CINCO AÑOS DESPUÉS DEL VOLCÁN, LOS AGRICULTORES DE LA PALMA SIGUEN ESPERANDO
ASEPALMA exige a los gobiernos canario y estatal que cumplan los compromisos adquiridos con los damnificados
Cinco años después de la erupción de La Palma, numerosos agricultores continúan sin poder recuperar sus fincas. ASEPALMA denuncia nuevos retrasos en las ayudas y teme que parte de los 100 millones comprometidos se destine a otras finalidades. ¿Cumplirán los gobiernos lo prometido o volverán a quedarse los damnificados esperando?
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (ASEPALMA) ha expresado "su preocupación" ante la posibilidad de que una parte de los fondos comprometidos para la recuperación agraria del Valle de Aridane termine destinándose a otras finalidades. La organización exige que la Comisión Mixta Canarias-Estado, convocada para este jueves 12 de noviembre, concrete las cantidades, prioridades y plazos de unas ayudas que numerosos agricultores continúan esperando cinco años después de la erupción volcánica.
LOS COMPROMISOS DE JULIO, OTRA VEZ SOBRE LA MESA
La asociación recuerda que las prioridades para la reconstrucción agrícola fueron abordadas en dos encuentros institucionales celebrados durante el pasado verano. El primero tuvo lugar el 9 de julio en Madrid, con representantes del Ministerio de Política Territorial. El segundo se desarrolló el 24 de julio, con participación del Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y ASEPALMA.
En aquella última reunión, según explica el colectivo, ambas administraciones asumieron un documento elaborado por la asociación que cifraba en aproximadamente 223 millones de euros las necesidades de financiación pública todavía pendientes para completar la recuperación agraria.
El Cabildo llegó a señalar entonces, mediante un comunicado, que serían los propios agricultores y el sector primario quienes establecerían las prioridades de actuación.
Sin embargo, ASEPALMA considera que los acontecimientos posteriores han generado incertidumbre sobre el cumplimiento de aquellos acuerdos. La asociación reclama que las declaraciones institucionales se traduzcan ahora en decisiones presupuestarias concretas.
¿QUÉ OCURRIRÁ CON LOS 100 MILLONES COMPROMETIDOS?
La principal preocupación del colectivo se centra en el destino de los primeros fondos anunciados para la reconstrucción.
Según la información trasladada a ASEPALMA, una primera partida de 68 millones de euros se incorporará a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias. La asociación teme que parte de los 100 millones comprometidos termine utilizándose para indemnizar la pérdida de segundas viviendas y financiar otras actuaciones distintas de las acordadas inicialmente con los representantes agrarios.
El colectivo no cuestiona en su comunicado las necesidades de otros damnificados, pero exige que cualquier modificación de las prioridades previamente pactadas vaya acompañada de una explicación sobre cómo se financiarán las necesidades agrícolas que quedarían pendientes.
También señala que alrededor de 31 millones de euros se canalizarán a través de la Consejería de Agricultura para financiar ayudas del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) y trabajos relacionados con la retirada de cenizas.
ASEPALMA reclama conocer el reparto completo, las cantidades asignadas a cada actuación y el calendario previsto para su ejecución.
AGRICULTORES SIN PRODUCCIÓN Y COMPENSACIONES APLAZADAS
Uno de los asuntos que más preocupa a la asociación es el retraso en las compensaciones por kilogramo improductivo, concebidas para ayudar a quienes todavía no pueden recuperar la actividad agrícola de sus fincas.
Según denuncia ASEPALMA, la financiación de estas ayudas ya está concretada, pero continúa pendiente establecer el mecanismo jurídico que permita abonarlas.
La organización asegura haber recibido información según la cual las dificultades administrativas podrían retrasar su aplicación otros cuatro meses.
Ante esta posibilidad, exige a las consejerías de Presidencia, Agricultura y Hacienda del Gobierno de Canarias que encuentren una solución antes de que termine 2026.
El colectivo considera especialmente grave que, cinco años después del inicio de la erupción, todavía existan agricultores que carezcan de las condiciones necesarias para recuperar sus medios de vida.
La falta de accesos, las infraestructuras hidráulicas pendientes, los obstáculos para obtener licencias y el despliegue incompleto de las ayudas siguen condicionando, según la asociación, la reconstrucción de las explotaciones sepultadas por la lava.
ASEPALMA advierte además de una posible consecuencia social: que algunos propietarios, agotados por los retrasos y sin recursos para continuar esperando, terminen vendiendo sus terrenos a quienes disponen de mayor capacidad económica.
De producirse esa situación, la reconstrucción podría ir acompañada de cambios en la propiedad de la tierra, perjudicando a agricultores que pretenden recuperar su actividad.
AYUDAS PENDIENTES PARA FINCAS E INFRAESTRUCTURAS
Las reclamaciones de ASEPALMA incluyen necesidades que van más allá de las compensaciones por la producción perdida.
La asociación exige financiar la diferencia entre el valor reconocido de los bienes destruidos y el coste real de reconstruir las explotaciones. También reclama compensaciones por las instalaciones agrarias desaparecidas, actuaciones sobre las comunidades de agua y las redes de riego, y el abono del 81% que considera pendiente por el sobrecoste de limpieza de cenizas sobre la fruta.
En este contexto, recuerda que el Gobierno de Canarias aprobó el 12 de mayo de 2025 una orden de ayudas para negocios afectados por la emergencia volcánica cuya actividad seguía paralizada durante 2024.
ASEPALMA utiliza este antecedente para insistir en que los agricultores también necesitan mecanismos que les permitan sostenerse económicamente mientras persista la imposibilidad de producir.
LA COMISIÓN MIXTA, ANTE UNA NUEVA EXIGENCIA DE RESPUESTAS
La asociación dirige sus reclamaciones tanto al Gobierno de España como al Ejecutivo autonómico y a las fuerzas políticas con responsabilidades institucionales.
Al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le solicita una respuesta concreta sobre las prioridades acordadas en julio y sobre los 123 millones de euros adicionales que considera necesarios para culminar la reconstrucción.
Al PSOE y al PP les reclama acuerdos que puedan ejecutarse, mientras que al Gobierno de Canarias le exige garantías sobre el destino de los fondos y explicaciones acerca de cualquier modificación del reparto previsto.
La Comisión Mixta reúne a representantes del Estado, el Gobierno autonómico, el Cabildo y los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.
ASEPALMA considera que su reunión del 12 de noviembre debe servir para aclarar las incertidumbres financieras y establecer compromisos verificables.
La asociación anuncia que, si persisten los retrasos o se modifican las prioridades, podrá solicitar nuevas reuniones con las cooperativas y las administraciones implicadas.
Su reivindicación fundamental es que los compromisos adquiridos con los agricultores se materialicen en financiación efectiva y fechas concretas, de manera que la reconstrucción permita recuperar las explotaciones agrícolas y mantener la actividad de quienes perdieron sus medios de producción durante la erupción de 2021.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (ASEPALMA) ha expresado "su preocupación" ante la posibilidad de que una parte de los fondos comprometidos para la recuperación agraria del Valle de Aridane termine destinándose a otras finalidades. La organización exige que la Comisión Mixta Canarias-Estado, convocada para este jueves 12 de noviembre, concrete las cantidades, prioridades y plazos de unas ayudas que numerosos agricultores continúan esperando cinco años después de la erupción volcánica.
LOS COMPROMISOS DE JULIO, OTRA VEZ SOBRE LA MESA
La asociación recuerda que las prioridades para la reconstrucción agrícola fueron abordadas en dos encuentros institucionales celebrados durante el pasado verano. El primero tuvo lugar el 9 de julio en Madrid, con representantes del Ministerio de Política Territorial. El segundo se desarrolló el 24 de julio, con participación del Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y ASEPALMA.
En aquella última reunión, según explica el colectivo, ambas administraciones asumieron un documento elaborado por la asociación que cifraba en aproximadamente 223 millones de euros las necesidades de financiación pública todavía pendientes para completar la recuperación agraria.
El Cabildo llegó a señalar entonces, mediante un comunicado, que serían los propios agricultores y el sector primario quienes establecerían las prioridades de actuación.
Sin embargo, ASEPALMA considera que los acontecimientos posteriores han generado incertidumbre sobre el cumplimiento de aquellos acuerdos. La asociación reclama que las declaraciones institucionales se traduzcan ahora en decisiones presupuestarias concretas.
¿QUÉ OCURRIRÁ CON LOS 100 MILLONES COMPROMETIDOS?
La principal preocupación del colectivo se centra en el destino de los primeros fondos anunciados para la reconstrucción.
Según la información trasladada a ASEPALMA, una primera partida de 68 millones de euros se incorporará a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias. La asociación teme que parte de los 100 millones comprometidos termine utilizándose para indemnizar la pérdida de segundas viviendas y financiar otras actuaciones distintas de las acordadas inicialmente con los representantes agrarios.
El colectivo no cuestiona en su comunicado las necesidades de otros damnificados, pero exige que cualquier modificación de las prioridades previamente pactadas vaya acompañada de una explicación sobre cómo se financiarán las necesidades agrícolas que quedarían pendientes.
También señala que alrededor de 31 millones de euros se canalizarán a través de la Consejería de Agricultura para financiar ayudas del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) y trabajos relacionados con la retirada de cenizas.
ASEPALMA reclama conocer el reparto completo, las cantidades asignadas a cada actuación y el calendario previsto para su ejecución.
AGRICULTORES SIN PRODUCCIÓN Y COMPENSACIONES APLAZADAS
Uno de los asuntos que más preocupa a la asociación es el retraso en las compensaciones por kilogramo improductivo, concebidas para ayudar a quienes todavía no pueden recuperar la actividad agrícola de sus fincas.
Según denuncia ASEPALMA, la financiación de estas ayudas ya está concretada, pero continúa pendiente establecer el mecanismo jurídico que permita abonarlas.
La organización asegura haber recibido información según la cual las dificultades administrativas podrían retrasar su aplicación otros cuatro meses.
Ante esta posibilidad, exige a las consejerías de Presidencia, Agricultura y Hacienda del Gobierno de Canarias que encuentren una solución antes de que termine 2026.
El colectivo considera especialmente grave que, cinco años después del inicio de la erupción, todavía existan agricultores que carezcan de las condiciones necesarias para recuperar sus medios de vida.
La falta de accesos, las infraestructuras hidráulicas pendientes, los obstáculos para obtener licencias y el despliegue incompleto de las ayudas siguen condicionando, según la asociación, la reconstrucción de las explotaciones sepultadas por la lava.
ASEPALMA advierte además de una posible consecuencia social: que algunos propietarios, agotados por los retrasos y sin recursos para continuar esperando, terminen vendiendo sus terrenos a quienes disponen de mayor capacidad económica.
De producirse esa situación, la reconstrucción podría ir acompañada de cambios en la propiedad de la tierra, perjudicando a agricultores que pretenden recuperar su actividad.
AYUDAS PENDIENTES PARA FINCAS E INFRAESTRUCTURAS
Las reclamaciones de ASEPALMA incluyen necesidades que van más allá de las compensaciones por la producción perdida.
La asociación exige financiar la diferencia entre el valor reconocido de los bienes destruidos y el coste real de reconstruir las explotaciones. También reclama compensaciones por las instalaciones agrarias desaparecidas, actuaciones sobre las comunidades de agua y las redes de riego, y el abono del 81% que considera pendiente por el sobrecoste de limpieza de cenizas sobre la fruta.
En este contexto, recuerda que el Gobierno de Canarias aprobó el 12 de mayo de 2025 una orden de ayudas para negocios afectados por la emergencia volcánica cuya actividad seguía paralizada durante 2024.
ASEPALMA utiliza este antecedente para insistir en que los agricultores también necesitan mecanismos que les permitan sostenerse económicamente mientras persista la imposibilidad de producir.
LA COMISIÓN MIXTA, ANTE UNA NUEVA EXIGENCIA DE RESPUESTAS
La asociación dirige sus reclamaciones tanto al Gobierno de España como al Ejecutivo autonómico y a las fuerzas políticas con responsabilidades institucionales.
Al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le solicita una respuesta concreta sobre las prioridades acordadas en julio y sobre los 123 millones de euros adicionales que considera necesarios para culminar la reconstrucción.
Al PSOE y al PP les reclama acuerdos que puedan ejecutarse, mientras que al Gobierno de Canarias le exige garantías sobre el destino de los fondos y explicaciones acerca de cualquier modificación del reparto previsto.
La Comisión Mixta reúne a representantes del Estado, el Gobierno autonómico, el Cabildo y los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.
ASEPALMA considera que su reunión del 12 de noviembre debe servir para aclarar las incertidumbres financieras y establecer compromisos verificables.
La asociación anuncia que, si persisten los retrasos o se modifican las prioridades, podrá solicitar nuevas reuniones con las cooperativas y las administraciones implicadas.
Su reivindicación fundamental es que los compromisos adquiridos con los agricultores se materialicen en financiación efectiva y fechas concretas, de manera que la reconstrucción permita recuperar las explotaciones agrícolas y mantener la actividad de quienes perdieron sus medios de producción durante la erupción de 2021.
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