LA ÚLTIMA FACTURA DE JOSÉ MANUEL SORIA: 5,34 MILLONES DE NUESTRO BOLSILLO PARA PAGAR SU PREPOTENCIA

POR CRISTÓBAL Gª VERA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

    La historia comenzó hace casi tres décadas, nada menos que en 1997, cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria concedió la licencia para construir la Biblioteca Pública del Estado en la plaza de San Telmo.

    En aquel momento el alcalde de la ciudad era José Manuel Soria, figura política que más tarde continuaría su carrera como presidente del Cabildo de Gran Canaria y, años después, como Ministro de Industria de infausto recuerdo. 

     La construcción de la Biblioteca se presentó entonces como un proyecto cultural importante para la ciudad. Sin embargo, muy pronto comenzaron los problemas. La licencia concedida por el Ayuntamiento no cumplía las normas urbanísticas vigentes. Los tribunales lo confirmaron poco después. La autorización municipal se otorgó sin que se hubiera redactado el Plan especial que exigía el propio planeamiento urbano. 

    Por si estas ilegalidades no hubieran sido suficientes, el edificio se levantó con modificaciones respecto al proyecto inicial: superaba en 580 metros cuadrados la edificabilidad permitida y reducía la superficie destinada a zona libre. Es decir, la obra tampoco se ajustaba al Plan General de la ciudad.

    Aquella actuación impuesta por José Manuel Soria fue denunciada por la comunidad de propietarios del Edificio San Telmo, situado justo detrás del solar donde se levantó la Biblioteca. Los vecinos alegaban que el nuevo edificio perjudicaba directamente a sus viviendas al alterar la disposición urbanística prevista.

   La batalla judicial comenzó en 1998. Cuatro años después, en 2002, cuando la biblioteca ya había abierto sus puertas, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la licencia concedida por el Ayuntamiento y ordenó el derribo del edificio.

   En 2006 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia. Sin embargo, el edificio no se demolió.

  DÉCADAS DE MANIOBRAS PARA EVITAR EL DERRIBO

     A partir de ese momento comenzó una larga cadena de decisiones políticas y administrativas destinadas a evitar cumplir la sentencia judicial. Primero se intentó modificar el planeamiento urbanístico para legalizar a posteriori lo que se había construido ilegalmente.  Pero el Tribunal Supremo volvió a intervenir en 2010 para tumbar esa operación, señalando que el cambio del planeamiento se había aprobado con el objetivo de eludir las sentencias anteriores.

  La orden judicial era clara: el edificio debía demolerse. Pero tampoco ocurrió. Las administraciones alegaron entonces que el derribo de la biblioteca chocaría con el derecho fundamental de acceso a la cultura. El asunto se prolongó durante años mientras se buscaban soluciones jurídicas que permitieran mantener el edificio en pie.

   Finalmente, en 2016 se introdujo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado una disposición que declaraba la biblioteca como un equipamiento cultural de interés público. Ese movimiento abría la puerta a una solución distinta: expropiar los derechos de ejecución de la sentencia que tenían los vecinos que habían ganado el pleito.

   En otras palabras: si no se podía tirar la biblioteca, se compensaría económicamente a quienes habían sufrido el perjuicio. La justicia terminó fijando la cantidad. En 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias determinó que la construcción de la biblioteca había reducido el valor de las viviendas del edificio San Telmo y estableció una indemnización de 5,34 millones de euros. Ahora el tribunal ha ordenado que ese dinero sea pagado.

  UNA FACTURA DE 5,34 MILLONES… PARA LOS CONTRIBUYENTES

   El problema es que esa indemnización no saldrá del bolsillo de José Manuel Soria ni del resto de políticos que tomaron la decisión de construir un edificio contraviniendo la legalidad.  Se pagará con dinero público. Es decir, la pagaremos todos.

    Veintisiete años después de aquella licencia irregular concedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria durante el mandato de José Manuel Soria, el coste de aquella decisión política se traducirá, como ya hemos apuntado, en ¡una factura de 5,34 millones de euros!.

   Mientras el caso se prolongaba en el tiempo, el responsable político de aquella etapa siguió su carrera sin consecuencias personales. Tras dejar la alcaldía se convirtió en presidente del Cabildo de Gran Canaria y años más tarde llegó  a alcanzar su sueño dorado: el Consejo de Ministros. Hoy está fuera de la política y dedicado a sus negocios. Sin embargo, las onerosas consecuencias de aquella ilegalidad urbanística de Soria llegan ahora a los ciudadanos.

  EL PROBLEMA DE FONDO: POLÍTICOS QUE NO PAGAN SUS "ERRORES"

   Este caso refleja un problema estructural que se repite con frecuencia en el Estado español. Cuando un ciudadano comete una ilegalidad urbanística, la responsabilidad económica recae con furia directamente sobre él.

   Debe pagar multas, demoler obras o asumir indemnizaciones. Cuando una ilegalidad urbanística la comete una administración pública, el mecanismo funciona de otra manera. Los fondos para hacer frente a las ilegalidades terminan saliendo de los presupuestos públicos. Es decir, del dinero de los contribuyentes.

   Los políticos que tomaron las decisiones rara vez se ven obligados a responder con su propio patrimonio. Aunque la ley contempla la posibilidad de exigir responsabilidades personales en casos de negligencia grave, en la práctica casi nunca se aplica. El resultado es un sistema perverso. Los gobernantes pueden tomar decisiones urbanísticas temerarias o incluso ilegales sabiendo que si los tribunales las tumban años después la factura la pagará la ciudadanía.

LO QUE SE PODRÍA HACER CON 5,34 MILLONES DE EUROS

    Para que el lector pueda comprender mejor lo que significa la indemnización que deberemos pagar entre todos, como regalo final de la gestión municipal de José Manuel Soria, basta con traducir la cifra a servicios públicos concretos.

- Con 5,34 millones de euros se podrían construir  33 y 44 viviendas públicas, algo especialmente necesario en Canarias, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales.

- Esa misma cantidad permitiría pagar durante un año más de 130 enfermeros o más de 70 médicos, reforzando de forma significativa el descapitalizado sistema sanitario público.

- También serviría para pagar durante un año a unos 100 profesores, una cifra equivalente a la plantilla completa de varios institutos de tamaño medio.

- Otra posibilidad sería destinar ese dinero a políticas sociales: entre 240 y 290 plazas anuales de atención a personas dependientes podrían financiarse con esa cantidad. O casi 1.800 becas universitarias para estudiantes.

    Cuando el poder político actúa con soberbia, ignora las normas urbanísticas y confía en que el tiempo diluirá las consecuencias, el resultado suele ser el mismo. Las decisiones ilegales terminan convirtiéndose en facturas millonarias que parecen responder al lema "liberal" de privatizar las ganancias y socializar las consecuencias de estos desmanes políticos.