POR MANUEL MEDINA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

 

   Estados Unidos no necesita ya anexionarse formalmente Venezuela, sustituir su bandera ni nombrar un gobernador militar para someterla a una relación colonial. Le ha bastado con controlar las decisiones fundamentales del país:

 

- quién puede gobernarlo,

- qué empresas explotan sus recursos,

- dónde se deposita el dinero obtenido,

- a qué mercados se dirige el crudo

- y qué parte de la producción queda reservada para las necesidades estadounidenses.

 

  Por eso, el acuerdo petrolero anunciado por Donald Trump hace tan solo unas horas nos permitirá comprender la verdadera naturaleza de la operación iniciada con el secuestro de Nicolás Maduro. Sus cifras resultan abrumadoras: 65.000 millones de barriles, 17 campos petroleros, derechos de explotación durante cien años y el 55% de la producción efectiva de la nueva compañía bajo control estadounidense. No se trata simplemente de autorizar inversiones extranjeras. Washington se asegura una posición dominante sobre una parte decisiva de las mayores reservas petroleras de todo el planeta.

 

  Para entender la magnitud de lo que ha ocurrido hay que ordenar los acontecimientos, separar las promesas de los hechos y responder a tres preguntas elementales: quién decide, quién controla y quién se beneficia.

 

 

EL REGRESO DE LA DIPLOMACIA DE LAS CAÑONERAS

   El acuerdo petrolero con Venezuela no puede entenderse como una negociación comercial entre dos Estados soberanos. Tampoco constituye una decisión improvisada de Donald Trump. Es la primera gran materialización de un programa expansionista claramente anunciado previamente y ejecutado mediante procedimientos muy similares a los empleados por el Imperio británico durante el siglo XIX y la primera parte del XX.

 

   Los Gobiernos de Su Graciosa Majestad británica no siempre necesitaban anexionarse formalmente los territorios que pretendían dominar. En muchos puntos geográficos les bastaba con enviar la flota, amenazar con una intervención, imponer tratados desiguales, controlar puertos y rutas comerciales, apropiarse de materias primas estratégicas y colocar al frente de los países sometidos a gobernantes dispuestos a proteger los intereses británicos.

 

  Ese método fue históricamente conocido como la “diplomacia de las cañoneras”. La superioridad militar era la que se encargaba de "abrir el camino"; posteriormente, los tratados legalizaban lo impuesto por la fuerza, y las empresas privadas convertían la subordinación política en beneficios económicos. El territorio dominado podía conservar su bandera, su monarca, sus ministros e incluso una apariencia de independencia. Pero las decisiones fundamentales sobre su comercio, sus recursos y sus relaciones exteriores eran adoptadas desde Londres. ¿Algo diferente a lo que hoy está sucediendo en   Venezuela?

 

   La operación realizada por Estados Unidos en Venezuela reproduce, adaptada al siglo XXI, esa misma secuencia.

 

   Primero se empleó la fuerza militar para cercar Venezuela, secuestrar al presidente Nicolás Maduro y trasladarlo a una prisión estadounidense. Después se estableció una relación de tutelaje sobre el Gobierno interino de la inefable "presidenta encargada" Delcy Rodríguez. A continuación, se reformó la legislación petrolera venezolana para ampliar la participación del capital privado extranjero. Finalmente, Washington ha obtenido el control mayoritario sobre la explotación de 65.000 millones de barriles durante un periodo que podría alcanzar los cien años.

 

    La diferencia principal con el viejo imperialismo británico no reside en la naturaleza del procedimiento, sino en los instrumentos utilizados. A los buques de guerra y las tropas se añaden ahora las sanciones financieras, el control del sistema internacional de pagos, las licencias concedidas por el Departamento del Tesoro, el respaldo crediticio del Pentágono y la intervención de grandes empresas energéticas. La fuerza militar continúa presente, pero se combina con una capacidad económica capaz de bloquear un país y decidir posteriormente qué compañías pueden regresar a explotarlo.

 

    Trump, además, nunca ha intentado ocultar la orientación expansionista de su política exterior. Es algo que habría que agradecerle desde la perspectiva de que contribuye a alertar conciencias.  Antes incluso de regresar a la Casa Blanca planteó públicamente que Canadá debería convertirse en el estado número 51 de la Unión. No presentó la idea una sola vez ni como si se tratara de una ocurrencia pasajera. Insistió machaconamente en ella, llamó “gobernador” al entonces Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, y llegó a mencionar el empleo de la presión económica  con la finalidad de conseguirlo.

 

   En relación con Groenlandia, territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca, Trump afirmó, sin empacho,  que Estados Unidos necesitaba controlarlo por razones de seguridad nacional. Durante su discurso ante el Congreso de marzo de 2025 fue todavía más explícito: aseguró que Washington conseguiría Groenlandia “de una forma u otra”. También reclamó la recuperación del canal de Panamá y ordenó que el golfo de México fuera rebautizado oficialmente en Estados Unidos como “golfo de América”.

 

  Estas declaraciones parecían inicialmente una colección extravagante de provocaciones. Pero, a la incredulidad dominante, ha dejado patente que no ha sido así.  Sus afirmaciones llegaron a adquirir carácter doctrinal en la "Estrategia de Seguridad Nacional de 2025", publicada por la Casa Blanca en diciembre de aquel año. El documento recuperó expresamente la Doctrina Monroe, proclamada originalmente en 1823, y añadió lo que la propia Administración norteamericana denominó el “Corolario Trump”.

 

   Esa estrategia sostiene, sin ambages, que Estados Unidos debe “restablecer y hacer cumplir” la Doctrina Monroe para recuperar su “preeminencia” en el hemisferio occidental. También declara que Washington protegerá su acceso a las “geografías clave” de la región e impedirá que competidores externos controlen fuerzas, infraestructuras o activos considerados estratégicos.

 

    Algunos optimistas podrían interpretar que tal lenguaje es más bien formalmente defensivo. Sin embargo, encierra una afirmación extraordinaria: Estados Unidos se atribuye a sí mismo el derecho a decidir qué relaciones económicas, políticas y militares pueden mantener los países americanos con el resto del mundo. Los recursos situados dentro del hemisferio dejan de ser considerados exclusivamente propiedad de los Estados bajo cuyo suelo se encuentran.  Si Washington los juzga esenciales para su seguridad, pasan a formar parte de un espacio estratégico sometido a su vigilancia y, llegado el caso, a la intervención militar estadounidense.

 

   Esta estrategia resume sus objetivos para el hemisferio mediante dos palabras realmente terminantes: “incorporar y expandir”. "Incorporar" significa someter a los gobiernos aliados a las prioridades estadounidenses en materia de migración, narcotráfico, seguridad y control territorial. "Expandir" significa aumentar la presencia económica, militar y política de Estados Unidos sobre recursos, infraestructuras, rutas marítimas y mercados.

 

     Venezuela ofrece ahora la primera demostración completa de lo que esas palabras significan en la práctica. Washington no se limitó a impedir que China, Rusia o Irán controlaran activos petroleros venezolanos. Utilizó una operación militar para capturar al jefe del Estado y, pocos meses después, se aseguró para sí mismo el control de una quinta parte de las reservas del país.

 

   La intervención no puede separarse de su resultado económico. Las acusaciones de narcotráfico proporcionaron la justificación inmediata; la fuerza militar alteró el Gobierno; las sanciones garantizaron la obediencia; la reforma legal abrió la industria, y el acuerdo petrolero ha convertido todo el proceso en derechos de explotación para Estados Unidos y sus socios privados.

 

   En cualquier caso, hay que precisar que, lejos de lo que pudieran creer nuestros reformistas de turno, Trump no ha roto con la tradición imperial de su país. Lo que sí ha hecho es abandonar buena parte del lenguaje con el que anteriores administraciones procuraban encubrirla. Ya no presenta la expansión estadounidense como una misión humanitaria destinada a exportar democracia, como podían hacer presidentes del pelaje político de Obama. Trump habla directamente de territorios, reservas, rutas estratégicas, seguridad energética y preeminencia hemisférica. Y eso, aunque pueda resultar escandaloso, es de agradecer. Nos ayuda a situarnos en el punto crucial, en el momento histórico clave a través del cual podremos entender cuál será el curso político de la próxima década.

 

   Venezuela está siendo el laboratorio donde esa doctrina ha comenzado a aplicarse sin remilgos. Como sucedía con los tratados impuestos por el Imperio británico, la firma venezolana aparece al pie del acuerdo. Pero la cuestión decisiva no es quién estampó formalmente su nombre, sino bajo qué condiciones pudo hacerlo. Un pacto negociado después de que una de las partes capturara militarmente al presidente de la otra difícilmente podrá ser considerado, ni siquiera por los idiotas, como el resultado de una relación entre iguales.

 

UNA INTERVENCIÓN MILITAR CON RESULTADOS ECONÓMICOS

    El 3 de enero del 2026, una operación de las Fuerzas Especiales estadounidenses secuestró a Nicolás Maduro y lo trasladó a Nueva York para procesarlo por acusaciones relacionadas con el narcotráfico. Horas después, Trump declaró que Estados Unidos se disponía a “dirigir” Venezuela temporalmente y a aprovechar sus enormes reservas petroleras.

 

   En aquel momento, estas palabras pudieron ser interpretadas como otra manifestación de su locuaz retórica. Nueve meses más tarde, sin embargo, aparecen como la exposición anticipada de todo un programa. Trump estaba describiendo lo que Washington se proponía hacer: desplazar al Gobierno venezolano, reorganizar el sector petrolero y garantizar a Estados Unidos un acceso privilegiado a sus recursos.

 

  Tras el secuestro del presidente del país, Delcy Rodríguez asumió interinamente la presidencia del país. El nuevo Gobierno restableció relaciones con Washington, modificó inconstitucionalmente la legislación sobre hidrocarburos y abrió la industria a una participación privada extranjera mucho mayor. Finalmente, Rodríguez negoció con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el acuerdo presentado por Trump como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.

 

  El anuncio nos permite reconstruir la secuencia completa: intervención militar, desplazamiento del Gobierno, tutela política, modificación inconstitucional de la legislación y apropiación y saqueo económico.

 

   No es necesario afirmar que cada detalle estuviera diseñado de antemano para reconocer la relación material entre las diferentes fases del proceso. La captura del presidente alteró radicalmente el equilibrio político dentro de Venezuela. El Gobierno sucesor negoció después con la misma potencia que había ejecutado aquella operación y terminó concediéndole derechos extraordinarios sobre el principal recurso del país.

 

EL VERDADERO TAMAÑO DE LA APROPIACIÓN

   Venezuela posee alrededor de 303.000 millones de barriles de reservas probadas, aproximadamente el 17% de todas las existentes en el mundo. Ningún otro Estado dispone oficialmente de una riqueza petrolera semejante.

 

  El acuerdo abarca 17 campos situados principalmente en la Faja Petrolífera del Orinoco y en la región del lago de Maracaibo. En conjunto, contendrían unos 65.000 millones de barriles. Esa cantidad representa más de una quinta parte de las reservas venezolanas.

 

   Para llegar a comprender cuál es su magnitud, conviene compararla con las reservas de Estados Unidos, estimadas solo en unos 38.000 millones de barriles. Los campos venezolanos sometidos al acuerdo contienen aproximadamente 1,7 veces todo el petróleo que Estados Unidos posee en su propio subsuelo.

 

   La comparación con la Reserva Estratégica estadounidense resulta todavía más esclarecedora. A comienzos de agosto de 2026, sus existencias habían descendido por debajo de los 300 millones de barriles. Los 65.000 millones incluidos en la operación venezolana multiplican más de doscientas veces esa cantidad.

 

   En términos puramente aritméticos, ese volumen equivale aproximadamente a nueve años de todo el consumo petrolero actual de Estados Unidos. Naturalmente, no puede extraerse de una sola vez ni todo llegará a territorio estadounidense. Pero la comparación permite apreciar la escala del recurso sobre el que Washington ha conseguido derechos ultrapreferentes.

 

   Buena parte del petróleo de la Faja del Orinoco es extrapesado y muy viscoso. Su extracción exige grandes inversiones, diluyentes, instalaciones especiales y costosos procesos de mejora. Por ello, controlar una reserva no significa disponer inmediatamente de todos sus barriles.

 

   Sin embargo, Estados Unidos obtiene algo estratégicamente decisivo: capacidad para influir sobre su explotación futura, asegurarse la mayoría de la producción efectiva y adquirir una parte del crudo en condiciones privilegiadas. La nueva empresa se convertiría, según Associated Press, en el segundo mayor tenedor corporativo de reservas probadas del planeta, solamente por detrás de la petrolera estatal saudí Aramco.

 

CIEN AÑOS Y EL 55% DE LA PRODUCCIÓN

    La operación contempla la creación de una Compañía privada encargada de desarrollar los 17 campos petroleros. Esa empresa recibiría derechos de explotación durante cien años.

 

   La duración es extraordinaria. Un compromiso de un siglo no afecta únicamente al Gobierno que lo firma. Condiciona a varias generaciones y pretende dificultar que futuros gobiernos venezolanos puedan recuperar el control de esos campos sin enfrentarse a graves conflictos jurídicos, financieros y políticos.

 

   Estados Unidos obtendría el 55% de la producción efectiva de la nueva compañía. Ese porcentaje se articularía mediante una combinación de participación empresarial y derecho a comprar petróleo a precio de coste. Las proporciones exactas de cada mecanismo no se conocen porque el texto íntegro del acuerdo no ha sido publicado.

 

   Esta opacidad resulta especialmente grave. Se desconoce cómo se distribuirá la propiedad, quién designará a los administradores, qué tribunales resolverán los conflictos, qué indemnizaciones serían exigibles en caso de ruptura y qué capacidad conservará Venezuela para modificar las condiciones.

 

   Comprar petróleo a precio de coste significa que Washington no tendría que adquirir esos barriles al precio internacional ordinario. Contaría con un acceso privilegiado al crudo producido en Venezuela y podría destinarlo a llenar su Reserva Estratégica, abastecer a sus Fuerzas Armadas o alimentar sus refinerías.

 

    La operación no garantiza simplemente un suministro comercial. Coloca una parte sustancial de la riqueza venezolana al servicio de la seguridad energética y militar de Estados Unidos.

 

 

PETRÓLEO PARA LA GUERRA Y PARA TRUMP

   El leonino acuerdo ha respondido también a una necesidad inmediata de Estados Unidos. La guerra contra Irán y la reducción del tránsito petrolero por el estrecho de Ormuz han presionado los precios de la energía. Al mismo tiempo, Washington ha utilizado más de cien millones de barriles de su Reserva Estratégica desde comienzos de 2026.

 

    El precio de la gasolina estadounidense supera los cuatro dólares por galón, frente a poco más de tres dólares un año antes. Trump afrontará unas importantes elecciones legislativas en Noviembre y necesita demostrar que potencialmente podrá abaratar los combustibles y frenar el malestar de los consumidores. La "presidenta encargada", pues, le ha regalado a Trump  la hermosa posibilidad de que en las elecciones de mitad de mandato no salga tan malparado como auguraban la mayoría de las encuestas. 

 

   El petróleo venezolano serviría, además, para reponer las reservas, abastecer al aparato militar y reducir la dependencia del crudo procedente de Oriente Próximo, Canadá y México. El acuerdo también pretende forzar el alejamiento definitivo de Venezuela de China, Rusia e Irán y consolidar el predominio estadounidense sobre los recursos energéticos del continente.

 

  

UNA COLONIA SIN GOBERNADOR EXTRANJERO

    Venezuela seguirá teniendo bandera, ministerios, tribunales y un Gobierno formalmente nacional. Pero el colonialismo del siglo XXI no necesita reproducir exactamente las instituciones del siglo XIX.

 

   Puede funcionar mediante un Gobierno local dependiente, una legislación adaptada a los intereses extranjeros, empresas privadas protegidas por una gran potencia, sanciones utilizadas para imponer obediencia y concesiones que comprometen durante generaciones los recursos nacionales.

 

   Estados Unidos no administrará necesariamente las escuelas, los hospitales o los ayuntamientos venezolanos. No lo necesita. Le bastará con dominar los centros decisivos de la economía: petróleo, financiación, comercio exterior, sistema de pagos y relaciones internacionales.

 

   El acuerdo fue negociado después de que Washington secuestrara al presidente venezolano. Su sucesora y el grupo dirigente del PSUV han aceptado, sin rechistar, una transformación radical de la industria petrolera. Estados Unidos ha obtenido el 55% de la producción efectiva, el derecho a comprar crudo a precio de coste y la posibilidad de destinarlo a su Reserva Estratégica y a sus Fuerzas Armadas. Además, mantiene el control de las sanciones, los permisos comerciales y una parte fundamental de los circuitos financieros.

 

  Por eso no nos encontramos ante una relación entre dos Estados situados en condiciones de igualdad. Un país conserva la capacidad de imponer; el otro debe aceptar para sobrevivir.

 

    La antigua "diplomacia de las cañoneras" ha regresado. Ahora cuenta con sanciones económicas, fondos del Pentágono, compañías privadas, cuentas controladas en el extranjero y contratos de cien años. Pero su finalidad sigue siendo reconocible: emplear la superioridad militar y financiera para transformar la riqueza de otros pueblos en un recurso estratégico de la potencia dominante.

 

   Durante años, Washington ha venido asegurando que su ofensiva contra Venezuela solo pretendía combatir el narcotráfico, restaurar la democracia y proteger los derechos humanos. La falsedad de tales afirmaciones ha quedado en evidencia. Ahora, este desenlace nos permite juzgar aquellas proclamas por sus resultados.

 

   Tras el secuestro de su presidente, la imposición de un Gobierno humillantemente tutelado y la reforma inconstitucional de la legislación petrolera, Estados Unidos ha colocado bajo su control la friolera de  65.000 millones de barriles: es decir, una quinta parte de las reservas del país que posee más petróleo en el mundo. Detrás de las grandes palabras, finalmente, ha aparecido el botín que se escondia tras ellas .

 

   Venezuela, ciertamente, conserva aún su nombre, su bandera y sus fronteras. Pero ha perdido algo sin lo cual la independencia queda reducida a una pura ficción: la capacidad de decidir sobre su principal riqueza, administrar sus ingresos y determinar el porvenir de su pueblo. Cuando una potencia extranjera puede secuestrar a un jefe del Estado, condicionar tan miserablemente a quienes lo han sustituido y apropiarse durante un siglo del recurso del que depende toda la nación, ya no nos encontramos ante un país soberano sometido a presiones. Estamos frente a lo que históricamente se ha conocido como una colonia.