EL MOTÍN DE AGÜIMES: CUANDO EL PUEBLO SE NEGÓ A ENTREGAR LA TIERRA

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   A comienzos de enero de 1719, la plaza de Santa Ana, corazón político de Las Palmas de Gran Canaria, ofreció una escena difícil de imaginar. Centenares de campesinos habían recorrido decenas de kilómetros desde el sur y el este de la isla para rodear el lugar donde se encontraba la máxima autoridad de Canarias. Algunos llevaban arcabuces, picas y otras armas. Vigilaban los accesos al puerto y exigían la liberación de varios vecinos encarcelados. Dentro del palacio estaba el capitán general de Canarias. Fuera, una multitud cada vez más numerosa.

   La tensión llegó a ser tan grave que se prepararon piezas de artillería. Pero apareció un problema capaz de cambiarlo todo: nadie podía asegurar que los soldados obedecieran si recibían la orden de disparar. Muchos milicianos procedían de los mismos pueblos que los manifestantes. Eran, en buena medida, campesinos uniformados a los que se podía ordenar que disparasen contra otros campesinos.

  Aquella jornada no fue una protesta improvisada. Era el punto culminante de una lucha que había comenzado meses antes en el municipio de Agüimes y cuyo origen podía resumirse en una palabra que atraviesa buena parte de la historia humana: tierra.

LA TIERRA ERA MUCHO MÁS QUE UNA PROPIEDAD

   Para comprender lo sucedido hay que trasladarse al sureste de Gran Canaria de comienzos del siglo XVIII. Allí se encontraban terrenos como Sardina y el Llano del Polvo, jurídicamente vinculados al realengo, es decir, a la Corona.

  Pero una cosa eran los papeles y otra lo que ocurría sobre el terreno.  Durante años, numerosos vecinos habían roturado aquellas tierras, limpiado parcelas, llevado agua y conseguido cultivar terrenos que anteriormente tenían escaso aprovechamiento. Algunas familias habían pagado multas por ocuparlos sin autorización y después cantidades para poder seguir utilizándolos.  Aquellas parcelas no eran simplemente hectáreas sobre un mapa. De ellas dependía la posibilidad de sembrar cereales, alimentar animales y mantener a una familia.  En una sociedad campesina, perder la tierra significava perder prácticamente todo.

  Por eso el conflicto que se aproximaba enfrentaba dos legitimidades diferentes. Por un lado estaba la legalidad administrativa que permitía a la Corona disponer de terrenos considerados realengos. Por otro, estaba la convicción de quienes decían: estas tierras existen como tierras productivas porque nosotros las hemos trabajado.

  Una pregunta aparentemente jurídica escondía así otra mucho más profunda: ¿a quién pertenece realmente una tierra, a quien posee el documento que reconoce su propiedad o a quienes la trabajan y la han convertido durante años en su medio de vida?

UNA SUBASTA QUE CAMBIÓ TODO

  El equilibrio se rompió cuando un poderoso propietario, Francisco Amoreto Manrique, solicitó que parte de aquellas tierras fueran sacadas a subasta. La operación siguió adelante y, en febrero de 1718, consiguió hacerse con los terrenos por unos 28.000 reales. Fue el único postor.

  Desde el punto de vista administrativo, aquello podía presentarse como una compraventa perfectamente válida. Desde el punto de vista de quienes cultivaban las parcelas, era significaba que un gran propietario pasaba a controlar unas tierras que decenas de familias consideraban suyas por el trabajo acumulado durante años.

  El problema no era únicamente perder una cosecha. Estaba en juego la estructura económica y, por tanto el sustento de toda una comunidad. Si muchas pequeñas explotaciones pasaban a formar parte de una gran propiedad, numerosos campesinos podían perder la autonomía que les proporcionaba disponer de sus propias parcelas. La disputa planteaba, en miniatura, un conflicto de clase que se repetirá una y otra vez en la historia: la lucha entre quienes concentran la propiedad de la tierra y quienes reclaman que sea repartida entre quienes viven directamente de trabajarla.

  Durante meses hubo reclamaciones, gestiones y pleitos. Hasta que llegó el momento en que los documentos tuvieron que enfrentarse con la realidad.

EL DÍA EN QUE LOS PAPELES ENCONTRARON RESISTENCIA

   El 3 de noviembre de 1718 se intentó hacer efectiva la posesión de los terrenos. Los campesinos dijeron que no. De esta forma, lo que hasta entonces había sido principalmente una batalla administrativa empezó a convertirse en resistencia directa.

   Los vecinos organizaron guardias, vigilaron caminos y dificultaron la actuación de las autoridades enviadas para imponer las decisiones adoptadas. Cuando un representante oficial llegó a Agüimes con poderes para recuperar el control, terminó prácticamente bloqueado en la localidad. Sus movimientos eran vigilados y hasta se impedía salir a algunos de sus emisarios.  Durante uno de aquellos enfrentamientos quedó registrada una frase extraordinariamente reveladora. Un grupo de amotinados afirmó que por la noche no reconocía otra justicia que la del rey.

  Puede parecer contradictorio: estaban desobedeciendo a las autoridades mientras invocaban al monarca. Pero esa contradicción ayuda a comprender el mundo político de la época. Los campesinos no se consideraban necesariamente enemigos del sistema político.  Pensaban que algunas autoridades estaban actuando injustamente y favoreciendo a un hombre poderoso, mientras que para ellos el rey representaba, al menos idealmente, una justicia superior a la que podían apelar. Su grado de conciencia no era suficiente para establecer la relación existente entre la situación que estaban combatiendo y el orden monárquico. 

DOSCIENTOS HOMBRES ESPERANDO EN EL CAMPO

La situación se agravó el 2 de enero de 1719, cuando las autoridades intentaron formalizar definitivamente la entrega. En el Llano del Polvo esperaban alrededor de doscientos hombres armados. El nuevo propietario realizó los gestos tradicionales con los que se simbolizaba la posesión de una tierra: coger tierra con las manos, arrancar hierba, mover piedras.

  Pero alrededor de aquella ceremonia administrativa había una multitud que no reconocía lo que estaba ocurriendo. Los campesinos protestaron, derribaron algunos mojones y exigieron que su oposición quedara registrada. La escena representaba todo el conflicto. Sobre el papel, una autoridad podía escribir quién era el propietario. Sobre el terreno, cientos de personas podían impedir que esa propiedad se ejerciera. Y una propiedad que necesita soldados para existir deja de ser únicamente una cuestión jurídica.

CUANDO LLEVARON A LOS CAMPESINOS A PRISIÓN

  Las autoridades respondieron con detenciones. Veinticinco hombres fueron trasladados a la cárcel de Las Palmas.  Las leyes de la época permitían castigos terribles para quienes participaban en un motín. Se llegó a hablar de horca, galeras y azotes, aunque finalmente las condenas fueron menos extremas. Hubo penas de prisión, destierro y fuertes cargas económicas.

  En Agüimes, la noticia provocó indignación. Muchos vecinos pensaban que las promesas de negociación habían servido simplemente para debilitar la protesta: sus compañeros estaban encarcelados mientras el gran propietario mantenía sus derechos sobre las tierras. Entonces ocurrió algo decisivo. El conflicto salió de Agüimes.

LA REBELIÓN LLEGÓ A LA CAPITAL

   Los primeros grupos llegaron a Las Palmas de Gran Canaria muy temprano. Eran hombres y mujeres que habían recorrido el camino desde Agüimes para exigir la libertad de los presos.

   Su argumento tenía una fuerza extraordinaria: si aquellos hombres eran culpables de haberse rebelado, entonces también debía considerarse culpable a todo el pueblo. Después fueron llegando más. Y ya no procedían únicamente de Agüimes.

  La protesta había despertado simpatías en otros lugares porque la disputa comenzaba a percibirse como un problema colectivo. Si grandes extensiones de tierra quedaban concentradas en pocas manos, podían verse afectados los cultivos, los pastos, el ganado y, finalmente, el precio de productos básicos.

  La cuestión de quién poseía determinadas parcelas podía terminar influyendo en lo que pagaba una familia por comer. Las autoridades llegaron a calcular que alrededor de ochocientos hombres participaban en la movilización.

  El corazón político de Gran Canaria quedó cercado. Los manifestantes vigilaban incluso los accesos al puerto porque temían que los presos pudieran ser embarcados y llevados fuera de la isla. El capitán general tenía tropas y artillería. Pero los campesinos poseían algo que en aquel momento resultó todavía más importante: habían conseguido que una parte considerable de la población entendiera su causa.

EL PODER DESCUBRIÓ SUS LÍMITES

  Cuando se planteó utilizar las armas apareció el gran problema. Los jefes militares podían ordenar disparar pero no podían garantizar que los soldados disparasen. Muchos milicianos pertenecían socialmente al mismo mundo que quienes llenaban las calles. Podían conocerlos, ser sus vecinos o compartir sus problemas. Ibcluso existía el riesgo de que no solo se negaran a obedecer sino que se unieran a la multitud.

  También intervino el clero para intentar impedir una matanza.  La situación colocó a la máxima autoridad de Canarias ante una elección peligrosa: ordenar una represión cuyo resultado era imprevisible o ceder ante aquellos a quienes pretendía castigar.  Cedió. Los presos fueron liberados. La multitud había ganado.

UNA VICTORIA QUE NECESITÓ SIETE AÑOS

  Aquel episodio, sin embargo, no resolvió el problema de la tierra. Los pleitos continuaron durante años. Pero ya nada era igual.

   Los vecinos consiguieron seguir cultivando los terrenos mientras avanzaban las reclamaciones. Con el tiempo se reconoció también que durante el proceso de adjudicación no habían recibido toda la protección jurídica que necesitaban.

  Finalmente, el 3 de noviembre de 1725, siete años después del comienzo del motín, las tierras de Sardina y Llano del Polvo fueron adjudicadas al vecindario de Agüimes. Al comprador se le devolvió el dinero que había pagado.

  La victoria no acabó con la pobreza ni convirtió de pronto a aquellas familias en campesinos prósperos. Tampoco resolvió el problema general de la tenencia de la tierra y el agua en las islas. 

   Pero algo fundamental sí había ocurrido.  Una comunidad rural descubrió que los recursos judiciales, por sí solos, no eran suficientes cuando al otro lado existían riqueza, influencias y poder institucional. Y había descubierto también que la acción colectiva podía alterar una decisión que parecía prácticamente irreversible.

    Los campesinos de Agüimes no intentaron hacer una revolución. No elaboraron un programa político moderno ni cuestionaron la monarquía. Defeendieron algo mucho más elemental: la posibilidad de continuar viviendo de la tierra que trabajaban. Y obligaron a quienes gobernaban Canarias a comprender una verdad que continúa presente, con distintas formas, en muchos conflictos sociales: una cosa es escribir en un documento quién tiene derecho sobre una tierra y otra muy diferente conseguir que toda una comunidad acepte perderla.