LAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS EN CANARIAS: UN ABANDONO DELICTIVO

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL

   Prácticamente abandonados por la Administración canaria se encuentran los miles de ancianos internados en residencias en el Archipiélago. Y es que, según los datos revelados por el diario El País, Canarias es la comunidad que menos inspecciones realiza en sus residencias y centros de mayores de todo el Estado, sólo superada en este vergonzoso "récord" por Extremadura.

   En todas las islas, y para un total de más de 100 residencias, sólo hay cinco inspectores. 3 en la provincia Las Palmas y 2 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.  En el año 2019 la situación era todavía más precaria, con sólo dos  inspectores de Derechos Sociales para toda Canarias.

   El servicio de inspección de Políticas Sociales, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, debería ser el encargado de evaluar la calidad asistencial de los centros. Sin embargo, según denuncia los propios inspectores, esto es absolutamente imposible, ya que cinco personas no pueden realizar esta labor en más de un centenar de residencias.

    Los inspectores deben evaluar aspectos tan importantes  como son la higiene o los registros de caídas de las personas mayores y dependientes ingresadas en esas residencias. La realidad es, sin embargo, que tales parámetros fundamentales para la salud y la vida de los ancianos no están siendo controlados por la administración canaria.

   Desde la asociación de cuidadores y dependientes denuncia que no se está dotando de recursos humanos y económicos a las normas impuestas y subrayan la sensación que tienen de que la Administración siempre quiere contratar lo más barato y sin control.

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   De esta manera, el conjunto de las residencias actúa de manera totalmente opaca al control público.

  "Es inviable desde el punto de vista de políticas sociales controlar las residencias, nosotros no vigilamos si a los mayores les lavan los dientes, no está dentro de nuestro cometido", explica Jafet Nonato, presidente de la asociación de inspectores de Salud Pública de Canarias.

LAS PROMESAS INCUMPLIDAS DE LA CONSEJERA NOEMÍ SANTANA

    Fran Bautista, portavoz del sindicato UGT, recuerda que "cuando llegó la nueva consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana de Unidas Podemos, prometió que iba a cambiar las cosas, a modernizarlas y a ampliar el número de plantilla poniendo un presupuesto adecuado a las necesidades".

   "Sin embargo -denuncia Bautista- seguimos exactamente en la misma situación si desde el punto de vista sanitario es imposible llegar a todas las residencias con más de cien evaluadores las inspecciones de políticas sociales son anecdóticas".

   Las condiciones higiénico-sanitarias son revistadas por inspectores de Sanidad que también son insuficientes, aunque mucho más numerosos: 125 para toda Canarias.

   Según el reportaje publicado por El País, se han impuesto cinco sanciones en la isla de Tenerife y una en Gran Canaria, el 2017 y el 2019, que en el caso de la primera isla concluyeron con su cierre.

   Sin embargo, este tipo de sanciones llega cuando las consecuencias de la falta de control por parte del gobierno canario son tan graves como en el caso de la residencia tinerfeña de Santa Rita. Una de las más grandes de todo el Estado, que tuvo que ser intervenida por la consejería de sanidad en plena pandemia después de que acumulara más de 200 positivos por Covid 19 y más de 20 muertos.