Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   La mañana de este miércoles, una familia de siete miembros —entre ellos cuatro menores— fue desahuciada en Las Palmas de Gran Canaria tras no poder hacer frente al pago del alquiler de su vivienda.

  La familia llevaba tiempo intentando evitar el lanzamiento judicial. En otras ocasiones habían conseguido frenarlo gracias a las medidas del llamado “escudo social”, el conjunto de protecciones aprobadas durante la pandemia para impedir desahucios de familias vulnerables. Sin embargo, esa protección dejó de aplicarse recientemente tras decaer su prórroga en el Congreso.

  Cuando la comitiva judicial llegó a la vivienda, la familia pidió tiempo. Primero solicitaron un mes. Después, al menos una semana para poder organizar su traslado. La petición fue rechazada.

  El caso resulta todavía más dramático porque la familia ya tenía asignada una vivienda pública gestionada por Visocan, la empresa pública de vivienda del Gobierno de Canarias. El problema era que esa vivienda no estaría disponible hasta dentro de aproximadamente un mes.

  En otras palabras: la solución institucional existía, pero llegaba demasiado tarde.

  Mientras las pertenencias se acumulaban en el portal del edificio, la familia se enfrentaba a una pregunta inmediata: ¿dónde dormir esa misma noche?

  La plataforma ciudadana Derecho al Techo intentó mediar para retrasar el lanzamiento. Finalmente, tras el desalojo, el colectivo logró encontrar una solución habitacional temporal para que la familia no pasara la noche en la calle.

 Pero el episodio deja una sensación difícil de ignorar: una familia con menores fue expulsada de su casa mientras esperaba una vivienda pública que ya tenía adjudicada.

Canarias: una de las regiones con mayor presión de desahucios

  Lo ocurrido en Las Palmas no es un hecho aislado. Forma parte de un problema estructural que afecta especialmente a Canarias.

  Según datos del Consejo General del Poder Judicial, la gran mayoría de los desahucios que se producen hoy en España están relacionados con el impago del alquiler y no con hipotecas. En el segundo trimestre de 2025 se registraron 6.960 lanzamientos en todo el país, y el 76% se debieron al impago de alquileres.

  En Canarias la situación es especialmente grave si se analiza en relación con la población. El archipiélago se encuentra entre las comunidades con mayor tasa de desahucios por impago de alquiler por cada 100.000 habitantes, situándose entre las más altas del Estado.

  En algunos periodos recientes incluso se ha observado un aumento notable de los lanzamientos judiciales. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2024 los desahucios hipotecarios crecieron un 200% en las islas, según estadísticas judiciales.

  Además, el problema se agrava por la presión del mercado inmobiliario. El precio de la vivienda ha aumentado con fuerza en el archipiélago durante la última década, impulsado por factores como el turismo y la expansión del alquiler vacacional. El precio medio por metro cuadrado ha crecido más de un 50% en diez años, lo que ha expulsado a muchas familias del mercado del alquiler.

  En la práctica, esto significa que cada vez más hogares dedican una parte enorme de sus ingresos al alquiler. Cuando aparece cualquier problema —pérdida de empleo, reducción de ingresos o aumento de la renta— el riesgo de desahucio se vuelve inmediato.

España: miles de desahucios cada año

  La crisis de vivienda no se limita a Canarias. En todo el Estado español el problema se ha convertido en uno de los principales conflictos sociales de la última década.

  Solo en 2024 se registraron 27.564 desahucios en España, según datos del Consejo General del Poder Judicial. De ellos, más de 20.500 se debieron al impago del alquiler, lo que representa aproximadamente tres de cada cuatro casos.

  Esto refleja un cambio profundo respecto a la crisis financiera de 2008. Entonces el problema principal eran las ejecuciones hipotecarias. Hoy el epicentro del conflicto está en el mercado del alquiler.

  El motivo es estructural. Cada vez más personas dependen del alquiler para acceder a una vivienda, pero los precios han subido mucho más rápido que los salarios.

 Actualmente una parte importante de los inquilinos destina más del 40% de sus ingresos al pago de la renta, una proporción considerada insostenible por muchos organismos internacionales.

  Cuando una familia se encuentra en esa situación, basta una pequeña crisis económica para que el pago del alquiler se vuelva imposible.

La vivienda como negocio y no como derecho

  El caso de la familia desahuciada en Las Palmas muestra con claridad una contradicción cada vez más evidente.

  Por un lado, la vivienda está reconocida como un derecho básico en la Constitución española. Por otro, el acceso a ella depende casi completamente de un mercado inmobiliario dominado por la lógica del beneficio.

  Cuando la vivienda se convierte en una mercancía sometida a la especulación, las familias con menos recursos quedan en una posición extremadamente vulnerable.

  En territorios como Canarias esta contradicción se intensifica aún más. La presión turística, el alquiler vacacional y la escasez de vivienda pública empujan los precios al alza mientras los salarios siguen siendo relativamente bajos.

  El resultado es una situación donde miles de personas viven al borde de perder su casa.

Cuando la red de protección son los vecinos

  El desahucio de esta familia terminó evitando una noche en la calle gracias a la intervención de una organización vecinal.

  Pero esta realidad plantea una pregunta incómoda: ¿puede la solidaridad sustituir a las políticas públicas?

  Las plataformas antidesahucios llevan años desempeñando un papel fundamental en muchos barrios. Organizan movilizaciones, negocian con juzgados y propietarios y buscan soluciones de emergencia para familias que se quedan sin vivienda.

 Sin embargo, su capacidad es limitada.

  Cuando una sociedad necesita que los vecinos actúen como último escudo frente a los desahucios, lo que queda en evidencia es un problema mucho más profundo.

Una historia que se repite

  La historia de María y sus hijos no es una excepción. Es una historia que se repite en muchas ciudades del país.

  Familias trabajadoras que pierden su casa. Alquileres que suben más rápido que los salarios. Vivienda pública que llega tarde o simplemente no existe.

  Cada desahucio es una tragedia individual. Pero cuando miles de personas atraviesan la misma situación, deja de ser un problema individual para convertirse en un problema social.

  Lo ocurrido en Las Palmas no es solo la historia de una familia. Es una muestra de una crisis de vivienda que sigue creciendo en Canarias y en todo el Estado español.