"EL GOBIERNO DE CANARIAS OCULTA DOCUMENTOS CLAVE SOBRE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE LA PALMA"
La Asociación Tierra Bonita denuncia que sí existen actas de reuniones científicas previas a la erupción de 2021
La Asociación Tierra Bonita acusa al Gobierno de Canarias de ocultar documentos sobre las reuniones científicas previas a la erupción volcánica de La Palma en 2021. El colectivo sostiene que existen actas y grabaciones que las autoridades se niegan a entregar a los afectados.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Asociación Tierra Bonita ha acusado al Gobierno de Canarias de haber “mentido de forma descarada” en el Parlamento autonómico cuando aseguró que no existían actas de las reuniones científicas celebradas antes de la erupción del volcán Tajogaite, ocurrida en septiembre de 2021 en la isla de La Palma.
El colectivo ciudadano desmiente, así, la versión ofrecida el 11 de junio de 2025 por el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Ejecutivo regional, Manuel Miranda. Según explicó entonces el responsable político en sede parlamentaria, la información que le habían trasladado los técnicos indicaba que en esas reuniones previas a la erupción “no se levantaban actas”, sino que simplemente se elaboraban informes posteriormente, aunque sí reconoció que las sesiones habían sido grabadas, grabaciones que —según afirmó— no podían hacerse públicas.
Sin embargo, la Asociación Tierra Bonita sostiene que esa explicación no se corresponde con la realidad. El colectivo asegura tener constancia de que sí existen actas correspondientes a algunas de las reuniones del comité científico encargado de evaluar la evolución del volcán durante la semana de septiembre de 2021 en la que finalmente se produjo la erupción.
¿Qué es el plan de emergencias volcánicas?
Ese comité científico forma parte del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, un protocolo oficial utilizado por las autoridades para coordinar la gestión de una crisis volcánica. En ese órgano participan científicos y responsables institucionales que analizan datos sobre sismicidad, emisiones de gases o deformaciones del terreno para evaluar el riesgo y decidir si se deben tomar medidas de protección para la población.
De acuerdo con lo expuesto por Tierra Bonita, los documentos que sí existen reflejarían deliberaciones internas mantenidas por los expertos durante los días previos al inicio del proceso eruptivo. Además, la asociación afirma que también hay grabaciones de esas reuniones, aunque el Gobierno autonómico continúa sin facilitarlas a los afectados.
El Gobierno canario y la polémica sobre las actas
Ante esta situación, el colectivo palmero cuestiona directamente la versión ofrecida por el consejero Manuel Miranda en el Parlamento regional. Según señala en su comunicado, las declaraciones del responsable político faltarían gravemente a la verdad.
“Desmentimos de manera rotunda lo afirmado por el consejero en sede parlamentaria, hasta el punto de que faltó gravemente a la verdad, porque sí se levantaron actas, que sepamos, algunos días esa semana previa a la erupción”, sostiene la Asociación Tierra Bonita, que añade que dichos documentos fueron redactados por la entonces Dirección General de Seguridad y Emergencias.
A partir de esta situación, el colectivo plantea una pregunta directa al responsable del Gobierno autonómico: si fue él quien mintió en el Parlamento o si fueron sus propios técnicos quienes le transmitieron información incorrecta. También plantea una tercera posibilidad: que el consejero se escudara en informes técnicos para amortiguar el impacto político de la polémica.
La normativa obliga a levantar actas
La Asociación Tierra Bonita también subraya que la inexistencia de actas en esas reuniones supondría, en cualquier caso, un incumplimiento grave de la normativa que regula el plan de emergencias volcánicas. Según explica el colectivo, el Anexo 8 de ese protocolo establece claramente que de cada reunión del comité científico debe levantarse un acta escrita.
Ese mismo apartado del protocolo indica además que las sesiones deben ser grabadas y que esas grabaciones deben formar parte del acta oficial de la reunión. Por ello, el colectivo considera que resulta imprescindible conocer tanto los documentos como los registros audiovisuales para esclarecer lo ocurrido.
En la época en que se produjo la erupción volcánica, la responsabilidad de levantar esas actas correspondía al representante de la Dirección General de Seguridad y Emergencias. En aquel momento ese organismo estaba dirigido por Gustavo Armas, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que entonces encabezaba el dirigente socialista Julio Pérez.
Una catástrofe histórica en Europa
Para la Asociación Tierra Bonita, la negativa del Gobierno canario —tanto del anterior Ejecutivo como del actual— a entregar estas actas y grabaciones constituye una grave falta de transparencia respecto a la gestión de la emergencia volcánica de 2021.
El colectivo recuerda que aquella erupción fue considerada la peor catástrofe volcánica registrada en Europa durante el último siglo. Durante semanas, el volcán Tajogaite expulsó lava y cenizas que arrasaron viviendas, explotaciones agrícolas e infraestructuras, obligando a evacuar a miles de personas y provocando enormes pérdidas materiales.
Las decisiones que se tomaron antes de la erupción
Según denuncia Tierra Bonita, tanto el anterior Gobierno autonómico —integrado por PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera— como el actual Ejecutivo, formado por Coalición Canaria, Partido Popular y otros grupos, habrían evitado revelar el contenido de las reuniones del comité científico.
El motivo, sostiene el colectivo, sería "impedir que los damnificados y la opinión pública conozcan cómo se tomó la decisión de no elevar el nivel de alerta volcánica ni ordenar evacuaciones antes de que comenzara la erupción".
En el sistema de emergencias volcánicas utilizado en Canarias, el riesgo se comunica mediante un código de colores similar a un semáforo. Cuando los científicos consideran que una erupción es inminente, el protocolo establece que el nivel debe pasar a alerta naranja, lo que implica adoptar medidas preventivas como la evacuación de la población en zonas de riesgo.
Sin embargo, según denuncian los afectados, esa decisión no se tomó antes de que el volcán entrara en erupción el 19 de septiembre de 2021.
Las sospechas de los afectados
La Asociación Tierra Bonita afirma que los científicos ya disponían de señales claras de que el fenómeno volcánico podía producirse de forma inmediata. Durante los días previos se habían registrado numerosos terremotos, emisiones de gases y deformaciones del terreno que indicaban que el magma estaba ascendiendo hacia la superficie.
El colectivo asegura además que algunos científicos que formaban parte del comité científico han reconocido públicamente que en esas reuniones advirtieron de que la erupción podía ser inminente.
Entre las instituciones científicas representadas en ese comité se encontraban el Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Volcanológico de Canarias, el Instituto Español de Oceanografía y el Instituto Geológico y Minero de España.
Según recuerda la Asociación Tierra Bonita, varios miembros de esas instituciones declararon inicialmente que en las reuniones previas a la erupción se había planteado claramente la posibilidad de que el volcán entrara en actividad de forma inmediata. Posteriormente, cuando surgió la polémica pública sobre la gestión de la emergencia, algunos de esos científicos rectificaron sus declaraciones, lo que ha aumentado las sospechas entre los afectados.
Para el colectivo ciudadano, estas contradicciones refuerzan la necesidad de conocer el contenido exacto de las reuniones mediante las actas y las grabaciones.
Vecinos que tuvieron que huir sin aviso
En su comunicado, la Asociación Tierra Bonita subraya además que algunos responsables científicos han reconocido que el comité tenía identificada la zona donde era más probable que se produjera la erupción.
Entre quienes han reconocido esa circunstancia figuran el director técnico de la emergencia volcánica, Miguel Ángel Morcuende, la responsable de vigilancia volcánica del Instituto Geográfico Nacional en aquel momento, Carmen López, y el vulcanólogo del Instituto Volcanológico de Canarias Luca D’Auria.
Según denuncia el colectivo, esa información nunca fue comunicada a los vecinos de las zonas que finalmente resultaron afectadas.
En barrios como El Paraíso y otros núcleos cercanos al lugar donde se abrió la fisura volcánica, muchos habitantes tuvieron que abandonar sus viviendas de forma precipitada cuando comenzó la erupción, sin tiempo para recoger documentación, objetos personales o animales.
La Asociación Tierra Bonita continúa actualmente su batalla en los tribunales para conseguir que se entreguen las actas y las grabaciones de las reuniones celebradas durante los días previos a la erupción.
El objetivo del colectivo es aclarar qué información tenían las autoridades y los científicos en aquellos momentos y determinar si se tomaron o no las decisiones adecuadas para proteger a la población.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Asociación Tierra Bonita ha acusado al Gobierno de Canarias de haber “mentido de forma descarada” en el Parlamento autonómico cuando aseguró que no existían actas de las reuniones científicas celebradas antes de la erupción del volcán Tajogaite, ocurrida en septiembre de 2021 en la isla de La Palma.
El colectivo ciudadano desmiente, así, la versión ofrecida el 11 de junio de 2025 por el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Ejecutivo regional, Manuel Miranda. Según explicó entonces el responsable político en sede parlamentaria, la información que le habían trasladado los técnicos indicaba que en esas reuniones previas a la erupción “no se levantaban actas”, sino que simplemente se elaboraban informes posteriormente, aunque sí reconoció que las sesiones habían sido grabadas, grabaciones que —según afirmó— no podían hacerse públicas.
Sin embargo, la Asociación Tierra Bonita sostiene que esa explicación no se corresponde con la realidad. El colectivo asegura tener constancia de que sí existen actas correspondientes a algunas de las reuniones del comité científico encargado de evaluar la evolución del volcán durante la semana de septiembre de 2021 en la que finalmente se produjo la erupción.
¿Qué es el plan de emergencias volcánicas?
Ese comité científico forma parte del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, un protocolo oficial utilizado por las autoridades para coordinar la gestión de una crisis volcánica. En ese órgano participan científicos y responsables institucionales que analizan datos sobre sismicidad, emisiones de gases o deformaciones del terreno para evaluar el riesgo y decidir si se deben tomar medidas de protección para la población.
De acuerdo con lo expuesto por Tierra Bonita, los documentos que sí existen reflejarían deliberaciones internas mantenidas por los expertos durante los días previos al inicio del proceso eruptivo. Además, la asociación afirma que también hay grabaciones de esas reuniones, aunque el Gobierno autonómico continúa sin facilitarlas a los afectados.
El Gobierno canario y la polémica sobre las actas
Ante esta situación, el colectivo palmero cuestiona directamente la versión ofrecida por el consejero Manuel Miranda en el Parlamento regional. Según señala en su comunicado, las declaraciones del responsable político faltarían gravemente a la verdad.
“Desmentimos de manera rotunda lo afirmado por el consejero en sede parlamentaria, hasta el punto de que faltó gravemente a la verdad, porque sí se levantaron actas, que sepamos, algunos días esa semana previa a la erupción”, sostiene la Asociación Tierra Bonita, que añade que dichos documentos fueron redactados por la entonces Dirección General de Seguridad y Emergencias.
A partir de esta situación, el colectivo plantea una pregunta directa al responsable del Gobierno autonómico: si fue él quien mintió en el Parlamento o si fueron sus propios técnicos quienes le transmitieron información incorrecta. También plantea una tercera posibilidad: que el consejero se escudara en informes técnicos para amortiguar el impacto político de la polémica.
La normativa obliga a levantar actas
La Asociación Tierra Bonita también subraya que la inexistencia de actas en esas reuniones supondría, en cualquier caso, un incumplimiento grave de la normativa que regula el plan de emergencias volcánicas. Según explica el colectivo, el Anexo 8 de ese protocolo establece claramente que de cada reunión del comité científico debe levantarse un acta escrita.
Ese mismo apartado del protocolo indica además que las sesiones deben ser grabadas y que esas grabaciones deben formar parte del acta oficial de la reunión. Por ello, el colectivo considera que resulta imprescindible conocer tanto los documentos como los registros audiovisuales para esclarecer lo ocurrido.
En la época en que se produjo la erupción volcánica, la responsabilidad de levantar esas actas correspondía al representante de la Dirección General de Seguridad y Emergencias. En aquel momento ese organismo estaba dirigido por Gustavo Armas, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que entonces encabezaba el dirigente socialista Julio Pérez.
Una catástrofe histórica en Europa
Para la Asociación Tierra Bonita, la negativa del Gobierno canario —tanto del anterior Ejecutivo como del actual— a entregar estas actas y grabaciones constituye una grave falta de transparencia respecto a la gestión de la emergencia volcánica de 2021.
El colectivo recuerda que aquella erupción fue considerada la peor catástrofe volcánica registrada en Europa durante el último siglo. Durante semanas, el volcán Tajogaite expulsó lava y cenizas que arrasaron viviendas, explotaciones agrícolas e infraestructuras, obligando a evacuar a miles de personas y provocando enormes pérdidas materiales.
Las decisiones que se tomaron antes de la erupción
Según denuncia Tierra Bonita, tanto el anterior Gobierno autonómico —integrado por PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera— como el actual Ejecutivo, formado por Coalición Canaria, Partido Popular y otros grupos, habrían evitado revelar el contenido de las reuniones del comité científico.
El motivo, sostiene el colectivo, sería "impedir que los damnificados y la opinión pública conozcan cómo se tomó la decisión de no elevar el nivel de alerta volcánica ni ordenar evacuaciones antes de que comenzara la erupción".
En el sistema de emergencias volcánicas utilizado en Canarias, el riesgo se comunica mediante un código de colores similar a un semáforo. Cuando los científicos consideran que una erupción es inminente, el protocolo establece que el nivel debe pasar a alerta naranja, lo que implica adoptar medidas preventivas como la evacuación de la población en zonas de riesgo.
Sin embargo, según denuncian los afectados, esa decisión no se tomó antes de que el volcán entrara en erupción el 19 de septiembre de 2021.
Las sospechas de los afectados
La Asociación Tierra Bonita afirma que los científicos ya disponían de señales claras de que el fenómeno volcánico podía producirse de forma inmediata. Durante los días previos se habían registrado numerosos terremotos, emisiones de gases y deformaciones del terreno que indicaban que el magma estaba ascendiendo hacia la superficie.
El colectivo asegura además que algunos científicos que formaban parte del comité científico han reconocido públicamente que en esas reuniones advirtieron de que la erupción podía ser inminente.
Entre las instituciones científicas representadas en ese comité se encontraban el Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Volcanológico de Canarias, el Instituto Español de Oceanografía y el Instituto Geológico y Minero de España.
Según recuerda la Asociación Tierra Bonita, varios miembros de esas instituciones declararon inicialmente que en las reuniones previas a la erupción se había planteado claramente la posibilidad de que el volcán entrara en actividad de forma inmediata. Posteriormente, cuando surgió la polémica pública sobre la gestión de la emergencia, algunos de esos científicos rectificaron sus declaraciones, lo que ha aumentado las sospechas entre los afectados.
Para el colectivo ciudadano, estas contradicciones refuerzan la necesidad de conocer el contenido exacto de las reuniones mediante las actas y las grabaciones.
Vecinos que tuvieron que huir sin aviso
En su comunicado, la Asociación Tierra Bonita subraya además que algunos responsables científicos han reconocido que el comité tenía identificada la zona donde era más probable que se produjera la erupción.
Entre quienes han reconocido esa circunstancia figuran el director técnico de la emergencia volcánica, Miguel Ángel Morcuende, la responsable de vigilancia volcánica del Instituto Geográfico Nacional en aquel momento, Carmen López, y el vulcanólogo del Instituto Volcanológico de Canarias Luca D’Auria.
Según denuncia el colectivo, esa información nunca fue comunicada a los vecinos de las zonas que finalmente resultaron afectadas.
En barrios como El Paraíso y otros núcleos cercanos al lugar donde se abrió la fisura volcánica, muchos habitantes tuvieron que abandonar sus viviendas de forma precipitada cuando comenzó la erupción, sin tiempo para recoger documentación, objetos personales o animales.
La Asociación Tierra Bonita continúa actualmente su batalla en los tribunales para conseguir que se entreguen las actas y las grabaciones de las reuniones celebradas durante los días previos a la erupción.
El objetivo del colectivo es aclarar qué información tenían las autoridades y los científicos en aquellos momentos y determinar si se tomaron o no las decisiones adecuadas para proteger a la población.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.138