CANARIAS DESBLOQUEA 687 MILLONES: DINERO EN LAS CUENTAS, CARENCIAS EN LA CALLE
El fin del bloqueo fiscal abre el examen de la ejecución canaria
Canarias podrá utilizar 687 millones de euros hasta ahora bloqueados por las reglas fiscales. El desbloqueo cuestiona la austeridad impuesta desde el Estado, pero también obliga al Gobierno canario a demostrar que sabe convertir esos recursos en servicios públicos e inversiones reales.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Canarias podrá utilizar durante los próximos tres años 687 millones de euros procedentes del superávit y de recursos de financiación pendientes de aplicar. La medida, que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros el 8 de septiembre, permitirá dedicar esos recursos a sanidad, educación, dependencia y otras políticas estratégicas. Pero el desbloqueo abre dos preguntas incómodas: por qué el Estado impidió gastar durante años un dinero disponible y si el Gobierno canario será capaz de ejecutarlo ahora.
DINERO DISPONIBLE, PERO BLOQUEADO
La cifra es considerable. Los 687 millones equivalen aproximadamente al 5,5% de los 12.491 millones consignados en los Presupuestos autonómicos de 2026. No se trata de un préstamo ni de una nueva transferencia estatal: son recursos generados o recibidos por la propia Comunidad Autónoma que no podían incorporarse libremente al gasto.
La raíz del problema se encuentra en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012. La norma, desarrollada durante la llamada "política de austeridad" impuesta tras la crisis financiera de 2008, establece que las administraciones con superávit deben destinarlo prioritariamente a reducir deuda. Solo bajo determinadas condiciones pueden emplearlo en las llamadas "inversiones financieramente sostenibles".
Esta categoría excluye numerosos gastos necesarios para el funcionamiento cotidiano de los servicios públicos. Una administración puede tener dinero en el banco y, al mismo tiempo, no poder contratar de manera estable al personal sanitario o educativo que necesita porque ese gasto se repetiría en los años siguientes. La llamada "regla de gasto" limita además cuánto puede aumentar anualmente el desembolso público, aunque los ingresos crezcan y las cuentas estén saneadas.
Canarias mantiene su deuda por debajo del 12,4% de su producto interior bruto. Pese a ello, está sometida a una regulación general que no diferencia entre una comunidad endeudada y otra que dispone de recursos propios acumulados. El resultado es difícil de explicar a la población: dinero público inmovilizado mientras se prolongan las listas de espera, faltan plazas para atender la dependencia y numerosos centros educativos necesitan personal e instalaciones.
LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
El Gobierno central tiene, por tanto, una responsabilidad evidente. Durante años ha mantenido unas reglas fiscales que sitúan el equilibrio contable por encima de la cobertura de las necesidades sociales. La reducción de la deuda se convierte en una obligación prioritaria, mientras que atender a una persona dependiente o reforzar un centro de salud aparece como un gasto sometido a restricciones.
La suspensión de estas reglas durante la pandemia demostró que no constituyen una ley económica inevitable. Son una decisión política. Entre 2020 y 2023, las comunidades dispusieron de mayor libertad para emplear sus recursos. Cuando se recuperaron los controles fiscales, volvieron también las limitaciones, pese a que muchos servicios públicos todavía arrastraban las consecuencias de la emergencia sanitaria.
El acuerdo ahora alcanzado reconoce implícitamente el carácter antisocial de esa situación. Si Canarias cuenta con solvencia, baja deuda y dinero disponible, impedirle utilizarlo no mejora la vida de la población ni garantiza una mejor gestión. Simplemente traslada recursos desde las necesidades presentes hacia el cumplimiento de unos objetivos fiscales definidos desde Madrid y condicionados por la política económica neoliberal de la Unión Europea.
La autorización, además, llega después de meses de negociación y deberá aprobarse mediante una excepción específica. Es decir, el Gobierno estatal desbloquea ahora un problema que la propia normativa estatal había creado.
LA EXCUSA QUE NO LO EXPLICA TODO
Sin embargo, atribuir los 687 millones exclusivamente a la regla de gasto absolvería injustificadamente al Gobierno canario. Una parte del dinero estaba sometida a restricciones legales, pero los ejecutivos canarios también acumulan graves problemas de ejecución presupuestaria.
La Comunidad cerró 2024 con un superávit de 537 millones. Aquel año, el Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular solo ejecutó el 89,8% del presupuesto. Según los cálculos presentados por el PSOE, quedaron sin emplear 1.286 millones, de los cuales más de 446 millones correspondían a inversiones.
La ejecución mejoró en 2025 y alcanzó el 92,6%. El Ejecutivo reconoció obligaciones por 12.145 millones de euros sobre un crédito definitivo ajustado de 13.814 millones. No obstante, la diferencia entre el gasto ordinario y las inversiones continuó siendo muy significativa. Mientras las operaciones corrientes se ejecutaron aproximadamente en un 97%, las operaciones de capital se quedaron en el 68,6%.
Dicho de otra manera: el Gobierno canario emplea con mayor facilidad el dinero destinado a nóminas, suministros y servicios ordinarios, pero encuentra muchas más dificultades para transformar las partidas de inversión en obras, equipamientos y proyectos terminados.
La regla de gasto explica por qué una parte del superávit no podía incorporarse libremente al presupuesto. No explica, en cambio, por qué quedan sin ejecutar recursos que ya estaban presupuestados y autorizados. Ahí intervienen otras causas: lentitud administrativa, escasez de personal técnico, proyectos sin preparar, concursos desiertos, retrasos en la contratación o falta de dirección política.
¿DÓNDE SE GASTARÁN LOS 687 MILLONES?
El Gobierno autonómico ha anunciado que podrá dedicar el dinero a sanidad, educación, dependencia, servicios sociales e inversiones estratégicas para las ocho islas. Pero, hasta ahora, no ha presentado una distribución concreta.
No se sabe cuánto recibirá cada consejería, qué obras se financiarán, cuántas plazas públicas podrán crearse ni qué calendario se seguirá. Tampoco se ha aclarado qué parte de los 687 millones está ya comprometida ni cuánto podrá destinarse a gasto corriente.
Esta última cuestión es esencial. El superávit constituye un recurso extraordinario, no un ingreso permanente. Puede servir para construir centros sanitarios, rehabilitar colegios, adquirir equipamiento o poner en marcha programas temporales. Resulta mucho más difícil utilizarlo para contratar indefinidamente trabajadores o mantener prestaciones cuyo coste continuará cuando el fondo se haya agotado.
Por eso no basta con proclamar que el dinero irá al “Estado del bienestar”. El Ejecutivo debe publicar una relación detallada de actuaciones, cantidades y plazos. También tendría que explicar qué mecanismos adoptará para evitar que la baja ejecución vuelva a dejar una parte de estos recursos sobre el papel.
LAS CONSECUENCIAS SE MIDEN EN TIEMPO Y DERECHOS
Las restricciones estatales y la deficiente gestión autonómica producen finalmente el mismo resultado: necesidades que permanecen sin atender. Para una persona que espera una operación, una valoración de dependencia o una plaza residencial, importa poco si el retraso procede de la regla fiscal, de un expediente paralizado o de un proyecto que nunca se preparó.
Al Gobierno central debería exigírsele la revición de una legislación que trata el gasto social como una amenaza para la "estabilidad" incluso cuando existen recursos y solvencia. El Gobierno canario, por su parte, ya no podrá escudarse únicamente en Madrid. Cuando reciba la autorización, tendrá dinero y mayor libertad para emplearlo.
Los 687 millones ofrecen una oportunidad considerable, pero también establecen una prueba. Si terminan convertidos en más personal, mejores servicios e infraestructuras públicas, el desbloqueo habrá valido la pena. Si vuelven a acumularse por falta de planificación, quedará demostrado que el problema nunca fue solamente que Canarias no pudiera gastar, sino también que su Gobierno no sabía cómo hacerlo.
Referencias bibliográficas:
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Canarias podrá utilizar durante los próximos tres años 687 millones de euros procedentes del superávit y de recursos de financiación pendientes de aplicar. La medida, que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros el 8 de septiembre, permitirá dedicar esos recursos a sanidad, educación, dependencia y otras políticas estratégicas. Pero el desbloqueo abre dos preguntas incómodas: por qué el Estado impidió gastar durante años un dinero disponible y si el Gobierno canario será capaz de ejecutarlo ahora.
DINERO DISPONIBLE, PERO BLOQUEADO
La cifra es considerable. Los 687 millones equivalen aproximadamente al 5,5% de los 12.491 millones consignados en los Presupuestos autonómicos de 2026. No se trata de un préstamo ni de una nueva transferencia estatal: son recursos generados o recibidos por la propia Comunidad Autónoma que no podían incorporarse libremente al gasto.
La raíz del problema se encuentra en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012. La norma, desarrollada durante la llamada "política de austeridad" impuesta tras la crisis financiera de 2008, establece que las administraciones con superávit deben destinarlo prioritariamente a reducir deuda. Solo bajo determinadas condiciones pueden emplearlo en las llamadas "inversiones financieramente sostenibles".
Esta categoría excluye numerosos gastos necesarios para el funcionamiento cotidiano de los servicios públicos. Una administración puede tener dinero en el banco y, al mismo tiempo, no poder contratar de manera estable al personal sanitario o educativo que necesita porque ese gasto se repetiría en los años siguientes. La llamada "regla de gasto" limita además cuánto puede aumentar anualmente el desembolso público, aunque los ingresos crezcan y las cuentas estén saneadas.
Canarias mantiene su deuda por debajo del 12,4% de su producto interior bruto. Pese a ello, está sometida a una regulación general que no diferencia entre una comunidad endeudada y otra que dispone de recursos propios acumulados. El resultado es difícil de explicar a la población: dinero público inmovilizado mientras se prolongan las listas de espera, faltan plazas para atender la dependencia y numerosos centros educativos necesitan personal e instalaciones.
LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
El Gobierno central tiene, por tanto, una responsabilidad evidente. Durante años ha mantenido unas reglas fiscales que sitúan el equilibrio contable por encima de la cobertura de las necesidades sociales. La reducción de la deuda se convierte en una obligación prioritaria, mientras que atender a una persona dependiente o reforzar un centro de salud aparece como un gasto sometido a restricciones.
La suspensión de estas reglas durante la pandemia demostró que no constituyen una ley económica inevitable. Son una decisión política. Entre 2020 y 2023, las comunidades dispusieron de mayor libertad para emplear sus recursos. Cuando se recuperaron los controles fiscales, volvieron también las limitaciones, pese a que muchos servicios públicos todavía arrastraban las consecuencias de la emergencia sanitaria.
El acuerdo ahora alcanzado reconoce implícitamente el carácter antisocial de esa situación. Si Canarias cuenta con solvencia, baja deuda y dinero disponible, impedirle utilizarlo no mejora la vida de la población ni garantiza una mejor gestión. Simplemente traslada recursos desde las necesidades presentes hacia el cumplimiento de unos objetivos fiscales definidos desde Madrid y condicionados por la política económica neoliberal de la Unión Europea.
La autorización, además, llega después de meses de negociación y deberá aprobarse mediante una excepción específica. Es decir, el Gobierno estatal desbloquea ahora un problema que la propia normativa estatal había creado.
LA EXCUSA QUE NO LO EXPLICA TODO
Sin embargo, atribuir los 687 millones exclusivamente a la regla de gasto absolvería injustificadamente al Gobierno canario. Una parte del dinero estaba sometida a restricciones legales, pero los ejecutivos canarios también acumulan graves problemas de ejecución presupuestaria.
La Comunidad cerró 2024 con un superávit de 537 millones. Aquel año, el Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular solo ejecutó el 89,8% del presupuesto. Según los cálculos presentados por el PSOE, quedaron sin emplear 1.286 millones, de los cuales más de 446 millones correspondían a inversiones.
La ejecución mejoró en 2025 y alcanzó el 92,6%. El Ejecutivo reconoció obligaciones por 12.145 millones de euros sobre un crédito definitivo ajustado de 13.814 millones. No obstante, la diferencia entre el gasto ordinario y las inversiones continuó siendo muy significativa. Mientras las operaciones corrientes se ejecutaron aproximadamente en un 97%, las operaciones de capital se quedaron en el 68,6%.
Dicho de otra manera: el Gobierno canario emplea con mayor facilidad el dinero destinado a nóminas, suministros y servicios ordinarios, pero encuentra muchas más dificultades para transformar las partidas de inversión en obras, equipamientos y proyectos terminados.
La regla de gasto explica por qué una parte del superávit no podía incorporarse libremente al presupuesto. No explica, en cambio, por qué quedan sin ejecutar recursos que ya estaban presupuestados y autorizados. Ahí intervienen otras causas: lentitud administrativa, escasez de personal técnico, proyectos sin preparar, concursos desiertos, retrasos en la contratación o falta de dirección política.
¿DÓNDE SE GASTARÁN LOS 687 MILLONES?
El Gobierno autonómico ha anunciado que podrá dedicar el dinero a sanidad, educación, dependencia, servicios sociales e inversiones estratégicas para las ocho islas. Pero, hasta ahora, no ha presentado una distribución concreta.
No se sabe cuánto recibirá cada consejería, qué obras se financiarán, cuántas plazas públicas podrán crearse ni qué calendario se seguirá. Tampoco se ha aclarado qué parte de los 687 millones está ya comprometida ni cuánto podrá destinarse a gasto corriente.
Esta última cuestión es esencial. El superávit constituye un recurso extraordinario, no un ingreso permanente. Puede servir para construir centros sanitarios, rehabilitar colegios, adquirir equipamiento o poner en marcha programas temporales. Resulta mucho más difícil utilizarlo para contratar indefinidamente trabajadores o mantener prestaciones cuyo coste continuará cuando el fondo se haya agotado.
Por eso no basta con proclamar que el dinero irá al “Estado del bienestar”. El Ejecutivo debe publicar una relación detallada de actuaciones, cantidades y plazos. También tendría que explicar qué mecanismos adoptará para evitar que la baja ejecución vuelva a dejar una parte de estos recursos sobre el papel.
LAS CONSECUENCIAS SE MIDEN EN TIEMPO Y DERECHOS
Las restricciones estatales y la deficiente gestión autonómica producen finalmente el mismo resultado: necesidades que permanecen sin atender. Para una persona que espera una operación, una valoración de dependencia o una plaza residencial, importa poco si el retraso procede de la regla fiscal, de un expediente paralizado o de un proyecto que nunca se preparó.
Al Gobierno central debería exigírsele la revición de una legislación que trata el gasto social como una amenaza para la "estabilidad" incluso cuando existen recursos y solvencia. El Gobierno canario, por su parte, ya no podrá escudarse únicamente en Madrid. Cuando reciba la autorización, tendrá dinero y mayor libertad para emplearlo.
Los 687 millones ofrecen una oportunidad considerable, pero también establecen una prueba. Si terminan convertidos en más personal, mejores servicios e infraestructuras públicas, el desbloqueo habrá valido la pena. Si vuelven a acumularse por falta de planificación, quedará demostrado que el problema nunca fue solamente que Canarias no pudiera gastar, sino también que su Gobierno no sabía cómo hacerlo.
Referencias bibliográficas:
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