MANIFIESTO CONJUNTO POR EL DERECHO A INFORMAR Y CONTRA LA REPRESIÓN AL PERIODISMO
Canarias-semanal se suma al comunicado contra la censura de investigaciones sobre policías infiltrados en movimientos sociales
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha propuesto sancionar al medio cooperativo El Salto con 5.000 euros y le obliga a censurar hasta dejar incomprensibles sus investigaciones sobre policías infiltrados en movimientos sociales. En las últimas semanas, la AEPD ha impuesto sanciones similares a La Directa, Vilaweb y Diari de Balears por el mismo motivo.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha propuesto sancionar al medio cooperativo El Salto con 5.000 euros y le obliga a censurar hasta dejar incomprensibles sus investigaciones sobre policías infiltrados en movimientos sociales. La sanción no cuestiona la veracidad de las informaciones, sino que exige eliminar imágenes (aunque estén pixeladas), iniciales, alias, coartadas y hasta la promoción de la academia policial de los agentes infiltrados. En la práctica, esto supone borrar cualquier rastro verificable de las investigaciones.
En las últimas semanas, la AEPD ha impuesto sanciones similares a La Directa, Vilaweb y Diari de Balears por el mismo motivo: informar sobre policías infiltrados, una vergonzosa realidad que sufren los movimientos sociales y organizaciones que practican la disidencia política. Cuatro medios, cuatro multas, un mismo objetivo: silenciar el periodismo de investigación que fiscaliza la actuación de los poderes públicos.
Estas publicaciones constituyen un ejercicio legítimo del derecho a comunicar y recibir información veraz (artículo 20 de la Constitución española) y cumplen una función democrática esencial: fiscalizar el poder y ejercer de contrapoder. Las personas espiadas por estos policías infitrados, que ahora se quiere ocultar, han calificado lo sufrido como una forma de tortura con consecuencias psicológicas graves.
La sanción tiene un efecto intimidatorio evidente y responde a la estrategia conocida como SLAPP (demandas estratégicas contra la participación pública): un uso abusivo de mecanismos legales para intimidar, agotar financieramente y silenciar voces críticas. No solo quieren callar a El Salto: es un aviso a navegantes para todos los medios que investiguen abusos policiales o cualquier realidad incómoda para el estado.
Por el derecho a informar, a la libertad de comunicación y expresión
Nos quieren callar, pero van a tener que oírnos.
Nos sumamos al manifiesto: Por el derecho a informar y a conocer la actuación de los poderes públicos
Medios alternativos firmantes:
Kaos en la Red – https://kaosenlared.net/
El Otro País (Edición impresa) https://www.elotropais.com/
Tercera Información https://www.tercerainformacion.es/
Nueva Revolución https://nuevarevolucion.es/
Insurgente https://insurgente.org/
Canarias Semanal https://canarias-semanal.org/
LoQueSomos https://loquesomos.es/
Rebelión https://rebelion.org/
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha propuesto sancionar al medio cooperativo El Salto con 5.000 euros y le obliga a censurar hasta dejar incomprensibles sus investigaciones sobre policías infiltrados en movimientos sociales. La sanción no cuestiona la veracidad de las informaciones, sino que exige eliminar imágenes (aunque estén pixeladas), iniciales, alias, coartadas y hasta la promoción de la academia policial de los agentes infiltrados. En la práctica, esto supone borrar cualquier rastro verificable de las investigaciones.
En las últimas semanas, la AEPD ha impuesto sanciones similares a La Directa, Vilaweb y Diari de Balears por el mismo motivo: informar sobre policías infiltrados, una vergonzosa realidad que sufren los movimientos sociales y organizaciones que practican la disidencia política. Cuatro medios, cuatro multas, un mismo objetivo: silenciar el periodismo de investigación que fiscaliza la actuación de los poderes públicos.
Estas publicaciones constituyen un ejercicio legítimo del derecho a comunicar y recibir información veraz (artículo 20 de la Constitución española) y cumplen una función democrática esencial: fiscalizar el poder y ejercer de contrapoder. Las personas espiadas por estos policías infitrados, que ahora se quiere ocultar, han calificado lo sufrido como una forma de tortura con consecuencias psicológicas graves.
La sanción tiene un efecto intimidatorio evidente y responde a la estrategia conocida como SLAPP (demandas estratégicas contra la participación pública): un uso abusivo de mecanismos legales para intimidar, agotar financieramente y silenciar voces críticas. No solo quieren callar a El Salto: es un aviso a navegantes para todos los medios que investiguen abusos policiales o cualquier realidad incómoda para el estado.
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