EL GOBIERNO DE ESPAÑA MIENTE AL PROMETER 67.000 PLAZAS FIJAS PARA LOS INTERINOS DE SANIDAD

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el Secretariado Nacional de Salud de Intersindical Canaria ha acusado al Gobierno central de "mentir" al "anunciar a bombo y platillo que   convertirá en fijos a 67.000 interinos. (12.146 en Canarias)".

   "Respecto a este medida - afirman desde este sindicato -  la realidad es que el Gobierno lo único que ha hecho es dar formalidad a lo ya sabido y que, en ningún caso, viene a ofrecer una solución real y global al problema de abuso de temporalidad, ni va a garantizar la consolidación de los actuales trabajadores en sus puestos, ya que tendrán que concurrir a una Oferta Pública de Empleo, bien por méritos o bien por examen".

  "Además -explican desde Intersindical -  la ley establece que los nuevos interinos serán cesados antes de los tres años. Es así como las medidas contempladas en la nueva ley, no solucionan el problema, sólo lo maquillan para que, en al año 2025, el estado español esquive las sanciones por abuso de temporalidad en la administración pública, y que supondrían la retirada de fondos que le impondría la Unión Europea".

  Según el sindicato soberanista, "de esta manera  los trabajadores del Servicio Canario de Salud, de cualquier categoría profesional, que llevan más de 25 años concatenando contratos, pueden ver frustrado y sin alternativas su proyecto de vida porque la fórmula que eligen los gobiernos español y canario no garantizan aún que cada trabajador, consolide su puesto".

    Intersindical Canaria concluye que "el repetido discurso gubernamental sobre la fijeza de los actuales interinos sin la puesta en práctica de las medidas que lo puedan  garantizar, forma parte de una campaña para contrarrestar los recientes reveses electorales del Gobierno, frenar el desgaste gubernamental por el galopante incremento del  coste de la cesta de la compra y los carburantes, además de blanquear medidas retrógradas como la aprobación de los 1000 millones de euros para gastos militares que, precisamente, se detraerán del gasto social, la sanidad y la educación".