Por MÁXIMO RELTI PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

   Estados Unidos ha dado un paso significativo en la extensión internacional de su política contra organizaciones de izquierda.

   El pasado miércoles, 26 de agosto, Washington sancionó al colectivo tecnológico italiano Autistici/Inventati (A/I), a la organización británica Palestine Action y a la red propalestina Masar Badil, además de a dos dirigentes de esta última.

  El Gobierno estadounidense las engloba bajo una misma definición: forman parte de «redes terroristas transnacionales de extrema izquierda». La decisión no aparece aislada: se suma a anteriores medidas contra organizaciones de izquierda y entidades relacionadas con el movimiento Antifa.

    Lo importante, por tanto, no es únicamente quiénes han sido sancionados, sino el salto político que representa llevar al exterior una ofensiva que Washington está construyendo contra determinados sectores de la izquierda radical y contra movimientos enfrentados a aspectos centrales de la política estadounidense.

    Por el momento, Palestina ocupa un lugar evidente en esa operación. Dos de las tres organizaciones sancionadas están directamente vinculadas a la movilización propalestina.

   "Palestine Action" nació en Reino Unido y ha dirigido buena parte de sus acciones contra instalaciones de empresas relacionadas con la industria militar israelí. Algunas de esas acciones han incluido ocupaciones de sus establecimientos en el curso de sus protestas. El Gobierno británico la proscribió como organización "terrorista" en julio de 2025.

   "Masar Badil", por su parte, es un movimiento internacional palestino. Washington sostiene que actúa como fachada de Samidoun, organización sancionada anteriormente por Estados Unidos y Canadá, y ha sancionado también a dos de sus responsables, Rawa Alsagheer y Zaid Abdulnasser.

   La ofensiva estadounidense coincide así con uno de los grandes conflictos políticos provocados por la guerra de Gaza: la creciente confrontación entre los gobiernos occidentales que sostienen a Israel y una parte de los movimientos sociales que intentan combatir ese apoyo desde dentro de esos mismos países.

DE PERSEGUIR ACCIONES A PERSEGUIR ORGANIZACIONES

    El caso británico permite observar las consecuencias del cambio. No es lo mismo perseguir penalmente a una persona por destruir unas instalaciones que declarar terrorista a la organización a la que pertenece. En el segundo caso se transforma radicalmente el campo de actuación del Estado.

  Las estadísticas oficiales británicas son extraordinariamente reveladoras: durante el año terminado en marzo de 2026 hubo 3.061 detenciones relacionadas con terrorismo en Gran Bretaña. Nada menos que 2.819 estaban vinculadas al apoyo a Palestine Action después de su proscripción. De ellas, 484 habían terminado entonces en cargos.

   Es decir, el 92 % de las detenciones registradas en esa estadística estaba relacionado con una organización política que apenas un año antes actuaba legalmente.

    Además, la propia proscripción continúa sometida a una batalla judicial. El Tribunal Superior consideró en febrero desproporcionada la prohibición, aunque posteriormente el Tribunal de Apelación terminó respaldando al Gobierno. El asunto llegará ahora al Tribunal Supremo británico.

    Washington no ha esperado a que termine esa discusión. Ha decidido internacionalizar la designación.

EL PODER FINANCIERO COMO INSTRUMENTO POLÍTICO

      Aquí aparece la dimensión más importante de las sanciones. Estados Unidos no necesita ilegalizar Palestine Action en Reino Unido ni Autistici/Inventati en Italia. Dispone de un instrumento mucho más poderoso: su posición dominante dentro del sistema financiero internacional.

    Las medidas bloquean los activos de los sancionados sometidos a jurisdicción estadounidense y prohíben determinadas operaciones con personas e instituciones norteamericanas. Pero sus efectos potenciales pueden alcanzar mucho más lejos.

  La centralidad del dólar, de los bancos estadounidenses y de su mercado hace que innumerables entidades extranjeras dependan directa o indirectamente del sistema financiero norteamericano. Una decisión administrativa adoptada en Washington puede producir así consecuencias económicas sobre una organización situada a miles de kilómetros.

  EL PODER ECONÓMICO SE CONVIERTE DIRECTAMENTE EN PODER POLÍTICO.

   No nos encontramos, pues, ante una anomalía del sistema, sino ante su funcionamiento más descarnado. La extraordinaria concentración de recursos financieros en Estados Unidos proporciona a su aparato estatal una capacidad de intervención internacional que ningún principio formal de igualdad entre Estados puede borrar.

  El caso de Autistici/Inventati demuestra además que la operación no termina en Palestina. Este colectivo italiano proporciona desde hace años correo electrónico, alojamiento, comunicaciones cifradas y otras herramientas digitales orientadas a movimientos sociales. Washington sostiene que sus servicios han sido utilizados por grupos violentos para organizar acciones, reclutar participantes y difundir instrucciones relacionadas con explosivos e incendiarios.

   Pero precisamente por eso su inclusión resulta políticamente trascendente: la presión alcanza ya no sólo a organizaciones acusadas de determinadas acciones, sino también a infraestructuras que proporcionan medios tecnológicos utilizados por movimientos radicales.

LA FRONTERA USA SE DESPLAZA.

    Primero se persigue una conducta. Después, una organización. Finalmente, pueden convertirse en objetivos quienes facilitan financiación, comunicaciones, servidores o infraestructura.

   La heterogeneidad de los tres sancionados deja entonces de resultar extraña. Una organización británica de acción directa, un movimiento palestino internacional y una infraestructura digital italiana pueden ser agrupados bajo la misma categoría porque el elemento que los conecta no es su forma organizativa, sino su posición dentro de un espacio político enfrentado a intereses y políticas defendidos por Washington.

  Eso no significa que cualquier actuación realizada por estas organizaciones deba considerarse legítima. Tampoco permite dar automáticamente por falsas las acusaciones estadounidenses. Significa algo diferente: las acusaciones deben demostrarse y los delitos concretos pueden perseguirse sin convertir necesariamente todo un espacio político en objeto de una legislación excepcional.

     La decisión de Washington del pasado miércoles 26,  señala precisamente el peligro contrario. Estados Unidos está utilizando simultáneamente su aparato de seguridad y su posición privilegiada dentro de las finanzas mundiales para extender fuera de sus fronteras una ofensiva contra organizaciones críticas con su política y con la de sus principales aliados.

     Los tres nombres incorporados ahora a las listas pueden ser sólo los primeros destinatarios. El mensaje tiene un público infinitamente mayor. Hasta ahora, las sanciones han sido uno de los instrumentos utilizados por Washington para someter a países como Irán, Venezuela o Cuba.

    Las últimas directivas de la Casa Blanca pretenden extender esa lógica a movimientos propalestinos, organizaciones radicales, redes internacionales y también a quienes les proporcionan los medios materiales necesarios para poder funcionar. La pregunta resulta inevitable: ¿Quiénes van a ser mañana? ¿Terminarán las sanciones alcanzando también a periodistas, trabajadores, escritores, artistas, filósofos o poetas cuya actividad sea considerada peligrosa por difundir ideas críticas o cuestionar la política de Estados Unidos?

   La advertencia va a ser muy difícil de ignorar: la capacidad de Washington para perseguir políticamente a sus enemigos ya no termina donde acaban las fronteras de Estados Unidos. Ojo, pues. "Gestos" de esta naturaleza son nuevos en cuanto a los procedimientos  que utilizan, pero antiquísimos en cuanto a los objetivos que pretenden conseguir.