NOEMÍ SANTANA Y EL CAOS

REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL

    A través de un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, Intersindical Canaria ha cuestionado el "caracter social" que -según los partidos que lo integran - caracterizaría al  nuevo gobierno regional del PSOE, NC, Podemos y ASG.

    El sindicato soberanista denuncia que las medidas que ha adoptado el Gobierno de Canarias y la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, dirigida por Noemí Santana (NC)
 

     "han propiciado una enorme desorganización y caos, tanto a niveles organizativos como de gestión de los servicios públicos y ayudas públicas que recibe la ciudadanía"

"Tras la entrada al Gobierno en calidad de Presidente de Angel Victor Torres (PSOE) y la Consejera Noemí Santana Perera se ha paralizado   -afirman - la gestión de muchas prestaciones sociales”.

     Según el sindicato,  la medida que ha propiciado este caos

     "ha sido la paralización de la orden dada a los trabajadores y trabajadoras auxiliares administrativos, que llevan más de 15 años de antigüedad realizando tareas de administrativo, que vuelvan a desarrollar las propias de su categoría, por iniciar una reclamación previa para que se le reconozca económicamente el derecho, como vienen haciendo hace muchísimos años, por no haber sido encuadradas en la categoría que requiere el trabajo que realizan".

     En la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción en la que existen aproximadamente unas 10.000 solicitudes, la medida anteriormente citada que adoptó esta Dirección General, “Ordenar que las trabajadoras dejen de realizar las tareas administrativas que llevan más de 15 años realizando, para desempeñar otras tareas” empeora la actual situación en la tramitación de esta prestación tan esencial para subsistir, suponiendo, entre otros, un retraso en el estudio y tramitación que se puede estimar actualmente en unos 40 expedientes diarios.

    A  "lo anterior se debe añadir  -apuntan desde IC -  que existen más de 600 expedientes que han solicitado la renovación desde el mes de abril de 2019 y aún no se han incluido en la nómina, a lo que se suma más de 1.000 solicitudes nuevas sin estudiar desde el mes de julio, reanudaciones sin resolver desde el mes de mayo de 2019 y unos 600 recursos sin resolver por parte de la Consejería".

      Se ha llevado a cabo recientemente a través de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, una modificación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), la cual permite continuar después de agotar los 24 meses a aquellos colectivos vulnerables y con menores a cargo.

     Sin embargo - aseguran desde Intersindical - en este momento "no existe personal suficiente ni medios materiales para cumplir los requisitos que exige la propia Ley, dejando en indefensión a una parte importante y socialmente sensible de la sociedad canaria".

    Por lo expuesto, IC sostiene que se puede constatar

     "un desorden considerable en esta Consejería en cuanto a ofrecer recursos a la ciudadanía sin previo control y orden sobre las necesidades del Servicio de Gestión, con lo cual, los recursos económicos no están llegando al colectivo más vulnerable de la sociedad canaria".

    Respecto a las Pensiones No Contributivas (PNC), el sindicato destaca que

     "en estos momentos en Canarias existen más de 43.000 beneficiarios/as de la Pensión No Contributiva y, que el estudio, tramitación y resolución de las nuevas solicitudes de jubilación se está llevando a cabo con una demora que supera los 7 meses, cuando la normativa establece un periodo máximo de 3 meses".

    "Asimismo -añaden -  las solicitudes de Invalidez superan en muchos casos el año, puesto que los Centros de Valoración de la Discapacidad que también dependen de la misma Consejería, tarda más de un año en gestionar las citas para la valoración del grado de discapacidad que se requiere para ser beneficiario/a de la pensión de invalidez no contributiva".

     Intersindical Canaria denuncia que

    “la Sra. Consejera, Noemí Santana, y este Gobierno de Canarias han tomado medidas unilaterales de gestión erróneas sin importarle ni tener en cuenta las personas que lo pasan mal en Canarias".

    "Simplemente - dicen - se acuerdan para depositar el voto con promesas que luego no se cumplen ni para la sociedad canaria ni para los trabajadores y trabajadoras de la Consejería”".

   Intersindical Canaria ha exigido a la Consejería

     "que se reúna con los trabajadores y se retire la orden por la que los trabajadores no pueden desempeñar las funciones que han desarrollado durante toda su trayectoria laboral, imprescindibles para la prestación de los servicios públicos que son competencias de la Consejería y que son necesarias para el funcionamiento de la gestión administrativa de las ayudas a los más desfavorecidos".

    "No entendemos - concluyen - cómo en una Consejería liderada por PODEMOS se toman represalias, con coacciones y amenazas, contra los trabajadores y trabajadoras que reclaman sus derechos frente a las leyes”.