaciones registradas recientemente en el barranco de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, han abierto un nuevo frente judicial. Los colectivos ecologistas Tamaranae y Altahay han presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas para que investigue posibles responsabilidades penales relacionadas con los daños provocados tras el paso de la borrasca Therese.

    Según exponen ambas organizaciones, unas 2.500 personas se vieron afectadas por cortes de carreteras, barrios aislados y rescates en situaciones críticas. Para los denunciantes, lo sucedido no responde únicamente a un fenómeno meteorológico intenso, sino también a una acumulación de decisiones administrativas y actuaciones sobre el territorio que habrían incrementado el riesgo.

Un barranco históricamente sensible

  El barranco de Arguineguín desemboca en la costa sur de la isla y atraviesa una amplia cuenca donde las lluvias torrenciales pueden generar avenidas muy rápidas. En territorios volcánicos y con fuertes pendientes, los cauces secos durante buena parte del año pueden transformarse en pocas horas en corrientes de enorme fuerza.

  Los colectivos recuerdan que esta sería la tercera inundación registrada en el barranco durante el último invierno. A su juicio, ese dato demuestra que no se trata de un hecho aislado ni imprevisible, sino de un problema que no ha sido corregido.

   Uno de los principales ejes de la denuncia se centra en la Presa de Soria, una infraestructura hidráulica clave en la zona interior de la cuenca. Según Tamaranae y Altahay, durante el episodio de lluvias la presa se encontraba con el sistema de desagüe abierto y sin cumplir su función de laminación de avenidas, es decir, sin retener parte del caudal para reducir la fuerza del agua aguas abajo.

  Los denunciantes sostienen, asimismo, que las obras impulsadas en la presa por el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Comunidad de Aguas La Lumbre, se tramitaron "sin evaluación de impacto ambiental". Según apuntan, "esa ausencia habría impedido analizar con antelación riesgos relevantes como la pérdida de capacidad de contención o el aumento del peligro para la población situada en la parte baja del barranco".

  También recuerdan que estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural en 2023, sin que —afirman— se adoptaran medidas eficaces.

Las obras del proyecto Chira-Soria

   El segundo gran bloque de la denuncia apunta a las obras vinculadas al proyecto Chira-Soria, promovido por Red Eléctrica de España. Una iniciativa estratégica de almacenamiento energético mediante bombeo hidroeléctrico que lleva años generando debate en la isla entre defensores y detractores.

   Según los colectivos ecologistas, los trabajos desarrollados en el cauce medio y bajo del barranco —carreteras de acceso, canalizaciones, infraestructuras eléctricas y grandes movimientos de tierra— estarían alterando de forma importante la morfología natural del terreno.

  En su escrito, sostienen que estas actuaciones habrían eliminado vegetación, modificado el drenaje natural y reducido la capacidad de evacuación del cauce, aumentando así el riesgo de desbordamientos y arrastres de materiales durante lluvias intensas.

  Además, subrayan que la propia Declaración de Impacto Ambiental del proyecto ya advertía de posibles incrementos de caudal, arrastre de sedimentos y afección a núcleos habitados aguas abajo.

Falta de planificación ante inundaciones

  Otro aspecto señalado por Tamaranae y Altahay es la supuesta ausencia de planes específicos de inundación para este barranco, pese al historial de episodios anteriores. A juicio de ambas entidades, esta carencia podría entrar en contradicción con la normativa europea y estatal en materia de gestión del riesgo.

  La cuestión de fondo no afecta solo a Arguineguín. En numerosas zonas del Estado español, especialmente en áreas turísticas y costeras sometidas a fuerte presión urbanística, los cauces naturales han sido modificados durante décadas sin integrar plenamente la dinámica hidrológica del territorio. Cuando llegan episodios extremos, esas debilidades emergen con toda crudeza.

Lo que piden a la Fiscalía

  Las organizaciones solicitan que la Fiscalía abra diligencias para investigar posibles delitos de imprudencia grave, prevaricación administrativa y otras responsabilidades derivadas de la gestión de estas actuaciones.

   Desde Tamaranae señalan que “lo ocurrido en Arguineguín no es una sorpresa, sino la materialización de riesgos identificados y mal gestionados”. Desde Altahay advierten que "intervenir en un barranco sin respetar su funcionamiento natural convierte cada episodio de lluvias intensas en una amenaza para la población".

 Los colectivos reclaman ahora una revisión urgente de todas las intervenciones en el barranco de Arguineguín y advierten de que, si no se actúa con rapidez, episodios similares volverán a repetirse.