En ese contexto, y al cabo de largas negociaciones, la administración Trump alcanzó en febrero pasado un acuerdo con los talibanes. Ese acuerdo prevé, a cambio de una serie de garantías, la reducción de la presencia militar de Estados Unidos en Afganistán, de 8.600 a 4.500 militares.
Por supuesto, eso no significa el fin de la intervención militar estadounidense en Afganistán, que incluye la presencia de fuerzas especiales, de drones y de bombarderos estadounidenses en suelo afgano. Pero ese acuerdo al menos abriría el camino a una desescalada del conflicto armado. Sin embargo, pocos meses después de haberse alcanzado, el acuerdo fue roto, no por los talibanes sino por los parlamentarios demócratas estadounidenses mediante la adopción en el Congreso de una enmienda al Acta de Autorización, que asigna más de 740.000 millones al presupuesto del Pentágono para el año fiscal 2021.
La enmienda aprobada el 2 de julio por la Comisión de las Fuerzas Armadas –con una gran mayoría gracias a los votos de los demócratas– estipula que «se limita el uso de fondos en la reducción de la cantidad de fuerzas desplegadas en Afganistán». También prohíbe al Pentágono gastar los fondos a su disposición en cualquier actividad que reduzca la cantidad de soldados estadounidenses presentes en Afganistán a menos de 8 000, con lo cual bloquea de hecho el acuerdo antes mencionado.
Es significativo que la enmienda haya sido presentada por el demócrata Jason Crow acompañado de la republicana Liz Cheney, en el más perfecto estilo bipartidista [1]. Liz Cheney es hija de Dick Cheney, el vicepresidente de Estados Unidos bajo la administración George W. Bush, precisamente la administración que decidió e inició la invasión y posterior ocupación de Afganistán, bajo el pretexto oficial de capturar a Osama ben Laden [2]).
La enmienda condena explícitamente el acuerdo de retirada parcial de las tropas estadounidenses, afirmando que perjudica «los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos», que «no representa una solución diplomática realista» y que «no proporciona protección a poblaciones vulnerables». Para recibir ser autorizado a reducir las tropas estadounidenses en Afganistán, el Pentágono tendría que certificar que ello «no comprometerá la misión antiterrorista de Estados Unidos». No es casualidad que el New York Times haya publicado recientemente un artículo [3] basado en información proporcionada (sin pruebas) por agentes de la inteligencia estadounidense–, que acusa a «una unidad de la inteligencia militar rusa» de haber ofrecido a militantes talibanes recompensas por matar soldados de la coalición en Afganistán, atacando principalmente a los estadounidenses. Esa “información” fue repetida de inmediato por los principales medios de difusión de Estados Unidos sin que ningún cazador de fake news tratara de verificarla.
Una semana después se aprobó en el Congreso la enmienda que impide la reducción de las tropas estadounidenses en Afganistán.
Esto confirma cuál es el verdadero objetivo de la intervención militar de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán: controlar esa área de primera importancia estratégica. Afganistán es la encrucijada entre el Medio Oriente y el centro, el sur y el este de Asia. En esa área –en el Golfo Pérsico y el Mar Caspio– hay grandes reservas de petróleo. Allí están presentes Rusia y China, cuya fuerza va en aumento, así como su influencia en los foros mundiales. Como advertía el Pentágono en un informe del 30 de septiembre de 2001 [4] –sólo una semana antes de la invasión de Estados Unidos contra Afganistán– «existe la posibilidad de que aparezca en Asia un rival con una formidable base de recursos».
Esa posibilidad está materializándose, así que los «intereses de seguridad nacional de Estados Unidos» exigen mantener las tropas en Afganistán… a cualquier precio.
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