( y II) EUROPA SE REARMA, PERO... ¿QUIÉN ES EL QUE VENDE LAS ARMAS?
Una economía permanentemente preparada para la guerra no solo necesita fabricar armas. Tarde o temprano necesita justificar para qué las fabrica
El rearme europeo ya no puede entenderse únicamente como una respuesta a las tensiones internacionales. Está dando forma a una nueva economía en la que el gasto militar deja de ser un recurso excepcional para convertirse en una política industrial permanente. Y cuando la guerra empieza a ocupar el centro de la economía, la paz deja de ser solo un objetivo: puede convertirse también en un problema para quienes viven de prepararse para el conflicto.
POR CÁNDIDO GALVEZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Los gobiernos europeos presentan el rearme como una oportunidad para desarrollar una industria propia y alcanzar la llamada «autonomía estratégica». Sin embargo, la realidad ![[Img #93228]](https://canarias-semanal.org/upload/images/07_2026/9680_candido-galvez.jpg)
muestra una dependencia profunda de Estados Unidos.
Entre febrero de 2022 y junio de 2023, el 78% de las adquisiciones de defensa realizadas por los países de la Unión Europea se contrató fuera de la UE. De esas compras exteriores, el 63% procedió de Estados Unidos.
La tendencia se ha mantenido. Aproximadamente el 55% de las importaciones europeas de grandes sistemas de armas realizadas entre 2019 y 2023 tuvo origen estadounidense. Además, las compras efectuadas mediante el programa norteamericano de ventas militares representaron alrededor de la mitad del gasto en equipos de los países europeos de la OTAN entre 2022 y 2024.
Por tanto, una parte importante del rearme europeo no fortalece una autonomía independiente de Washington. Refuerza la dependencia tecnológica, logística y operativa respecto a las compañías estadounidenses.
Comprar un avión de combate no significa adquirir solamente una máquina. Implica contratar durante décadas repuestos, actualizaciones informáticas, municiones, mantenimiento, formación y sistemas de comunicación compatibles. El vendedor conserva así una influencia prolongada sobre el comprador.
El mercado mundial refleja claramente esta desigualdad. En 2024, 48 de las cien mayores empresas militares tenían su sede en Estados Unidos, frente a solo 19 radicadas en la Unión Europea.
La OTAN funciona, por consiguiente, como alianza militar, pero también como un gigantesco espacio comercial regulado por normas técnicas, doctrinas y sistemas de plena compatibilidad en los que la industria estadounidense ocupa una posición dominante.
LA UNIÓN EUROPEA ABRE EL GRIFO FINANCIERO
La militarización económica no depende únicamente de la OTAN. La Unión Europea está creando sus propios instrumentos para financiarla.
El plan denominado inicialmente ReArm Europe y posteriormente Readiness 2030 pretende movilizar hasta 800.000 millones de euros. Para conseguirlo, flexibiliza las reglas fiscales, permite aumentar el endeudamiento destinado a defensa y facilita que determinados fondos europeos apoyen proyectos relacionados con la seguridad.
Una de sus principales herramientas es SAFE, un mecanismo que ofrece hasta 150.000 millones de euros en préstamos respaldados por el presupuesto de la UE. Los Estados podrán emplearlos para realizar adquisiciones militares conjuntas y ampliar rápidamente sus inversiones.
La palabra «préstamos» resulta fundamental. No se trata de dinero gratuito. Son deudas que deberán devolverse en el futuro mediante los presupuestos públicos. Los ciudadanos financiarán durante años equipos militares comprados hoy.
En 2024, el gasto militar de los miembros de la UE alcanzó los 343.000 millones de euros. Para 2025 se estimaban 381.000 millones, nada menos que un 63% más que en 2020.
Estamos, por tanto, ante una orientación económica de largo alcance. La política industrial europea comienza a organizarse alrededor de la fabricación de municiones, drones, satélites, sensores, blindados, sistemas antiaéreos y tecnologías digitales aplicadas a la guerra.
DE LOS TANQUES A LOS FONDOS DE CAPITAL RIESGO
La expresión «complejo militar-industrial» suele evocar fábricas de tanques, astilleros y grandes contratistas de aviación. Pero la guerra contemporánea necesita mucho más: inteligencia artificial, computación en la nube, semiconductores, imágenes por satélite, reconocimiento facial, análisis masivo de datos, sistemas autónomos y comunicaciones privadas.
Aquí aparece otro rasgo central de la OTAN 3.0: la integración de las grandes empresas tecnológicas y del capital financiero.
El Fondo de Innovación de la OTAN dispone de 1.000 millones de euros aportados por distintos Estados miembros. La propia Alianza lo define como el primer fondo de capital riesgo respaldado por múltiples países. Invierte en empresas emergentes dedicadas a tecnologías de doble uso, es decir, aplicaciones que pueden emplearse tanto en actividades civiles como militares.
Paralelamente, el programa DIANA conecta empresas tecnológicas, centros de pruebas, aceleradoras e inversores privados vinculados a los objetivos estratégicos de la Alianza. Su red de capital permite que inversores considerados «alineados con la OTAN» accedan a compañías previamente seleccionadas.
La Alianza ya no coordina únicamente ministerios de Defensa. También articula ecosistemas empresariales, orienta el desarrollo tecnológico y ofrece a los inversores información sobre las necesidades futuras del mercado militar. La frontera entre seguridad pública y negocio privado se vuelve así cada vez más borrosa.
LA ECONOMÍA DE LA "AMENAZA PERMANENTE"
Toda industria capitalista necesita demanda. La automovilística necesita compradores; la farmacéutica, pacientes o sistemas sanitarios; la militar, amenazas.
Esto no significa que todos los conflictos sean inventados por las empresas armamentísticas. Rusia invadió Ucrania, existen rivalidades entre potencias y los Estados desarrollan estrategias propias. Sería simplista reducir la política internacional a una conspiración empresarial.
El problema es diferente. Una vez creado un gigantesco aparato económico cuya rentabilidad depende del gasto militar, surge un poderoso grupo de intereses que se beneficia de interpretar cada crisis mediante una respuesta armada.
Una negociación diplomática puede reducir la demanda. Una distensión internacional puede cancelar pedidos. Un acuerdo de desarme puede cerrar líneas de producción. Por el contrario, una amenaza permanente justifica contratos durante décadas.
De este modo se crea un poderoso círculo muy difícil de romper:
El silogismo parece claro. La tensión internacional impulsa el gasto militar; el aumento del gasto fortalece a las empresas armamentísticas; esas empresas adquieren mayor capacidad de presión política; y la nueva militarización intensifica la desconfianza entre los Estados, alimentando otra vez la tensión inicial.
No hace falta que exista una dirección secreta de todo el proceso. Basta con que instituciones, gobiernos, mandos militares, centros de pensamiento, inversores y empresas compartan intereses materiales convergentes.
¿CREA EMPLEO EL GASTO MILITAR?
Uno de los argumentos más utilizados para justificar el rearme es la creación de empleo. Y es cierto que fabricar aviones, radares o vehículos proporciona puestos de trabajo. Negarlo sería absurdo.
La cuestión correcta no es si el gasto militar crea empleo, sino qué ocurriría si ese mismo dinero se invirtiera en otros sectores.
Cualquier inversión pública de gran magnitud genera actividad económica. Construir hospitales, rehabilitar viviendas, desarrollar energías renovables, reforzar el transporte público o ampliar las plantillas educativas también crea empleo. Además, satisface necesidades sociales directas y produce infraestructuras utilizables durante décadas.
Un misil genera empleo mientras se fabrica, pero su destino final consiste en permanecer almacenado, ser sustituido por otro modelo o destruirse junto con su objetivo. Su valor de uso es esencialmente destructivo.
Por esa razón, presentar el gasto militar como una política industrial neutral oculta la verdadera elección. No se decide entre invertir o no invertir. Se decide qué producir, para quién y con qué finalidad social.
ESPAÑA: DEL 2% A UNA PRESIÓN QUE NO TERMINA
España aprobó en 2025 un Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa dotado inicialmente con 10.471 millones de euros adicionales. El Gobierno declaró que ese esfuerzo permitiría alcanzar el 2% del PIB sin aumentar los impuestos, recortar el llamado Estado del bienestar o elevar el déficit.
Pero alcanzar el 2% no cerró el debate. El nuevo compromiso general de la OTAN eleva la referencia hasta el 5%. En la cumbre de Ankara, el Gobierno español defendió que podía cumplir las capacidades militares exigidas sin llegar a ese porcentaje y situó su inversión alrededor del 2,1% del PIB.
La diferencia no es menor. Cada punto del PIB español representa aproximadamente entre 15.000 y 18.000 millones de euros, dependiendo del año considerado. Pasar de alrededor del 2% al 5% supondría añadir decenas de miles de millones anuales.
Aunque parte de ese porcentaje podría contabilizar infraestructuras, ciberseguridad o protección civil, la pregunta política seguiría intacta: ¿qué prioridades quedarán subordinadas cuando una parte tan grande y creciente de la riqueza nacional esté comprometida de antemano con los objetivos militares?
El dinero puede reasignarse, pero los recursos reales no son infinitos. Los ingenieros que diseñan sistemas de guiado no desarrollan redes ferroviarias. El acero utilizado en blindados no construye viviendas. El crédito público que financia armamento deja de estar disponible para otros proyectos.
¿ALIANZA MILITAR O FONDO DE INVERSIÓN?
La OTAN no es jurídicamente un fondo de inversión. No recibe el 5% del PIB de cada país ni distribuye dividendos entre accionistas. Continúa siendo una organización político-militar formada por Estados.
Sin embargo, la comparación resulta útil porque describe su creciente función económica. La Alianza define prioridades tecnológicas, garantiza una expansión sostenida de la demanda, impulsa la movilización de capital público, conecta empresas con inversores, promueve fondos de capital riesgo y presiona para acelerar las contrataciones. Todo ello crea un entorno extraordinariamente favorable para la rentabilidad privada.
La seguridad se convierte en mercado. La amenaza, en oportunidad de inversión. Y el presupuesto militar, en una fuente de ingresos relativamente protegida frente a las oscilaciones normales de la economía.
Esta es la transformación de fondo. No consiste únicamente en gastar más dinero en defensa. Consiste en convertir la preparación para la guerra en uno de los "motores permanentes" de la economía occidental.
LA PREGUNTA QUE CASI NUNCA SE FORMULA
El debate público suele comenzar cuando ya se ha aceptado su premisa principal. Se discute qué armas comprar, qué porcentaje gastar, qué empresa debe fabricar los equipos o cómo acelerar los contratos. Rara vez se pregunta qué modelo de seguridad se está construyendo.
Una sociedad puede necesitar defenderse. Pero la defensa de una población no equivale necesariamente a la expansión ilimitada de la industria militar, la subordinación tecnológica a Estados Unidos o la preparación permanente de guerras cada vez más destructivas. La verdadera discusión debería enfrentar dos conceptos muy diferentes de seguridad.
Uno identifica seguridad con armamento, disuasión, control tecnológico y capacidad de intervención.
El otro incluye vivienda, sanidad, alimentación, energía, empleo, protección ambiental y cooperación internacional.
Cuando los gobiernos afirman que no hay dinero suficiente para garantizar derechos sociales, pero aceptan comprometer cantidades prácticamente ilimitadas para la adquisición de armas, no estamos ante una fatalidad presupuestaria. Estamos ante una decisión política.
La OTAN 3.0 representa precisamente esa decisión: organizar una parte creciente de la economía alrededor de la expectativa de una confrontación prolongada. Sus beneficiarios inmediatos son identificables. Sus costes sociales se repartirán entre millones de ciudadanos. Y sus consecuencias últimas podrían ser mucho más graves que cualquier desequilibrio presupuestario.
Porque una economía preparada permanentemente para la guerra no solo necesita fabricar armas. Tarde o temprano necesitará justificar con los hechos para qué las fabrica.
POR CÁNDIDO GALVEZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Los gobiernos europeos presentan el rearme como una oportunidad para desarrollar una industria propia y alcanzar la llamada «autonomía estratégica». Sin embargo, la realidad muestra una dependencia profunda de Estados Unidos.
Entre febrero de 2022 y junio de 2023, el 78% de las adquisiciones de defensa realizadas por los países de la Unión Europea se contrató fuera de la UE. De esas compras exteriores, el 63% procedió de Estados Unidos.
La tendencia se ha mantenido. Aproximadamente el 55% de las importaciones europeas de grandes sistemas de armas realizadas entre 2019 y 2023 tuvo origen estadounidense. Además, las compras efectuadas mediante el programa norteamericano de ventas militares representaron alrededor de la mitad del gasto en equipos de los países europeos de la OTAN entre 2022 y 2024.
Por tanto, una parte importante del rearme europeo no fortalece una autonomía independiente de Washington. Refuerza la dependencia tecnológica, logística y operativa respecto a las compañías estadounidenses.
Comprar un avión de combate no significa adquirir solamente una máquina. Implica contratar durante décadas repuestos, actualizaciones informáticas, municiones, mantenimiento, formación y sistemas de comunicación compatibles. El vendedor conserva así una influencia prolongada sobre el comprador.
El mercado mundial refleja claramente esta desigualdad. En 2024, 48 de las cien mayores empresas militares tenían su sede en Estados Unidos, frente a solo 19 radicadas en la Unión Europea.
La OTAN funciona, por consiguiente, como alianza militar, pero también como un gigantesco espacio comercial regulado por normas técnicas, doctrinas y sistemas de plena compatibilidad en los que la industria estadounidense ocupa una posición dominante.
LA UNIÓN EUROPEA ABRE EL GRIFO FINANCIERO
La militarización económica no depende únicamente de la OTAN. La Unión Europea está creando sus propios instrumentos para financiarla.
El plan denominado inicialmente ReArm Europe y posteriormente Readiness 2030 pretende movilizar hasta 800.000 millones de euros. Para conseguirlo, flexibiliza las reglas fiscales, permite aumentar el endeudamiento destinado a defensa y facilita que determinados fondos europeos apoyen proyectos relacionados con la seguridad.
Una de sus principales herramientas es SAFE, un mecanismo que ofrece hasta 150.000 millones de euros en préstamos respaldados por el presupuesto de la UE. Los Estados podrán emplearlos para realizar adquisiciones militares conjuntas y ampliar rápidamente sus inversiones.
La palabra «préstamos» resulta fundamental. No se trata de dinero gratuito. Son deudas que deberán devolverse en el futuro mediante los presupuestos públicos. Los ciudadanos financiarán durante años equipos militares comprados hoy.
En 2024, el gasto militar de los miembros de la UE alcanzó los 343.000 millones de euros. Para 2025 se estimaban 381.000 millones, nada menos que un 63% más que en 2020.
Estamos, por tanto, ante una orientación económica de largo alcance. La política industrial europea comienza a organizarse alrededor de la fabricación de municiones, drones, satélites, sensores, blindados, sistemas antiaéreos y tecnologías digitales aplicadas a la guerra.
DE LOS TANQUES A LOS FONDOS DE CAPITAL RIESGO
La expresión «complejo militar-industrial» suele evocar fábricas de tanques, astilleros y grandes contratistas de aviación. Pero la guerra contemporánea necesita mucho más: inteligencia artificial, computación en la nube, semiconductores, imágenes por satélite, reconocimiento facial, análisis masivo de datos, sistemas autónomos y comunicaciones privadas.
Aquí aparece otro rasgo central de la OTAN 3.0: la integración de las grandes empresas tecnológicas y del capital financiero.
El Fondo de Innovación de la OTAN dispone de 1.000 millones de euros aportados por distintos Estados miembros. La propia Alianza lo define como el primer fondo de capital riesgo respaldado por múltiples países. Invierte en empresas emergentes dedicadas a tecnologías de doble uso, es decir, aplicaciones que pueden emplearse tanto en actividades civiles como militares.
Paralelamente, el programa DIANA conecta empresas tecnológicas, centros de pruebas, aceleradoras e inversores privados vinculados a los objetivos estratégicos de la Alianza. Su red de capital permite que inversores considerados «alineados con la OTAN» accedan a compañías previamente seleccionadas.
La Alianza ya no coordina únicamente ministerios de Defensa. También articula ecosistemas empresariales, orienta el desarrollo tecnológico y ofrece a los inversores información sobre las necesidades futuras del mercado militar. La frontera entre seguridad pública y negocio privado se vuelve así cada vez más borrosa.
LA ECONOMÍA DE LA "AMENAZA PERMANENTE"
Toda industria capitalista necesita demanda. La automovilística necesita compradores; la farmacéutica, pacientes o sistemas sanitarios; la militar, amenazas.
Esto no significa que todos los conflictos sean inventados por las empresas armamentísticas. Rusia invadió Ucrania, existen rivalidades entre potencias y los Estados desarrollan estrategias propias. Sería simplista reducir la política internacional a una conspiración empresarial.
El problema es diferente. Una vez creado un gigantesco aparato económico cuya rentabilidad depende del gasto militar, surge un poderoso grupo de intereses que se beneficia de interpretar cada crisis mediante una respuesta armada.
Una negociación diplomática puede reducir la demanda. Una distensión internacional puede cancelar pedidos. Un acuerdo de desarme puede cerrar líneas de producción. Por el contrario, una amenaza permanente justifica contratos durante décadas.
De este modo se crea un poderoso círculo muy difícil de romper:
El silogismo parece claro. La tensión internacional impulsa el gasto militar; el aumento del gasto fortalece a las empresas armamentísticas; esas empresas adquieren mayor capacidad de presión política; y la nueva militarización intensifica la desconfianza entre los Estados, alimentando otra vez la tensión inicial.
No hace falta que exista una dirección secreta de todo el proceso. Basta con que instituciones, gobiernos, mandos militares, centros de pensamiento, inversores y empresas compartan intereses materiales convergentes.
¿CREA EMPLEO EL GASTO MILITAR?
Uno de los argumentos más utilizados para justificar el rearme es la creación de empleo. Y es cierto que fabricar aviones, radares o vehículos proporciona puestos de trabajo. Negarlo sería absurdo.
La cuestión correcta no es si el gasto militar crea empleo, sino qué ocurriría si ese mismo dinero se invirtiera en otros sectores.
Cualquier inversión pública de gran magnitud genera actividad económica. Construir hospitales, rehabilitar viviendas, desarrollar energías renovables, reforzar el transporte público o ampliar las plantillas educativas también crea empleo. Además, satisface necesidades sociales directas y produce infraestructuras utilizables durante décadas.
Un misil genera empleo mientras se fabrica, pero su destino final consiste en permanecer almacenado, ser sustituido por otro modelo o destruirse junto con su objetivo. Su valor de uso es esencialmente destructivo.
Por esa razón, presentar el gasto militar como una política industrial neutral oculta la verdadera elección. No se decide entre invertir o no invertir. Se decide qué producir, para quién y con qué finalidad social.
ESPAÑA: DEL 2% A UNA PRESIÓN QUE NO TERMINA
España aprobó en 2025 un Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa dotado inicialmente con 10.471 millones de euros adicionales. El Gobierno declaró que ese esfuerzo permitiría alcanzar el 2% del PIB sin aumentar los impuestos, recortar el llamado Estado del bienestar o elevar el déficit.
Pero alcanzar el 2% no cerró el debate. El nuevo compromiso general de la OTAN eleva la referencia hasta el 5%. En la cumbre de Ankara, el Gobierno español defendió que podía cumplir las capacidades militares exigidas sin llegar a ese porcentaje y situó su inversión alrededor del 2,1% del PIB.
La diferencia no es menor. Cada punto del PIB español representa aproximadamente entre 15.000 y 18.000 millones de euros, dependiendo del año considerado. Pasar de alrededor del 2% al 5% supondría añadir decenas de miles de millones anuales.
Aunque parte de ese porcentaje podría contabilizar infraestructuras, ciberseguridad o protección civil, la pregunta política seguiría intacta: ¿qué prioridades quedarán subordinadas cuando una parte tan grande y creciente de la riqueza nacional esté comprometida de antemano con los objetivos militares?
El dinero puede reasignarse, pero los recursos reales no son infinitos. Los ingenieros que diseñan sistemas de guiado no desarrollan redes ferroviarias. El acero utilizado en blindados no construye viviendas. El crédito público que financia armamento deja de estar disponible para otros proyectos.
¿ALIANZA MILITAR O FONDO DE INVERSIÓN?
La OTAN no es jurídicamente un fondo de inversión. No recibe el 5% del PIB de cada país ni distribuye dividendos entre accionistas. Continúa siendo una organización político-militar formada por Estados.
Sin embargo, la comparación resulta útil porque describe su creciente función económica. La Alianza define prioridades tecnológicas, garantiza una expansión sostenida de la demanda, impulsa la movilización de capital público, conecta empresas con inversores, promueve fondos de capital riesgo y presiona para acelerar las contrataciones. Todo ello crea un entorno extraordinariamente favorable para la rentabilidad privada.
La seguridad se convierte en mercado. La amenaza, en oportunidad de inversión. Y el presupuesto militar, en una fuente de ingresos relativamente protegida frente a las oscilaciones normales de la economía.
Esta es la transformación de fondo. No consiste únicamente en gastar más dinero en defensa. Consiste en convertir la preparación para la guerra en uno de los "motores permanentes" de la economía occidental.
LA PREGUNTA QUE CASI NUNCA SE FORMULA
El debate público suele comenzar cuando ya se ha aceptado su premisa principal. Se discute qué armas comprar, qué porcentaje gastar, qué empresa debe fabricar los equipos o cómo acelerar los contratos. Rara vez se pregunta qué modelo de seguridad se está construyendo.
Una sociedad puede necesitar defenderse. Pero la defensa de una población no equivale necesariamente a la expansión ilimitada de la industria militar, la subordinación tecnológica a Estados Unidos o la preparación permanente de guerras cada vez más destructivas. La verdadera discusión debería enfrentar dos conceptos muy diferentes de seguridad.
Uno identifica seguridad con armamento, disuasión, control tecnológico y capacidad de intervención.
El otro incluye vivienda, sanidad, alimentación, energía, empleo, protección ambiental y cooperación internacional.
Cuando los gobiernos afirman que no hay dinero suficiente para garantizar derechos sociales, pero aceptan comprometer cantidades prácticamente ilimitadas para la adquisición de armas, no estamos ante una fatalidad presupuestaria. Estamos ante una decisión política.
La OTAN 3.0 representa precisamente esa decisión: organizar una parte creciente de la economía alrededor de la expectativa de una confrontación prolongada. Sus beneficiarios inmediatos son identificables. Sus costes sociales se repartirán entre millones de ciudadanos. Y sus consecuencias últimas podrían ser mucho más graves que cualquier desequilibrio presupuestario.
Porque una economía preparada permanentemente para la guerra no solo necesita fabricar armas. Tarde o temprano necesitará justificar con los hechos para qué las fabrica.
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