CONTRA LOS ALQUILERES ABUSIVOS Y EL RACISMO: LOS MIGRANTES LLAMAN A LA HUELGA GENERAL
El colectivo de migrantes Tinkuy vincula la crisis habitacional con los bajos salarios y exige intervenir sobre los grandes propietarios, la banca y los fondos de inversión
El Colectivo de Migrantes Tinkuy denuncia que los alquileres abusivos, los bajos salarios y la discriminación racista están dejando a numerosas familias trabajadoras sin posibilidades de acceder a una vivienda digna.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el Colectivo de Migrantes Tinkuy ha denunciado las crecientes dificultades que afrontan las familias trabajadoras para acceder a una vivienda digna, una situación que, según la organización, resulta especialmente grave para la población migrante. Con motivo de la huelga general convocada para el 11 de noviembre, el colectivo reclama medidas contra la especulación inmobiliaria, la discriminación racista y la precariedad laboral.
CUANDO TENER TRABAJO YA NO GARANTIZA TENER UNA CASA
El acceso a la vivienda se ha convertido en una preocupación cotidiana para miles de familias trabajadoras. Los alquileres elevados, el encarecimiento de la propiedad y las exigencias hipotecarias dificultan que incluso quienes disponen de ingresos regulares puedan establecer un hogar con cierta estabilidad.
En su declaración, fechada en Vitoria-Gasteiz el 6 de noviembre, el Colectivo de Migrantes Tinkuy sostiene que esta situación revela una contradicción del actual modelo económico: mientras los trabajadores participan diariamente en la producción de riqueza, una parte creciente de sus ingresos debe destinarse a satisfacer las exigencias del mercado inmobiliario.
La organización cuestiona que disponer de un empleo haya dejado de ser garantía suficiente para acceder a una necesidad elemental. A su juicio, los salarios y las condiciones laborales de amplios sectores de la población resultan incompatibles con los precios que se exigen por alquilar o comprar una vivienda.
"El problema -advierte Tinkuy- adquiere características todavía más graves cuando afecta a trabajadores procedentes de otros países".
LAS BARRERAS ADICIONALES QUE SUFRE LA POBLACIÓN MIGRANTE
Según denuncia el colectivo, las personas migrantes llevan años enfrentándose a dificultades habitacionales que ahora comienzan a ocupar un lugar destacado en el debate público.
A los elevados precios se añaden obstáculos específicos, como la ausencia de familiares que puedan proporcionar avales, las garantías económicas exigidas por determinados propietarios y las prácticas discriminatorias que, según la organización, sufren numerosos solicitantes de vivienda por su origen o nacionalidad.
Tinkuy señala que estas barreras pueden mantenerse incluso cuando las personas afectadas tienen contratos de trabajo e ingresos regulares. En consecuencia, la discriminación inmobiliaria termina agravando las desigualdades económicas existentes.
El comunicado denuncia una contradicción particularmente injusta: a las personas migrantes se les exige demostrar una estabilidad económica que sus propias condiciones laborales y sociales dificultan conseguir.
La falta de redes familiares de apoyo, especialmente importantes cuando aparecen problemas económicos inesperados, incrementa además la vulnerabilidad ante la pérdida del empleo, una subida del alquiler o una situación de emergencia.
Para el colectivo, esta realidad demuestra que las dificultades para acceder a una vivienda están relacionadas tanto con la posición económica de cada familia como con las desigualdades y discriminaciones que atraviesan la sociedad.
LA VIVIENDA COMO NEGOCIO FRENTE A LA VIVIENDA COMO DERECHO
La declaración de Tinkuy identifica en la mercantilización de la vivienda una de las principales causas estructurales de la crisis habitacional.
El colectivo considera que las viviendas se han convertido progresivamente en activos destinados a generar rentabilidad, en lugar de satisfacer prioritariamente las necesidades residenciales de la población.
En este contexto menciona expresamente a grandes operadores financieros e inmobiliarios, entre ellos Blackstone, BlackRock, Cerberus y Lone Star, como participantes de un mercado en el que, según denuncia, los intereses de los inversores se anteponen al derecho de las familias a disponer de un hogar.
La organización también reclama examinar la responsabilidad de las entidades bancarias, recordando el papel que desempeñaron durante la crisis inmobiliaria.
Desde esta perspectiva, Tinkuy rechaza que la actual situación pueda explicarse únicamente como un desequilibrio inevitable entre oferta y demanda. Considera que responde a decisiones económicas y políticas que permiten acumular inmuebles con fines especulativos mientras numerosos trabajadores encuentran dificultades para acceder a ellos.
El resultado, según el comunicado, es una distribución profundamente desigual de un recurso indispensable para la vida cotidiana.
EXPROPIAR VIVIENDAS DE GRANDES TENEDORES Y LIMITAR LOS ALQUILERES
Frente a esta situación, el Colectivo de Migrantes Tinkuy propone una intervención pública que modifique las condiciones actuales del mercado inmobiliario.
Entre sus principales reivindicaciones figura establecer límites efectivos a los precios del alquiler, con el propósito de impedir incrementos incompatibles con los ingresos de la población trabajadora.
Exigen, asismismo, restringir drásticamente los alquileres turísticos y especulativos, de manera que las viviendas destinadas a estos usos puedan recuperarse para satisfacer necesidades residenciales.
Una de sus propuestas más contundentes consiste en expropiar viviendas pertenecientes a grandes tenedores, fondos de inversión y entidades bancarias, incorporándolas a un parque público de alquiler social y asequible.
La organización defiende también ampliar de forma permanente la vivienda pública y mantenerla fuera de los circuitos especulativos, evitando que termine nuevamente sometida a las dinámicas del mercado privado.
Estas medidas deberían acompañarse -según Tinkuy- de actuaciones contra la discriminación inmobiliaria, garantizando el acceso a la vivienda independientemente del origen, la nacionalidad o la situación administrativa de las personas.
El colectivo insiste igualmente en que ninguna política habitacional será suficiente si no se acompaña de mejoras salariales y de una reducción efectiva de la precariedad laboral.
LA HUELGA DEL 11 DE NOVIEMBRE COMO RESPUESTA COLECTIVA
Para Tinkuy, la defensa del derecho a la vivienda forma parte de una lucha social más amplia contra la desigualdad, el racismo y la explotación laboral.
La organización reivindica que las personas migrantes forman parte de la clase trabajadora y contribuyen al funcionamiento de numerosos sectores económicos. Por ello, rechaza que puedan ser tratadas como ciudadanos de segunda categoría a la hora de acceder a derechos fundamentales.
Su declaración vincula expresamente la crisis habitacional con el deterioro de las condiciones de trabajo y la creciente inseguridad económica que afecta a amplias capas de la población.
En consecuencia, el colectivo anuncia su respaldo a la huelga general del 11 de noviembre de 2026 y llama a los trabajadores a abandonar sus centros laborales durante la jornada para participar en las movilizaciones.
Tinkuy considera que la protesta debe servir para reclamar una sociedad en la que ninguna familia se vea obligada a abandonar su barrio por no poder pagar el alquiler y donde disponer de un hogar no dependa del patrimonio familiar.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el Colectivo de Migrantes Tinkuy ha denunciado las crecientes dificultades que afrontan las familias trabajadoras para acceder a una vivienda digna, una situación que, según la organización, resulta especialmente grave para la población migrante. Con motivo de la huelga general convocada para el 11 de noviembre, el colectivo reclama medidas contra la especulación inmobiliaria, la discriminación racista y la precariedad laboral.
CUANDO TENER TRABAJO YA NO GARANTIZA TENER UNA CASA
El acceso a la vivienda se ha convertido en una preocupación cotidiana para miles de familias trabajadoras. Los alquileres elevados, el encarecimiento de la propiedad y las exigencias hipotecarias dificultan que incluso quienes disponen de ingresos regulares puedan establecer un hogar con cierta estabilidad.
En su declaración, fechada en Vitoria-Gasteiz el 6 de noviembre, el Colectivo de Migrantes Tinkuy sostiene que esta situación revela una contradicción del actual modelo económico: mientras los trabajadores participan diariamente en la producción de riqueza, una parte creciente de sus ingresos debe destinarse a satisfacer las exigencias del mercado inmobiliario.
La organización cuestiona que disponer de un empleo haya dejado de ser garantía suficiente para acceder a una necesidad elemental. A su juicio, los salarios y las condiciones laborales de amplios sectores de la población resultan incompatibles con los precios que se exigen por alquilar o comprar una vivienda.
"El problema -advierte Tinkuy- adquiere características todavía más graves cuando afecta a trabajadores procedentes de otros países".
LAS BARRERAS ADICIONALES QUE SUFRE LA POBLACIÓN MIGRANTE
Según denuncia el colectivo, las personas migrantes llevan años enfrentándose a dificultades habitacionales que ahora comienzan a ocupar un lugar destacado en el debate público.
A los elevados precios se añaden obstáculos específicos, como la ausencia de familiares que puedan proporcionar avales, las garantías económicas exigidas por determinados propietarios y las prácticas discriminatorias que, según la organización, sufren numerosos solicitantes de vivienda por su origen o nacionalidad.
Tinkuy señala que estas barreras pueden mantenerse incluso cuando las personas afectadas tienen contratos de trabajo e ingresos regulares. En consecuencia, la discriminación inmobiliaria termina agravando las desigualdades económicas existentes.
El comunicado denuncia una contradicción particularmente injusta: a las personas migrantes se les exige demostrar una estabilidad económica que sus propias condiciones laborales y sociales dificultan conseguir.
La falta de redes familiares de apoyo, especialmente importantes cuando aparecen problemas económicos inesperados, incrementa además la vulnerabilidad ante la pérdida del empleo, una subida del alquiler o una situación de emergencia.
Para el colectivo, esta realidad demuestra que las dificultades para acceder a una vivienda están relacionadas tanto con la posición económica de cada familia como con las desigualdades y discriminaciones que atraviesan la sociedad.
LA VIVIENDA COMO NEGOCIO FRENTE A LA VIVIENDA COMO DERECHO
La declaración de Tinkuy identifica en la mercantilización de la vivienda una de las principales causas estructurales de la crisis habitacional.
El colectivo considera que las viviendas se han convertido progresivamente en activos destinados a generar rentabilidad, en lugar de satisfacer prioritariamente las necesidades residenciales de la población.
En este contexto menciona expresamente a grandes operadores financieros e inmobiliarios, entre ellos Blackstone, BlackRock, Cerberus y Lone Star, como participantes de un mercado en el que, según denuncia, los intereses de los inversores se anteponen al derecho de las familias a disponer de un hogar.
La organización también reclama examinar la responsabilidad de las entidades bancarias, recordando el papel que desempeñaron durante la crisis inmobiliaria.
Desde esta perspectiva, Tinkuy rechaza que la actual situación pueda explicarse únicamente como un desequilibrio inevitable entre oferta y demanda. Considera que responde a decisiones económicas y políticas que permiten acumular inmuebles con fines especulativos mientras numerosos trabajadores encuentran dificultades para acceder a ellos.
El resultado, según el comunicado, es una distribución profundamente desigual de un recurso indispensable para la vida cotidiana.
EXPROPIAR VIVIENDAS DE GRANDES TENEDORES Y LIMITAR LOS ALQUILERES
Frente a esta situación, el Colectivo de Migrantes Tinkuy propone una intervención pública que modifique las condiciones actuales del mercado inmobiliario.
Entre sus principales reivindicaciones figura establecer límites efectivos a los precios del alquiler, con el propósito de impedir incrementos incompatibles con los ingresos de la población trabajadora.
Exigen, asismismo, restringir drásticamente los alquileres turísticos y especulativos, de manera que las viviendas destinadas a estos usos puedan recuperarse para satisfacer necesidades residenciales.
Una de sus propuestas más contundentes consiste en expropiar viviendas pertenecientes a grandes tenedores, fondos de inversión y entidades bancarias, incorporándolas a un parque público de alquiler social y asequible.
La organización defiende también ampliar de forma permanente la vivienda pública y mantenerla fuera de los circuitos especulativos, evitando que termine nuevamente sometida a las dinámicas del mercado privado.
Estas medidas deberían acompañarse -según Tinkuy- de actuaciones contra la discriminación inmobiliaria, garantizando el acceso a la vivienda independientemente del origen, la nacionalidad o la situación administrativa de las personas.
El colectivo insiste igualmente en que ninguna política habitacional será suficiente si no se acompaña de mejoras salariales y de una reducción efectiva de la precariedad laboral.
LA HUELGA DEL 11 DE NOVIEMBRE COMO RESPUESTA COLECTIVA
Para Tinkuy, la defensa del derecho a la vivienda forma parte de una lucha social más amplia contra la desigualdad, el racismo y la explotación laboral.
La organización reivindica que las personas migrantes forman parte de la clase trabajadora y contribuyen al funcionamiento de numerosos sectores económicos. Por ello, rechaza que puedan ser tratadas como ciudadanos de segunda categoría a la hora de acceder a derechos fundamentales.
Su declaración vincula expresamente la crisis habitacional con el deterioro de las condiciones de trabajo y la creciente inseguridad económica que afecta a amplias capas de la población.
En consecuencia, el colectivo anuncia su respaldo a la huelga general del 11 de noviembre de 2026 y llama a los trabajadores a abandonar sus centros laborales durante la jornada para participar en las movilizaciones.
Tinkuy considera que la protesta debe servir para reclamar una sociedad en la que ninguna familia se vea obligada a abandonar su barrio por no poder pagar el alquiler y donde disponer de un hogar no dependa del patrimonio familiar.
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