LA MORATORIA TURÍSTICA ACABA PREMIANDO A LOS DUEÑOS DEL SUELO

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  El Gobierno de Canarias ha cerrado mediante un acuerdo extrajudicial uno de los conflictos más largos y costosos derivados de las llamadas moratorias turísticas. La operación obligará a las arcas autonómicas a desembolsar 485 millones de euros a distintos promotores cuyos proyectos quedaron afectados por aquellas restricciones al crecimiento alojativo. Pero el pacto contiene un elemento adicional: durante cinco años no se reclasificarán automáticamente como suelo rústico los terrenos implicados, lo que permitirá volver a estudiar sus posibilidades de desarrollo urbanístico.

   Es sobre ese escenario donde el Partido Comunista de Canarias ha lanzado una dura denuncia contra el Gobierno autonómico. En un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, sostiene que lo ocurrido representa un nuevo trasvase de recursos públicos hacia grandes propietarios del suelo y empresas turísticas y exige que se esclarezcan las responsabilidades políticas y administrativas que condujeron hasta esta situación.

  La historia que desemboca en el actual acuerdo comenzó hace aproximadamente un cuarto de siglo. A comienzos de los años 2000, después de décadas de expansión acelerada de la planta alojativa, el Gobierno canario intentó introducir límites al crecimiento turístico. Las medidas de 2001 y las posteriores Directrices de Ordenación General y del Turismo de 2003 pretendían contener la creación de nuevas plazas en las islas con mayor desarrollo turístico.

   Pero aquella política chocó con una contradicción fundamental: se intentó frenar la construcción sin modificar las relaciones de propiedad del suelo ni eliminar completamente derechos urbanísticos que determinados promotores ya tenían reconocidos.

  El geógrafo de la Universidad de La Laguna Moisés Simancas Cruz ha estudiado precisamente el proceso de judicialización de la moratoria canaria. Su investigación muestra cómo las deficiencias surgidas durante el diseño y aplicación de esta política fueron trasladando el conflicto desde la Administración hasta los tribunales, a los que acudieron los propietarios que consideraban lesionados sus derechos.

  La situación se complicaría todavía más con la Ley 6/2009, aprobada durante el Gobierno presidido por Paulino Rivero. Su artículo 17 estableció expresamente que determinados propietarios de suelos turísticos que permanecieran sin edificar pero conservaran derechos urbanísticos consolidados podían optar por la reclasificación de sus terrenos como suelo rústico y recibir una indemnización de la Administración autonómica por sus derechos edificatorios.

  Por tanto, la enorme factura que ahora debe asumir Canarias no demuestra simplemente que intentar limitar el crecimiento turístico resulte imposible. Revela las consecuencias de intentar hacerlo cuando previamente se han convertido determinadas expectativas de explotación del territorio en derechos privados con valor económico.

Lopesan, el gran beneficiario

   Entre las empresas beneficiadas destaca especialmente Lopesan. Según la información publicada por Atlántico Hoy, sociedades vinculadas al grupo controlaban 31 de los 45 recursos presentados y recibirán alrededor de 300 millones de euros. Las compañías reclamaban conjuntamente cerca de 1.000 millones, cantidad que el Ejecutivo ha conseguido reducir mediante el acuerdo hasta los 485 millones finalmente pactados.

  Para el Partido Comunista, semejante desembolso supone un “insultante trasvase de dinero público” hacia grandes empresarios turísticos. La organización contrapone esos recursos a las necesidades existentes en sanidad, educación, vivienda, servicios sociales o infraestructuras y sostiene que el episodio vuelve a mostrar qué intereses han condicionado históricamente la planificación económica y territorial de las islas.

  La crítica no se dirige únicamente hacia las indemnizaciones. El acuerdo permitirá que durante los próximos cinco años los terrenos afectados no pasen automáticamente a ser suelo rústico. Es decir, después de recibir las compensaciones, sus propietarios conservarán la posibilidad de que el planeamiento vuelva a determinar qué puede hacerse con ellos.

  Esta circunstancia introduce una pregunta inevitable: ¿pueden ser indemnizadas las empresas por no haber podido construir y mantener, al mismo tiempo, expectativas de aprovechamiento futuro sobre esos mismos terrenos?

   La cuestión requiere que el Gobierno haga públicas con detalle las condiciones del pacto, los beneficiarios, las cantidades recibidas y la situación urbanística en la que quedará cada uno de los proyectos.

   Para el Partido Comunista, el problema va mucho más allá de una mala gestión administrativa. Su comunicado sitúa lo ocurrido dentro del propio funcionamiento del modelo turístico canario: durante décadas, grandes propietarios del suelo y empresas hoteleras han acumulado derechos y posibilidades de explotación del territorio mientras las administraciones financiaban las infraestructuras necesarias para sostener ese crecimiento.

   Cuando el negocio funciona, los beneficios pertenecen fundamentalmente a los propietarios. Pero cuando aparecen las contradicciones del modelo —saturación territorial, insuficiencia de infraestructuras, límites ambientales o conflictos jurídicos— una parte considerable de los costes termina trasladándose al conjunto de la sociedad.

   Eso es precisamente lo que muestran estas indemnizaciones.

   El PCC reclama por ello que la actividad turística se adapte a la capacidad real del territorio, respete los espacios naturales, garantice condiciones laborales dignas y distribuya de manera mucho más equitativa la riqueza que genera. También exige avanzar hacia una diversificación de la economía que reduzca la dependencia respecto a un sector cuya expansión permanente necesita cada vez más suelo, infraestructuras y recursos públicos.

  Finalmente, la organización anuncia que estudiará la posibilidad de exigir responsabilidades por las acciones u omisiones de quienes gestionaron durante estos años los expedientes que han terminado desembocando en el actual acuerdo.

  Porque detrás de la discusión jurídica aparece una cuestión mucho más profunda. Durante décadas, el territorio canario ha sido tratado como un recurso destinado a generar rentabilidad privada. Los derechos de construcción se incorporaron así al patrimonio de sus propietarios. Y cuando las instituciones intentaron poner límites sin modificar esa estructura, descubrieron que limitar aquellas expectativas podía tener un precio.

  Un precio que ahora no pagarán quienes obtuvieron los beneficios del crecimiento turístico, sino el conjunto de la población canaria.