"EN TENERIFE HAY UNA TREINTENA DE FAMILIAS QUE SE ENFRENTAN A UN DESAHUCIO INMINENTE"

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    Mediante un comunicado remitido a Canarias semanal la Plataforma 29E y el colectivo El Pueblo Tiene Hambre han reiterado su denuncia sobre la sucesión de desahucios, que en plena pandemia, se siguen produciendo en Canarias, y más concretamente en la isla de Tenerife.

    "El más urgente por su proximidad -explican- es el programado para el próximo lunes 26 de abril en Santa Cruz de Tenerife, cuando, si nada lo impide, será desalojada una madre con un hijo discapacitado su cargo por el fondo buitre Coral Homes, participado por CaixaBank".

    Sin embargo -advierten desde estos colectivos-, "este no es un caso aislado. En este momento hemos contabilizado en torno a una treintena las familias de Santa Cruz amenazadas por desahucios inminentes, aunque también las hay en Tegueste, en La Laguna, en Arona, en Granadilla o en Adeje".

   Los dos colectivos  informan, igualmente, de las acciones que tienen programadas con el objeto de defender el derecho a la vivienda.

   "El pasado viernes -apuntan- estuvimos reunidos con el alcalde de Santa Cruz y le arrancamos al Ayuntamiento un compromiso, mañana miércoles a las 11 de la mañana, en el Edificio de Usos Múltiples, en la Avenida Francisco La Roche 35, planta 9, mantendremos reunión con la Directora del Instituto Canario de la Vivienda, María Isabel Santana, en unión de algunas familias afectadas por desahucios en distintos municipios de Tenerife".

  "Nuestro objetivo -añaden- es claro: insistir al Gobierno de Canarias en la necesidad de tomar medidas claras y contundentes con carácter urgente".

Unas medidas que pasan:

1. por garantizar una solución habitacional digna y duradera para las familias concretas que les estamos remitiendo. Medidas que pasan también porque el Gobierno de Canarias comience a

2. negociar ya con CaixaBank y con los fondos buitre,

3. que se retiren los fondos públicos de las entidades bancarias que mantengan o participen de fondos buitres con malas praxis habituales,

4. que se fiscalicen las viviendas vacías de Visocan y se proceda a su disolución como empresa, que se fiscalicen las viviendas vacías de Visocan y se proceda a su disolución como empresa,

5. que se habilite el derecho de tanteo y retracto cómo forma de adquisición preferente de vivienda (cómo están haciendo en otras comunidades autónomas), que se establezca por ley autorización municipal previa para la actividad de alquiler vacacional (algo que se permite ya tras la sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea),

6. que se limiten los precios al alquiler,

7. que se bonifique fiscalmente a los propietarios que cedan viviendas para alquiler, o

8. que se expropien temporalmente para puesta en alquiler social las viviendas vacías de grandes tenedores (como también están haciendo en otras comunidades autónomas), y, en definitiva, que nuestros políticos y Administraciones Públicas apuesten de verdad por recuperar este derecho básico, más allá de pequeñas medidas paliativas y otros brindis al sol.