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SE ESTRECHA EL CERCO SOBRE ZAPATERO

¿Qué relevancia tienen las nuevas declaraciones, los pagos investigados y las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional?

Lo que comenzó como una investigación sobre el rescate público de Plus Ultra ha evolucionado hacia un procedimiento judicial mucho más amplio. Nuevas declaraciones de empresarios, operaciones económicas bajo investigación, registros policiales y sucesivas decisiones de la Audiencia Nacional han ampliado el alcance de una causa que mantiene al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el centro del debate político y judicial, mientras la instrucción continúa su curso.

 

POR CARLOS SERNA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

 

    Lo que comenzó como una investigación centrada en el [Img #93296]rescate público de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia,  se ha transformado en uno de los procedimientos judiciales con mayor repercusión política de los últimos años.

 

   La Audiencia Nacional investiga si, junto a la concesión de los 53 millones de euros aprobados por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, pudo desarrollarse una red de intermediación destinada a influir en la obtención de esa ayuda pública mediante el pago de contraprestaciones económicas.

 

    Con el paso de los meses, la instrucción dirigida por el magistrado José Luis Calama ha ido incorporando nuevas diligencias, ampliando el objeto inicial de la causa y situando bajo investigación diversas actividades profesionales desarrolladas por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tanto en España como en el extranjero.

 

El papel de Julio Martínez en la investigación

   Uno de los nombres que ha adquirido mayor protagonismo es el del empresario Julio Martínez Martínez, socio del expresidente y administrador de la mercantil Análisis Relevante, empresa que figura entre las sociedades investigadas por los pagos relacionados con la causa.

 

   Según los autos judiciales, los investigadores consideran que dicha sociedad habría desempeñado un papel relevante en la canalización de determinadas operaciones económicas actualmente bajo examen judicial.

 

   La investigación experimentó un cambio significativo cuando Martínez remitió un escrito al juez un día antes de comparecer como investigado.

 

    En ese documento sostuvo que fue José Luis Rodríguez Zapatero quien intervino personalmente para facilitar el rescate de Plus Ultra y anunció

   su disposición a responder a todas las preguntas del instructor con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos.

 

La supuesta comisión del 1 %

  Las diligencias incorporaron posteriormente otra declaración considerada relevante por el juzgado. El presidente de Plus Ultra presentó un escrito en el que afirmó que la dirección de la compañía aceptó pagar una comisión equivalente al 1 % del importe del rescate, aproximadamente 530.000 euros, mediante contratos suscritos con la empresa Análisis Relevante.

 

   Según su relato, la aerolínea asumió ese compromiso convencida de que la empresa mantenía una relación directa con el entorno del expresidente y que podía facilitar las gestiones necesarias ante la Administración.

 

   El documento también describe pagos mediante transferencias bancarias y otras compensaciones, entre ellas billetes de avión en clase business. Estas afirmaciones forman parte del procedimiento judicial y deberán ser valoradas durante la instrucción.

 

   La investigación se amplía a operaciones internacionales

    La causa dejó de limitarse exclusivamente al rescate de Plus Ultra cuando el juez decidió ampliar las pesquisas a otras actividades económicas desarrolladas por Zapatero.

 

   Entre ellas figura un pago de 200.000 euros recibido del grupo peruano Gloria por una operación relacionada con Bolivia. La defensa solicitó excluir esta relación profesional de la investigación al considerar que no guardaba conexión con el objeto inicial del procedimiento.

 

   Sin embargo, el magistrado rechazó esa petición al entender que las transferencias aparecieron de manera legítima durante el análisis documental realizado por los investigadores y podían resultar relevantes para el conjunto de la causa.

 

La pieza separada por las joyas

    Otro de los episodios que incrementó la complejidad del procedimiento fue la apertura de una pieza separada por un posible delito fiscal y otro de contrabando.

 

   La decisión llegó después de que, durante un registro policial, fueran intervenidas más de un centenar de joyas cuya tasación supera 1,3 millones de euros.

 

   El juez argumentó que, en ese momento de la investigación, no existía documentación suficiente para acreditar plenamente el origen fiscal y aduanero de las piezas, razón por la que acordó abrir nuevas diligencias destinadas a esclarecer esos extremos.

 

  Garantías procesales durante la instrucción

     La evolución de la causa también ha generado resoluciones dirigidas a proteger las garantías procesales de los investigados. Tras la difusión pública de agendas personales y conversaciones privadas incorporadas a informes policiales, el magistrado ordenó a la UDEF limitar estrictamente el contenido de sus anexos a los datos directamente relacionados con la investigación, evitando incorporar información personal ajena al objeto del procedimiento.

 

El debate político sobre los rescates

    Mientras la investigación continúa avanzando en los tribunales, el caso ha adquirido una evidente dimensión política.

 

 Las ayudas concedidas por la SEPI durante la pandemia han sido objeto de diversas comparecencias parlamentarias, en las que miembros del Gobierno han defendido la legalidad del procedimiento seguido para aprobar aquellos rescates.

 

   En una de esas comparecencias, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, aseguró en el Senado tener "la conciencia muy tranquila" respecto a la actuación desarrollada por la SEPI durante la concesión de las ayudas extraordinarias aprobadas en la crisis sanitaria.

 

Una causa todavía abierta

   Con las declaraciones de empresarios, la incorporación de nuevos informes policiales, la ampliación de las diligencias y la apertura de piezas separadas, el denominado "caso Zapatero" ha evolucionado desde una investigación sobre el rescate de una compañía aérea hasta un procedimiento mucho más amplio, en el que convergen operaciones empresariales internacionales, presuntas comisiones, movimientos financieros y nuevos indicios que continúan siendo analizados por la Audiencia Nacional.

 

   La instrucción permanece abierta y será el desarrollo del procedimiento judicial el que determine el alcance y el valor probatorio de los documentos, declaraciones e informes incorporados a la causa. Mientras tanto, todas las personas investigadas mantienen la presunción de inocencia hasta que recaiga una resolución judicial firme.

 

FUENTES:

-EL PAÍS El juez del 'caso Plus Ultra' abre una pieza separada para investigar a Zapatero por delito fiscal y contrabando por las joyas halladas en su despacho. (12 de junio de 2026).
-EL PAÍS Aagesen defiende la limpieza de los rescates de la SEPI: "Tengo la conciencia muy tranquila". (8 de julio de 2026).
-Público El empresario Julio Martínez acusa a Zapatero de mediar en el rescate de Plus Ultra. (20 de julio de 2026).
-Público / EFE El juez avala ampliar la investigación a Zapatero por cobrar 200.000 euros en una operación en -.Bolivia. (15 de julio de 2026).
.-Público / EFE El juez pide a la UDEF que evite incluir en sus informes datos innecesarios sobre Zapatero tras un aluvión de filtraciones. (3 de julio de 2026).
-El Confidencial El presidente de Plus Ultra reconoce al juez que se pactó pagar al entorno de Zapatero el 1% del rescate. (20 de julio de 2026).
-Diario Red / Europa Press El juez del 'caso Plus Ultra' interroga a Julio Martínez Martínez, el empresario socio de Zapatero, como investigado. (20 de julio de 2026).
-El Confidencial (artículo de opinión) Juan Fernández-Miranda: El caso Begoña: la prueba del 9 contra los palmeros socialistas. (18 de julio de 2026). (Utilizado únicamente como referencia del contexto político y del debate público, no como fuente de los hechos investigados).

 

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