CANARIAS VUELVE A ENGORDAR SUS LISTAS DE ESPERA: ABRIENDO EL CAMINO AL NEGOCIO PRIVADO DE LA SANIDAD

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Las listas de espera sanitarias vuelven a crecer en Canarias. A 30 de junio de 2026 había 34.382 personas pendientes de una intervención quirúrgica, un 7,8% más que un año antes. A ellas se suman 158.358 pacientes que esperan una consulta con un especialista. Son cifras que revelan un problema que difícilmente puede explicarse únicamente por una huelga o por circunstancias coyunturales.

   El Gobierno canario atribuye buena parte del incremento a las jornadas de huelga protagonizadas por los médicos durante el primer semestre. Y existe una relación evidente: según el Servicio Canario de la Salud (SCS), la actividad quirúrgica con medios propios disminuyó un 3%. Si se realizan menos operaciones, aumenta el número de personas pendientes de ser intervenidas.

  Pero explicar las listas de espera fundamentalmente por las huelgas significa observar solamente la superficie del problema. La cuestión verdaderamente importante es otra: ¿por qué un sistema sanitario público depende hasta tal punto de jornadas extraordinarias, prolongaciones de horario y sobrecarga de sus trabajadores para mantener una actividad suficiente?

Una mejora estadística que no elimina el problema

  La Consejería de Sanidad destaca que la demora media quirúrgica se encuentra actualmente en 107 días, frente a los 153 registrados en 2023, y que Canarias se sitúa por debajo de la media estatal de 121 días. También se ha reducido considerablemente, respecto a 2023, el número de pacientes que esperan más de seis meses. Son mejoras reales y sería absurdo negarlas.

   Sin embargo, detrás de esos indicadores continúa existiendo una realidad difícil de ocultar: decenas de miles de personas necesitan una operación que todavía no han recibido y más de 158.000 esperan una consulta especializada.

  En este punto resulta especialmente útil el análisis realizado desde hace años por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS). Esta organización advierte de que las listas de espera no pueden analizarse aisladamente del proceso de mercantilización de la sanidad. Cuando el sistema público no dispone de suficientes profesionales, camas, consultas o capacidad quirúrgica, la demora termina empujando a una parte de la población hacia seguros, consultas y hospitales privados.

  Quien puede pagar consigue escapar parcialmente de la espera. Quien no puede hacerlo permanece en la cola.

  Ahí aparece una diferencia fundamental de clase. Formalmente todos poseen el mismo derecho sanitario, pero materialmente no todos tienen las mismas posibilidades de ejercerlo. Para una familia trabajadora, pagar repetidamente consultas, pruebas o intervenciones privadas puede resultar imposible. Para los sectores con mayores ingresos, la existencia de una segunda vía permite comprar precisamente aquello que el sistema público no proporciona con suficiente rapidez: tiempo.

De la lista de espera al negocio sanitario

   Las listas de espera poseen así una doble dimensión. Son un problema asistencial, pero también pueden convertirse en un mecanismo que crea mercado para la sanidad privada.

   La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad lleva años denunciando este proceso. Su propuesta para recuperar el Sistema Nacional de Salud plantea reducir al mínimo los conciertos privados y, en lugar de pagar a empresas para realizar actividad sanitaria, destinar esos recursos a incrementar las plantillas públicas y utilizar plenamente hospitales, quirófanos y equipos financiados por la sociedad. Entre sus propuestas figura incluso establecer segundos turnos de especialistas allí donde sean necesarios, precisamente para combatir las listas de espera desde dentro del sistema público.

   La diferencia respecto al modelo basado en las llamadas “peonadas” es importante. Una cosa es contratar trabajadores suficientes para ampliar establemente la capacidad asistencial y otra convertir permanentemente las horas extraordinarias del personal existente en una pieza imprescindible del funcionamiento ordinario.

  Si la suspensión de esa actividad extraordinaria amenaza ahora con reducir notablemente el número de operaciones y consultas, la pregunta resulta inevitable: ¿no demuestra precisamente eso que falta capacidad estructural dentro de la sanidad pública?

  Responsabilizar a quienes ejercen su derecho a la huelga puede resultar políticamente cómodo, pero no resuelve esa contradicción. Los trabajadores sanitarios no son únicamente un coste presupuestario: son quienes producen materialmente la atención sanitaria. Plantillas insuficientes, jornadas prolongadas, guardias y sobrecarga repercuten finalmente sobre el propio paciente.

Israel: cobertura universal y expansión de la sanidad complementaria

   El caso del Estado de Israel permite observar esta misma contradicción en un contexto diferente. Israel mantiene cobertura sanitaria universal para un conjunto básico de prestaciones, pero junto al sistema público ha crecido extraordinariamente el aseguramiento complementario.

   La OCDE señala que más del 80% de la población israelí dispone de seguros sanitarios suplementarios. Al mismo tiempo, únicamente alrededor del 62% del gasto sanitario está cubierto mediante financiación obligatoria, frente al 75% de media en la OCDE. Israel dedica el 7,6% de su PIB a sanidad, frente al 9,3% de media de la organización, y posee menos médicos, enfermeras y camas hospitalarias por habitante que el promedio de sus países miembros.

  Un estudio del Taub Center sobre las esperas en hospitales públicos israelíes encontró además enormes diferencias territoriales y señaló una dinámica especialmente significativa: las esperas en el sistema público incentivan la contratación de cobertura privada mientras público y privado compiten, en buena medida, por los mismos profesionales sanitarios. El crecimiento de la alternativa privada puede terminar debilitando todavía más la capacidad pública.

   Es el círculo que conviene evitar. La pregunta no es únicamente cuánto esperamos, sino qué sanidad queremos Las cifras canarias deben servir, por tanto, para discutir algo más profundo que si una demora media aumenta o disminuye varios días. Una sanidad organizada como derecho social debería utilizar sus recursos prioritariamente para satisfacer necesidades. Una sanidad progresivamente penetrada por la lógica mercantil convierte esas mismas necesidades insatisfechas en oportunidades de negocio.

   Las listas de espera constituyen el punto exacto donde ambas lógicas chocan. El problema no se resolverá convirtiendo indefinidamente la actividad extraordinaria en actividad ordinaria, ni trasladando pacientes y dinero público hacia empresas privadas. Requiere más plantilla estable, mejores condiciones laborales, utilización intensiva de los recursos públicos, fortalecimiento de la atención primaria y reducción de la dependencia de conciertos privados.

  Porque detrás de cada número de una lista de espera existe una persona esperando recuperar su salud. Y cuando el acceso rápido a esa salud depende cada vez más de la capacidad individual para pagarla, lo que comienza a deteriorarse no es únicamente un servicio público: es el principio mismo de que la asistencia sanitaria debe responder a la necesidad de las personas y no a su capacidad económica.