EL ESCANDALOSO NEGOCIO DE LA "LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL"
Diez multinacionales se embolsan el 65% del dinero que España destina a frenarla
Desde 2014 hasta 2019, el Gobierno español adjudicó al menos 660,4 millones de euros a las empresas del negocio antimigratorio a través de más de 1.677 contratos públicos -de puertas giratorias PP y PSOE-, la mayoría sin concurso, entre ellas, ACS de Florentino Pérez, o miembros de la Casa Real.
Desde 2014 hasta 2019, el Gobierno español adjudicó al menos 660,4 millones de euros a las empresas del negocio antimigratorio a través de más de 1.677 contratos públicos, la mayoría sin concurso público. Todos estos contratos están disponibles en esta base de datos abierta de porCausa. En los últimos cinco años, casi siete de cada diez euros del Gobierno de España para gestión migratoria fueron desembolsados a un grupo de diez empresas, que suman más de un centenar de puertas giratorias, principalmente entre ex altos cargos del PP y el PSOE.
Todo obedece a una red de intereses económicos e ideológicos que no contempla abrir vías legales y seguras para quienes desean migrar a un país europeo. Esto se traduce en grandes sumas de dinero destinadas a frenar la migración irregular a base de blindar las fronteras y externalizar el control migratorio y acelerar las deportaciones a través de acuerdos con Marruecos, Turquía, Libia -este último, considerado un Estado fallido- y otros países vecinos, muchos gobernados por regímenes autoritarios o sin estándares básicos de respeto a los derechos humanos.
Y es que tan solo el 4,5% de quienes migran a Europa lo hace por vías irregulares. Se trata de personas que, independientemente de sus motivos para migrar, no cuentan con una vía segura y legal para iniciar su viaje. La lucha contra la migración irregular se ha convertido en una de las grandes prioridades de la UE, y una de las que más consenso obtiene entre los países comunitarios. La confluencia de intereses que generan cientos de empresas y miles de lobbistas a todos los niveles permite que la ICM y las autoridades públicas que la financian remen en la misma dirección a la hora de abordar las migraciones.
La Industria del Control Migratorio (ICM) tiene rasgos similares a la industria armamentística, pero también comparte características de otros sectores profundamente dependientes del dinero público y sensibles a los cambios normativos, como el farmacéutico o el de las obras públicas. En España, según adelanta Público, abundan los nombres de antiguos altos cargos autonómicos, miembros de la familia real, aristócratas, ex altos mandos del Ejército, antiguos jerarcas del franquismo e incluso personal del CNI. En este sentido, las multinacionales de la ICM con mayor número de puertas giratorias son Indra y Repsol (26 puertas giratorias cada una), Telefónica (29), Grupo ACS (18), Acciona (15), Everis (10), El Corte Inglés (15), Airbus (7) y Ferrovial (6).
Top Ten de beneficiarios de la industria del Control Migratorio en los últimos años:
![[Img #63042]](https://canarias-semanal.org/upload/images/07_2020/1424_inm.jpg)
Desde 2014 hasta 2019, el Gobierno español adjudicó al menos 660,4 millones de euros a las empresas del negocio antimigratorio a través de más de 1.677 contratos públicos, la mayoría sin concurso público. Todos estos contratos están disponibles en esta base de datos abierta de porCausa. En los últimos cinco años, casi siete de cada diez euros del Gobierno de España para gestión migratoria fueron desembolsados a un grupo de diez empresas, que suman más de un centenar de puertas giratorias, principalmente entre ex altos cargos del PP y el PSOE.
Todo obedece a una red de intereses económicos e ideológicos que no contempla abrir vías legales y seguras para quienes desean migrar a un país europeo. Esto se traduce en grandes sumas de dinero destinadas a frenar la migración irregular a base de blindar las fronteras y externalizar el control migratorio y acelerar las deportaciones a través de acuerdos con Marruecos, Turquía, Libia -este último, considerado un Estado fallido- y otros países vecinos, muchos gobernados por regímenes autoritarios o sin estándares básicos de respeto a los derechos humanos.
Y es que tan solo el 4,5% de quienes migran a Europa lo hace por vías irregulares. Se trata de personas que, independientemente de sus motivos para migrar, no cuentan con una vía segura y legal para iniciar su viaje. La lucha contra la migración irregular se ha convertido en una de las grandes prioridades de la UE, y una de las que más consenso obtiene entre los países comunitarios. La confluencia de intereses que generan cientos de empresas y miles de lobbistas a todos los niveles permite que la ICM y las autoridades públicas que la financian remen en la misma dirección a la hora de abordar las migraciones.
La Industria del Control Migratorio (ICM) tiene rasgos similares a la industria armamentística, pero también comparte características de otros sectores profundamente dependientes del dinero público y sensibles a los cambios normativos, como el farmacéutico o el de las obras públicas. En España, según adelanta Público, abundan los nombres de antiguos altos cargos autonómicos, miembros de la familia real, aristócratas, ex altos mandos del Ejército, antiguos jerarcas del franquismo e incluso personal del CNI. En este sentido, las multinacionales de la ICM con mayor número de puertas giratorias son Indra y Repsol (26 puertas giratorias cada una), Telefónica (29), Grupo ACS (18), Acciona (15), Everis (10), El Corte Inglés (15), Airbus (7) y Ferrovial (6).
Top Ten de beneficiarios de la industria del Control Migratorio en los últimos años:
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