JUZGADO DE LAS PALMAS ANULA LA MULTA A UN MILITANTE COMUNISTA Y CONDENA EN COSTAS A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   El Juzgado nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria ha dado la razón al militante del Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC), Javier Delgado, al anular la sanción administrativa que le fue impuesta tras una concentración en solidaridad con Palestina celebrada en diciembre de 2023 frente al consulado de Estados Unidos en la capital grancanaria.

  Según ha confirmado el propio Delgado, el tribunal ha estimado el recurso contencioso-administrativo presentado contra la multa, obligando a la Delegación del Gobierno a devolver el dinero y asumir las costas del procedimiento.

  “Ayer me han confirmado  los abogados que hemos ganado el juicio contencioso administrativo del pasado 5 de marzo”-manifestó en un vídeo reproducido a través de sus redes scoiales.

   La sanción, que ascendía inicialmente a 900 euros y que finalmente alcanzó los 1.080 euros tras su ejecución, ya había sido retirada directamente de su cuenta bancaria.

   “Hablamos de una sanción de 1080 € que la delegación de gobierno ha cogido de mi cuenta y que ahora la justicia burguesa obliga a la delegación a devolver ese dinero y la condena en costas”, explica delgado.

Una protesta bajo el foco policial

  Los hechos se remontan al 16 de diciembre de 2023, cuando se celebró una concentración frente al consulado estadounidense para denunciar el apoyo de Estados Unidos a Israel y mostrar solidaridad con el pueblo palestino.

  Durante aquella protesta, agentes de policía acusaron a Delgado de “instigar a los manifestantes contra los agentes y desobedecer sus instrucciones”. Estas acusaciones sirvieron de base para la sanción administrativa impuesta al militante en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.

  Sin embargo, tanto Delgado como otros participantes ofrecieron desde el inicio una versión completamente distinta de lo ocurrido. Según relataron, la concentración se desarrollaba con normalidad hasta que desde un edificio cercano comenzaron a lanzar huevos contra los asistentes.  Este hecho provocó tensión en el lugar. Algunos manifestantes recriminaron a la policía su inacción ante lo que consideraban una agresión, lo que derivó en un intercambio de reproches. Según los testimonios, fue entonces cuando los agentes comenzaron a empujar a varias personas, generando una situación de mayor conflictividad que posteriormente habría sido utilizada para justificar las denuncias.

Un juicio marcado por la ausencia policial

  El juicio, celebrado el pasado 5 de marzo en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, estuvo marcado por un elemento clave: la ausencia de los agentes denunciantes.

  A pesar de no comparecer en la vista, el procedimiento continuó y quedó visto para sentencia. Este hecho, que ya se había producido en otros casos similares, debilitó la base probatoria de la acusación.

  Finalmente, el juzgado ha fallado a favor de Delgado, anulando la sanción.

  Para el propio militante, el resultado confirma su denuncia inicial:

“Hablamos de un montaje policial sobre lo ocurrido en diciembre de 2023 frente al consulado Yankee en Las Palmas de Gran Canaria en una concentración en solidaridad con Palestina”.

Un caso dentro de un contexto más amplio

  Desde el PCPC sostienen que este caso no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica más amplia de sanciones contra el activismo político.

  Según han informado desde organización, las multas impuestas a militantes y activistas en Canarias en los últimos años superarán los 9.000 euros, en su mayoría vinculadas a movilizaciones sociales y protestas políticas.

  Estas sanciones se tramitan al amparo de la Ley Mordaza, una normativa que permite imponer multas administrativas basadas en informes policiales sin necesidad de un proceso penal previo. Diversas organizaciones sociales y juristas han denunciado que este sistema otorga una fuerte presunción de veracidad a la versión policial y dificulta la defensa de las personas sancionadas.

   En este contexto, la resolución del juzgado se suma a otros fallos recientes que han anulado sanciones similares relacionadas con protestas en apoyo a Palestina, poniendo en cuestión la solidez de este tipo de procedimientos.

    Tras conocer la resolución, Delgado ha querido agradecer el apoyo recibido durante todo el proceso.

  “Gracias a las decenas de personas que se acercaron al juzgado el día del juicio. Gracias a las personas que acudieron a testificar. Gracias a la caja de resistencia de mi organización”, ha declarado.

    Sin embargo, lejos de interpretar el fallo como un aval al sistema judicial, el militante mantiene una posición crítica:

“Que la justicia burguesa nos haya dado la razón solo significa que el montaje era muy burdo, pero que nadie piense que podemos confiar en la justicia burguesa”.

Denuncia de la represión y llamamiento a la organización

  Este caso se enmarca en la campaña política impulsada por el PCPC contra las sanciones administrativas y lo que consideran un uso represivo de la legislación vigente.

  “Continuamos con la campaña política que desde el Partido Comunista del Pueblo Canario mantenemos con el título ‘La policía miente, el PCPC no paga multas’”, afirma Delgado.

  En este sentido, el militante insiste en que el objetivo va más allá de su caso individual:

“Esto trata de denunciar el sistema represivo que vivimos aquí y ahora”.

  Desde esta perspectiva, la organización plantea que la respuesta a estas sanciones debe ser colectiva:

“La represión policial con las multas se trabaja desde la unidad y desde la organización. Unidos somos fuertes, pero organizados somos invencibles”.

Un conflicto abierto

  A pesar de la resolución favorable, el conflicto de fondo sigue abierto. La Ley Mordaza continúa vigente y las sanciones administrativas siguen siendo una herramienta habitual en la gestión del orden público en el Estado español.

  Mientras tanto, organizaciones como el PCPC mantienen su estrategia de recurrir judicialmente las multas y sostener campañas políticas contra lo que consideran una clara vulneración del derecho a la protesta.

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