BATALLA JUDICIAL POR SABER QUÉ SE DIJO ANTES DE LA ERUPCIÓN DE VOLCÁN DE LA PALMA
Tierra Bonita reclama las actas del PEVOLCA frente a la oposición de universidades y CSIC
Las actas y grabaciones del PEVOLCA previas a la erupción de La Palma siguen bajo disputa judicial. La Asociación Tierra Bonita reclama su publicación para esclarecer qué sabían científicos y responsables políticos antes del inicio de la catástrofe.
Po A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La Asociación Tierra Bonita —colectivo palmero de defensa del territorio y de los afectados por el volcán— ha expresado su «profunda decepción» después de que la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se hayan personado en el procedimiento judicial promovido para conseguir que se hagan públicas las actas y grabaciones de las reuniones del PEVOLCA celebradas inmediatamente antes de la erupción volcánica de 2021 en La Palma.
La organización considera que conocer esas deliberaciones resulta fundamental para esclarecer cómo se evaluó el riesgo en las horas y días anteriores al comienzo de la erupción y qué información manejaban los responsables científicos y políticos encargados de gestionar la emergencia.
UN LITIGIO POR LAS DELIBERACIONES PREVIAS A LA ERUPCIÓN
El conflicto tiene su origen en la negativa del Gobierno de Canarias a entregar las actas y grabaciones correspondientes a las reuniones del Comité Científico y del Comité de Dirección del Plan de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA).
Ante esa negativa, Tierra Bonita presentó en 2025 un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que todavía se encuentra pendiente de sentencia.
Según explica la asociación, la ULL, la ULPGC y el CSIC han comparecido en ese procedimiento respaldando la posición contraria a facilitar la documentación solicitada. Tierra Bonita considera especialmente significativo que se trate de instituciones públicas y sostiene que su actuación resulta difícilmente conciliable con los principios de transparencia y difusión del conocimiento que ellas mismas proclaman.
Para el colectivo palmero, la cuestión no consiste únicamente en conocer las conclusiones oficiales que emitía el Comité Científico tras sus reuniones, sino también en poder determinar qué argumentos, advertencias y previsiones fueron planteados individualmente por los especialistas que participaban en ellas.
¿QUÉ QUIERE SABER TIERRA BONITA?
Una de las principales cuestiones que la asociación pretende esclarecer es por qué no se declaró antes de la erupción el nivel correspondiente al semáforo naranja del PEVOLCA, situación que habría implicado elevar las medidas de protección y valorar una evacuación preventiva de la población.
Tierra Bonita recuerda que, una vez iniciada la erupción, algunos científicos que habían participado en el Comité afirmaron públicamente que habían advertido previamente de que el proceso eruptivo podía ser inminente.
La asociación plantea, por tanto, una pregunta central: si existieron esas advertencias dentro del Comité Científico, ¿cómo quedaron reflejadas en sus deliberaciones y qué decisiones se adoptaron a partir de ellas?
También reclama conocer con precisión qué información manejaban los organismos científicos sobre el desplazamiento del magma hacia el norte del Valle de Aridane y sobre las zonas en las que existía una mayor probabilidad de que se abriera una boca eruptiva.
Según sostiene Tierra Bonita, esas informaciones estaban en conocimiento del Comité Científico, pero no fueron trasladadas a la población en los términos que ahora considera necesario esclarecer.
LOS INFORMES DE CONSENSO, EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA
Uno de los argumentos fundamentales de la asociación es que los informes de consenso difundidos oficialmente por el PEVOLCA no permiten reconstruir por completo el debate que se produjo dentro de sus órganos científicos.
Tierra Bonita señala que algunos integrantes del Comité realizaron después de la erupción declaraciones públicas que, a su juicio, no coinciden plenamente con el contenido de aquellos comunicados oficiales.
De ahí que reclame acceder a las intervenciones y deliberaciones originales. La organización sostiene que conocer las posiciones expresadas por cada especialista permitiría determinar qué advertencias se hicieron, cuándo se hicieron y cómo fueron consideradas por los responsables encargados de tomar las decisiones.
La asociación rechaza, igualmente, el argumento planteado por el CSIC, según el cual divulgar las intervenciones individuales podría someter a los científicos a una mayor «presión» social. A su juicio, precisamente la gravedad de lo sucedido y las consecuencias sufridas por miles de personas justifican un nivel especialmente alto de transparencia.
CRÍTICAS A LAS UNIVERSIDADES Y AL CSIC
Tierra Bonita se muestra particularmente crítica con la posición adoptada por las dos universidades públicas canarias. Recuerda que tanto la ULL como la ULPGC incluyen entre sus propios principios institucionales la difusión del conocimiento, el compromiso social, la transparencia y la rendición de cuentas.
Para la asociación, esos principios deberían conducir, precisamente, a facilitar el conocimiento de unas deliberaciones relacionadas con una de las mayores catástrofes sufridas por Canarias en las últimas décadas.
El reproche se extiende al CSIC, al que Tierra Bonita critica además por haber planteado argumentos procesales destinados a cuestionar la admisión del recurso judicial. En las reuniones del Comité Científico participaron especialistas de organismos integrados en el propio CSIC, como el Instituto Geológico y Minero de España y el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología.
La organización sostiene, además, que las instituciones implicadas podrían autorizar voluntariamente la publicación de la documentación sin necesidad de esperar al desenlace judicial.
LOS AFECTADOS RECLAMAN RESPUESTAS
La iniciativa de Tierra Bonita cuenta con el respaldo de diversas organizaciones vinculadas a las personas damnificadas por la erupción, entre ellas la Plataforma de Afectados por la Erupción de Cumbre Vieja 2021, asociaciones vecinales de La Laguna y Las Manchas y otros colectivos palmeros.
Para Tierra Bonita, la resistencia institucional a entregar las actas y grabaciones no contribuye a cerrar las dudas surgidas alrededor de la gestión de la emergencia, sino que produce el efecto contrario.
La asociación resume el problema en una contradicción que considera todavía sin resolver: mientras los informes oficiales del Comité Científico ofrecían una posición consensuada, algunos de sus integrantes aseguraron posteriormente que habían anticipado tanto la inminencia de la erupción como la posible zona en la que podía producirse.
Por ello, Tierra Bonita insiste en que los afectados tienen derecho a conocer qué ocurrió realmente en aquellas reuniones y qué información recibieron los responsables políticos antes del 19 de septiembre de 2021.
«¿Cuál de las dos versiones es la verdadera?», pregunta la asociación. Una cuestión que, cinco años después de la erupción, continúa en manos de los tribunales.
Po A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La Asociación Tierra Bonita —colectivo palmero de defensa del territorio y de los afectados por el volcán— ha expresado su «profunda decepción» después de que la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se hayan personado en el procedimiento judicial promovido para conseguir que se hagan públicas las actas y grabaciones de las reuniones del PEVOLCA celebradas inmediatamente antes de la erupción volcánica de 2021 en La Palma.
La organización considera que conocer esas deliberaciones resulta fundamental para esclarecer cómo se evaluó el riesgo en las horas y días anteriores al comienzo de la erupción y qué información manejaban los responsables científicos y políticos encargados de gestionar la emergencia.
UN LITIGIO POR LAS DELIBERACIONES PREVIAS A LA ERUPCIÓN
El conflicto tiene su origen en la negativa del Gobierno de Canarias a entregar las actas y grabaciones correspondientes a las reuniones del Comité Científico y del Comité de Dirección del Plan de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA).
Ante esa negativa, Tierra Bonita presentó en 2025 un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que todavía se encuentra pendiente de sentencia.
Según explica la asociación, la ULL, la ULPGC y el CSIC han comparecido en ese procedimiento respaldando la posición contraria a facilitar la documentación solicitada. Tierra Bonita considera especialmente significativo que se trate de instituciones públicas y sostiene que su actuación resulta difícilmente conciliable con los principios de transparencia y difusión del conocimiento que ellas mismas proclaman.
Para el colectivo palmero, la cuestión no consiste únicamente en conocer las conclusiones oficiales que emitía el Comité Científico tras sus reuniones, sino también en poder determinar qué argumentos, advertencias y previsiones fueron planteados individualmente por los especialistas que participaban en ellas.
¿QUÉ QUIERE SABER TIERRA BONITA?
Una de las principales cuestiones que la asociación pretende esclarecer es por qué no se declaró antes de la erupción el nivel correspondiente al semáforo naranja del PEVOLCA, situación que habría implicado elevar las medidas de protección y valorar una evacuación preventiva de la población.
Tierra Bonita recuerda que, una vez iniciada la erupción, algunos científicos que habían participado en el Comité afirmaron públicamente que habían advertido previamente de que el proceso eruptivo podía ser inminente.
La asociación plantea, por tanto, una pregunta central: si existieron esas advertencias dentro del Comité Científico, ¿cómo quedaron reflejadas en sus deliberaciones y qué decisiones se adoptaron a partir de ellas?
También reclama conocer con precisión qué información manejaban los organismos científicos sobre el desplazamiento del magma hacia el norte del Valle de Aridane y sobre las zonas en las que existía una mayor probabilidad de que se abriera una boca eruptiva.
Según sostiene Tierra Bonita, esas informaciones estaban en conocimiento del Comité Científico, pero no fueron trasladadas a la población en los términos que ahora considera necesario esclarecer.
LOS INFORMES DE CONSENSO, EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA
Uno de los argumentos fundamentales de la asociación es que los informes de consenso difundidos oficialmente por el PEVOLCA no permiten reconstruir por completo el debate que se produjo dentro de sus órganos científicos.
Tierra Bonita señala que algunos integrantes del Comité realizaron después de la erupción declaraciones públicas que, a su juicio, no coinciden plenamente con el contenido de aquellos comunicados oficiales.
De ahí que reclame acceder a las intervenciones y deliberaciones originales. La organización sostiene que conocer las posiciones expresadas por cada especialista permitiría determinar qué advertencias se hicieron, cuándo se hicieron y cómo fueron consideradas por los responsables encargados de tomar las decisiones.
La asociación rechaza, igualmente, el argumento planteado por el CSIC, según el cual divulgar las intervenciones individuales podría someter a los científicos a una mayor «presión» social. A su juicio, precisamente la gravedad de lo sucedido y las consecuencias sufridas por miles de personas justifican un nivel especialmente alto de transparencia.
CRÍTICAS A LAS UNIVERSIDADES Y AL CSIC
Tierra Bonita se muestra particularmente crítica con la posición adoptada por las dos universidades públicas canarias. Recuerda que tanto la ULL como la ULPGC incluyen entre sus propios principios institucionales la difusión del conocimiento, el compromiso social, la transparencia y la rendición de cuentas.
Para la asociación, esos principios deberían conducir, precisamente, a facilitar el conocimiento de unas deliberaciones relacionadas con una de las mayores catástrofes sufridas por Canarias en las últimas décadas.
El reproche se extiende al CSIC, al que Tierra Bonita critica además por haber planteado argumentos procesales destinados a cuestionar la admisión del recurso judicial. En las reuniones del Comité Científico participaron especialistas de organismos integrados en el propio CSIC, como el Instituto Geológico y Minero de España y el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología.
La organización sostiene, además, que las instituciones implicadas podrían autorizar voluntariamente la publicación de la documentación sin necesidad de esperar al desenlace judicial.
LOS AFECTADOS RECLAMAN RESPUESTAS
La iniciativa de Tierra Bonita cuenta con el respaldo de diversas organizaciones vinculadas a las personas damnificadas por la erupción, entre ellas la Plataforma de Afectados por la Erupción de Cumbre Vieja 2021, asociaciones vecinales de La Laguna y Las Manchas y otros colectivos palmeros.
Para Tierra Bonita, la resistencia institucional a entregar las actas y grabaciones no contribuye a cerrar las dudas surgidas alrededor de la gestión de la emergencia, sino que produce el efecto contrario.
La asociación resume el problema en una contradicción que considera todavía sin resolver: mientras los informes oficiales del Comité Científico ofrecían una posición consensuada, algunos de sus integrantes aseguraron posteriormente que habían anticipado tanto la inminencia de la erupción como la posible zona en la que podía producirse.
Por ello, Tierra Bonita insiste en que los afectados tienen derecho a conocer qué ocurrió realmente en aquellas reuniones y qué información recibieron los responsables políticos antes del 19 de septiembre de 2021.
«¿Cuál de las dos versiones es la verdadera?», pregunta la asociación. Una cuestión que, cinco años después de la erupción, continúa en manos de los tribunales.
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