LA SALUD MENTAL EN CANARIAS: ¿CUÁNTO SUFRIMIENTO PSICOLÓGICO PRODUCEN LA POBREZA Y LA PRECARIEDAD?
Cientos de miles de canarios viven sometidos a una inseguridad económica permanente
Los especialistas alertan del aumento de los problemas de salud mental en Canarias. Pero ¿cuánto tienen que ver con ello la pobreza, los salarios insuficientes y la angustia de no poder pagar una vivienda? ¿Estamos ante una epidemia de trastornos individuales o ante las consecuencias psicológicas de una sociedad que condena a miles de personas a vivir en permanente inseguridad?
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El aumento de los problemas de salud mental en Canarias ha encendido las alarmas entre los profesionales sanitarios. El Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife ha llegado a advertir de un auténtico «tsunami» de patologías psiquiátricas. Sin embargo, una pregunta apenas aparece en el debate público: ¿hasta qué punto el sufrimiento psicológico está relacionado con las condiciones materiales en las que vive la población? Los datos recientes sobre pobreza, vivienda y precariedad laboral obligan a examinar esa relación.
UNA CRISIS QUE VA MÁS ALLÁ DE LOS HOSPITALES
El Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife alertó del incremento de la demanda asistencial por problemas psiquiátricos, especialmente entre niños y adolescentes. Su vicepresidente, el especialista en salud mental infantojuvenil Pedro Javier Rodríguez Hernández, advirtió sobre las conductas suicidas, la depresión, la ansiedad, los trastornos alimentarios y las adicciones tecnológicas.
Aquellas advertencias reclamaban reforzar los servicios de urgencias psiquiátricas, mejorar la prevención y aumentar los recursos destinados a una asistencia que encontraba crecientes dificultades para responder a las necesidades de la población.
Los datos posteriores confirman la magnitud de la demanda. Según informó el Servicio Canario de la Salud en septiembre de 2026, los profesionales de Psicología incorporados a Atención Primaria atendieron a 29.720 pacientes y realizaron 50.357 consultas entre enero de 2025 y julio de 2026.
Las cifras muestran una actividad asistencial considerable, aunque por sí mismas no permiten determinar cuánto ha aumentado la prevalencia de los trastornos mentales. Una mayor utilización de servicios también puede relacionarse con una mejor detección y con la ampliación de recursos.
La cuestión fundamental sigue siendo comprender qué circunstancias favorecen la aparición o el agravamiento del sufrimiento psicológico.
LA POBREZA TAMBIÉN AFECTA A LA SALUD MENTAL
El informe sobre pobreza presentado por EAPN Canarias en octubre de 2026 ofrece un contexto especialmente revelador. Según esta organización, el 31,2% de la población canaria, más de 704.000 personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. La pobreza infantil alcanza al 41,1% y afecta a más de 150.000 menores.
El informe identifica la vivienda como uno de los principales factores de empobrecimiento. El 45,4% de quienes viven de alquiler a precios de mercado se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión. Estas cifras permiten comprender mejor las condiciones en que transcurre la vida cotidiana de numerosos hogares. Una familia que desconoce si podrá pagar el próximo alquiler, un trabajador que teme perder su empleo o una pensionista que debe elegir entre diferentes gastos esenciales viven sometidos a preocupaciones que no desaparecen al terminar la jornada.
La inseguridad económica prolongada puede amplíar el estrés, alterar el descanso y aumentar el riesgo de ansiedad o depresión, aunque sus efectos dependan también de factores personales y biológicos.
La economía capitalista organiza la producción alrededor de la rentabilidad de las empresas. Para la mayoría de la población, sin embargo, satisfacer sus necesidades depende fundamentalmente de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Esta dependencia coloca al trabajador en una posición vulnerable: necesita conservar su empleo incluso cuando las condiciones laborales resultan perjudiciales para su bienestar. La inseguridad contractual, los bajos salarios, los horarios imprevisibles y la presión empresarial pueden convertirse en fuentes persistentes de sufrimiento psicológico.
No significa que cualquier empleo asalariado produzca necesariamente una enfermedad mental, pero sí que determinadas relaciones laborales generan condiciones objetivas de inseguridad, subordinación y pérdida de autonomía que pueden perjudicar la salud. Esta interpretación encuentra respaldo en investigaciones contemporáneas. El propio Ministerio de Sanidad español reconoce que la precariedad laboral, las dificultades de vivienda y las presiones económicas repercuten en el bienestar psicológico.
Las diferencias de clase también condicionan las posibilidades de prevenir y tratar los problemas psicológicos. Una persona con ingresos elevados puede disponer de mayor estabilidad residencial, reducir temporalmente su actividad profesional o acceder a tratamientos privados. Quienes viven con salarios insuficientes encuentran mayores dificultades para utilizar esas alternativas.
Por todo ello, interpretar estos problemas exclusivamente como deficiencias individuales significa dejar fuera una parte importante de sus causas sociales.
¿BASTA CON CONTRATAR MÁS PSIQUIATRAS?
El Gobierno canario ha anunciado refuerzos asistenciales. Durante 2026 incorporó 41 nuevos residentes a la formación especializada en salud mental y programó nuevos dispositivos destinados, entre otros ámbitos, a la población infantojuvenil y a los trastornos alimentarios.
Son actuaciones necesarias, pero ampliar las consultas sanitarias no elimina automáticamente las condiciones que pueden estar generando parte del malestar.
La Organización Mundial de la Salud reconoce expresamente que las políticas de salud mental deben intervenir también sobre la pobreza, el empleo, la educación y la vivienda.
Desde esta perspectiva, prevenir exigiría reforzar la sanidad pública, garantizar atención psicológica temprana y especializada, pero también combatir la precariedad laboral y facilitar el acceso a una vivienda estable.
La salud mental no puede separarse de las condiciones de existencia. Una sociedad que exige productividad permanente mientras mantiene a amplios sectores de su población bajo una inseguridad económica prolongada genera factores de riesgo que después intenta atender mediante sus servicios sanitarios.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El aumento de los problemas de salud mental en Canarias ha encendido las alarmas entre los profesionales sanitarios. El Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife ha llegado a advertir de un auténtico «tsunami» de patologías psiquiátricas. Sin embargo, una pregunta apenas aparece en el debate público: ¿hasta qué punto el sufrimiento psicológico está relacionado con las condiciones materiales en las que vive la población? Los datos recientes sobre pobreza, vivienda y precariedad laboral obligan a examinar esa relación.
UNA CRISIS QUE VA MÁS ALLÁ DE LOS HOSPITALES
El Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife alertó del incremento de la demanda asistencial por problemas psiquiátricos, especialmente entre niños y adolescentes. Su vicepresidente, el especialista en salud mental infantojuvenil Pedro Javier Rodríguez Hernández, advirtió sobre las conductas suicidas, la depresión, la ansiedad, los trastornos alimentarios y las adicciones tecnológicas.
Aquellas advertencias reclamaban reforzar los servicios de urgencias psiquiátricas, mejorar la prevención y aumentar los recursos destinados a una asistencia que encontraba crecientes dificultades para responder a las necesidades de la población.
Los datos posteriores confirman la magnitud de la demanda. Según informó el Servicio Canario de la Salud en septiembre de 2026, los profesionales de Psicología incorporados a Atención Primaria atendieron a 29.720 pacientes y realizaron 50.357 consultas entre enero de 2025 y julio de 2026.
Las cifras muestran una actividad asistencial considerable, aunque por sí mismas no permiten determinar cuánto ha aumentado la prevalencia de los trastornos mentales. Una mayor utilización de servicios también puede relacionarse con una mejor detección y con la ampliación de recursos.
La cuestión fundamental sigue siendo comprender qué circunstancias favorecen la aparición o el agravamiento del sufrimiento psicológico.
LA POBREZA TAMBIÉN AFECTA A LA SALUD MENTAL
El informe sobre pobreza presentado por EAPN Canarias en octubre de 2026 ofrece un contexto especialmente revelador. Según esta organización, el 31,2% de la población canaria, más de 704.000 personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. La pobreza infantil alcanza al 41,1% y afecta a más de 150.000 menores.
El informe identifica la vivienda como uno de los principales factores de empobrecimiento. El 45,4% de quienes viven de alquiler a precios de mercado se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión. Estas cifras permiten comprender mejor las condiciones en que transcurre la vida cotidiana de numerosos hogares. Una familia que desconoce si podrá pagar el próximo alquiler, un trabajador que teme perder su empleo o una pensionista que debe elegir entre diferentes gastos esenciales viven sometidos a preocupaciones que no desaparecen al terminar la jornada.
La inseguridad económica prolongada puede amplíar el estrés, alterar el descanso y aumentar el riesgo de ansiedad o depresión, aunque sus efectos dependan también de factores personales y biológicos.
La economía capitalista organiza la producción alrededor de la rentabilidad de las empresas. Para la mayoría de la población, sin embargo, satisfacer sus necesidades depende fundamentalmente de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Esta dependencia coloca al trabajador en una posición vulnerable: necesita conservar su empleo incluso cuando las condiciones laborales resultan perjudiciales para su bienestar. La inseguridad contractual, los bajos salarios, los horarios imprevisibles y la presión empresarial pueden convertirse en fuentes persistentes de sufrimiento psicológico.
No significa que cualquier empleo asalariado produzca necesariamente una enfermedad mental, pero sí que determinadas relaciones laborales generan condiciones objetivas de inseguridad, subordinación y pérdida de autonomía que pueden perjudicar la salud. Esta interpretación encuentra respaldo en investigaciones contemporáneas. El propio Ministerio de Sanidad español reconoce que la precariedad laboral, las dificultades de vivienda y las presiones económicas repercuten en el bienestar psicológico.
Las diferencias de clase también condicionan las posibilidades de prevenir y tratar los problemas psicológicos. Una persona con ingresos elevados puede disponer de mayor estabilidad residencial, reducir temporalmente su actividad profesional o acceder a tratamientos privados. Quienes viven con salarios insuficientes encuentran mayores dificultades para utilizar esas alternativas.
Por todo ello, interpretar estos problemas exclusivamente como deficiencias individuales significa dejar fuera una parte importante de sus causas sociales.
¿BASTA CON CONTRATAR MÁS PSIQUIATRAS?
El Gobierno canario ha anunciado refuerzos asistenciales. Durante 2026 incorporó 41 nuevos residentes a la formación especializada en salud mental y programó nuevos dispositivos destinados, entre otros ámbitos, a la población infantojuvenil y a los trastornos alimentarios.
Son actuaciones necesarias, pero ampliar las consultas sanitarias no elimina automáticamente las condiciones que pueden estar generando parte del malestar.
La Organización Mundial de la Salud reconoce expresamente que las políticas de salud mental deben intervenir también sobre la pobreza, el empleo, la educación y la vivienda.
Desde esta perspectiva, prevenir exigiría reforzar la sanidad pública, garantizar atención psicológica temprana y especializada, pero también combatir la precariedad laboral y facilitar el acceso a una vivienda estable.
La salud mental no puede separarse de las condiciones de existencia. Una sociedad que exige productividad permanente mientras mantiene a amplios sectores de su población bajo una inseguridad económica prolongada genera factores de riesgo que después intenta atender mediante sus servicios sanitarios.
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