LA OTRA FACTURA DEL MODELO TURISMO: CANARIAS PAGARÁ 485 MILLONES A LOS PROMOTORES HOTELEROS
Canarias deberá pagar 485 millones de euros a varias empresas turísticas por proyectos afectados por las llamadas moratorias.
Canarias pagará 485 millones de euros a promotores turísticos, con Lopesan como principal beneficiario, y permitirá revisar la reactivación de más de veinte proyectos. Es otra factura de un modelo que privatiza los beneficios y descarga sus costes sobre la población.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Canarias deberá pagar 485 millones de euros a varias empresas turísticas por proyectos afectados por las llamadas "moratorias" aplicadas a este sector económico. Es otra factura de un modelo en el que los beneficios de la explotación turística permanecen en manos privadas y las consecuencias de una escasa planificación, que no ha dejado de estar subordinada a los propietarios del suelo, terminanrán cargándose sobre el presupuesto público.
LOPESAN, PRINCIPAL BENEFICIARIO
El Gobierno canario ha cerrado un acuerdo extrajudicial para poner fin a más de dos décadas de litigios relacionados con los infrucuosos tímidos intentos de aplicar alguna"limitación" al crecimiento turístico. Las empresas reclamaban inicialmente cerca de 1.000 millones de euros. El Ejecutivo presenta como "un éxito" haber reducido la cantidad a los citados 485 millones.
Según las informaciones publicadas, Lopesan recibirá alrededor de 300 millones. El grupo controlaba 31 de los 45 recursos y reclamaba inicialmente 843 millones por proyectos paralizados principalmente en Meloneras, el sur de Gran Canaria y Fuerteventura. Los restantes 185 millones se repartirían entre otras promotoras cuya relación completa no ha sido divulgada públicamente.
El acuerdo tampoco se limita al pago de indemnizaciones. Durante cinco años, los terrenos afectados no serán convertidos automáticamente en suelo rústico. Esto permitirá revisar nuevamente su desarrollo conforme al planeamiento vigente y podría facilitar la reactivación de más de veinte proyectos turísticos.
De esta forma, la sociedad canaria no solo indemniza a los propietarios, también conserva durante varios años las expectativas urbanísticas que originaron las reclamaciones.
UNA MORATORIA QUE NO ALTERÓ LA PROPIEDAD
Las primeras medidas restrictivas fueron aprobadas mediante decretos de 2001 y posteriormente con la Ley 6/2001. La Ley 19/2003 estableció las Directrices de Ordenación General y del Turismo. En las islas turísticamente consolidadas —Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura— se proclamó el crecimiento cero, mientras en La Palma, La Gomera y El Hierro se permitieron incrementos limitados.
Pero la moratoria no modificó las relaciones de propiedad ni eliminó los derechos urbanísticos previamente reconocidos. Suspendió autorizaciones, retrasó proyectos e intentó regular el ritmo de incorporación de nuevas camas. Bajo la aparente contención permanecieron intactos los intereses de los propietarios del suelo y promotores que ya poseían licencias, autorizaciones o aprovechamientos consolidados.
Un estudio del geógrafo Moisés Simancas explica que la falta de desarrollo de las medidas previstas en la Ley 19/2003 convirtió disposiciones inicialmente temporales en paralizaciones indefinidas. Los gobiernos canarios no resolvieron a tiempo la situación jurídica de los terrenos y proyectos afectados. Lo provisional terminó convirtiéndose en una suspensión sine die.
Los tribunales reconocieron entonces la existencia de perjuicios patrimoniales. En varios procedimientos llegaron a calcularse compensaciones por 339,7 millones de euros, equivalentes a casi 24.000 euros por cada plaza turística paralizada.
LA SOLUCIÓN DE 2009 ABRIÓ LA VÍA A LAS RECLAMACIONES
La Ley 6/2009, aprobada durante el Gobierno de Paulino Rivero, ofreció a los titulares de derechos urbanísticos la posibilidad de aceptar la desclasificación de sus terrenos y su conversión temporal en suelo rústico de protección territorial, acompañada de la correspondiente indemnización.
De ese procedimiento surgieron 54 solicitudes. El problema, por tanto, no puede reducirse a una única ley ni a un solo gobierno. Fue el resultado acumulado de derechos concedidos previamente, restricciones temporales que se prolongaron, falta de ejecución de la planificación y una salida posterior que reconoció el derecho de los promotores a cobrar.
Coalición Canaria intenta ahora utilizar esta factura para afirmar que cualquier nueva moratoria provocaría indemnizaciones millonarias. Nueva Canarias, por su parte, ha respondido que las reclamaciones definitivas se articularon mediante la ley de 2009, cuando gobernaba Paulino Rivero. Sin embargo, el partido de Román Rodríguez no es ajena la historia del desarrollo del modelo turístico en las islas. El propio Rodríguez presidió el Gobierno entre 1999 y 2003 como dirigente de Coalición Canaria y bajo su mandato fueron aprobadas las primeras moratorias y las Directrices. Nueva Canarias fue fundada en 2005 por y otros dirigentes procedentes de la propia CC. La separación posterior entre ambas organizaciones no borra su participación en la configuración del mismo modelo turístico.
BENEFICIOS PRIVADOS Y COSTES SOCIALIZADOS
Los 485 millones que ahora serán embolsados en las cuentas de las empresas afectadas por la moratoria no demuestran que sea imposible limitar el crecimiento turístico. Demuestran el coste de intentar hacerlo sin intervenir realmente sobre la propiedad del suelo y los derechos concedidos a los promotores.
Durante décadas, las administraciones permitieron la recalificación de terrenos, la acumulación de aprovechamientos urbanísticos y la expansión de grandes grupos hoteleros. Cuando aparecieron los límites físicos, sociales y ambientales del modelo, trataron de frenar temporalmente algunos proyectos sin cuestionar las bases económicas que los hacían posibles.
El resultado resume el funcionamiento del turismo en Canarias. Los hoteles producen beneficios para sus propietarios y dividendos para sus accionistas. La Administración financia carreteras, aeropuertos, depuración, promoción exterior, formación laboral y protección del territorio. Y cuando una decisión pública reduce las expectativas de rentabilidad, la población debe compensar a los empresarios.
Para apreciar la magnitud de la operación basta recordar que los 485 millones multiplican por más de ocho los 58,5 millones destinados este año a formar a personas desempleadas. También podrían financiar miles de viviendas públicas o numerosas infraestructuras sanitarias, educativas y de saneamiento.
QUIÉN PAGA Y QUIÉN DECIDE
El Gobierno canario debe publicar la relación completa de beneficiarios, las cantidades asignadas, los proyectos afectados y las condiciones urbanísticas incorporadas al acuerdo. No puede invocarse la confidencialidad cuando se comprometen cientos de millones pertenecientes a la sociedad canaria.
También debe explicar si los promotores, después de recibir las indemnizaciones, conservarán posibilidades de desarrollar sus terrenos. De confirmarse, se produciría una paradoja difícilmente justificable: las empresas serían compensadas por no haber construido y, al mismo tiempo, mantendrían abierta la posibilidad de hacerlo en el futuro.
Esta no es simplemente la factura de una moratoria. Es otra factura de un modelo que convierte el territorio en mercancía y los derechos urbanísticos en patrimonio privado, pero reserva para la población los costes de mantenerlo.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Canarias deberá pagar 485 millones de euros a varias empresas turísticas por proyectos afectados por las llamadas "moratorias" aplicadas a este sector económico. Es otra factura de un modelo en el que los beneficios de la explotación turística permanecen en manos privadas y las consecuencias de una escasa planificación, que no ha dejado de estar subordinada a los propietarios del suelo, terminanrán cargándose sobre el presupuesto público.
LOPESAN, PRINCIPAL BENEFICIARIO
El Gobierno canario ha cerrado un acuerdo extrajudicial para poner fin a más de dos décadas de litigios relacionados con los infrucuosos tímidos intentos de aplicar alguna"limitación" al crecimiento turístico. Las empresas reclamaban inicialmente cerca de 1.000 millones de euros. El Ejecutivo presenta como "un éxito" haber reducido la cantidad a los citados 485 millones.
Según las informaciones publicadas, Lopesan recibirá alrededor de 300 millones. El grupo controlaba 31 de los 45 recursos y reclamaba inicialmente 843 millones por proyectos paralizados principalmente en Meloneras, el sur de Gran Canaria y Fuerteventura. Los restantes 185 millones se repartirían entre otras promotoras cuya relación completa no ha sido divulgada públicamente.
El acuerdo tampoco se limita al pago de indemnizaciones. Durante cinco años, los terrenos afectados no serán convertidos automáticamente en suelo rústico. Esto permitirá revisar nuevamente su desarrollo conforme al planeamiento vigente y podría facilitar la reactivación de más de veinte proyectos turísticos.
De esta forma, la sociedad canaria no solo indemniza a los propietarios, también conserva durante varios años las expectativas urbanísticas que originaron las reclamaciones.
UNA MORATORIA QUE NO ALTERÓ LA PROPIEDAD
Las primeras medidas restrictivas fueron aprobadas mediante decretos de 2001 y posteriormente con la Ley 6/2001. La Ley 19/2003 estableció las Directrices de Ordenación General y del Turismo. En las islas turísticamente consolidadas —Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura— se proclamó el crecimiento cero, mientras en La Palma, La Gomera y El Hierro se permitieron incrementos limitados.
Pero la moratoria no modificó las relaciones de propiedad ni eliminó los derechos urbanísticos previamente reconocidos. Suspendió autorizaciones, retrasó proyectos e intentó regular el ritmo de incorporación de nuevas camas. Bajo la aparente contención permanecieron intactos los intereses de los propietarios del suelo y promotores que ya poseían licencias, autorizaciones o aprovechamientos consolidados.
Un estudio del geógrafo Moisés Simancas explica que la falta de desarrollo de las medidas previstas en la Ley 19/2003 convirtió disposiciones inicialmente temporales en paralizaciones indefinidas. Los gobiernos canarios no resolvieron a tiempo la situación jurídica de los terrenos y proyectos afectados. Lo provisional terminó convirtiéndose en una suspensión sine die.
Los tribunales reconocieron entonces la existencia de perjuicios patrimoniales. En varios procedimientos llegaron a calcularse compensaciones por 339,7 millones de euros, equivalentes a casi 24.000 euros por cada plaza turística paralizada.
LA SOLUCIÓN DE 2009 ABRIÓ LA VÍA A LAS RECLAMACIONES
La Ley 6/2009, aprobada durante el Gobierno de Paulino Rivero, ofreció a los titulares de derechos urbanísticos la posibilidad de aceptar la desclasificación de sus terrenos y su conversión temporal en suelo rústico de protección territorial, acompañada de la correspondiente indemnización.
De ese procedimiento surgieron 54 solicitudes. El problema, por tanto, no puede reducirse a una única ley ni a un solo gobierno. Fue el resultado acumulado de derechos concedidos previamente, restricciones temporales que se prolongaron, falta de ejecución de la planificación y una salida posterior que reconoció el derecho de los promotores a cobrar.
Coalición Canaria intenta ahora utilizar esta factura para afirmar que cualquier nueva moratoria provocaría indemnizaciones millonarias. Nueva Canarias, por su parte, ha respondido que las reclamaciones definitivas se articularon mediante la ley de 2009, cuando gobernaba Paulino Rivero. Sin embargo, el partido de Román Rodríguez no es ajena la historia del desarrollo del modelo turístico en las islas. El propio Rodríguez presidió el Gobierno entre 1999 y 2003 como dirigente de Coalición Canaria y bajo su mandato fueron aprobadas las primeras moratorias y las Directrices. Nueva Canarias fue fundada en 2005 por y otros dirigentes procedentes de la propia CC. La separación posterior entre ambas organizaciones no borra su participación en la configuración del mismo modelo turístico.
BENEFICIOS PRIVADOS Y COSTES SOCIALIZADOS
Los 485 millones que ahora serán embolsados en las cuentas de las empresas afectadas por la moratoria no demuestran que sea imposible limitar el crecimiento turístico. Demuestran el coste de intentar hacerlo sin intervenir realmente sobre la propiedad del suelo y los derechos concedidos a los promotores.
Durante décadas, las administraciones permitieron la recalificación de terrenos, la acumulación de aprovechamientos urbanísticos y la expansión de grandes grupos hoteleros. Cuando aparecieron los límites físicos, sociales y ambientales del modelo, trataron de frenar temporalmente algunos proyectos sin cuestionar las bases económicas que los hacían posibles.
El resultado resume el funcionamiento del turismo en Canarias. Los hoteles producen beneficios para sus propietarios y dividendos para sus accionistas. La Administración financia carreteras, aeropuertos, depuración, promoción exterior, formación laboral y protección del territorio. Y cuando una decisión pública reduce las expectativas de rentabilidad, la población debe compensar a los empresarios.
Para apreciar la magnitud de la operación basta recordar que los 485 millones multiplican por más de ocho los 58,5 millones destinados este año a formar a personas desempleadas. También podrían financiar miles de viviendas públicas o numerosas infraestructuras sanitarias, educativas y de saneamiento.
QUIÉN PAGA Y QUIÉN DECIDE
El Gobierno canario debe publicar la relación completa de beneficiarios, las cantidades asignadas, los proyectos afectados y las condiciones urbanísticas incorporadas al acuerdo. No puede invocarse la confidencialidad cuando se comprometen cientos de millones pertenecientes a la sociedad canaria.
También debe explicar si los promotores, después de recibir las indemnizaciones, conservarán posibilidades de desarrollar sus terrenos. De confirmarse, se produciría una paradoja difícilmente justificable: las empresas serían compensadas por no haber construido y, al mismo tiempo, mantendrían abierta la posibilidad de hacerlo en el futuro.
Esta no es simplemente la factura de una moratoria. Es otra factura de un modelo que convierte el territorio en mercancía y los derechos urbanísticos en patrimonio privado, pero reserva para la población los costes de mantenerlo.
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