CUANDO GRAN CANARIA DUDÓ DE LA ECO-ISLA (Y MORALES MIRÓ HACIA OTRO LADO)

Por JUSTO SOTO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    Antonio Morales no gobierna: pontifica. Cada comparecencia es un sermón laico de autocomplacencia, con ese gesto ensayado de estadista insular que anuncia, entre pausas solemnes, "los mayores presupuestos de la historia". Hay un mesianismo verde en su figura, el del hombre que llegó para salvar Gran Canaria.

    Pero, como todo mesianismo político, el suyo es cortina de humo. En la práctica, su gobierno y el de su equipo Nueva Canarias y PSOE han aplicado el programa de siempre: el de los intereses del capital y la burguesía canaria. El del PP, vamos. Solo que con incienso ecológico.

    Conviene distinguir, porque no todos los blindajes son iguales. El blindaje social que vende Morales es puro relato: ayudas asistenciales, transferencias a un tercer sector domesticado por la subvención y ruedas de prensa lacrimógenas para contener la pobreza congelada en un sangrante 31,2 % sin tocar una sola estructura de poder. Es el blindaje del parche, de la beneficencia institucional.

    Pero hay otro blindaje, mucho más real y eficaz: el blindaje de la Eco-isla. Ese sí se ejecuta con diligencia de notario. Blindar el suelo para la especulación turística, blindar el agua para las piscinas hoteleras, blindar el presupuesto para el estadio, blindar las redes energéticas para Red Eléctrica, blindar el REA para los grandes importadores.

    Es decir, blindar el negocio de los de siempre con dinero público mientras al pueblo se le administra un calmante asistencial.
 

    El primer engaño es el espejismo nominal. La inflación acumulada desde 2019, un brutal 21,5 %, ha tenido la cortesía de devorar la capacidad adquisitiva de las familias y, de paso, neutralizar las grandes cifras presupuestarias.

   El aumento del gasto social no es una conquista: es una confesión. Se gasta más porque hay más pobres, no porque haya más derechos.

    Y aun así, el mérito se apunta en el marcador de los logros.
 

   El gasto social del Cabildo no emancipa: financia la permanencia de la desprotección. Igualito que hacía el PP, solo que con más prebendas a un tercer sector domesticado por la subvención y más sermones de redención ecológica.
 

   Y para que no quede duda: el Cabildo presume de Área Social, pero su compromiso es tan profundo que externaliza el 80,63 del gasto a conciertos, contratos y tercer sector; el 19,37 de la gestión directa queda como recordatorio decorativo de que lo público aún existe.
 

    Si el PP lo hiciera, Nueva Canarias y el PSOE estarían denunciándolo en las calles. Pero como lo gestionan ellos, se llama "colaboración público-privada". La diferencia, como se ve, es puramente estética.
 

    No gobiernan: administran. No cambian el modelo porque aceptan el marco que les imponen. La diferencia con el PP es de gestión, no de proyecto.
 

    Donde el gobierno de Morales se retrata sin pudor es en las prioridades presupuestarias. Mientras las familias canarias destinan más del 40% de sus ingresos al mercado inmobiliario privado, el Cabildo dedica a vivienda un ridículo 1,8 % que, convengamos, no es exactamente una declaración de guerra a los fondos buitre.
 

   El resultado es de traca: apenas 30 o 40 viviendas públicas construidas en siete años.
 

    Bajo la cómoda coartada de la "falta de competencia directa", el equipo de gobierno elude que posee plena capacidad jurídica y financiera para rescatar viviendas vacías o en manos de fondos de inversión e incorporarlas a un parque público de alquiler social.
 

    La crisis habitacional no es una prioridad real. Es exactamente lo que haría un gobierno del PP: dejar que los fondos buitre manden mientras se ponen excusas administrativas.   

    Tal vez sea una cuestión de delicadeza: no conviene intervenir en el mercado cuando el mercado es sagrado, sobre todo si se trata de la vivienda de los demás.
 

     En cambio, la agilidad que se niega a la vivienda le sobra al Cabildo para subsidiar el lucro corporativo. Ahí están los 235 millones de euros públicos comprometidos para la faraónica remodelación del Estadio de Gran Canaria, a favor de la Unión Deportiva Las Palmas, una sociedad anónima de la que Miguel Ángel Ramírez ya controla personalmente el 65 %.
 

    Socialización de costes, privatización de ganancias: el dinero público financia la infraestructura que luego explotará una sociedad anónima deportiva guiada por el beneficio privado.
 

    Para la vivienda, el Cabildo no tiene competencias; para el Estadio, en cambio, tiene 235 millones. Para la vivienda, hay que esperar a otra legislatura; para el Estadio, no hay tiempo que perder.
 

    La doctrina administrativa del Cabildo es flexible: se adapta a la talla del beneficiario. Ni el PP más descarado lo habría explicado mejor.
 

     El marketing verde de la Eco-isla se desmorona al examinar la ordenación territorial. El Plan Insular de Ordenación, tumbado por los tribunales, pretendía legalizar hasta 228.900 plazas turísticas y una capacidad máxima de 261.588.
 

     Es decir, Nueva Canarias y el PSOE planeaban casi duplicar la presión turística actual.
 

   Semejante masa flotante es un ecocidio institucionalizado: extractivismo hídrico para alimentar piscinas hoteleras, vertidos de aguas fecales y microplásticos al litoral, destrucción de suelo rústico y biodiversidad, y colapso de la movilidad.

      Es la política del PP con retórica de Greta Thunberg.
 

      Y, en definitiva, es un modelo que destroza la isla y asfixia a la propia hostelería hasta acabar con el sector: devora el paisaje, el agua y la calidad del destino que vende, dejando un territorio agotado y una economía turística en declive.

    El PP gobernó con una lógica desarrollista clásica: suelo, turismo y grandes infraestructuras sin complejos. El gobierno de Morales no ha roto con esa lógica.
 

     La diferencia es que el PP lo hacía sin disfraz, mientras que NC-PSOE lo envuelve en el lenguaje de la "ecoisla". No hay cambio de modelo: hay cambio de maquillaje.
 

     Uno especulaba abiertamente; el otro especula con permiso de la palabra "sostenibilidad". Han convertido la continuidad en un arte: hacer lo mismo con mejores palabras.
 

     La hipocresía alcanza niveles de antología cuando se repasa lo que escribió Antonio Morales en su blog el lunes 28 de octubre de 2024, meses después de las primeras movilizaciones ciudadanas contra la masificación turística.
 

Allí proclamó que

   "es preciso que afrontemos el reto de repensar el modelo turístico", defendió la ecotasa y aseguró que "cada vez somos más los que pensamos que se necesita implementar medidas que equilibren los recursos que deja el turismo".

     Bonitas palabras. Sin embargo, mientras publicaba ese sermón desde la comodidad del Cabildo, su gobierno mantenía congelado el ridículo 1,8 destinado a vivienda, no movía un solo expediente para rescatar viviendas vacías o en manos de fondos buitre y, al mismo tiempo, sostenía el PIOT que pretendía legalizar 228.900 plazas turísticas.
 

   Con una mano firmaba discursos contra la masificación y con la otra tramitaba la ampliación del negocio hotelero.
 

    Doble moral en estado puro: la ecotasa como coartada para calmar a la calle, mientras la estructura económica queda intacta. Tal vez la coherencia no sea rentable.
 

    El turismo consume el agua que debería sostener el campo canario y condena a la agricultura a la irrelevancia. Mientras tanto, Canarias importa casi todo lo que consume: una dependencia suicida en plena crisis climática.
 

    Y aunque el REA no depende directamente del Cabildo, este podría cuestionarlo; en lugar de eso, lo asume como paisaje inamovible, un instrumento que solo engorda los márgenes de los grandes importadores.

   Resultado: dinero público para la dependencia alimentaria exterior, no para la producción local.
 

   La burguesía canaria primero; el pueblo, después.  El presupuesto del Cabildo es como un ser de costumbres: cada año visita el estadio, saluda a los grandes importadores, se da un baño en las piscinas hoteleras y, de paso, deja unas monedas en el área social. Es un presupuesto educado.
 

   El verdadero desafío no es técnico, sino profundamente político. No podemos permitir que la transición ecosocial se reduzca a un lavado de cara para el Ibex 35 mientras las familias siguen desahuciadas de sus derechos.

   Expropiar el suelo a la especulación, arrebatar la energía al oligopolio y garantizar el plato de comida mediante la tierra y el agua que nos pertenecen son las verdaderas bases del rescate insular.

    Es hora de romper la anestesia presupuestaria de Nueva Canarias y el PSOE, esos herederos aplicados del PP, y de bajarse del pedestal a los mesías de pacotilla.

   Porque la defensa de la vida y el territorio será ecosocialista o, sencillamente, no será.
 

   Mientras la ecología sirva para inaugurar foros y no para cerrar el grifo del despilfarro que seca los barrios y el campo, la Isla seguirá siendo “sostenible” para unos pocos y agotadora para el resto.