CANARIAS: MÁS DE 211.000 CASAS VACÍAS Y UNA VIVIENDA CADA VEZ MÁS INACCESIBLE
La crisis residencial convierte la falta de patrimonio en una condena a dedicar cada vez más ingresos al alquiler
Canarias censó más de 211.000 viviendas vacías en 2021. Mientras conseguir un alquiler asequible se vuelve más difícil, el debate exige mirar más allá de la construcción: quién controla las casas, a qué usos las destina y quién puede pagarlas.
El último censo de viviendas, referido a 2021, contabilizó 211.331 inmuebles vacíos en Canarias. La cifra plantea una inevitalbe pregunta: ¿por qué existen tantas viviendas sin uso habitual mientras miles de familias no encuentran un alquiler asequible?
LAS CASAS VACÍAS, CON NOMBRES Y APELLIDOS
Las 211.331 viviendas representaban el 19,4% del parque inmobiliario canario, frente al 14,4% estatal, según la Diputación del Común. Santa Cruz de Tenerife presentaba un 17,3% de viviendas vacías y Las Palmas de Gran Canaria, un 14,3%. En Tías, Lanzarote, la proporción llegaba al 48%.
Conviene explicar qué significa «vacía» en esta estadística. El INE clasificó las viviendas mediante su consumo eléctrico: aquellas sin suministro contratado o con un gasto inferior al equivalente aproximado de quince días de ocupación durante el año anterior entraban en esa categoría. Además, los consumos observados correspondían a 2020, cuando las restricciones de la pandemia alteraron el uso de numerosos inmuebles. La cifra no describe la situación de 2026 ni supone que todas las casas estén disponibles: algunas necesitan rehabilitación y otras se ubican lejos de la demanda. Pero exige investigar propietarios, condiciones y localización.
CUANDO EL ALQUILER DEVORA LOS INGRESOS
El mercado ha seguido encareciéndose. En octubre de 2026, el precio anunciado del alquiler alcanzaba los 15,2 euros mensuales por metro cuadrado en Canarias, según Idealista. Un piso de 80 metros cuadrados se ofrecería, a ese precio medio, por unos 1.216 euros al mes. En octubre de 2021, el indicador era de 9,9 euros. La comparación sugiere un encarecimiento muy acusado, aunque el portal modificó su metodología en julio de 2026 y se trata de anuncios, no de contratos firmados.
El ISTAC estimó para 2025 unos ingresos disponibles medios por hogar de 2.755 euros mensuales. Frente a ellos, el alquiler ilustrativo de 1.216 euros consumiría el 44% del presupuesto familiar, antes de pagar agua, electricidad o transporte. El promedio oculta a quienes ganan menos. Según el INE, la remuneración media bruta anual en Canarias fue de 25.120 euros en 2024.
EL TURISMO TAMBIÉN OCUPA VIVIENDAS
Al mismo tiempo, una parte del parque residencial se destina al alojamiento turístico. El ISTAC contabilizó 38.337 viviendas vacacionales disponibles en plataformas durante mayo de 2026, con cerca de 157.000 plazas. Su uso turístico puede competir con el alquiler estable en barrios de fuerte demanda.
No sería riguroso sumar esas viviendas vacacionales a las 211.331 vacías: proceden de fuentes, fechas y definiciones distintas. Tampoco todas las viviendas turísticas habrían terminado necesariamente en el mercado residencial. Sin embargo, la comparación revela una disputa sobre el destino de un recurso limitado: suelo, edificios e infraestructuras de unas islas donde el turismo tiene un peso extraordinario. La Ley canaria 6/2025 empezó a ordenar este uso, pero su resultado dependerá de los planes municipales, las inspecciones y la aplicación de sus disposiciones transitorias.
DOS FORMAS DE RELACIONARSE CON UNA CASA
Para una familia que ya posee vivienda, el aumento de los precios puede traducirse en una revalorización patrimonial. Para quien necesita comprar, significa una barrera mayor. En octubre de 2026, el precio medio anunciado de venta alcanzó los 3.348 euros por metro cuadrado: una vivienda de 80 metros equivaldría a casi 268.000 euros, sin impuestos ni gastos de adquisición.
Así se reproduce una división social que rara vez aparece en los debates centrados exclusivamente en construir más. Unos disponen de patrimonio inmobiliario, rentas del alquiler o capacidad para heredar. Otros dependen de salarios y deben transferir cada mes una parte de lo que ganan a quienes poseen las viviendas. La propiedad permite acumular riqueza incluso sin trabajar directamente en ese inmueble; la ausencia de propiedad obliga a pagar por el uso de algo imprescindible.
Esta relación no exige imaginar un mercado dominado exclusivamente por grandes fondos. También participan pequeños arrendadores, sociedades patrimoniales, bancos y propietarios de segundas residencias. Sus posiciones son distintas, pero el mecanismo general permanece: el acceso a la vivienda queda subordinado a la capacidad de pago.
UN PROGRAMA PÚBLICO CASI SIN VIVIENDAS
El problema tampoco se resuelve invocando iniciativas públicas que apenas consiguen resultados. En su informe de 2023, la Diputación del Común examinó el programa canario para incorporar viviendas vacías al alquiler asequible. Hasta julio de aquel año se habían recibido 85 ofertas de propietarios y únicamente una vivienda había sido incorporada, mientras se habían registrado ya 2.153 solicitudes de acceso al programa. Las cifras son históricas, pero ilustran la distancia entre los anuncios y las viviendas disponibles. También debería publicarse cuántas viviendas terminan adjudicadas y en qué municipios cada año.
El mismo organismo reclamó un parque público suficiente, destinado preferentemente al alquiler social. La recomendación señala un límite evidente de las subvenciones al alquiler: cuando la oferta asequible no aumenta, las ayudas pueden terminar absorbidas parcialmente por nuevos incrementos de las rentas.
Construir viviendas resulta necesario allí donde falta oferta habitable y demanda estable; también rehabilitar edificios y mejorar las conexiones entre núcleos urbanos. Pero edificar sin decidir qué régimen de propiedad tendrán las nuevas viviendas ni a quién se adjudicarán puede ampliar el negocio inmobiliario sin resolver la exclusión residencial.
La salida exige información pública actualizada sobre viviendas desocupadas y grandes tenedores; incentivos eficaces para recuperar inmuebles utilizables; límites verificables a la conversión turística donde exista tensión residencial; y una expansión sostenida de viviendas públicas de alquiler que permanezcan en manos públicas. Son decisiones políticas concretas, sujetas a debate y a control de resultados.
Las más de 211.000 viviendas vacías de 2021 no son 211.000 soluciones inmediatas. Son una advertencia sobre la distancia entre el parque construido y las necesidades de la población. Mientras una casa pueda rendir más como activo que como hogar, esa distancia seguirá pesando especialmente sobre quienes solo cuentan con su salario.
El último censo de viviendas, referido a 2021, contabilizó 211.331 inmuebles vacíos en Canarias. La cifra plantea una inevitalbe pregunta: ¿por qué existen tantas viviendas sin uso habitual mientras miles de familias no encuentran un alquiler asequible?
LAS CASAS VACÍAS, CON NOMBRES Y APELLIDOS
Las 211.331 viviendas representaban el 19,4% del parque inmobiliario canario, frente al 14,4% estatal, según la Diputación del Común. Santa Cruz de Tenerife presentaba un 17,3% de viviendas vacías y Las Palmas de Gran Canaria, un 14,3%. En Tías, Lanzarote, la proporción llegaba al 48%.
Conviene explicar qué significa «vacía» en esta estadística. El INE clasificó las viviendas mediante su consumo eléctrico: aquellas sin suministro contratado o con un gasto inferior al equivalente aproximado de quince días de ocupación durante el año anterior entraban en esa categoría. Además, los consumos observados correspondían a 2020, cuando las restricciones de la pandemia alteraron el uso de numerosos inmuebles. La cifra no describe la situación de 2026 ni supone que todas las casas estén disponibles: algunas necesitan rehabilitación y otras se ubican lejos de la demanda. Pero exige investigar propietarios, condiciones y localización.
CUANDO EL ALQUILER DEVORA LOS INGRESOS
El mercado ha seguido encareciéndose. En octubre de 2026, el precio anunciado del alquiler alcanzaba los 15,2 euros mensuales por metro cuadrado en Canarias, según Idealista. Un piso de 80 metros cuadrados se ofrecería, a ese precio medio, por unos 1.216 euros al mes. En octubre de 2021, el indicador era de 9,9 euros. La comparación sugiere un encarecimiento muy acusado, aunque el portal modificó su metodología en julio de 2026 y se trata de anuncios, no de contratos firmados.
El ISTAC estimó para 2025 unos ingresos disponibles medios por hogar de 2.755 euros mensuales. Frente a ellos, el alquiler ilustrativo de 1.216 euros consumiría el 44% del presupuesto familiar, antes de pagar agua, electricidad o transporte. El promedio oculta a quienes ganan menos. Según el INE, la remuneración media bruta anual en Canarias fue de 25.120 euros en 2024.
EL TURISMO TAMBIÉN OCUPA VIVIENDAS
Al mismo tiempo, una parte del parque residencial se destina al alojamiento turístico. El ISTAC contabilizó 38.337 viviendas vacacionales disponibles en plataformas durante mayo de 2026, con cerca de 157.000 plazas. Su uso turístico puede competir con el alquiler estable en barrios de fuerte demanda.
No sería riguroso sumar esas viviendas vacacionales a las 211.331 vacías: proceden de fuentes, fechas y definiciones distintas. Tampoco todas las viviendas turísticas habrían terminado necesariamente en el mercado residencial. Sin embargo, la comparación revela una disputa sobre el destino de un recurso limitado: suelo, edificios e infraestructuras de unas islas donde el turismo tiene un peso extraordinario. La Ley canaria 6/2025 empezó a ordenar este uso, pero su resultado dependerá de los planes municipales, las inspecciones y la aplicación de sus disposiciones transitorias.
DOS FORMAS DE RELACIONARSE CON UNA CASA
Para una familia que ya posee vivienda, el aumento de los precios puede traducirse en una revalorización patrimonial. Para quien necesita comprar, significa una barrera mayor. En octubre de 2026, el precio medio anunciado de venta alcanzó los 3.348 euros por metro cuadrado: una vivienda de 80 metros equivaldría a casi 268.000 euros, sin impuestos ni gastos de adquisición.
Así se reproduce una división social que rara vez aparece en los debates centrados exclusivamente en construir más. Unos disponen de patrimonio inmobiliario, rentas del alquiler o capacidad para heredar. Otros dependen de salarios y deben transferir cada mes una parte de lo que ganan a quienes poseen las viviendas. La propiedad permite acumular riqueza incluso sin trabajar directamente en ese inmueble; la ausencia de propiedad obliga a pagar por el uso de algo imprescindible.
Esta relación no exige imaginar un mercado dominado exclusivamente por grandes fondos. También participan pequeños arrendadores, sociedades patrimoniales, bancos y propietarios de segundas residencias. Sus posiciones son distintas, pero el mecanismo general permanece: el acceso a la vivienda queda subordinado a la capacidad de pago.
UN PROGRAMA PÚBLICO CASI SIN VIVIENDAS
El problema tampoco se resuelve invocando iniciativas públicas que apenas consiguen resultados. En su informe de 2023, la Diputación del Común examinó el programa canario para incorporar viviendas vacías al alquiler asequible. Hasta julio de aquel año se habían recibido 85 ofertas de propietarios y únicamente una vivienda había sido incorporada, mientras se habían registrado ya 2.153 solicitudes de acceso al programa. Las cifras son históricas, pero ilustran la distancia entre los anuncios y las viviendas disponibles. También debería publicarse cuántas viviendas terminan adjudicadas y en qué municipios cada año.
El mismo organismo reclamó un parque público suficiente, destinado preferentemente al alquiler social. La recomendación señala un límite evidente de las subvenciones al alquiler: cuando la oferta asequible no aumenta, las ayudas pueden terminar absorbidas parcialmente por nuevos incrementos de las rentas.
Construir viviendas resulta necesario allí donde falta oferta habitable y demanda estable; también rehabilitar edificios y mejorar las conexiones entre núcleos urbanos. Pero edificar sin decidir qué régimen de propiedad tendrán las nuevas viviendas ni a quién se adjudicarán puede ampliar el negocio inmobiliario sin resolver la exclusión residencial.
La salida exige información pública actualizada sobre viviendas desocupadas y grandes tenedores; incentivos eficaces para recuperar inmuebles utilizables; límites verificables a la conversión turística donde exista tensión residencial; y una expansión sostenida de viviendas públicas de alquiler que permanezcan en manos públicas. Son decisiones políticas concretas, sujetas a debate y a control de resultados.
Las más de 211.000 viviendas vacías de 2021 no son 211.000 soluciones inmediatas. Son una advertencia sobre la distancia entre el parque construido y las necesidades de la población. Mientras una casa pueda rendir más como activo que como hogar, esa distancia seguirá pesando especialmente sobre quienes solo cuentan con su salario.
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