EL PASAPORTE COMO PREMIO DE CONSOLACIÓN: ESPAÑA RESPALDA EL PLAN MARROQUÍ Y, A CAMBIO, REGALA LA NACIONALIDAD A LOS SAHARAUIS

POR CARLOS SERNA PARA CANARIAS SEMANAL ORG.-

  El Congreso ha aprobado una proposición de ley que permitirá acceder a la nacionalidad española a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977 y abrirá posteriormente esa posibilidad a sus descendientes directos.

    La medida tiene consecuencias jurídicas y materiales importantes para decenas de miles de personas que durante medio siglo han padecido las consecuencias del abandono colonial español.

   Pero presentada aisladamente como una gran «reparación histórica», la decisión corre el riesgo de ocultar una flagrante contradicción política infinitamente mucho más profunda: el mismo PSOE que ahora respalda la nacionalidad española para los saharauis mantiene desde 2022 el apoyo del Gobierno español al plan de autonomía propuesto por Marruecos, que le permitirá a ese país conservar el Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí.

   Para más coña marinera, la norma no surgió del PSOE. Fue impulsada por su "ala izquierda", Sumar, y permaneció más de un año paralizada, en un contexto en el que sus propios promotores relacionaron ese bloqueo con la política adoptada por Pedro Sánchez hacia Marruecos.

    El inefable Secretario General del PCE, Enrique Santiago, maestro de ceremonias y aprendiz de brujo en acuerdos malogrados, y la diputada saharaui Tesh Sidi explicaron en abril que habían presionado reiteradamente para desencallar una ley cuyo retraso vinculaban al giro español sobre el Sáhara. El PSOE terminó modificando su posición y permitió que el texto llegara al pleno, donde fue aprobado el pasado 10 de septiembre por 168 votos a favor, 31 en contra y las significativas abstenciones de 145 diputados del Partido Popular .

UN PASAPORTE NO DEVUELVE UN PAÍS

    El reconocimiento de derechos individuales puede ser positivo para quienes quieran acogerse a él. Facilita residencia, movilidad, trabajo y acceso a derechos que durante décadas han sido negados o dificultados a numerosos saharauis.

   Pero una cosa es reconocer esos derechos y otra muy distinta convertir la nacionalidad española en un miserable consuelo sustitutorio de la descolonización. El Sáhara Occidental continúa siendo considerado por Naciones Unidas un territorio pendiente de culminar ese proceso, mientras que por su parte, el Tribunal Internacional de Justicia estableció ya en 1975 que no existían vínculos de soberanía territorial entre Marruecos y el Sáhara capaces de anular el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro.

   La jurisprudencia europea, asimismo, ha reforzado posteriormente esa diferenciación. En octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que el Sáhara Occidental es un territorio distinto de Marruecos y anuló decisiones relativas a acuerdos comerciales porque el pueblo saharaui no había prestado el consentimiento necesario para su aplicación sobre el territorio y sus recursos. El tribunal vinculó expresamente esa exigencia con el principio de autodeterminación.

   Frente a ese marco jurídico, Pedro Sánchez comunicó en 2022 al rey Mohamed VI que España consideraba la propuesta marroquí de autonomía de 2007 como «la base más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto. Esa fórmula no reconoció jurídicamente la soberanía marroquí, pero sí supuso un respaldo político sin precedentes de Madrid a una solución que excluye la independencia como resultado posible: el Sáhara dispondría de autonomía, pero permanecería dentro del Estado marroquí. El giro provocó entonces una desautorización política extraordinariamente amplia en el Congreso. El 7 de abril de 2022, una iniciativa crítica con la nueva posición obtuvo 168 votos favorables frente a 118 contrarios y 61 abstenciones; únicamente el PSOE votó en contra.

    Ahí aparece la principal contradicción de la nueva ley. España ofrece ahora a miles de saharauis la posibilidad de convertirse en ciudadanos españoles, pero continúa respaldando una salida política en la que esos mismos saharauis no podrían decidir libremente si quieren que su territorio sea independiente de Marruecos. Puede concederles un pasaporte; sin embargo, no defiende con la misma determinación que puedan decidir qué bandera quieren sobre su propia tierra.

DE UNA COLONIZACIÓN A OTRA

     También conviene revisar una formulación utilizada con frecuencia durante estos días: la idea de que España estaría simplemente «devolviendo la nacionalidad» a quienes fueron españoles. El asunto es bastante más complejo. Durante la última etapa de la dictadura franquista, Madrid convirtió administrativamente el denominado Sáhara Español en una provincia y entregó documentación española a parte de sus habitantes. Pero aquella provincialización artificiosa no transformó retroactivamente una relación colonial en una relación de igualdad entre ciudadanos.

    Naciones Unidas continuó considerando el Sáhara como un territorio sometido a un proceso de descolonización. Los saharauis no habían elegido incorporarse voluntariamente a España; habían nacido bajo una administración colonial española. Por eso resulta problemático presentar la historia como si primero hubieran sido españoles en condiciones de normalidad política y posteriormente hubieran perdido accidentalmente esa ciudadanía.

   España administraba una colonia y abandonó el territorio sin culminar su descolonización. Marruecos pasó posteriormente a controlar la mayor parte de ese territorio, mientras decenas de miles de saharauis acabaron en campos de refugiados o viviendo bajo administración marroquí.

  La nacionalidad española podria compensar a nivel personal algunas de las consecuencias personales de aquella desgraciada historia del aquel interesado abandono , pero no resuelve su núcleo político del asunto. Cambiar el documento de identidad de una persona no modifica el estatuto de la tierra de la que procede.

   Taleb Alisalem lo ha expresado precisamente en esos términos después de la aprobación de la ley. El activista saharaui calificó la nacionalidad como un «derecho legítimo y básico» para quien quiera recuperarla, pero añadió que la responsabilidad española no termina ahí y vinculó la reparación completa a la culminación del proceso de descolonización, la recuperación de la tierra y la soberanía saharauis.

   Su posición resulta particularmente significativa porque evita dos simplificaciones contrapuestas: ni desprecia las ventajas concretas que puede proporcionar la nacionalidad ni acepta que un pasaporte permita cerrar el expediente histórico del Sáhara.

    Alisalem había sido todavía más contundente al valorar el giro de Sánchez hacia Marruecos. En una entrevista de 2025 sostuvo que la decisión española había colocado un obstáculo adicional en el camino del pueblo saharaui hacia su liberación y subrayó la especial gravedad de que fuera precisamente España, antigua potencia colonial, quien legitimara políticamente las pretensiones de Rabat.

   No todos los saharauis interpretan, además, la nacionalidad de la misma manera. Algunos colectivos la consideran una reparación jurídica largamente esperada. Otros activistas plantean que el problema fundamental no consiste en adquirir la ciudadanía del antiguo colonizador, sino en recuperar su propio territorio.

  El pasado abril, Europa Press recogía el testimonio de Sidahamed, antiguo trabajador de la administración española, que rechazaba expresamente obtener la nacionalidad y vinculaba su posición al abandono español que permitió la ocupación marroquí.

   La posición recuerda inevitablemente la adoptada en 2009 por Aminatou Haidar. Cuando el Gobierno español le ofreció la nacionalidad española durante la crisis provocada por su expulsión del Sáhara Occidental por Marruecos, la activista la rechazó porque no quería regresar a su propia tierra como extranjera provista de un pasaporte español.

   Más de quince años después, aquella respuesta sigue conservando toda su fuerza política: ofrecer una nacionalidad puede solucionar la situación administrativa de una persona, pero no responde a la cuestión de quién tiene derecho a decidir sobre el territorio del que ha sido expulsada.

LA COMPENSACIÓN QUE NO CUESTIONA LO ESENCIAL

    Vista desde esta perspectiva, la ley tiene una doble dimensión. Para miles de saharauis puede representar una mejora efectiva y un derecho largamente reclamado. Pero para el Gobierno y particularmente para el PSOE ofrece también una oportunidad política: presentarse como reparador de una injusticia histórica sin rectificar la decisión estratégica adoptada en 2022 respecto a Marruecos.

    El contraste es evidente. Madrid puede conceder nacionalidad española sin enfrentarse a la cuestión central de la soberanía. Puede reconocer vínculos históricos, facilitar pasaportes y hablar de reparación mientras mantiene intacta su apuesta por una solución que deja el Sáhara dentro de Marruecos. De ese modo, lo que se devuelve en derechos individuales no modifica la correlación política que determina el destino colectivo del pueblo saharaui.

   Por eso la expresión «reparación histórica» necesita una pregunta inmediatamente después: ¿reparación de qué y hasta dónde? Si se trata de corregir la situación documental de quienes sufrieron las consecuencias del abandono español, la ley supone un avance concreto. Si se pretende presentar como reparación del daño histórico causado al pueblo saharaui, resulta manifiestamente miserable.

   España fue la potencia colonial que abandonó el territorio sin culminar su descolonización. Medio siglo después, apoya políticamente una solución diseñada por la potencia que controla la mayor parte de ese mismo territorio. Entre ambos momentos ofrece ahora a los saharauis la posibilidad de convertirse en españoles.

   Para una parte de ellos será un derecho importante y perfectamente legítimo. Pero difícilmente  lo podrán presentar como el final de la deuda. El pasaporte puede aliviar las consecuencias de la historia; no devuelve la tierra, no devuelve la soberanía y no sustituye el derecho de un pueblo a decidir su propio futuro.

FUENTES CONSULTADAS

-Congreso de los Diputados: aprobación de la proposición de ley sobre nacionalidad saharaui, 10 de septiembre de 2026.

-Presidencia del Gobierno: comparecencia de Pedro Sánchez sobre Marruecos y el Sáhara Occidental, 30 de marzo de 2022.

-Tribunal Internacional de Justicia: dictamen consultivo sobre el Sáhara Occidental, 16 de octubre de 1975.

-Tribunal de Justicia de la Unión Europea: sentencias sobre los acuerdos UE-Marruecos aplicados al Sáhara Occidental, 4 de octubre de 2024.

-Taleb Alisalem: declaraciones sobre la ley de nacionalidad y sobre la responsabilidad española en la descolonización.

-Europa Press: testimonios saharauis sobre nacionalidad, ocupación y regreso al territorio, 18 de abril de 2026.

-La Moncloa: documentación sobre el rechazo de Aminatou Haidar a la nacionalidad española durante la crisis de 2009.