JOSÉ MANUEL SORIA Y EL NEGOCIO DE LAS PUERTAS GIRATORIAS: 4,5 MILLONES FACTURADOS TRAS ABANDONAR EL GOBIERNO
Exministros, expresidentes y consultoras: el lucrativo mercado de los contactos adquiridos desde el poder
José Manuel Soria dejó el Gobierno en 2016, pero se llevó consigo algo difícil de valorar en un currículum: décadas de experiencia política, conocimiento de la Administración y, sobre todo una extensa red de contactos. Su trayectoria profesional posterior ilustra un fenómeno mucho más amplio, en el que las relaciones construidas durante el ejercicio del poder público pueden acabar convertidas en un valioso activo al servicio de grandes empresas y consultoras privadas.
Por CRISTÓBAL GARCÍA VERA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
José Manuel Soria abandonó el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en abril de 2016, después de que su nombre apareciera relacionado con sociedades radicadas en paraísos fiscales en los llamados "Papeles de Panamá" y de que sus contradictorias explicaciones terminaran haciendo insostenible su continuidad en el Gobierno. Se cerraba así una polémica carrera política de más de veinte años, durante la cual había sido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, presidente del Cabildo de Gran Canaria, vicepresidente del Gobierno autonómico, presidente del PP canario y ministro del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Sin embargo, su salida del Gobierno iba a significar igualmente el comienzo de una etapa profesional muchísimo más lucrativa que no se puede desligar del "capital" personal acumulado durante décadas gracias a la actividad política pagada por el erario público.
Una investigación publicada en el digital CanariasAhora.es reconstruyó las sucesivas puertas giratorias atravesadas por el exministro desde que abandonó el Ejecutivo español, desvelando las gestiones de Soria para DomusVi o la productora La Cometa, así como información sobre sus vínculos profesionales con el Grupo Hotusa, Domingo Alonso Group, Island Green Power Spain, Alantra Corporate Finance o Grant Thornton.
Apenas siete meses después de abandonar el Ministerio, en noviembre de 2016, Soria ya había constituido Sorben Partners, una empresa dedicada al asesoramiento y la consultoría que comenzó a operar en febrero de 2017. Las últimas cuentas depositadas por esta sociedad permiten conocer ahora la dimensión millonaria alcanzada por este negocio y valorar cómo las relaciones acumuladas durante el ejercicio del poder público pueden convertirse también en una lucrativa mercancía privada.
UNA CONSULTORA CON UN SOLO EMPLEADO
La empresa Sorben Partners, de José Manuel Soria, declara como objeto de su actividad el asesoramiento para la expansión nacional e internacional de empresas, a las que ofrece soluciones comerciales, financieras, jurídicas, técnicas y fiscales, además de exhaustivos estudios de mercado. Sin embargo, según los datos publicados por elDiario.es, no dispone siquiera de una página web pública en la que presente sus servicios ni identifica a sus clientes en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.
De acuerdo con la información publicada por el citado medio, desde el comienzo de su actividad hasta finales de 2025, Sorben Partners había facturado la friolera de 4.550.663 euros. Solo durante 2025 ingresó 408.228 euros, aproximadamente un 12% más que el año anterior, y obtuvo un beneficio de 66.513 euros. Su activo rozaba los 850.000 euros y sus inversiones financieras a largo plazo se acercaban al medio millón. Si mantiene su promedio de ingresos, la sociedad podría superar durante 2026 la respetable cifra de cinco millones de euros de facturación acumulada.
Pero el dato más revelador no es solamente cuánto factura, sino la estructura con la que consigue hacerlo. En 2025 Sorben Partners tenía un único empleado, frente a los cuatro que llegó a registrar en 2019, su mejor ejercicio, cuando ingresó cerca de 900.000 euros. Su administrador único, el propio Soria, recibió 156.000 euros en 2025 y había llegado a asignarse 235.000 euros en 2018.
No estamos, por tanto, ante una consultora que necesite una numerosa plantilla de economistas, abogados, técnicos o analistas para producir estudios complejos. Su principal activo parece ser el propio José Manuel Soria in person. Y lo que este ofrece difícilmente podría separarse de la biografía política del exministro: conocimiento intensivo de la Administración, relaciones con antiguos colaboradores, acceso a gobernantes y empresarios y capacidad, real o supuesta, para conseguir una llamada, organizar una reunión o llevar a un cliente hasta el despacho adecuado.
¿“ASESORAR” O CABILDEAR?
En febrero de 2017, Soria comenzó a asesorar y representar formalmente al grupo hotelero Hotusa a través de Sorben Partners. Según la documentación publicada por Canarias Ahora, contactó con responsables de la red comercial exterior española en Omán, Turquía y Qatar para solicitar apoyo en la expansión internacional de Hotusa y pedir la organización de reuniones con operadores económicos e inversores. En los correos enviados para tal fin, José Manuel Soria ponía al servicio de sus clientes la red de contactos institucionales acumulada durante su etapa como ministro, llegando incluso a utilizar una dirección corporativa oficial del Ministerio de Industria para solicitar apoyo a la expansión internacional de Hotusa.
El vínculo con La Granja Insulators, luego denominada Verescence, fue algo posterior. Entre noviembre de 2018 y enero de 2019, Soria solicitó respaldo a los consejeros económicos y comerciales de España en Sudáfrica y en el área de África occidental, con jurisdicción sobre Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda, Mauricio y Seychelles. El objetivo era facilitar la penetración o ampliar la presencia de la compañía en mercados emergentes. No se limitó a elaborar informes o recomendaciones: contactó directamente con responsables de las delegaciones del ICEX y trató de organizar actuaciones de apoyo comercial para su cliente. Los documentos publicados muestran una actividad de intermediación institucional, en la que los contactos y la autoridad asociados a su anterior cargo público se ponían al servicio de una estrategia empresarial privada.
Su posterior recorrido empresarial ha estado estrechamente relacionado con sectores sobre los que ejerció responsabilidades como ministro. En 2018 se incorporó al Consejo de Administración de Domingo Alonso Group, uno de los principales importadores y distribuidores de Volkswagen, Audi y Skoda en Canarias y otros mercados. Durante su etapa ministerial, Soria había gestionado las consecuencias del llamado dieselgate —el fraude de Volkswagen que manipuló las pruebas de emisiones contaminantes—y mantuvo comunicación con ejecutivos de esa compañía para estudiar alternativas a las sanciones derivadas de dicho fraude.
Soria también pasó a presidir en España la filial de Island Green Power, compañía británica dedicada al desarrollo de proyectos fotovoltaicos. La incorporación resulta especialmente significativa porque, durante su etapa de ministro, el político grancanario había promovido lo que llegó a conocerse como “impuesto al sol”. Penalizó el autoconsumo y aplicó recortes retroactivos a las energías renovables. Después de abandonar el Gobierno comenzó a trabajar precisamente para una empresa cuyo negocio depende de autorizaciones, conexiones a la red, regulación energética y decisiones administrativas.
A ello se suma su puesto como asesor principal de Alantra Corporate Finance, especializada en banca de inversión, gestión de activos, fusiones, adquisiciones, deuda y reestructuraciones. Desde 2019 es además senior advisor de Grant Thornton y posteriormente se convirtió en socio de Grant Thornton Cuyás & Soria. La propia presentación corporativa de la firma resulta reveladora: Grant Thornton destacaba el “profundo conocimiento del mercado” del exministro, mientras Soria explicaba que su trabajo de consultoría y asesoramiento ayudaba a la multinacional a “abrirse camino en las Islas”. Pocas expresiones describen mejor el producto que se vende.
La actividad del exministro canario se ha extendido también a sectores como las residencias de mayores y la producción audiovisual.
Según reveló Canarias Ahora, Soria participó en septiembre de 2024 en una reunión celebrada en el despacho del presidente autonómico, Fernando Clavijo, para presentar a DomusVi, una multinacional francesa dedicada a los servicios sociosanitarios. La propia empresa confirmó el encuentro y lo inscribió dentro de su calendario habitual de relaciones institucionales con las comunidades autónomas.
El mismo medio atribuyó al exministro la intermediación para introducir en Canarias a La Cometa, productora vinculada a Sigma Dos que terminó asumiendo un programa de tarde en la televisión pública autonómica.
La naturaleza concreta de la actividad desarrollada por José Manuel Soria parece ser la de representar intereses empresariales, facilitar contactos con el Gobierno y procurar la entrada de determinadas compañías en espacios condicionados por decisiones públicas. Actividad que, si bien se presenta profesional y legalmente como un “asesoramiento estratégico" también puede encajar, perfectamente, en lo que se conoce como actividad de lobby o cabildeo.
PUERTAS GIRATORIAS
La actividad de José Manuel Soria, como la de tantos otros exministros y expresidentes, puede ajustarse perfectamente a la legalidad: antes de incorporarse al sector privado obtuvo la autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses. Precisamente ahí reside, sin embargo, el problema político que permite cuestionarla moralmente.
Las puertas giratorias no funcionan vulnerando la ley, sino aprovechando una legislación concebida para permitir que los conocimientos, las relaciones y los accesos privilegiados acumulados durante el ejercicio de un cargo público puedan convertirse, poco tiempo después, en una fuente de enriquecimiento.
Lo urgente, por tanto, es plantearse a quiénes interesan unas leyes que permiten que un antiguo ministro venda en el mercado las puertas que puede abrir gracias al poder que anteriormente ejerció en nombre de la ciudadanía.
La Ley 3/2015, por ejemplo, limita durante dos años la prestación de servicios a entidades privadas afectadas por decisiones concretas en las que hubiera participado el alto cargo. No impide, en cambio, trabajar en sectores que estuvieron bajo su responsabilidad ni utilizar los conocimientos y relaciones acumulados durante el mandato. Transcurridos esos dos años, incluso esas restricciones prácticamente desaparecen.
La legislación contempla el conflicto de intereses como una excepción individual y temporal, no como una consecuencia inherente a la circulación entre el Estado y las grandes empresas. Para declarar una incompatibilidad debe probarse una conexión directa entre una decisión concreta y la compañía que contrata al antiguo gobernante. De este modo, la puerta giratoria no necesita vulnerar la ley: le basta con esperar el plazo establecido, fragmentar los servicios mediante consultoras o presentarlos bajo la denominación de asesoramiento.
España seguía en 2026 sin disponer de una regulación estatal integral y plenamente operativa del lobby. El proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés continuaba tramitándose en el Congreso. El texto prevé un registro obligatorio, un código de conducta y una “huella normativa” que permita conocer quién ha tratado de influir sobre una decisión pública. Pero incluso una regulación de este tipo se convertirá en papel mojado si no aborda el privilegio de acceso del que disfrutan quienes proceden de las instituciones.
EL NEGOCIO DE LA INFLUENCIA
El caso de José Manuel Soria no constituye ninguna anomalía. Es, más bien, una expresión particularmente transparente de una práctica extendida entre los principales partidos políticos institucionales.
José María Aznar ha sido consejero de News Corp durante dos décadas y también ha trabajado para Endesa, Barrick Gold, KPMG, fondos de inversión y despachos internacionales.
Felipe González fue consejero de Gas Natural Fenosa —actual Naturgy— y posteriormente se incorporó al consejo de Boluda Towage, además de haber reconocido que asesoró a empresarios como el multimillonario mexicano Carlos Slim.
En los últimos meses, José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en noticia al ser imputado por un presunto tráfico de influencias relacionado con la compañía aérea Plus Ultra que él, por supuesto, ha negado. La existencia de ese procedimiento, por supuesto, no autoriza a anticipar ninguna culpabilidad, pero sí ha reabierto el debate sobre hasta qué punto lo que se vende como “asesoramiento” no es, en el caso de estos expolíticos, una forma de enmascarar la más pura y simple actividad de cabildeo.
La lista de antiguos ministros incorporados a "consultoras" o con puestos de consejeros en grandes empresas resulta demasiado extensa para poder dar cuenta de ella en este artículo.
Pedro Solbes fue consejo de Enel; Elena Salgado asesoró a una filial de Endesa; Ángel Acebes fue consejero de Iberdrola; José María Michavila trabajó para JP Morgan; Eduardo Zaplana fue contratado por Telefónica; Jordi Sevilla se incorporó a PwC; Isabel Tocino ocupó puestos en Santander y Enagás. No todos realizaron exactamente las mismas funciones, pero compartían un atributo especialmente valorado por el capital privado: haber ocupado posiciones centrales dentro del Estado.
Uno de los ejemplos más explícitos de cómo se venden los contactos políticos a las grandes compañías, e incluso a los estados, es el de Acento Public Affairs, fundada por el exministro socialista José Blanco y presidida por el también exministro Alfonso Alonso, del Partido Popular. La compañía se presenta abiertamente como una consultora de asuntos públicos y ha trabajado para grandes empresas, instituciones y gobiernos extranjeros, a los que puede "vender" sus buenos contactos con los dos partidos políticos que se turnan en la administración del Estado español.
Entre sus clientes figuró la dictadura alauita. Acento asesoró inicialmente a la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional ante las instituciones europeas y, posteriormente, fue contratada por la Embajada de Marruecos en Madrid para defender sus intereses en Bruselas, después de que la justicia europea anulara los acuerdos agrícolas y pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos por su aplicación al Sáhara Occidental ocupado sin el consentimiento del pueblo saharaui.
La consultora, impulsada por el exministro socialista "Pepiño" Blanco y presidida por el exministro popular Alfonso Alonso, estuvo también a punto de incorporar al exministro de Consumo Alberto Garzón. El ex coordinador de II tuvo que renunciar al puesto apenas un día después de anunciarse su fichaje, ante la avalancha de críticas recibidas, no sin antes expresar públicamente su desagrado por el "sectarismo" de cierta izquierda.
PRIVATIZAR UN CAPITAL CONSTRUIDO DESDE LO PÚBLICO
Huelga decir que las grandes empresas no contratan a un expresidente o a un exministro porque conozca mejor que nadie el funcionamiento técnico de una central eléctrica, una residencia de mayores, una productora de televisión, una cadena hotelera o una compañía automovilística. Lo contratan porque sabe cómo funciona el poder, conoce personalmente a quienes toman las decisiones y puede conseguir una audiencia que para cualquier ciudadano, trabajador autónomo o pequeña empresa resultaría inaccesible.
Ese capital de relaciones no fue construido en el mercado. Se acumuló ocupando alcaldías, Cabildos, Gobiernos autonómicos, Ministerios y organismos financiados con recursos públicos. Sin embargo, una vez terminado el mandato, puede privatizarse y venderse al mejor postor. La sociedad proporciona el cargo, la experiencia, la notoriedad y los contactos; las grandes empresas recogen después su rentabilidad.
José Manuel Soria, como tantos otros, ha sabido convertir una carrera pública abruptamente terminada por los Papeles de Panamá en un negocio que ya supera los 4,5 millones de euros facturados. Sorben Partners, con un único empleado, muestra de manera casi pedagógica cuál parece ser la mercancía decisiva en estas empresas de "asesoramiento": no una gran estructura productiva ni unos conocimientos excepcionales, sino un nombre, una agenda y una llave para abrir determinadas puertas.
Todo ello puede ajustarse, ciertamente, a la legalidad vigente. Pero que sea legal no significa que sea éticamente defendible o que responda a los intereses generales. Significa, fundamentalmente, que las puertas giratorias disponen de una legislación suficientemente laxa y permisiva para continuar girando en beneficio de unos pocos.
FUENTES
-Así van todas las puertas giratorias atravesadas por José Manuel Soria — Canarias Ahora
-El exministro Soria enfila los cinco millones facturados con Sorben Partners — elDiario.es
-Soria utilizó la red exterior del Gobierno para sus negocios privados — Canarias Ahora
-Grant Thornton anuncia su alianza con José Manuel Soria en Canarias
-Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo — BOE
-Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés — Congreso
-Havas adquiere una participación mayoritaria en Acento Public Affairs
Por CRISTÓBAL GARCÍA VERA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
José Manuel Soria abandonó el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en abril de 2016, después de que su nombre apareciera relacionado con sociedades radicadas en paraísos fiscales en los llamados "Papeles de Panamá" y de que sus contradictorias explicaciones terminaran haciendo insostenible su continuidad en el Gobierno. Se cerraba así una polémica carrera política de más de veinte años, durante la cual había sido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, presidente del Cabildo de Gran Canaria, vicepresidente del Gobierno autonómico, presidente del PP canario y ministro del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Sin embargo, su salida del Gobierno iba a significar igualmente el comienzo de una etapa profesional muchísimo más lucrativa que no se puede desligar del "capital" personal acumulado durante décadas gracias a la actividad política pagada por el erario público.
Una investigación publicada en el digital CanariasAhora.es reconstruyó las sucesivas puertas giratorias atravesadas por el exministro desde que abandonó el Ejecutivo español, desvelando las gestiones de Soria para DomusVi o la productora La Cometa, así como información sobre sus vínculos profesionales con el Grupo Hotusa, Domingo Alonso Group, Island Green Power Spain, Alantra Corporate Finance o Grant Thornton.
Apenas siete meses después de abandonar el Ministerio, en noviembre de 2016, Soria ya había constituido Sorben Partners, una empresa dedicada al asesoramiento y la consultoría que comenzó a operar en febrero de 2017. Las últimas cuentas depositadas por esta sociedad permiten conocer ahora la dimensión millonaria alcanzada por este negocio y valorar cómo las relaciones acumuladas durante el ejercicio del poder público pueden convertirse también en una lucrativa mercancía privada.
UNA CONSULTORA CON UN SOLO EMPLEADO
La empresa Sorben Partners, de José Manuel Soria, declara como objeto de su actividad el asesoramiento para la expansión nacional e internacional de empresas, a las que ofrece soluciones comerciales, financieras, jurídicas, técnicas y fiscales, además de exhaustivos estudios de mercado. Sin embargo, según los datos publicados por elDiario.es, no dispone siquiera de una página web pública en la que presente sus servicios ni identifica a sus clientes en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.
De acuerdo con la información publicada por el citado medio, desde el comienzo de su actividad hasta finales de 2025, Sorben Partners había facturado la friolera de 4.550.663 euros. Solo durante 2025 ingresó 408.228 euros, aproximadamente un 12% más que el año anterior, y obtuvo un beneficio de 66.513 euros. Su activo rozaba los 850.000 euros y sus inversiones financieras a largo plazo se acercaban al medio millón. Si mantiene su promedio de ingresos, la sociedad podría superar durante 2026 la respetable cifra de cinco millones de euros de facturación acumulada.
Pero el dato más revelador no es solamente cuánto factura, sino la estructura con la que consigue hacerlo. En 2025 Sorben Partners tenía un único empleado, frente a los cuatro que llegó a registrar en 2019, su mejor ejercicio, cuando ingresó cerca de 900.000 euros. Su administrador único, el propio Soria, recibió 156.000 euros en 2025 y había llegado a asignarse 235.000 euros en 2018.
No estamos, por tanto, ante una consultora que necesite una numerosa plantilla de economistas, abogados, técnicos o analistas para producir estudios complejos. Su principal activo parece ser el propio José Manuel Soria in person. Y lo que este ofrece difícilmente podría separarse de la biografía política del exministro: conocimiento intensivo de la Administración, relaciones con antiguos colaboradores, acceso a gobernantes y empresarios y capacidad, real o supuesta, para conseguir una llamada, organizar una reunión o llevar a un cliente hasta el despacho adecuado.
¿“ASESORAR” O CABILDEAR?
En febrero de 2017, Soria comenzó a asesorar y representar formalmente al grupo hotelero Hotusa a través de Sorben Partners. Según la documentación publicada por Canarias Ahora, contactó con responsables de la red comercial exterior española en Omán, Turquía y Qatar para solicitar apoyo en la expansión internacional de Hotusa y pedir la organización de reuniones con operadores económicos e inversores. En los correos enviados para tal fin, José Manuel Soria ponía al servicio de sus clientes la red de contactos institucionales acumulada durante su etapa como ministro, llegando incluso a utilizar una dirección corporativa oficial del Ministerio de Industria para solicitar apoyo a la expansión internacional de Hotusa.
El vínculo con La Granja Insulators, luego denominada Verescence, fue algo posterior. Entre noviembre de 2018 y enero de 2019, Soria solicitó respaldo a los consejeros económicos y comerciales de España en Sudáfrica y en el área de África occidental, con jurisdicción sobre Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda, Mauricio y Seychelles. El objetivo era facilitar la penetración o ampliar la presencia de la compañía en mercados emergentes. No se limitó a elaborar informes o recomendaciones: contactó directamente con responsables de las delegaciones del ICEX y trató de organizar actuaciones de apoyo comercial para su cliente. Los documentos publicados muestran una actividad de intermediación institucional, en la que los contactos y la autoridad asociados a su anterior cargo público se ponían al servicio de una estrategia empresarial privada.
Su posterior recorrido empresarial ha estado estrechamente relacionado con sectores sobre los que ejerció responsabilidades como ministro. En 2018 se incorporó al Consejo de Administración de Domingo Alonso Group, uno de los principales importadores y distribuidores de Volkswagen, Audi y Skoda en Canarias y otros mercados. Durante su etapa ministerial, Soria había gestionado las consecuencias del llamado dieselgate —el fraude de Volkswagen que manipuló las pruebas de emisiones contaminantes—y mantuvo comunicación con ejecutivos de esa compañía para estudiar alternativas a las sanciones derivadas de dicho fraude.
Soria también pasó a presidir en España la filial de Island Green Power, compañía británica dedicada al desarrollo de proyectos fotovoltaicos. La incorporación resulta especialmente significativa porque, durante su etapa de ministro, el político grancanario había promovido lo que llegó a conocerse como “impuesto al sol”. Penalizó el autoconsumo y aplicó recortes retroactivos a las energías renovables. Después de abandonar el Gobierno comenzó a trabajar precisamente para una empresa cuyo negocio depende de autorizaciones, conexiones a la red, regulación energética y decisiones administrativas.
A ello se suma su puesto como asesor principal de Alantra Corporate Finance, especializada en banca de inversión, gestión de activos, fusiones, adquisiciones, deuda y reestructuraciones. Desde 2019 es además senior advisor de Grant Thornton y posteriormente se convirtió en socio de Grant Thornton Cuyás & Soria. La propia presentación corporativa de la firma resulta reveladora: Grant Thornton destacaba el “profundo conocimiento del mercado” del exministro, mientras Soria explicaba que su trabajo de consultoría y asesoramiento ayudaba a la multinacional a “abrirse camino en las Islas”. Pocas expresiones describen mejor el producto que se vende.
La actividad del exministro canario se ha extendido también a sectores como las residencias de mayores y la producción audiovisual.
Según reveló Canarias Ahora, Soria participó en septiembre de 2024 en una reunión celebrada en el despacho del presidente autonómico, Fernando Clavijo, para presentar a DomusVi, una multinacional francesa dedicada a los servicios sociosanitarios. La propia empresa confirmó el encuentro y lo inscribió dentro de su calendario habitual de relaciones institucionales con las comunidades autónomas.
El mismo medio atribuyó al exministro la intermediación para introducir en Canarias a La Cometa, productora vinculada a Sigma Dos que terminó asumiendo un programa de tarde en la televisión pública autonómica.
La naturaleza concreta de la actividad desarrollada por José Manuel Soria parece ser la de representar intereses empresariales, facilitar contactos con el Gobierno y procurar la entrada de determinadas compañías en espacios condicionados por decisiones públicas. Actividad que, si bien se presenta profesional y legalmente como un “asesoramiento estratégico" también puede encajar, perfectamente, en lo que se conoce como actividad de lobby o cabildeo.
PUERTAS GIRATORIAS
La actividad de José Manuel Soria, como la de tantos otros exministros y expresidentes, puede ajustarse perfectamente a la legalidad: antes de incorporarse al sector privado obtuvo la autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses. Precisamente ahí reside, sin embargo, el problema político que permite cuestionarla moralmente.
Las puertas giratorias no funcionan vulnerando la ley, sino aprovechando una legislación concebida para permitir que los conocimientos, las relaciones y los accesos privilegiados acumulados durante el ejercicio de un cargo público puedan convertirse, poco tiempo después, en una fuente de enriquecimiento.
Lo urgente, por tanto, es plantearse a quiénes interesan unas leyes que permiten que un antiguo ministro venda en el mercado las puertas que puede abrir gracias al poder que anteriormente ejerció en nombre de la ciudadanía.
La Ley 3/2015, por ejemplo, limita durante dos años la prestación de servicios a entidades privadas afectadas por decisiones concretas en las que hubiera participado el alto cargo. No impide, en cambio, trabajar en sectores que estuvieron bajo su responsabilidad ni utilizar los conocimientos y relaciones acumulados durante el mandato. Transcurridos esos dos años, incluso esas restricciones prácticamente desaparecen.
La legislación contempla el conflicto de intereses como una excepción individual y temporal, no como una consecuencia inherente a la circulación entre el Estado y las grandes empresas. Para declarar una incompatibilidad debe probarse una conexión directa entre una decisión concreta y la compañía que contrata al antiguo gobernante. De este modo, la puerta giratoria no necesita vulnerar la ley: le basta con esperar el plazo establecido, fragmentar los servicios mediante consultoras o presentarlos bajo la denominación de asesoramiento.
España seguía en 2026 sin disponer de una regulación estatal integral y plenamente operativa del lobby. El proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés continuaba tramitándose en el Congreso. El texto prevé un registro obligatorio, un código de conducta y una “huella normativa” que permita conocer quién ha tratado de influir sobre una decisión pública. Pero incluso una regulación de este tipo se convertirá en papel mojado si no aborda el privilegio de acceso del que disfrutan quienes proceden de las instituciones.
EL NEGOCIO DE LA INFLUENCIA
El caso de José Manuel Soria no constituye ninguna anomalía. Es, más bien, una expresión particularmente transparente de una práctica extendida entre los principales partidos políticos institucionales.
José María Aznar ha sido consejero de News Corp durante dos décadas y también ha trabajado para Endesa, Barrick Gold, KPMG, fondos de inversión y despachos internacionales.
Felipe González fue consejero de Gas Natural Fenosa —actual Naturgy— y posteriormente se incorporó al consejo de Boluda Towage, además de haber reconocido que asesoró a empresarios como el multimillonario mexicano Carlos Slim.
En los últimos meses, José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en noticia al ser imputado por un presunto tráfico de influencias relacionado con la compañía aérea Plus Ultra que él, por supuesto, ha negado. La existencia de ese procedimiento, por supuesto, no autoriza a anticipar ninguna culpabilidad, pero sí ha reabierto el debate sobre hasta qué punto lo que se vende como “asesoramiento” no es, en el caso de estos expolíticos, una forma de enmascarar la más pura y simple actividad de cabildeo.
La lista de antiguos ministros incorporados a "consultoras" o con puestos de consejeros en grandes empresas resulta demasiado extensa para poder dar cuenta de ella en este artículo.
Pedro Solbes fue consejo de Enel; Elena Salgado asesoró a una filial de Endesa; Ángel Acebes fue consejero de Iberdrola; José María Michavila trabajó para JP Morgan; Eduardo Zaplana fue contratado por Telefónica; Jordi Sevilla se incorporó a PwC; Isabel Tocino ocupó puestos en Santander y Enagás. No todos realizaron exactamente las mismas funciones, pero compartían un atributo especialmente valorado por el capital privado: haber ocupado posiciones centrales dentro del Estado.
Uno de los ejemplos más explícitos de cómo se venden los contactos políticos a las grandes compañías, e incluso a los estados, es el de Acento Public Affairs, fundada por el exministro socialista José Blanco y presidida por el también exministro Alfonso Alonso, del Partido Popular. La compañía se presenta abiertamente como una consultora de asuntos públicos y ha trabajado para grandes empresas, instituciones y gobiernos extranjeros, a los que puede "vender" sus buenos contactos con los dos partidos políticos que se turnan en la administración del Estado español.
Entre sus clientes figuró la dictadura alauita. Acento asesoró inicialmente a la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional ante las instituciones europeas y, posteriormente, fue contratada por la Embajada de Marruecos en Madrid para defender sus intereses en Bruselas, después de que la justicia europea anulara los acuerdos agrícolas y pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos por su aplicación al Sáhara Occidental ocupado sin el consentimiento del pueblo saharaui.
La consultora, impulsada por el exministro socialista "Pepiño" Blanco y presidida por el exministro popular Alfonso Alonso, estuvo también a punto de incorporar al exministro de Consumo Alberto Garzón. El ex coordinador de II tuvo que renunciar al puesto apenas un día después de anunciarse su fichaje, ante la avalancha de críticas recibidas, no sin antes expresar públicamente su desagrado por el "sectarismo" de cierta izquierda.
PRIVATIZAR UN CAPITAL CONSTRUIDO DESDE LO PÚBLICO
Huelga decir que las grandes empresas no contratan a un expresidente o a un exministro porque conozca mejor que nadie el funcionamiento técnico de una central eléctrica, una residencia de mayores, una productora de televisión, una cadena hotelera o una compañía automovilística. Lo contratan porque sabe cómo funciona el poder, conoce personalmente a quienes toman las decisiones y puede conseguir una audiencia que para cualquier ciudadano, trabajador autónomo o pequeña empresa resultaría inaccesible.
Ese capital de relaciones no fue construido en el mercado. Se acumuló ocupando alcaldías, Cabildos, Gobiernos autonómicos, Ministerios y organismos financiados con recursos públicos. Sin embargo, una vez terminado el mandato, puede privatizarse y venderse al mejor postor. La sociedad proporciona el cargo, la experiencia, la notoriedad y los contactos; las grandes empresas recogen después su rentabilidad.
José Manuel Soria, como tantos otros, ha sabido convertir una carrera pública abruptamente terminada por los Papeles de Panamá en un negocio que ya supera los 4,5 millones de euros facturados. Sorben Partners, con un único empleado, muestra de manera casi pedagógica cuál parece ser la mercancía decisiva en estas empresas de "asesoramiento": no una gran estructura productiva ni unos conocimientos excepcionales, sino un nombre, una agenda y una llave para abrir determinadas puertas.
Todo ello puede ajustarse, ciertamente, a la legalidad vigente. Pero que sea legal no significa que sea éticamente defendible o que responda a los intereses generales. Significa, fundamentalmente, que las puertas giratorias disponen de una legislación suficientemente laxa y permisiva para continuar girando en beneficio de unos pocos.
FUENTES
-Así van todas las puertas giratorias atravesadas por José Manuel Soria — Canarias Ahora
-El exministro Soria enfila los cinco millones facturados con Sorben Partners — elDiario.es
-Soria utilizó la red exterior del Gobierno para sus negocios privados — Canarias Ahora
-Grant Thornton anuncia su alianza con José Manuel Soria en Canarias
-Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo — BOE
-Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés — Congreso
-Havas adquiere una participación mayoritaria en Acento Public Affairs



























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